REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Auto 1119 de 2026

 

Referencia: expedientes T-7.826.882 y T-8.114.575. Sentencia SU-245 de 2021

 

Asunto: solicitud de cumplimiento

 

Magistrada sustanciadora:

Lina Marcela Escobar Mart�nez

 

Bogot� D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta el presente auto, con fundamento en los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 La Sentencia SU-245 de 2021[1]

 

1.                 Mediante la Sentencia SU-245 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudi� la solicitud de amparo presentada por el entonces gobernador del resguardo ind�gena de Yascual contra el Tribunal Administrativo de Nari�o[2], en relaci�n con los derechos de los etnodocentes de la comunidad, el r�gimen legal aplicable para ellos y su derecho de acceso a la carrera[3].

 

2.                 La Sala Plena concedi� el amparo invocado y adopt� un conjunto de remedios para superar la situaci�n de afectaci�n de derechos de los docentes de la comunidad de Yascual, de acceso a la educaci�n para sus ni�os, ni�as y adolescentes, y del pueblo mismo, como sujeto colectivo de derechos. As�, la Corte concluy�: (i) que, en torno a la etnoeducaci�n y las condiciones de trabajo, exist�a un vac�o normativo que afectaba intensamente los derechos fundamentales de los etnoeducadores, los pueblos y comunidades ind�genas, y los ni�os, ni�as y adolescentes que tienen el derecho a recibir el servicio; (ii) que, a partir de una l�nea de sentencias de tutela, iniciada en la Sentencia T-907 de 2011, exist�a jurisprudencia en vigor sobre el derecho de los etnoeducadores a ser nombrados en propiedad y que, de acuerdo con los art�culos 55 a 62 de la Ley 115 de 1994, prever que el mecanismo de acceso implica la concertaci�n con los pueblos �tnicos; y, (iii) que exist�a el deber de garantizar que los docentes conozcan el idioma propio y la cultura de la comunidad donde prestan sus servicios y, adem�s, de garantizar la preferencia por docentes de las mismas comunidades.

 

3.                 Adicionalmente, la citada sentencia reconoci� que, en virtud del vac�o normativo evidenciado en materia de etnoeducaci�n, persist�an discusiones frente al r�gimen aplicable a los etnoeducadores en materia salarial, prestacional y de otros beneficios asociados al r�gimen de carrera de los que s� gozan otros docentes.

 

4.                 En ese contexto, la Sala Plena puntualiz� que resultaba necesario avanzar hacia el manejo aut�nomo del sistema por parte de los propios pueblos �tnicos, sin desconocer las obligaciones estatales de garantizar el acceso, seg�n est�ndares definidos por edad y nivel de educaci�n. Adem�s, consider� necesario adoptar decisiones que aseguren a los etnoeducadores ind�genas condiciones laborales o de prestaci�n del servicio equivalentes a los dem�s docentes del pa�s, sin que se encuentren sometidos necesariamente a la presentaci�n o acreditaci�n de los mismos t�tulos de educaci�n formal. Precis� que constituye una discriminaci�n inadmisible que quienes prestan sus servicios a los pueblos ind�genas tengan condiciones dis�miles e inferiores a quienes lo hacen para la sociedad mayoritaria.

 

5.                 Por lo tanto, la Sala Plena se�al� que era necesario avanzar en la consulta previa nacional iniciada en el 2008. Igualmente, en torno a medidas que fortalezcan y consoliden, primero, el Sistema Educativo Ind�gena Propio, tomando como base y respetando los m�nimos ya definidos en el Decreto 1953 de 2014 (sobre autonom�a territorial ind�gena); y, segundo, en unas condiciones de trabajo que valoren adecuadamente el conocimiento propio de los etnoeducadores ind�genas. Todo lo anterior, con miras a la creaci�n de un ordenamiento integral, con jerarqu�a legal, como fue ordenado en la Sentencia C-208 de 2007.

 

6.                 As�, la Sala Plena enfatiz� que la inexistencia de un r�gimen integral sobre la etnoeducaci�n con jerarqu�a legal no puede privar a la Constituci�n Pol�tica de su fuerza normativa, ni a los derechos de los pueblos ind�genas de su eficacia. De esta manera, concedi� la tutela y dispuso, entre otras �rdenes, las siguientes:

 

�PRIMERO.- REVOCAR la decisi�n dictada por la Subsecci�n A de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado, el 2 de diciembre de 2019, actuando como juez de primera instancia, dentro del expediente T-8.114.575 y declarar la improcedencia de la acci�n. En consecuencia, se ordenar� DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de remplazo dictada por la Secci�n Quinta del Consejo de Estado, el 16 de julio de 2020, en cumplimiento de las �rdenes dictadas por la Subsecci�n A de la Secci�n Tercera de la misma Corporaci�n.

