Sentencia A. 1183/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1183/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

 

­REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Auto 1183 de 2024

 

 

Expediente: CJU-5022

 

Referencia: Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) y el asentamiento indígena de la etnia Emberá Chami “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca)

 

Magistrada sustanciadora:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

Bogotá D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El asunto de la referencia se presentó en el marco de una investigación penal adelantada contra el ciudadano Arlex Tascón Aizama como señalado coautor de las conductas punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones.

 

2.                 Bajo este contexto y, de acuerdo con los elementos de juicio que obran en el expediente, los hechos relevantes del caso son los siguientes:

 

2.1. Según el escrito emitido el 29 de septiembre de 2021^[1], la Fiscalía 20 Seccional de Cartago (Valle del Cauca) imputó al ciudadano Arlex Tascón Aizama por hechos ocurridos el 15 de mayo de 2020.

 

2.2. La Fiscalía indicó que en la fecha referida “siendo las 15:40 horas, aproximadamente, Javier Nelson García Guaguarabe se desplazaba por un camino de la vereda La Palma en jurisdicción de Argelia (Valle del Cauca) en una motocicleta, la cual el mismo conducía y llevaba como parrillero a su sobrino Alberto Cano Guaguarabe, momento en el cual detienen su marcha en razón a que había un tronco de árbol tirado sobre la carretera, decidiendo el señor García Guaguarabe pasar por un lado, recibiendo dos impactos con arma de fuego tipo escopeta, ocasionados por parte de los hermanos Rubiel y Arlex Tascón Aizama, quienes se encontraban al borde de la carretera, agotando así la existencia de Javier Nelson García Guaguarabe, quien falleció en el mismo lugar de los hechos”[2].

 

2.3. Para el ente acusador, “el ciudadano Arlex Tascón Aizama y su hermano Rubiel obraron de manera intencional, utilizando arma idónea para ocasionar la muerte de Javier Nelson, dirigiendo armas de fuego tipo escopeta contra la humanidad de García Guaguarabe, denotando la voluntad de agotar la vida de la víctima, adecuando ese proceder ilícito al tipo penal enmarcado en el artículo 103 del Código Penal colombiano que señala ‘… el que matare a otro, incurrirá en prisión de 208 a 450 meses’, en calidad de coautores, ya que realizaron la conducta mediando un acuerdo común, actuando con división de trabajo, atentando contra el bien jurídico de la vida e integridad personal, además con el agravante de aprovecharse del estado de indefensión en que se encontraba la víctima, dado que fue el momento en que conducía su moto y sorprendido en la carretera sin ningún elemento de defensa”[3].

 

2.4. Finalmente, a juicio de la Fiscalía, “Arlex Tascón Aizama en compañía de su hermano Rubiel atentaron contra la vida e integridad personal de Javier Nelson García y quisieron realizar esa conducta, actuando así de manera dolosa o intencional”.

 

a)    Trámite ante la Jurisdicción Ordinaria Penal

 

3.                 El 12 de octubre de 2021[4], ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) se realizó la audiencia de formulación de acusación contra el ciudadano Arlex Tascón Aizama por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. En el marco de la diligencia, la defensa solicitó al juez declarar la falta de competencia para diligenciar el asunto[5].

 

4.                 Luego de varias solicitudes de reprogramación por parte de la defensa, los días 25 de octubre[6] y 18 de noviembre de 2021[7], se continuaron las audiencias de formulación de acusación ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca). En la audiencia correspondiente al 18 de noviembre de 2021, el Gobernador del asentamiento indígena de la etnia Emberá Chami de “Guadualito” insistió en reclamar la competencia para juzgar al ciudadano Arlex Tascón Aizama[8]. Frente a esa solicitud, el juez de conocimiento mencionó los criterios cuyo cumplimiento debe acreditarse para trabar un conflicto de jurisdicciones y afirmó que no era clara la ubicación del sitio donde ocurrieron los hechos, lo cual podría, eventualmente, llevar a que la jurisdicción indígena conociera el asunto. En consecuencia, consideró pertinente enviar el asunto a la Corte Constitucional y así procedió[9].

 

b)    Trámite ante la Corte Constitucional

 

5.                 Mediante el Auto 1191 fechado 17 de agosto de 2022[10], la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió declararse inhibida para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, por cuanto “el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartago –Valle del Cauca–, optó por remitir las diligencias a [la] Corporación, sin exponer de manera clara y explícita si se consideraba o no competente para conocer del proceso y por tanto omitiendo igualmente exponer las razones en las que basa su competencia o incompetencia”.

 

c)     Reanudación del trámite ante la Justicia Ordinaria Penal

 

6.                 Devuelto el expediente a la Justicia Ordinaria, el 8 de noviembre de 2022 se agendó la realización de una nueva audiencia de formulación de acusación para el 10 de abril de 2023. No obstante, esta fue aplazada a solicitud de la defensa y se llevó a cabo, efectivamente, el 9 de agosto de 2023 ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca)[11], con la asistencia de la Fiscalía 18 Seccional, el Procurador Judicial y el representante de víctimas.

