Sentencia A. 1121/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

AUTO 1121 DE 2026

 

Referencia: expedientes T-10.892.442, T-10.914.949, T-10.918.114, T-10.957.608, T-10.973.777, T-11.021.108, T-11.062.918 y T-11.083.609

 

Asunto: recurso de reposici�n contra el Auto 682 de 2026 y otros requerimientos a la Sala Plena

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cort�s Gonz�lez

 

Bogot� D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Plena, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, espec�ficamente de las previstas en los art�culos 86 y 241 de la Constituci�n Pol�tica, en el Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Acuerdo 01 de 2025, emite el presente auto con fundamento en los siguientes:

 

ANTECEDENTES

 

1. El Auto 682 de 2026. El 20 de mayo de 2026, mediante el Auto 682, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechaz� las solicitudes de nulidad interpuestas contra la Sentencia T-008 de 2026[1], presentadas una de forma an�nima, y otras por Karen Lorena Ram�rez Rodr�guez y Rub�n David Su�rez Ca�izares. La Sala Plena rechaz� de plano la solicitud an�nima y encontr� que las solicitudes restantes cumplieron parcialmente el requisito de legitimaci�n y oportunidad, pero no superaron el requisito de carga argumentativa necesario para considerar de fondo un supuesto de nulidad por violaci�n del derecho al debido proceso. La decisi�n expuso que el incidente de nulidad �no constituye una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas�. Adem�s, indic� que los planteamientos de los solicitantes pusieron de presente �una inconformidad y (�) un desencuentro con la decisi�n adoptada, espec�ficamente, frente a la valoraci�n realizada por la Sala de Revisi�n�.

 

2. Recurso de reposici�n contra el Auto 682 de 2026 y otros requerimientos a la Sala Plena. El 24 de junio de 2026[2], la Secretar�a General de la Corte Constitucional remiti� al despacho una solicitud elevada por Rub�n David Su�rez Ca�izares[3] en la que present� (i) �reposici�n contra el Auto 682 de 2026� o que la Sala Plena asuma su competencia excepcional de oficio para declarar la nulidad del Auto 682 de 2026.�

 

3. Adicionalmente, el peticionario solicit� que (ii) la Sala Plena no adopte medidas retaliatorias, de temeridad, sanci�n o multa por denunciar ante las entidades competentes hechos delictivos. Tambi�n le pidi� a la plenaria de la Corporaci�n (iii) requerir a la empresa E-TRAINING S.A.S. para que incorpore al tr�mite constitucional toda la informaci�n en su poder sobre el IX Curso de Formaci�n Judicial, (iv) suspender el cronograma actual del proceso de formaci�n judicial o la etapa en que se encuentre la Convocatoria No. 27 de la Rama Judicial y (v) declarar un estado de cosas inconstitucional en la provisi�n de cargos en la rama judicial. Todo lo anterior, como consecuencia del an�lisis que efect�e la Sala Plena a partir del recurso de reposici�n.

 

4. Como fundamento de la reposici�n, el recurrente argument� que el Auto 682 de 2026 omiti� el deber de poner en conocimiento de los �rganos de control informaci�n sobre la empresa E-TRAINING S.A.S., asociada a la posible configuraci�n de conductas delictivas, entre otras, fraude procesal, que el propio peticionario narr� en su solicitud de nulidad. Adem�s, expuso que el incidente de nulidad no pretend�a reprochar la Sentencia T-008 de 2026 por omisi�n en la vinculaci�n de TRAINING S.A.S., sino cuestionar el hecho de que en el tr�mite de revisi�n de la acci�n de tutela no se decretaron ni se practicaron pruebas asociadas a la actividad presuntamente delictiva de dicha compa��a. Por �ltimo, reiter� que la Sentencia T-008 de 2026 no analiz� el uso indebido de inteligencia artificial generativa y la ejecuci�n indebida de contratos asociados al IX Curso de Formaci�n Judicial.

