A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Medellín.

Es causa de controversia, demanda ordinaria laboral presentada por un ciudadano, en contra del Terminal de Transportes de Medellín SA, Empleamos SAS y Asear SA ESP., con la que pretende que se declare que Empleamos SAS y Asear SA ESP actuaron de manera fraudulenta e ilegal como intermediarios laborales y solicita que se declare que los contratos de trabajo que el accionante suscribió con esas empresas son ineficaces, se declare que existió una relación laboral que ató exclusivamente al demandante y al Terminal de Transportes de Medellín SA y se condene solidariamente a las demandadas a pagar varias prestaciones laborales.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que las funciones que el demandante supuestamente realizó no encajan en la categoría de dirección y confianza y, en consecuencia, no serían las propias de los empleados públicos de ese organismo, el Terminal de Transportes de Medellín SA., que es una sociedad de economía mixta del orden municipal con un porcentaje de participación accionaria estatal superior al 90%.

En otras palabras, la regla general de vinculación de trabajadores oficiales de la entidad pública no se puede desvirtuar en este asunto.

Por lo anterior, la Corte Constitucional considera que esta controversia trata sobre el presunto encubrimiento de una relación laboral con el Estado y que es promovida por un trabajador oficial.

Bajo esos presupuestos, la Corte toma el precedente de los Autos 1159 de 2021, 1728 de 2023 o 979 de 2024, entre otros, para resolver con la regla según la cual, la especialidad laboral y de la seguridad social de la Jurisdicción Ordinaria es la competente para tramitar las demandas usadas por trabajadores presuntamente tercerizados para pedir la declaratoria de existencia de una relación laboral con la entidad pública usuaria, siempre que su regla general de vinculación laboral sea la de los trabajadores oficiales y no pueda desvirtuarse, prima facie, ese parámetro de vinculación.

La Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Medellín y a los interesados en este asunto.