 

SEGUNDO. CONFIRMAR parcialmente las sentencias proferidas por la Secci�n Primera del Consejo de Estado, el 15 de agosto de 2019, y la Secci�n Quinta del Consejo de Estado, el 14 de noviembre de 2019, en lo que tiene que ver con (i) la decisi�n de dejar sin efecto las sentencias dictadas por el Juzgado 4� Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nari�o, en primera y segunda instancia respectivamente; y CONCEDER el amparo invocado por Fidencio Hernando Maingual (cuyas pretensiones fueron confirmadas por Jos� Alirio Oviedo Amana), en nombre del Resguardo de Yascual.

 

TERCERO. DEJAR SIN EFECTO las dem�s �rdenes adoptadas por la Secci�n Quinta del Consejo de Estado en la Sentencia del 14 de noviembre de 2019, y ordenar a la Secretar�a de Educaci�n de Nari�o que aplique a los etnoeducadores del Resguardo Yascual las normas contenidas en los art�culos 8 al 11 del Decreto 2277 de 1979, modificado por el Decreto 85 de 1980; as� como los art�culos 55 a 56 de la Ley 115 de 1994 y los art�culos pertinentes del Decreto 804 de 1995 y las disposiciones que eventualmente pueda adoptar el Gobierno con fundamento en el art�culo 56 transitorio de la Constituci�n, con el fin de que accedan a los derechos y prestaciones propios del escalaf�n docente definido en la normativa citada.

 

La Secretar�a de Educaci�n de Nari�o deber� dar cumplimiento a esta orden de manera oficiosa, de modo que le corresponde verificar que los etnoeducadores nombrados ya se encuentren en propiedad, as� como las dem�s consecuencias normativas de la aplicaci�n de las normas citadas en este ordinal. 

 

CUARTO. ORDENAR al Ministerio de Educaci�n Nacional que, en di�logo y consulta con los pueblos ind�genas, bien sea en el marco de la CONTCEPI o mediante un espacio espec�fico para este efecto, defina un sistema transitorio de equivalencias, que permita a los etnoeducadores que han sido nombrados en propiedad, gozar de los derechos propios del escalaf�n docente en lo que tiene que ver con emolumentos, prestaciones sociales, vacaciones y otros aspectos similares, a partir de su experiencia y de una valoraci�n del conocimiento respetuosa de la diferencia cultural. Como este es un remedio de car�cter transitorio, la Sala instar� al Ministerio de Educaci�n a que este di�logo se lleve a cabo en un t�rmino m�ximo de seis meses contados a partir de la notificaci�n de esta providencia, salvo por necesidades propias del di�logo intercultural, lo cual debe quedar debidamente acreditado y aprobado por ambas partes.

 

QUINTO. EXHORTAR al Congreso de la Rep�blica y al Gobierno nacional para que, previo el agotamiento de la consulta previa ordenada desde la Sentencia C-208 de 2007, adopten la normativa que respete los est�ndares y principios logrados, y adem�s, avance en torno al Sistema Educativo Ind�gena Propio, en el marco del principio de progresividad de las facetas prestacionales de los derechos fundamentales.

 

SEXTO. La presente decisi�n tiene efectos inter comunis y, por tal raz�n, sus efectos se extienden a todos los pueblos y comunidades ind�genas que se encuentren en las mismas circunstancias amparadas en la presente providencia. (�)�.

 

 

 

 

 

2.                 Solicitud de varios gobernadores de resguardos del pueblo Nasa

 

7.                 Varios gobernadores de diferentes resguardos del Pueblo Nasa del municipio de Florida, Valle del Cauca[4], remitieron a esta Corporaci�n un escrito por medio del cual solicitan a la Corte Constitucional que aplique los efectos inter comunis, que trata el resolutivo sexto de la Sentencia SU-245 de 2021, a los etnodocentes del Valle del Cauca[5].