 

7.                 En aquella ocasión, la defensa del acusado manifestó que allí se encontraba presente el representante del Consejero Mayor del asentamiento indígena de “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca) y solicitó al despacho judicial declarar la falta de competencia para conocer del asunto, con el argumento de que esta correspondía a la Jurisdicción Especial Indígena. Por ese motivo, pidió que fuera escuchado el Gobernador del Resguardo Indígena Emberá Chami[12], quien sostuvo que la comunidad indígena contaba con las formas para castigar al ciudadano Arlex Tascón Aizama; que tenían los cepos, los juetes, “el comunitario” y “el trabajo reforzado”[13].

 

8.                 En esa misma línea, la defensa del procesado enfatizó que el procesado era miembro de la comunidad Emberá Chami de “Guadualito” y que en el expediente existía prueba de su pertenencia a ese asentamiento indígena. También indicó que la comunidad Emberá Chami cuenta con sus propios tribunales y con un sistema de justicia adecuado para garantizar los derechos de los sujetos procesales de la propia sociedad. Además, advirtió que el bien jurídico presuntamente afectado lesionó de manera directa a un miembro del Resguardo Vania Chami ubicado en el municipio de Anserma Nueva, vecino al municipio de Argelia (Valle del Cauca), esto es, se trata de una persona que pertenece, de igual manera, a una comunidad indígena y que no es parte de la sociedad mayoritaria. La defensa concluyó que los cuatro elementos mencionados por la Corte Constitucional en la sentencia T-921 de 2013[14] se cumplían en este caso y, por ese motivo, el Gobernador indígena Jhony Tascón Aizama reclamó que se le entregara por jurisdicción especial el conocimiento del proceso.

 

9.                 Finalmente, insistió en que el asentamiento indígena “Guadualito” se encontraba reconocido por el Ministerio del Interior y que el procesado hacía parte de la comunidad indígena Emberá Chami que contaba con un órgano de juzgamiento y castigo. En lo que respecta al territorio, expresó que tanto el acusado como la víctima forman parte de comunidades indígenas diferentes e insistió en que residían en municipios vecinos, como son los municipios de Anserma Nueva y Argelia en el departamento del Valle del Cauca. Reiteró que las conductas atribuidas al procesado, según la normatividad de la Jurisdicción Especial Indígena, podían ser juzgadas por las autoridades indígenas. En la audiencia también intervinieron la representación de víctimas[15] y, parcialmente, el representante del Ministerio Público[16]. Por motivos técnicos, la diligencia tuvo que ser suspendida.

 

10.             El 27 de octubre de 2023[17] tuvo lugar, nuevamente, la audiencia ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) y se le dio la palabra al representante del Ministerio Público para que continuara con la intervención iniciada en la audiencia anterior[18]. La Fiscalía 18 Seccional de Cartago (Valle del Cauca) intervino enseguida para solicitar que el asunto fuera resuelto por la Jurisdicción Ordinaria. Los argumentos exteriorizados por esa autoridad serán abordados al momento de resolver el caso concreto.

 

11.             El 22 de noviembre de 2023[19] se reanudó, de nuevo, la audiencia ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) para resolver la solicitud presentada por la defensa del procesado. La autoridad judicial resumió las diferentes intervenciones que tuvieron lugar en las audiencias; se refirió, asimismo, a los distintos documentos aportados al expediente en los que se sustenta la solicitud de la Justicia Especial Indígena para reclamar su competencia[20].

 

12.             Tras recordar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la configuración del fuero especial indígena y la activación de la competencia para la justicia especial indígena[21], afirmó que el criterio personal se cumplía, en la medida de que no cabía duda de que el procesado forma parte del asentamiento indígena “Guadualito” y pertenece a la etnia Emberá Chami ubicada en el corregimiento de Maracaibo, vereda La Bella del municipio de Argelia (Valle del Cauca)[22]. De igual forma, añadió que los hechos materia de juzgamiento tuvieron lugar en un camino de la vereda La Palma en jurisdicción del municipio antes mencionado[23]. No obstante, advirtió que este no corresponde geográficamente al espacio en que se asienta la comunidad ancestral de la que hace parte el procesado[24].

 

13.             Así mismo, señaló que la víctima, esto es, el ciudadano Javier Nelson García Guaguarabe era integrante de otra comunidad indígena con asiento en el municipio de Anserma Nueva (Valle del Cauca)[25]. La autoridad judicial recalcó que ninguno de los elementos de convicción allegados al proceso permite confirmar que el territorio donde ocurrieron los hechos tenga una relación con la cultura ancestral de las comunidades indígenas de las que forman parte el procesado o la víctima[26].

