Sentencia A. 1178/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1178 DE 2026

 

Referencia: expediente ICC-5567

 

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba y la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter�a (C�rdoba)

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogot� D.C., veintis�is (26) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, as� como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del art�culo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El 22 de julio de 2026, el se�or Jaime Andr�s Ramos Vergara present� una acci�n de tutela contra la Comisi�n Seccional de Disciplina Judicial de C�rdoba al estimar vulnerados sus derechos de petici�n, al debido proceso, al acceso a la administraci�n de justicia y al �m�nimo vital en conexidad con la vida digna e igualdad�[1]. Para sustentar su solicitud, indic� que, el 17 de julio de 2026, present� queja disciplinaria contra el abogado Jhon Alexander Ria�o Guzm�n, quien actuaba como apoderado judicial y profesional adscrito a Alianza SGP S.A.S., sociedad apoderada de Bancolombia S.A., en un proceso ejecutivo hipotecario promovido en su contra.

 

2.                 El accionante se�al� que la queja fue radicada el mismo 17 de julio de 2026 ante las Comisiones Seccional de Disciplina Judicial de C�rdoba y Nacional de Disciplina Judicial y que, el 21 de julio siguiente, esta �ltima la remiti� por competencia a la autoridad accionada. Sostuvo que, para el momento de interponer la tutela, no se hab�a adoptado decisi�n sobre la admisi�n de la queja, la apertura de indagaci�n previa o una eventual inhibici�n; tampoco se hab�an resuelto las solicitudes probatorias formuladas ni se le hab�a informado el n�mero de radicado, el magistrado sustanciador o el estado de la actuaci�n.

 

3.                 Con base en lo expuesto, solicit� el amparo de los derechos invocados y que, en consecuencia, se ordene a la Comisi�n Seccional de Disciplina Judicial de C�rdoba pronunciarse sobre el tr�mite de la queja, resolver las solicitudes formuladas en ella e imprimir car�cter �preferente y c�lere a la actuaci�n�[2]. Asimismo, pidi� que se le informara el n�mero de radicado, el magistrado sustanciador y el estado del tr�mite y, subsidiariamente, que el amparo se concediera como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre su m�nimo vital. Finalmente, solicit� vincular a un particular, Alianza SGP S.A.S. y Bancolombia S.A. y a la Comisi�n Nacional de Disciplina Judicial en calidad de terceros con inter�s.

 

4.                 El 22 de julio de 2026, la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba declar� su falta de competencia para conocer de la acci�n de tutela y orden� remitir de manera inmediata el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter�a[3]. Como fundamento, se�al� que el numeral 6 del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, dispone que las acciones de tutela dirigidas contra las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial deben repartirse, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En consecuencia, dado que la solicitud de amparo se formul� contra la Comisi�n Seccional de Disciplina Judicial de C�rdoba, consider� que su conocimiento correspond�a al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter�a y precis� que la vinculaci�n de la Comisi�n Nacional de Disciplina Judicial y de los dem�s terceros no alteraba dicha regla, pues estos no ten�an la condici�n de autoridades accionadas.

 

5.                 El 23 de julio de 2026, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter�a se abstuvo de avocar conocimiento de la solicitud de amparo, propuso conflicto negativo de competencia y remiti� el asunto a esta Corporaci�n[4]. Como fundamento, sostuvo que las disposiciones del Decreto 1069 de 2015, modificadas por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, constituyen reglas de reparto y no factores de competencia, pues estos �ltimos se circunscriben a los factores territorial, subjetivo y funcional; por tanto, aquellas disposiciones no pueden ser invocadas por una autoridad judicial para apartarse del conocimiento de una acci�n de tutela o suscitar un conflicto negativo de competencia. Para tal fin, cit� el auto 441 de 2025 de la Corte Constitucional.

 

6.                 El 27 de julio de 2026, la Secretar�a General de la Corte recibi� el expediente. Luego, el 13 de agosto del a�o en cita, la Sala Plena lo reparti� y lo remiti� al despacho del magistrado ponente el mismo d�a.

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

7.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[5]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporaci�n para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[6] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el tr�mite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicaci�n a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia y, de esta forma, evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n de fondo que garantice la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales^[7], tal y como lo precis� la Sala Plena en el auto 550 de 2018.

 

8.                 En la presente oportunidad, este Tribunal est� facultado para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pese a integrar funcionalmente la Jurisdicci�n Constitucional, desde una perspectiva org�nica, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que est� facultada para solucionar la colisi�n suscitada.

 

9.                 De acuerdo con los art�culos 86 de la Constituci�n y 8 transitorio de su t�tulo transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los art�culos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, �a prevenci�n�, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[8]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del art�culo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnaci�n de una sentencia de tutela y que implica que �nicamente pueden conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de �superior jer�rquico correspondiente�^[9], en los t�rminos establecidos en el art�culo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

10.            Ahora bien, seg�n la jurisprudencia pac�fica de esta Corte, las normas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino �nicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podr� ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administraci�n de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resoluci�n del asunto en sede de instancia[10].

 

11.            En este orden de ideas, la aplicaci�n o interpretaci�n de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En lugar de ello, en estos casos, el juez debe tramitar la acci�n o decidir la impugnaci�n, seg�n el asunto puesto a su conocimiento[11]. En l�nea con lo anterior, la Corte ha se�alado que en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente ser� remitido a aquella a quien se reparti� en primer lugar, con el fin de que la acci�n sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales[12].

 

III.           CASO CONCRETO

 

12.            De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)          Se configur� un conflicto aparente de competencia, pues la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba se apart� del conocimiento de la solicitud de tutela presentada con sustento en reglas de reparto, a pesar de que ellas no desplazan su competencia para resolver la acci�n constitucional.

 

(ii)        De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporaci�n, la Sala Plena considera que le corresponde a la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba decidir la acci�n de tutela en cuesti�n, en tanto fue la primera autoridad judicial en conflicto a la que se le asign� el conocimiento de la solicitud de amparo.

 

(iii)     Con base en lo expuesto, la Corte dejar� sin efectos el auto del 22 de julio de 2026, proferido por la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la acci�n de tutela presentada por la parte accionante, toda vez que se desconoci� el precedente constitucional sobre la materia, el contenido expl�cito del par�grafo 2� del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025 y se afect� la celeridad con que debe surtirse el tr�mite de esta acci�n constitucional. De igual manera, se ordenar� que se le remita por Secretar�a el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

(iv)      En consecuencia, se advertir� a la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto en tanto ello desconoce el ordenamiento jur�dico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

IV.            DECISI�N

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 22 de julio de 2026 por la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba, en el proceso de tutela promovido por el se�or Jaime Andr�s Ramos Vergara contra la Comisi�n Seccional de Disciplina Judicial de C�rdoba.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC-5567 a la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

Tercero: ADVERTIR a la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce el ordenamiento jur�dico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

Cuarto: Por la Secretar�a General de esta Corporaci�n, COMUNICAR la presente decisi�n a la parte accionante, a la Sala Segunda de Decisi�n del Tribunal Administrativo de C�rdoba y a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter�a.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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