Sentencia A. 1193/22

Auto 1193/22

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

 

Referencia: Expediente CJU-1789

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar.

 

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

 

Bogotá D. C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), a través de apoderada judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, en contra de Ronal Enrique Miranda Navarro con el propósito de que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 41226 de 20 de febrero de 2015 y GNR 128354 del 29 de abril de 2016, por medio de las cuales esa entidad reconoció al demandado el pago de la pensión de invalidez y su reliquidación con fundamento en la Resolución SUB 274411 del 4 de octubre de 2019^[1].

 

2. El 2 de diciembre de 2018, Colpensiones dio apertura al proceso administrativo especial No. 445-18 adelantado por la Gerencia de Prevención del Fraude, con el fin de revisar el proceso que conllevó el reconocimiento de la pensión de invalidez y su reliquidación en favor del señor Ronal Enrique Miranda Navarro, a través de las Resoluciones GNR 41226 de 20 de febrero de 2015 y GNR 128354 del 29 de abril de 2016, teniendo en cuenta la existencia de la investigación penal realizada por la Unidad de Delitos contra la administración pública, Fiscalía 12 Seccional de Valledupar, radicado No. 200016008792201600014, en contra de 206 personas a las cuales la entidad reconoció la mencionada prestación, presuntamente sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley y con documentación fraudulenta, que da cuenta de la presunta existencia de una organización que operó en el departamento del Cesar que al parecer gestó de forma fraudulenta actuaciones que dieron lugar al reconocimiento de pensiones sin el lleno de los requisitos y valiéndose de soportes, hechos y/o documentos aparentemente irregulares y carentes de veracidad; lo que hizo necesario que se procediera de forma oficiosa a dar inicio a una investigación administrativa especial^[2].

 

3. En virtud de lo anterior, Colpensiones en la Resolución SUB 274411 del 4 de octubre de 2019, ordenó revocar en todas y cada una de sus partes las Resoluciones GNR 41226 de 20 de febrero de 2015 y GNR 128354 del 29 de abril de 2016, por medio de las cuales se reconoció y reliquidó la pensión de invalidez a favor del señor Miranda Navarro, con base en el auto de cierre No. 1514 del 24 de septiembre de 2019, proferido dentro de la investigación administrativa especial No. 445-18.  Posteriormente, al presentarse el recurso de reposición, la entidad demandante, mediante Resolución SUB 318709 del 22 de noviembre de 2019 resolvió el recurso, ordenando confirmar en todas y cada una de sus partes la decisión recurrida^[3].

 

4. Por esta razón, Colpensiones solicitó se declare la nulidad del acto administrativo que reconoció la mencionada prestación social y como medida de restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro de la suma pagada, así como la indexación de las sumas que sean reconocidas y el pago de intereses^[4].

 

5.  Repartido el expediente, el 19 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitirlo a los jueces laborales del circuito de Valledupar, en razón a que la controversia versa sobre un asunto de la seguridad social. Destacó que “en estos casos será la jurisdicción ordinaria laboral la llamada a resolver este tipo de conflictos, y el Juez decidirá́ mediante sentencia reconocer o negar el derecho u ordenar los pagos y compensaciones a que haya lugar, sin necesidad de anular el acto administrativo que reconoció o negó el derecho”^[5], conforme a lo establecido en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

 

6. El 10 de noviembre de 2021^[6], el asunto fue repartido al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar, y el 2 de diciembre de 2021, esta autoridad judicial resolvió promover conflicto negativo de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que “el mecanismo ejercitado por la entidad demandante corresponde a la acción de nulidad del Acto Administrativo, mediante el cual la autoridad que emite un acto administrativo busca su extinción del ordenamiento jurídico y el cese de sus efectos, por acaecer en el algunos de los eventos descritos por la ley que afectan su estructura intrínseca, la cual corresponde a jurisdicción de lo Administrativa”^[7], conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

 

7. El 11 de enero de 2022^[8], la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá remitió el expediente a la Secretaría General de la Corte Constitucional, y este correspondió al despacho del suscrito magistrado sustanciador por reparto efectuado el 15 de julio de 2022^[9].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia 

 

8. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[10]. 

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

9. Este Tribunal ha determinado que los conflictos de jurisdicciones existen cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[11].