 

14.             Respecto del elemento objetivo, aseveró que los bienes tutelados vulnerados en este caso eran la vida e integridad personal, por la posible comisión de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego[27]. En relación con el elemento institucional, especificó que no encontró que los órganos encargados de administrar justicia dentro de la comunidad indígena pudieran garantizar plenamente los derechos de las víctimas.[28]

 

15.             Con fundamento en lo expuesto, resolvió negar la remisión de la actuación seguida contra el ciudadano Arlex Tascón Aizama a la Jurisdicción Especial Indígena y, tras advertir la existencia de un conflicto positivo de jurisdicciones, resolvió enviar a la Corte Constitucional el expediente de la referencia para su actuación y fines pertinentes[29].

 

16.             Mediante constancia de reparto expedida por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 17 de enero de 2024, se puso de presente que “de acuerdo con el sorteo realizado por la Presidenta de la Corte Constitucional en reunión virtual con la Comisión de CJU celebrada en la fecha”, el expediente de la referencia fue repartido a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger[30].

 

d)    Pruebas que obran en el expediente

 

17.             En el expediente obran varios documentos relevantes para resolver el asunto de la referencia, entre los que cabe mencionar los siguientes: (i) oficio fechado 11 de agosto de 2021, dirigido a la Fiscalía General de la Nación (Seccional Cartago), a la Personería Municipal de Cartago (Valle del Cauca) y a la Defensoría del Pueblo[31]; y (ii) documento manuscrito sin firma fechado 24 de diciembre de 2018[32].

 

e)     Actuaciones adelantadas por el despacho sustanciador

 

18.             Con auto fechado 8 de abril de 2024, el despacho sustanciador decretó pruebas para mejor proveer en el asunto de la referencia. Por Secretaría General, se ordenó oficiar al ciudadano Carlos Ever Tascón Nacequia para que, en su condición de Gobernador del asentamiento indígena “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca) o a quien haga sus veces, remita a la Corte un informe completo y detallado en el que responda preguntas relacionadas con el ámbito territorial del asentamiento indígena mencionado y la estructura de administración de justicia dentro de este, con el objeto de investigar la conducta por la que se vinculó penalmente el ciudadano Arlex Tascón Aizama.

 

19.             Adicionalmente, ofició a la Oficina de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior^[33] para que i) certificara la existencia de las autoridades de la comunidad étnica Emberá Chami radicada en el asentamiento indígena “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca). Se solicita precisar la ubicación geográfica y la circunscripción territorial de este asentamiento indígena, así como ii) remitiera los estudios con los que cuente en los que se identifiquen las características, cosmovisión y prácticas de las comunidades que forman parte de la comunidad étnica Emberá Chami, en particular, la que se ubica en el asentamiento indígena “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca).

 

20.             Con informe de pruebas expedido el 22 de abril de 2024, la Secretaría General de esta Corporación manifestó al despacho sustanciador que, vencido el término probatorio, no fueron recibidas respuestas de fondo.

 

II.   CONSIDERACIONES

 

1. Competencia de la Corte Constitucional para resolver el conflicto entre jurisdicciones

 

21.             La Corte Constitucional está facultada para conocer y dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Carta Política^[34], modificado por el Artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[35].

 

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones

 

22.             La jurisprudencia reiterada de esta Corte se ha referido a los conflictos de competencia o de jurisdicción como aquellas “controversias de tipo procesal en donde varios jueces pueden: i) rehusarse a asumir el conocimiento de un mismo asunto, para lo cual alegan su incompetencia (conflicto de competencia negativo) o ii) pretender asumir el mismo trámite judicial, al considerar que tienen plena competencia para el efecto (conflicto de competencia positivo)”^[36].

 

23.             También ha sostenido de manera constante que se está ante un conflicto de jurisdicciones cuando se estructuran tres presupuestos: i) subjetivo que requiere que la controversia sea promovida como mínimo por dos autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones; ii) objetivo que exige demostrar la existencia de una causa judicial alrededor de la cual se genere la controversia, es decir, verificar que está en curso un proceso, un incidente u otro trámite de naturaleza jurisdiccional y iii) normativo que demanda comprobar que las autoridades en discrepancia manifiesten por medio de su expreso pronunciamiento los motivos de orden legal o constitucional con fundamento en las cuales reivindican su competencia para conocer de la causa.

 

24.             De este modo, antes de desarrollar las consideraciones a las que haya lugar para resolver el asunto de la referencia, la Sala debe verificar si, acorde con las pruebas aportadas, se cumple con los referidos presupuestos.

 

24.1. Del presupuesto subjetivo. La Sala confirma que este elemento se configura, pues quienes suscitaron el conflicto son autoridades que administran justicia y pertenecen a jurisdicciones diferentes. De un lado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) y, del otro, el asentamiento indígena de la etnia Emberá Chami de “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca).

 

24.2. Del presupuesto objetivo. La Sala constata que este elemento también se estructura, en la medida en que pudo comprobarse la existencia de una causa judicial que se concreta en la investigación penal que se adelanta contra el ciudadano Arlex Tascón Aizama quien tiene la calidad de comunero de la etnia Emberá Chami radicada en el asentamiento de “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca).