 

CONSIDERACIONES

 

5. Manifiesta improcedencia del recurso de reposici�n o recursos adicionales contra el auto que resuelve una solicitud de nulidad. En numerosas ocasiones la Corte Constitucional ha se�alado que contra el auto que resuelve una solicitud de nulidad no procede recurso alguno[4]. Esta subregla jurisprudencial se fundamenta en que el tr�mite de revisi�n de una acci�n de tutela, en el que se comprende un eventual incidente de nulidad, es un mecanismo de origen constitucional, previsto en el art�culo 86 superior, que se rige por los principios de informalidad, oficiosidad, celeridad, prevalencia del derecho sustancial, eficacia y econom�a. Por lo tanto, su desarrollo en todas las etapas, no se encuentra sujeto a f�rmulas sacramentales, ni a requisitos especiales, ni a conocimientos jur�dicos previos para su ejercicio por parte de los interesados[5].

 

6. Tampoco las reglas que se aplican a otros procesos judiciales, como en el caso de las disposiciones del C�digo General del Proceso, pueden trasladarse o equipararse para ser aplicadas de forma autom�tica al tr�mite de la acci�n de tutela[6]. La Corte Constitucional ha manifestado que el car�cter preferente y sumario que la Constituci�n le atribuye al proceso de tutela genera, entre otras implicaciones, l�mites respecto de los recursos o actuaciones que son susceptibles de interponerse contra las decisiones judiciales que disponen la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales[7]. Adem�s, las sentencias que se dictan en el proceso de amparo, por virtud del art�culo 243 de la Constituci�n Pol�tica, hacen tr�nsito a cosa juzgada constitucional, por lo que se trata de decisiones definitivas, intangibles, incontrovertibles e inmutables[8]. En consecuencia, las normas del C�digo General del Proceso ser�n aplicables �(�) en todo aquello en que no sean contrarios [al Decreto 2591 de 1991], de conformidad con el art�culo 4� del Decreto 306 de 1992[9] y no desvirt�en la protecci�n material dispuesta en la Constituci�n de 1991[10]. Es decir, el C�digo General del Proceso aplica de acuerdo con la regulaci�n especial de la acci�n de tutela y su compatibilidad con la naturaleza y finalidades constitucionales de la misma.

 

7. Competencia para conocer requerimientos posteriores a la comunicaci�n de la sentencia de tutela. El art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que las sentencias dictadas por la Corte Constitucional deber�n �ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia� y que este, a su vez, las notificar� a las partes y �adoptar� las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por �sta�. Adem�s, los art�culos 23, 27 y 52 del mismo decreto disponen que la persona interesada podr� solicitar al juez de primera instancia, simult�nea o sucesivamente, un tr�mite de cumplimiento o la imposici�n de sanciones a la autoridad renuente, mediante el incidente de desacato y, �en todo caso, el juez establecer� los dem�s efectos del fallo para el caso concreto�[11].

 

8. En consecuencia, la Corte Constitucional ha establecido que una vez la decisi�n se encuentra en firme y es comunicada al juez de primera instancia, en principio, esta Corporaci�n no tiene competencia para tramitar cualquier solicitud o requerimiento asociado a dicha providencia, puesto que, de una parte, la autoridad competente para pronunciamientos posteriores, incluida la verificaci�n de su cumplimiento y su eventual desacato, es el juez de tutela de primera instancia[12]; de otra, la competencia de la Corte se asocia a tr�mites de aclaraci�n, nulidades, entre otros, fijados directamente por la jurisprudencia constitucional. Adem�s, de forma posterior a la emisi�n de la tutela, la Corte Constitucional resulta competente de forma excepcional cuando, por ejemplo, asume el conocimiento directo del tr�mite de cumplimiento, para lo cual este Tribunal ha dispuesto que se acrediten unos presupuestos m�nimos de car�cter material, org�nico o funcional[13].

 

9. Una interpretaci�n contraria, seg�n la cual la Corte Constitucional asume una competencia directa y preferente sobre cualquier solicitud o requerimiento respecto de una decisi�n ya comunicada a la autoridad competente, transformar�a de manera autom�tica y sin fundamento la regla general de competencia fijada en cabeza del juez de tutela de primera instancia.

 

10. Actuaci�n procedente. En primer lugar, la Corte Constitucional proceder� a rechazar por notoriamente improcedente el recurso de reposici�n o para la eventual nulidad de oficio presentada por Rub�n David Su�rez Ca�izares contra el Auto 682 de 2026.