 

10. Asimismo, mediante el Auto 155 de 2019^[12], la Sala Plena determinó que se requieren tres presupuestos para que se configure el conflicto de jurisdicciones, a saber: (i) el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia se presente, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y hagan parte de distintas jurisdicciones; (ii) el presupuesto objetivo refiere a que la disputa recaiga sobre el conocimiento de una causa judicial,^[13] y (iii) el presupuesto normativo exige que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.

 

11. De modo que la Sala Plena pasa a verificar el cumplimiento de estos tres presupuestos en el caso concreto:

 

i)                   Presupuesto subjetivo: Este asunto involucra una controversia entre dos autoridades que administran justicia y hacen parte de diferentes jurisdicciones; por un lado, el Tribunal Administrativo del Cesar y por otro, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar.

ii)                Presupuesto objetivo: En efecto, el presente conflicto jurisdicciones recae sobre una causa judicial: la demanda con la que se pretende la nulidad de unos actos administrativos mediante los cuales la entidad demandante reconoció una pensión de invalidez en favor del señor Miranda Navarro y ordenó su reliquidación.

iii)             Presupuesto normativo: Las dos autoridades que rechazaron la competencia del asunto manifestaron expresamente las razones de su decisión; de un lado, el Tribunal Administrativo del Cesar sostuvo que “en estos casos será la jurisdicción ordinaria laboral la llamada a resolver este tipo de conflictos, y el Juez decidirá́ mediante sentencia reconocer o negar el derecho u ordenar los pagos y compensaciones a que haya lugar, sin necesidad de anular el acto administrativo que reconoció o negó el derecho”^[14], conforme a lo establecido en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; por otro lado, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar, consideró que “el mecanismo ejercitado por la entidad demandante corresponde a la acción de nulidad del Acto Administrativo, mediante el cual la autoridad que emite un acto administrativo busca su extinción del ordenamiento jurídico y el cese de sus efectos, por acaecer en el algunos de los eventos descritos por la ley que afectan su estructura intrínseca, la cual corresponde a jurisdicción de lo Administrativa”^[15], conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

 

12. Superado el anterior análisis para verificar la materialización de un conflicto de jurisdicciones, procederá la Corte a dirimir la colisión expuesta en líneas anteriores. Para ello, primero, se hará referencia a la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio -acción de lesividad- y, a continuación, se resolverá el caso concreto.

 

Competencia para conocer controversias relativas al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad. Reiteración del Auto 316 de 2021.

 

13. Según lo indicado por esta Corporación en el Auto 316 de 2021^[16], el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual la administración cuestiona su propio acto administrativo, que creó o modificó una situación particular y concreta, por disposición expresa del legislador en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde exclusivamente a los jueces administrativos^[17], incluso cuando el acto administrativo verse sobre  un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social, puesto que “[…] por medio de la acción de lesividad se debaten ‘intereses propios de la administración’, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo”^[18].

 

III. CASO CONCRETO

 

14. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades en conflicto manifestaron la falta de jurisdicción para conocer de la acción promovida por Colpensiones con el fin de solicitar la nulidad de las Resoluciones GNR 41226 de 20 de febrero de 2015 y GNR 128354 del 29 de abril de 2016, por medio de las cuales esa entidad reconoció al señor Ronal Enrique Miranda Navarro el pago de la pensión de invalidez y su reliquidación.

 

15. La Sala Plena advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye la competencia del juez laboral y de la seguridad social, pues a pesar de tratarse de un acto administrativo relacionado con la seguridad social, existe legislación expresa que determina la competencia de los jueces administrativos, por lo que resulta aplicable la cláusula de competencia del artículo 104 del CPACA para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de Colpensiones contra un acto propio.

 

16. En ese orden de ideas, en los casos que (i) una entidad pública (ii) promueva un proceso en contra de un acto administrativo propio (iii) aun cuando el contenido de mismo sea de la seguridad social, (iv) la competencia será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

17. Por consiguiente, la Sala Plena remitirá el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar, para que le dé tramite al caso sub judice y resuelva de fondo conforme a las competencias de la jurisdicción.

 

18. Regla de decisión. Cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

 

RESUELVE

 

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Cesar es la autoridad competente para tramitar la demanda promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-1789 al Tribunal Administrativo del Cesar para lo de su competencia y para que COMUNIQUE la presente decisión al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar, a la demandante y a los demás interesados en el proceso.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

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