 

24.3. Del presupuesto normativo. La Sala pudo verificar que este elemento se presenta, pues las autoridades en conflicto expusieron los argumentos de orden legal y constitucional en que fundamentan la competencia que reivindican para conocer del asunto (consultar los párrafos número 9 a 17 de esta providencia)

 

3. Elementos particulares de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. Reiteración de jurisprudencia^[37]

 

25.             Según el artículo 246 de la Constitución las autoridades indígenas están facultadas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de la comunidad, acorde con los usos y costumbres propios, siempre que sean compatibles con la Constitución y la Ley^[38]. La norma prevé, igualmente, que “[l]a ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”^[39].

 

26.             La Corte Constitucional ha reconocido dos dimensiones de aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena. De un lado, como derecho colectivo de la comunidad a establecer sus propios mecanismos de resolución de controversias^[40] y, de otro, su dimensión individual, que otorga a los miembros de la comunidad un fuero indígena, en virtud del cual tienen el derecho a ser juzgados conforme a sus usos y costumbres^[41]. El fuero indígena “es el derecho subjetivo del que gozan los miembros de las comunidades indígenas y que actúa como mecanismo de protección y preservación de su autonomía étnica y cultural”^[42].

 

27.             A la luz de la dimensión individual, para que se estructure el fuero indígena es necesario verificar que se cumplen dos elementos esenciales: i) el factor subjetivo y ii) el factor territorial^[43]. Por su parte, la activación de la Jurisdicción Especial Indígena presupone acreditar, asimismo, iii) el factor institucional u orgánico; y, iv) el factor objetivo^[44].

 

28.             La configuración del factor personal o subjetivo implica que, “cada miembro de la comunidad, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a ser juzgado por sus autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres”^[45]. En tal sentido, debe acreditarse que el sujeto forma parte de una comunidad indígena^[46].

 

29.             Respecto del factor territorial que constituye “el escenario más valioso para la defensa de la autonomía y la cultura de los pueblos originarios” ^[47]. Cabe destacar que en virtud de este elemento las autoridades indígenas son competentes para conocer de los hechos que sucedan en su territorio, de acuerdo con sus propias normas.

 

30.             No obstante, este criterio ha sido entendido desde una perspectiva estrecha y una amplia: i) como el espacio territorial físico, que comprenden los resguardos indígenas; y ii) como un concepto que “trasciende el espacio geográfico donde se establecen los límites de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas, pues posee también un significado cultural. Hace referencia al espacio donde se desarrolla la cultura de cada comunidad, e involucra sus costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, entre otros”^[48].

 

31.             Sobre el factor objetivo debe resaltarse que se relaciona con “la naturaleza del bien jurídico tutelado”^[49]. De ahí que su cumplimiento imponga analizar si el interés de judicialización de la conducta recae sobre la comunidad indígena o la cultura mayoritaria. Al respecto, en el auto A-751 de 2021^[50], se advirtió:

 

En todo caso, al margen de la relevancia que debe asignarse al factor institucional, el elemento objetivo cuenta con un peso importante en la toma de decisiones, pues aun cuando determinada conducta se considere muy gravosa para la sociedad mayoritaria, el juez que resuelve el conflicto no puede ignorar la cosmovisión que un pueblo étnico tiene en relación con las conductas delictivas presuntamente realizadas.

 

32.             Desde ese horizonte de comprensión, los pronunciamientos de la Corte Constitucional han sido claros cuando destacan que “el elemento objetivo y la nocividad social de la conducta que se investiga no agotan el examen ni impiden que se lleve a cabo el análisis de los demás factores necesarios para que se active la jurisdicción especial indígena”^[51]. En el Auto A-206 de 2021^[52] la Corte precisó que, por regla general, la Jurisdicción Especial Indígena está facultada para resolver la mayoría de los litigios civiles, laborales, penales, entre otros, exceptuando de su alcance algunas conductas punibles que, en principio, excederían el ámbito cultural de la comunidad étnica, esto es, aquellas que no guardan una relación directa con sus intereses propios, tal y como han sido definidos conforme a su cosmovisión^[53].

 

33.             En todo caso, resulta necesario reiterar que el cumplimiento de esta exigencia debe analizarse siempre acorde con “las particularidades de cada asunto concreto^[54], entendiéndose con ello que, en ningún caso, el elemento objetivo es definitivo o excluyente en la asignación de competencia jurisdiccional a la Jurisdicción Especial Indígena”^[55].

 

34.             De lo expuesto se deriva que el elemento objetivo “orienta la remisión del asunto a la Jurisdicción Especial Indígena o a la Jurisdicción Ordinaria cuando el interés de judicialización recaiga, respectivamente, sobre la comunidad indígena o la cultura mayoritaria”^[56]. Es de advertir, nuevamente, la necesidad de que este elemento se evalúe a la luz de las circunstancias de cada asunto en particular “en las que se produjo la conducta, la afectación que genera en los bienes jurídicos que interesan a la sociedad mayoritaria, a la comunidad indígena, o a ambas, así como la especial relación que pueda tener el asunto con la cosmovisión de la comunidad”^[57].