 

11. Esta decisi�n se adopta porque siguiendo la jurisprudencia constitucional resumida en los fundamentos jur�dicos 5 y 6 de la presente providencia, no procede recurso alguno contra la providencia que decide una solicitud de nulidad. El Auto 682 de 2026 no solo rechaz� las solicitudes de nulidad interpuestas contra la Sentencia T-008 de 2026, sino que dispuso de forma expresa en el numeral quinto de su parte resolutiva, precisamente, que contra el mismo �no procede recurso alguno�[14]. Adem�s, en esa ocasi�n, la solicitud para el ejercicio de una facultad oficiosa no constituye un mecanismo de impugnaci�n a disposici�n de las partes y, por lo tanto, la potestad excepcional de la Sala para declarar una nulidad de oficio no habilita la reapertura de un incidente de nulidad ya decidido ni permite eludir el car�cter definitivo de esa decisi�n.

 

12. En segundo lugar, por estar esencial e inescindiblemente vinculada al recurso de reposici�n contra el Auto 682 de 2026 y en aplicaci�n del principio de eficacia procesal, la Sala Plena rechazar� igualmente los requerimientos del peticionario rese�ados en el fundamento 3 de esta providencia, en los cuales solicita se pronuncie la plenaria de esta Corporaci�n como consecuencia del recurso de reposici�n por aquel formulado. Esta decisi�n se adopta considerando que se trata de peticiones que reiteran puntos ya decididos en el tr�mite de la acci�n de tutela que culmin� con la Sentencia T-008 de 2026, en particular, el Auto 682 de 2026, que rechaz� las solicitudes de nulidad. Adem�s, desde que la Sentencia T-008 de 2026 estuvo en firme y fue comunicada al juez de primera instancia, la Corte, como se explic� en el fundamento jur�dico 8, carece de competencia para tramitar solicitudes o requerimientos adicionales como los pedidos en esta oportunidad.

 

13. �As� las cosas, la petici�n relativa a requerir a la empresa E-TRAINING S.A.S. reitera varios de los argumentos ya expuestos en las solicitudes de nulidad rechazadas mediante el Auto 682 de 2026[15]. Por su parte, las solicitudes asociadas a suspender el IX Concurso de Formaci�n Judicial o la Convocatoria No. 27 de la Rama Judicial o a declarar un estado de cosas inconstitucional por cuenta de dicha convocatoria, insisten no solo en las pretensiones formuladas inicialmente en el tr�mite de revisi�n del expediente AC T-10.892.442, sino en escritos posteriores al fallo de tutela, que fueron rechazados, declarados improcedentes o respecto de los cuales esta Corte se abstuvo de tramitar[16].

 

14. En consecuencia, a trav�s de requerimientos formulados de manera gen�rica y asociados a un recurso de reposici�n manifiestamente improcedente contra un auto de la Sala Plena, el peticionario no puede pretender que se reabran debates ya decididos manifestando una competencia excepcional de esta Sala. Con esa actuaci�n se desconoce que el r�gimen que regula la acci�n de tutela, incluida las actuaciones posteriores a la comunicaci�n del fallo, impone l�mites a los recursos y actuaciones que puedan interponerse, con el prop�sito de garantizar que el tr�mite de la acci�n preserve los principios de celeridad, eficacia y protecci�n inmediata que la caracterizan.�

 

15. Por �ltimo, en relaci�n con la solicitud del peticionario relativa a la denuncia de hechos delictivos, la Sala estima pertinente indicarle que, si considera que particulares incurrieron en hechos susceptibles de ser catalogados como delitos, existen mecanismos para la denuncia ante las autoridades competentes con las pruebas que estime pertinentes y que tenga a su disposici�n.

 

DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n

 

RESUELVE

 

PRIMERO. RECHAZAR, por manifiestamente improcedente, el recurso de reposici�n y los dem�s requerimientos formulados a la Sala Plena de la Corte Constitucional por Rub�n David Su�rez Ca�izares contra el Auto 682 de 2026, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisi�n.

 

SEGUNDO. Por conducto de la Secretar�a General de la Corte Constitucional, INFORMAR lo decidido al solicitante, indic�ndole que contra decisi�n tampoco procede recurso alguno.

 

Comun�quese y c�mplase,

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

---