 

8.                 Del escrito es posible advertir que, en principio, los peticionarios est�n inconformes con las decisiones de la Secci�n Primera del Consejo de Estado, en las cuales, en calidad de juez de tutela de primera instancia, en ocasiones anteriores, han negado solicitudes similares[6].

 

9.                 Resaltaron que reconocen la dif�cil situaci�n econ�mica que atraviesa Colombia, lo cual dificulta el cumplimiento de las obligaciones con los etnoeducadores. No obstante, consideran que es posible llegar a concertaciones con los grupos afectados[7].

 

10.            Por �ltimo, manifestaron que deseaban preguntar �si el Consejo de Estado ha cumplido con los CINCO D�AS DE PLAZO ORDENADO POR USTEDES para no hacer obligatoria al JUEZ DE INTANCIA LAS ORDENES ESPECIALES de �INTERCUMUNIS� (sic) claramente estipuladas en el art�culo sexto de la SENTECIA SU 245 del 2021�[8].

 

II.              CONSIDERACIONES[9]

 

3.                 Del cumplimiento de los fallos de tutela y el incidente de desacato

 

11.            En virtud de los art�culos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, los actores de una acci�n de tutela cuentan con dos mecanismos que pueden usar de forma simult�nea o sucesiva, ante el incumplimiento de una orden incluida en una sentencia de tutela[10]. El primero es el tr�mite de cumplimiento, a trav�s del cual, valga la redundancia, se solicita el cumplimiento de cierta orden. El segundo es el incidente de desacato, en el que se pide que sea sancionado el accionado que incurri� en el incumplimiento.

 

12.            Frente a los mencionados instrumentos, la jurisprudencia constitucional ha se�alado las siguientes diferencias entre las dos figuras: �(i) la competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se rigen por lo dispuesto en los art�culos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991, mientras que la base del desacato se encuentra en sus art�culos 27 y 52; (ii) el cumplimiento es obligatorio en tanto hace parte de la garant�a constitucional, mientras que el desacato es incidental porque se trata de un instrumento disciplinario de creaci�n legal; (iii) la responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva �analizar si la orden de amparo se ha cumplido� y la predicable del desacato es subjetiva �sancionar con arresto o multa a quien desatienda las �rdenes proferidas en sentencias de tutela�; (iv) el cumplimiento es de oficio �aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio P�blico�, mientras que el desacato es a petici�n de la parte interesada; (v) el tr�mite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el tr�mite del desacato es la v�a para el cumplimiento, puesto que son dos mecanismos procesales distintos [�]; y, (vi) paralelamente al cumplimiento de la orden se puede iniciar el tr�mite incidental del desacato, pero este no puede desplazar la principal obligaci�n del juez constitucional que consiste en hacer cumplir la orden de tutela�[11].

 

4.                 Competencia para hacer cumplir los fallos de tutela

 

13.            La Corte Constitucional ha se�alado que, de acuerdo con una interpretaci�n sistem�tica del Decreto 2591 de 1991, corresponde, principalmente, a los jueces de primera instancia asegurar y verificar el cumplimiento de las sentencias de tutela dictadas por los jueces de segunda instancia o por esta Corporaci�n[12]. En efecto, luego de surtido el tr�mite de revisi�n ante esta Corporaci�n, las sentencias en las que se revise una decisi�n de tutela deber�n ser comunicadas a la autoridad judicial que conoci� en primera instancia la solicitud de amparo[13]. Esto, con el fin de que esta notifique la providencia a las partes, adopte las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del fallo y tramite los incidentes de desacato que se presenten.

 

14.            En relaci�n con lo anterior, las autoridades judiciales de primera instancia tienen competencia para ejercer las atribuciones que est�n a su alcance para garantizar el cumplimiento del fallo, como, por ejemplo, modular las �rdenes de la sentencia[14]. Frente a esto �ltimo, no sobra advertir que la modulaci�n solo procede de forma excepcional y ante la necesidad de modificar aspectos accidentales del remedio dispuesto para evitar que se contin�e violando o amenazando el derecho fundamental, o cuando sea necesario asegurar su goce efectivo[15]. Adem�s, la necesidad de modular surge cuando realmente existe una verdadera imposibilidad de cumplir lo ordenado, y no simplemente cuando se enfrenta una dificultad[16].