 

35.             Por último, en lo que concierne al factor institucional que exige demostrar la existencia de “un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados”^[58], debe resaltarse que este aspecto “constituye un medio para garantizar el derecho al debido proceso, la conservación de las costumbres e instituciones ancestrales, y los derechos de las víctimas”^[59]. Bajo esa perspectiva, resulta preciso identificar: “i) las autoridades tradicionales y procedimientos establecidos para tramitar el caso ante la jurisdicción indígena; y ii) las faltas y sanciones aplicables”^[60].

 

36.             Es de anotar, asimismo, “que el ejercicio de la facultad jurisdiccional por parte de las comunidades indígenas es meramente potestativo”^[61]. Sobre este aspecto la sentencia C-463 de 2014^[62] puso de presente que “[e]l derecho al ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena es de carácter dispositivo, voluntario u optativo para la comunidad”^[63]. Por su parte, la sentencia T-617 de 2010^[64] dispuso que “un primer paso para establecer esa institucionalidad se concreta en la manifestación positiva de la comunidad sobre su intención de conocer y aplicar sus procedimientos, normas y costumbres tradicionales al asunto en cuestión, previsión que se desprende, a la vez, del carácter dispositivo de la jurisdicción para las comunidades”. Bajo esa óptica, si la autoridad indígena manifiesta su intención de asumir el conocimiento de un asunto, es “coherente que ponga de presente las condiciones en las que se desarrollará el proceso respectivo^[65].

 

37.             En ese orden, debe reiterarse que, según lo dispuesto por el artículo 246 constitucional, la potestad de los pueblos indígenas para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales debe llevarse a cabo de conformidad con los lineamientos constitucionales y legales y, por ende, está lejos de ser absoluta. Principalmente, las autoridades indígenas deben demostrar que cuentan con los mecanismos indispensables “para proteger los derechos fundamentales que se encuentran en tensión en el proceso penal”^[66].

 

38.             Ahora, igualmente importante resulta destacar que exigir a las autoridades indígenas que demuestren la existencia de una capacidad institucional mínima en ningún caso puede hacerse equivalente a requerir que se observen exigencias que atenten contra su autonomía o pongan en entredicho el respeto a la diversidad étnica y cultural. De este modo, las exigencias que se impongan no pueden “someterse a formalismos o requerir la existencia de instituciones específicas, asimilables a aquellas propias de la cultura jurídica mayoritaria^[67].

 

39.             Es más, esta Corte ha insistido en que la puesta en marcha de la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena presupone evaluar de manera “ponderada, razonable y particular los factores”^[68] y, en ese sentido, ha insistido en que “el conflicto se desatará atendiendo a las circunstancias propias de cada caso y ponderando el grado de incidencia que pueda tener cada factor en la resolución del conflicto; claro está, en armonía con los criterios limitantes de la injerencia estatal”^[69].

 

40.             Desde ese ángulo, la Corte ha reiterado que el hecho de que se dejen de observar uno o varios de los factores, en manera alguna comporta que el conocimiento del asunto se asignará automáticamente a la Jurisdicción Ordinaria. De ningún modo. Esta circunstancia exige, más bien, adelantar un “ejercicio hermenéutico dirigido a adoptar la solución que mejor satisfaga los principios involucrados”^[70]. En otras palabras, lo que debe demostrarse es que la solución adoptada, en consonancia con las circunstancias del caso concreto, permite garantizar “el debido proceso, los derechos de las víctimas, el pluralismo jurídico, la diversidad étnica y la maximización de la autonomía indígena^”[71].

 

III.           EL CASO CONCRETO

 

41.             A continuación, se procederá a analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos propios del fuero indígena y de la Jurisdicción Especial Indígena, a saber, los elementos personal, territorial, objetivo e institucional.

 

a)    Elemento personal

 

42.             Al expediente de la referencia fueron aportados elementos de convicción que muestran que el ciudadano Arlex Tascón Aizama pertenece a la etnia Emberá Chami y es integrante del asentamiento indígena “Guadualito” ubicado en el municipio de Argelia (Valle del Cauca)[72]. La pertenencia del procesado a la comunidad indígena referida fue anunciada de viva voz por él mismo y por el Consejero Mayor y representante legal del asentamiento indígena de “Guadualito” en el municipio de Argelia (Valle del Cauca) en varias de las audiencias efectuadas para la formulación de acusación[73]. Con fundamento en los derechos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, se debe dar primacía a los mecanismos de reconocimiento utilizados por los propios grupos indígenas. En este caso, las autoridades tradicionales reconocen la pertenencia del procesado a esa comunidad indígena, lo cual no es desvirtuado ni puesto en duda en esta actuación.

 

43.             Por los motivos expuestos, la Sala considera que el elemento personal se encuentra debidamente acreditado.

 

b)    Elemento territorial

 

44.             Como se indicó atrás, el criterio territorial supone considerar el lugar en el que tuvieron lugar los hechos^[74]. Las pruebas allegadas al expediente permiten a la Sala concluir que los hechos tuvieron lugar en un espacio ajeno a la comunidad indígena a la que pertenece el supuesto victimario.

