A- de 2025

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Encontró la Corte que en el presente caso solo se presentó un conflicto aparente que se fundó en la escisión de una acción de tutela y en la aplicación de reglas de reparto.

En principio, se consideró que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá era la autoridad competente para conocer la solicitud de amparo en su totalidad, en aplicación del factor territorial.

La precitada autoridad escindió el proceso con fundamento únicamente en las reglas de reparto, sin ofrecer argumento alguno sobre la supuesta falta de competencia conforme a las reglas establecidas en el Decreto 2591 de 1991.

En el mismo sentido la Corte Suprema escindió el proceso y apartarse del conocimiento de una de las fracciones con base en reglas de reparto.

Por lo anterior es que la Corte Constitucional solo cuenta con una de las fracciones necesarias para resolver la controversia, esta es la correspondiente al Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual fue resuelta en primera instancia.

Con base en lo anterior y con el fin de evitar dilaciones injustificadas que puedan afectar el acceso a la administración de justicia del accionante, se validó la escisión realizada por dicho Tribunal.

Se advirtió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en lo sucesivo, deberán abstenerse de escindir las acciones de tutela y apartarse de su conocimiento con fundamento en reglas de reparto, pues ello desconoce la a reiterada y vinculante jurisprudencia constitucional y afecta la efectividad de la acción de tutela.