 

15.            La Corporaci�n ha manifestado que la regla general en virtud de la cual, en principio, los jueces de primera instancia deben asegurar y verificar el cumplimiento de las sentencias de tutela tiene los siguientes prop�sitos: (i) �genera claridad en t�rminos de seguridad jur�dica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales�; (ii) �armoniza el principio de inmediaci�n del tr�mite de tutela�; y, (iii) �protege la eficacia del grado jurisdiccional de consulta como garant�a procesal para el accionado�[17].

 

16.            Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que, excepcionalmente, puede asumir el seguimiento al cumplimiento de sus sentencias y tramitar incidentes de desacato para materializar sus �rdenes. Sobre el particular, ha identificado circunstancias relacionadas con factores extraordinarios de car�cter org�nico, funcional o material, as�:

 

(i)                     La jerarqu�a o la naturaleza especial de la autoridad accionada (factor org�nico), por ejemplo, (a) cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior funcional que pueda conocer de la consulta sobre la sanci�n por desacato, regla que debe matizarse a partir del reconocimiento que se hace por v�a reglamentaria, de la posibilidad de dividirse en salas, secciones o subsecciones, para conocer del recurso de amparo promovido contra sus propias actuaciones (Decreto 1069 de 2015), lo que podr�a autorizar su participaci�n como autoridad de cumplimiento, salvo casos excepcionales; o (b) cuando se trata de una �embajada�, en tanto cuentan con inmunidad para abstenerse de ejecutar un fallo, en virtud de lo establecido en el numeral 3� del art�culo 31 de la Convenci�n de Viena de 1961.

 

(ii)                  La incapacidad o ineficacia del operador judicial de primer grado para asegurar el cumplimiento de la decisi�n (factor funcional), por ejemplo: (a) cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte adopta medidas que, en la pr�ctica, no resultan conducentes para la salvaguarda de los derechos; (b) cuando se ha presentado un manifiesto incumplimiento de las �rdenes de tutela, sin que el juez de primera instancia haya podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protecci�n, o cuando dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces; o (c) cuando el juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste.

 

(iii)                La complejidad o la gravedad de los acontecimientos que derivaron en la tutela de los bienes constitucionales (factor material), por ejemplo: (a) cuando, en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido �rdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopci�n de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situaci�n que se prolonga en el tiempo; (b) cuando se hayan emitido �rdenes complejas o estructurales que, por su naturaleza, supongan la insuficiencia de las competencias del juez de primera instancia para su asegurar cumplimiento; (c) cuando la intervenci�n de la Corte sea indispensable para la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; o (d) cuando resulte imperioso salvaguardar la supremac�a e integridad del ordenamiento constitucional[18].

 

17.            Adicionalmente, resulta importante resaltar lo manifestado recientemente por la Corporaci�n en la Sentencia SU-118 de 2026, respecto del conocimiento de las solicitudes de cumplimiento o de incidente de desacato que son presentadas por personas que, aunque formalmente no hicieron parte del tr�mite de tutela, puede recaer sobre ellos los efectos de la sentencia que decidi� el caso. Sobre el particular, se expuso:�

 

Cuando una persona que formalmente no fue parte en el proceso de tutela que concluy� con la sentencia, pero sobre la cual recayeron sus efectos, solicita su cumplimiento o tramitar un incidente de desacato�, esta Sala �ha decidido enviar la solicitud al juez de primera instancia que conoci� de la acci�n de tutela que se revis� por esta Corporaci�n�. Ello, sin perjuicio de algunos casos en los que, excepcionalmente, este Tribunal ha asumido el cumplimiento de sus decisiones. Pero, como regla general, y se insiste en ello, en trat�ndose de sentencias con dispositivos amplificadores asociadas a �expedientes acumulados�, las solicitudes de cumplimiento y desacato han sido asignadas al �juez de primera instancia de la acci�n principal.

 

18.            En esa misma providencia, la Corporaci�n precis�, en relaci�n con el conocimiento de las peticiones que no son presentadas por los involucrados en el tr�mite tutelar, sino por quienes se ven beneficiados de los efectos inter comunis, lo siguiente:

 

(i) Por regla general, la acci�n de tutela es improcedente para obtener el cumplimiento de las �rdenes impartidas en un fallo de amparo, pues para ello existen mecanismos judiciales id�neos y eficaces, como el tr�mite de cumplimiento y el incidente de desacato; (ii) tales instrumentos deben promoverse, ordinariamente, ante el juez de primera instancia, incluso cuando la decisi�n incumplida provenga de una providencia de revisi�n, ya que este Tribunal solo asume excepcionalmente el conocimiento de los referidos tr�mites ante la verificaci�n de la ocurrencia de factores extraordinarios de car�cter org�nico, funcional y material; [y] (iii) esa misma l�gica se aplica, en principio, a las sentencias de esta Corporaci�n con efectos inter comunis o inter pares, aunque quien solicite su cumplimiento no haya sido parte formal del proceso en que se profiri� la decisi�n, siempre que re�na las condiciones para beneficiarse de los dispositivos de amplificaci�n respectivos (�)� (�nfasis agregado).