 

45.             De conformidad con el escrito de acusación que reposa en el expediente, la muerte del señor García Guaguarabe habría ocurrido en “un camino de la vereda la Palma en jurisdicción de Argelia Valle [del Cauca]”[75]. Es decir que fue en ese lugar en donde, según la Fiscalía General de la Nación, Arlex Tascón Aizama desplegó la conducta a la que ella le atribuye la muerte del señor García Guaguarabe. Ahora, el Consejero Mayor del asentamiento indígena “Guadualito” fue quien reclamó la competencia para juzgar al ciudadano Arlex Tascón Aizama por esa conducta. Al hacerlo, el Consejero Mayor manifestó que la muerte del señor García Guaguare habría ocurrido en el “sector finca La Camelia, vereda La Palma, territorio no indígena”^[76]. De modo que el Consejero Mayor del asentamiento indígena reclamante manifestó espontáneamente que la conducta atribuida al señor Tascón Aizama habría ocurrido por fuera de los límites geográficos de la comunidad que preside. En consecuencia, no se puede predicar la ocurrencia del elemento territorial según su comprensión estricta. Tampoco en el sentido expansivo del concepto de territorio. Veamos.

 

46.             Con respecto a este último punto, según la información que reposa en sitios web de acceso abierto, “la mayor parte de la población [C]hamí se encuentra sobre el Rio San Juan y en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, departamento de Risaralda. Un segundo núcleo de población Chamí se encuentra en los ríos Garrapatas y San Quiníni, municipios de Dovio y Bolívar, departamento del Valle del Cauca y en el Resguardo de Cristiana, municipios de Jardín y Andes en el departamento de Antioquia. También se encuentran asentamientos Chamí en Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Caquetá”[77].

 

47.             Con todo, esta información no permite concluir unívocamente que el asentamiento indígena de “Guadualito” –del que es parte el señor Tascón Aizama– tenga su asiento o despliegue su cultura de algún modo en la vereda La Palma, jurisdicción de Argelia – Valle del Cauca[78]. La información que reposa en bases de datos abiertas no menciona de un modo específico este lugar como uno de aquellos en los que “se encuentran asentamientos Chamí” dentro de ese Departamento. Pese a que la magistrada sustanciadora profirió un auto el 08 de abril de 2024 en el que indagó al Gobernador del asentamiento indígena “Guadualito” y a la Oficina de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior por, entre otras cosas, el ámbito territorial de esa comunidad –una vez vencido el término concedido por su despacho para que remitieran una respuesta– ambas autoridades guardaron silencio. De suerte que no es posible predicar la ocurrencia del factor territorial, ni siquiera por su efecto expansivo.

 

c)     Elemento objetivo

 

48.        La acreditación de este elemento supone verificar que la comunidad indígena tenga un verdadero interés en salvaguardar el bien jurídico que habría sido afectado por la conducta de la persona procesada[79]. La valoración de este elemento exige fijarse en “la naturaleza del bien jurídico o del sujeto afectado por la conducta del indígena”^[80]. Así, la sentencia C-463 de 2014[81] definió unas subreglas de valoración de este elemento, a partir de las cuales es posible determinar si la comunidad indígena debe o no asumir la competencia para juzgar un asunto determinado:

 

o   Si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen de manera exclusiva a la comunidad indígena, el elemento objetivo indica que el caso debe ser juzgado por la jurisdicción especial indígena;

 

o   Si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta (no manda) al juez del conflicto a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria.

 

o   Si, independientemente de la identidad cultural del titular, el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo no determina una solución específica.

 

49.             Cuando la conducta que se investiga reviste especial nocividad en el criterio de la cultura mayoritaria, este hecho por sí solo no implica que se excluya de manera definitiva a la jurisdicción especial indígena del juzgamiento de ese asunto. En este caso, la autoridad judicial debe efectuar un análisis más detenido sobre la concurrencia del elemento institucional para impedir que la remisión a la jurisdicción especial indígena derive en impunidad o en una situación de desprotección para la víctima.

 

50.             Ahora bien, según el escrito elaborado por la Fiscalía 20 Seccional de Cartago (Valle del Cauca) con fecha 29 de septiembre de 2021^[82], el proceso penal sobre el cual recae el presente conflicto de jurisdicciones versa sobre la posible comisión de un homicidio agravado en su modalidad dolosa. Además, según la Fiscalía General de la Nación, la conducta se habría presentado “en concurso heterogéneo sucesivo con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, puesto que para agotar la vida de la víctima fueron utilizadas armas de fuego tipo escopeta, delito que se encuentra enmarcado en el mismo Código Penal, en el Libro Segundo, Título XII de los delitos contra la Seguridad Pública, capitulo II, de los delitos de Peligro Común o que pueden ocasionar Grave Perjuicio Para la Comunidad y Otras Infracciones, articulo 365 denominado Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones”.

