A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Superior de Montería y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería.

La controversia que se presenta entre Despachos es producida por una demanda ordinaria laboral instaurada por una ciudadana, en contra de la ESE Hospital San José de Tierralta, Córdoba, con el propósito de que se declare la nulidad de la terminación de su contrato laboral, comoquiera que la demandada no presentó justa causa para el efecto, desconociendo con ello la convención colectiva de trabajo de la cual hacía parte.

Solicita le sean pagados, entre otros, los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena toma en cuenta la interpretación fijada por esta Corporación en el Auto 872 de 2021, entre otros, en el que se explicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los empleados públicos y el Estado.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 4 del artículo 105 ibidem.

Por el contrario, en virtud de la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, prevista por el numeral 1 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante, CPTSS), y según lo dispuesto por el artículo 3 del Código Sustantivo del Trabajo, el conocimiento de las demandas laborales instauradas por los trabajadores oficiales en contra de la administración es de conocimiento de los jueces laborales.

En este caso, la demanda discute el reconocimiento de un derecho convencional que solo puede predicarse de los trabajadores oficiales, quienes son los llamados a suscribir este tipo de acuerdos sumado a que, conforme quedó expuesto, la propia entidad demandada reconoció de forma expresa la calidad de “trabajador oficial” a la peticionaria, por lo que la Sala concluye que el caso debe ser conocido por la Jurisdicción Ordinaria, especialidad laboral.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Tribunal Superior de Montería para que adelante las gestiones de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Montería y a los sujetos procesales dentro del proceso correspondiente.