 

51.             Con todo, los bienes jurídicos lesionados por la conducta del señor Tascón Aizama serían la vida y la seguridad pública. En lo que se refiere al bien jurídico de la vida: como quedó establecido durante el desarrollo de las audiencias ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle), el sujeto pasivo de la supuesta conducta homicida y su familia formarían parte de una comunidad indígena distinta de aquella que está reclamando la competencia para juzgar a Tascón Aizama[83]. Si bien la jurisprudencia ha reconocido que el bien de la vida se trata de un bien jurídico universal^[84], su titular en el caso concreto no pertenecía a la comunidad indígena reclamante. De suerte que, de conformidad con las subreglas descritas anteriormente, la valoración del elemento objetivo en lo referido al bien jurídico de la vida “orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria”[85], pero no excluye de plano la competencia de la JEI para asumir el conocimiento de este asunto[86]. Por lo demás, la seguridad pública se trata de un bien jurídico cuyo titular es el Estado colombiano. Por lo que la valoración del elemento objetivo en punto a este otro bien jurídico también “orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria”[87], pero no excluye de plano la competencia de la JEI para asumir el conocimiento de este asunto[88].

 

d) Elemento institucional

 

52.             Según lo afirmado por la Sala Plena en las consideraciones del presente auto, ninguno de los elementos que permiten activar la Jurisdicción Especial Indígena resulta determinante por sí solo para tomar una decisión. En consecuencia, si bien existen criterios para afirmar que el factor objetivo “orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria”[89] –sin que ello excluya de plano la competencia de la JEI para asumir el conocimiento de este asunto[90]–, la Sala debe ahora analizar el elemento institucional.

 

53.             La autoridad indígena del asentamiento de “Guadualito” reivindicó su competencia para investigar, juzgar y sancionar al procesado en el asunto de la referencia. Al respecto, exteriorizó su voluntad de investigar las conductas cometidas por el señor Arlex Tascón Aizama y sancionarlas conforme a sus usos y costumbres. De cualquier manera, es igualmente cierto que la comunidad indígena Varia Chami a la que pertenecía el occiso y de la que forman parte las víctimas, manifestó su desacuerdo al respecto y solicitó el apoyo de las autoridades del Estado para resolver el asunto.

 

54.             Para analizar el factor institucional no debe perderse de vista que, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en el auto A-029 de 2022^[91], la garantía de los derechos de las víctimas debe adelantarse respetando con especial rigor el principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y debe examinarse a la luz de criterios de razonabilidad y proporcionalidad –se destaca–^[92].

 

55.             En tal sentido, la autoridad judicial que resuelve el conflicto de jurisdicciones debe tener en cuenta que i) “el derecho propio de las comunidades indígenas es un verdadero sistema jurídico, particular e independiente”^[93]; ii) “no se puede adoptar una postura reticente a analizar las prácticas ancestrales de administración de justicia de las comunidades, que buscan la verdad a través de métodos rituales de reconstrucción colectiva de la memoria y acuden a vías alternativas para resarcir a la víctima, sancionar al agresor y reintroducir la armonía dentro la comunidad”^[94]; iii) “debe establecerse la existencia de un marco institucional mínimo para la satisfacción de los derechos de las víctimas, en cuya indagación se debe verificar los esquemas de participación de la víctima en la determinación de la verdad, la sanción del responsable y la determinación de las formas de reparación a sus derechos o bienes jurídicos vulnerados” ^[95].

 

56.             En relación con el caso concreto, la Fiscalía Seccional 18 de Cartago (Valle del Cauca) manifestó que en el asunto de la referencia no se cumplía el elemento institucional y, en particular, no se aseguraba la protección de los derechos de las víctimas[96] –se destaca–. A propósito de esta manifestación, el despacho sustanciador, mediante auto de pruebas proferido el 8 de abril de 2024, ordenó oficiar al ciudadano Carlos Ever Tascón Nacequia para que, en su condición de gobernador del asentamiento indígena “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca) o a quien haga sus veces, “remita a la Corte un informe completo y detallado en el que responda preguntas relacionadas con el ámbito territorial del asentamiento indígena mencionado y la estructura de administración de justicia dentro de este, con el objeto de investigar la conducta por la que se vinculó penalmente el ciudadano Arlex Tascón Aizama”. En el auto de pruebas se solicitó, concretamente:

 

8. Informar qué tan graves considera la comunidad indígena las conductas cometidas por el ciudadano Arlex Tascón Aizama, qué mecanismos tiene previstos la comunidad para honrar a las víctimas, evitar su revictimización y otorgar garantías de no repetición y para asegurarse de que la sanción impuesta se cumpla efectivamente. Si ha aplicado algunas de ellas sírvase informar cómo lo ha hecho.

 

57.             El término concedido por el despacho sustanciador para allegar las pruebas venció sin que se haya dado respuesta al auto referido, y a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta. En el expediente no existe información suficiente sobre la estructura de justicia del asentamiento indígena de “Guadualito” ni es claro si este cuenta con un marco institucional mínimo para garantizar los derechos de las víctimas. Si bien en la audiencia de acusación del 9 de agosto de 2023 el gobernador del asentamiento indígena de “Guadualito” intervino para explicar las sanciones a las que sería condenado Arlex Tascón Aizama, en esta intervención se abstuvo explicar qué autoridad aplica estas normas, cómo las aplica y de qué forma se garantizan tanto el derecho a la defensa como el derecho a la participación de las víctimas. Por esta razón, la Sala Plena coincide con la Fiscalía Seccional 18 en lo relativo al incumplimiento del elemento institucional, pues debió demostrarse de manera más fehaciente que existe una estructura respecto de la cual se tenga la certeza de que se ha adelantado toda la gestión para obtener una sanción y que las víctimas serán reparadas.

 

58.             En efecto, a partir de las pruebas que obran en el expediente, el señor Carlos Ever Tascón Nacequia, gobernador del asentamiento indígena “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca), manifestó contar con un grupo de sanciones previstas para castigar las conductas presuntamente cometidas por el señor Arlex Tascón Aizama. Sin embargo, como ya se dijo, cuando la magistrada sustanciadora le pidió al gobernador del asentamiento “Guadualito” que precisara la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia de su comunidad y la forma en que las sanciones eran aplicadas, este guardó silencio. De esta manera, para la Sala no es claro si el sistema de justicia indígena del asentamiento “Guadualito” está en condiciones de juzgar de manera objetiva al procesado y de hacer efectivos los derechos de las víctimas.

 

59.             De hecho, estas hicieron un llamado a diferentes instituciones y organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la MAPP OEA, a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –OACNUD– con el objetivo de que acompañen y se pronuncien ante lo que consideran una grave vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Valle del Cauca. Esta petición fue secundada también por la Procuraduría en el 2020 y respaldada por la Fiscalía y el Juez Tercero Penal del Circuito de Cartago (Valle del Cauca) en la audiencia que dio lugar a que esta última autoridad formulara el conflicto positivo de competencia.

 

60.             En conclusión, para la Sala es claro que en el presente asunto la existencia del elemento personal quedó plenamente acreditada. También se demostró que las conductas atribuidas al procesado ocurrieron en una vía pública sin que existan elementos para concluir que este espacio se encuentra bajo influencia de la cultura indígena de la comunidad que reivindica la competencia en este asunto. De otro lado, la comunidad indígena reclamante y la sociedad mayoritaria están interesadas en sancionar las conductas homicidas que lesionan el bien jurídico universal de la vida[97]. De ahí que, en este caso, como la comunidad indígena no es titular de los bienes jurídicos afectados, el elemento objetivo no se cumple. Por último, frente al elemento institucional, pese a la solicitud de información que hizo la magistrada sustanciadora, la comunidad indígena reclamante guardó silencio sobre el método en el que se adelantaría el juicio por las conductas por las cuales está siendo procesado penalmente uno de sus integrantes. De modo que la valoración completa de los elementos del fuero especial indígena orienta a remitir el asunto a la jurisdicción ordinaria.

 

61.             Por consiguiente, la Sala considera que en este caso particular la decisión que en mayor grado satisface los derechos de las víctimas consiste en asignar el conocimiento del asunto a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional remitirá el expediente CJU-5022 al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago (Valle del Cauca), para que proceda con lo de su competencia.

 

62.             Finalmente, la Sala considera importante subrayar que los familiares del señor Javier Nelson García Guaguarabe pertenecen una comunidad indígena con asiento en el municipio de Anserma Nueva (Valle del Cauca). Por esta razón, con el fin de satisfacer plenamente sus derechos como víctimas, se ordenará a la autoridad ordinaria la adopción del enfoque étnico durante el proceso penal. Así las cosas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 7, 13 y 246 superiores y 9.2. del Convenio 169 de la OIT[98], es necesario advertir a la autoridad judicial ordinaria competente que debe realizar los ajustes étnicos necesarios para garantizar los derechos de las comunidades étnicas al servicio de administración de justicia. Lo anterior, teniendo en cuenta que la jurisdicción ordinaria es un escenario que, en principio, les es ajeno.

 

63.             Esta misma determinación la ha ordenado la Corte Constitucional en anteriores oportunidades. Al respecto, ver el auto A-1852 de 2022[99] y los autos A-192[100] y A-1055 de 2023[101].

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) y el asentamiento indígena de la etnia Emberá Chami de “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca), en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) es competente para conocer el proceso en contra del ciudadano Arlex Tascón Aizama como señalado coautor de las conductas punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5022 al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del municipio de Cartago (Valle del Cauca).

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago (Valle del Cauca) que implemente en el trámite y decisión de este asunto un enfoque étnico con el objetivo de que el investigado y, sobre todo, las presuntas víctimas accedan a la justicia en consonancia con la diversidad cultural derivada de su pertenencia a una comunidad indígena.

 

CUARTO. COMUNICAR esta decisión, a través de la Secretaría General, a los interesados y al asentamiento indígena de la etnia Emberá Chami “Guadualito” del municipio de Argelia (Valle del Cauca).

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

Ausente con comisión

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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