 

5.                 Caso concreto: an�lisis de la solicitud

 

19.            Solicitudes de cumplimiento anteriores. No es la primera vez que la Sala Plena revisa escritos remitidos a la Corporaci�n en relaci�n con la aplicaci�n de los efectos inter comunis que trata el resolutivo sexto de la Sentencia SU-245 de 2021.

 

20.            Mediante el Auto 1412 de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvi� rechazar las solicitudes de cumplimiento de la sentencia mencionada y de apertura de incidente de desacato, presentadas por: (i) Efr�n Tombe Quitumbo en calidad de Gobernador del resguardo Nasa Kwes Kiwe[19]; (ii) Diego Armando Trochez Dagua, en calidad de Gobernador del mismo resguardo ind�gena[20]; (iii) Hugo Ben�tez S�nchez, en calidad de Gobernador del resguardo de Lomas de Guaguarco, Tolima[21]; (iv) Romel Ortiz Canticus, en calidad de Gobernador y representante legal del Pueblo Ind�gena Aw�, Resguardo Pialapi-Pueblo Viejo, Nari�o[22]; y, (v) las se�oras Virginia del Carmen P�rez, Dauris Esther Herrera y Esperanza Isabel Royer en calidad de etnoeducadoras adscritas a Riohacha[23]. En s�ntesis, se manifest� que no hab�a lugar a que la Corporaci�n asumiera el cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021 y el tr�mite de incidentes de desacato sobre la misma, al no acreditarse los respectivos requisitos para ello[24]. En consecuencia, la Sala Plena orden� remitir dichas peticiones y sus correspondientes anexos a la Secci�n Primera del Consejo de Estado, autoridad judicial que conoci� en primera instancia la tutela estudiada en la providencia referenciada.

 

21.            Con el Auto 839 de 2026, la Sala Plena de esta Corporaci�n decidi� rechazar dos escritos. Uno, suscrito por varios gobernadores, caciques y autoridades de comunidades y resguardos del pueblo Nasa[25], por medio del cual solicitaban la aplicaci�n de los efectos inter comunis, que trata el resolutivo sexto de la Sentencia SU-245 de 2021 y, el otro, presentado por el etnoeducador ind�gena Wayuu Rosember Felipe Cantillo Navarro, con el cual ped�a a la Procuradur�a General de la Naci�n, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Ministerio de Educaci�n Nacional, investigar las irregularidades en que habr�an incurrido funcionarios de la Secretar�a de Educaci�n de Riohacha en cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021 y el Decreto 1345 de 2023. Adem�s, solicit� a esta Corporaci�n y a la Secci�n Primera del Consejo de Estado que verificaran las condiciones de apertura de incidente de desacato frente a lo ordenado en la Sentencia SU-245 de 2021.

 

22.            Las anteriores peticiones fueron rechazas por la Sala Plena toda vez que, en principio, el juez de primera instancia es la autoridad judicial competente para asegurar y verificar el cumplimiento de las sentencias de tutela y tramitar los respectivos incidentes de desacato, incluso respecto de sentencias dictadas por la Corte Constitucional en sede de revisi�n. Adem�s, porque no se demostr� la necesidad de que la Corporaci�n asumiera en ese momento el seguimiento al cumplimiento de la citada sentencia o adelantara un incidente de desacato al respecto.

 

23.            Diferencias entre la solicitud de la referencia y las decididas mediante los autos 1412 de 2025 y 839 de 2026. La Sala Plena precisa que todas las peticiones han buscado, en general, la aplicaci�n de los efectos inter comunis de la Sentencia SU-245 de 2021 a sus comunidades. No obstante, las estudiadas en el Auto 1412 de 2025 fueron suscritas por personas diferentes a las que ahora firman el escrito que la Sala Plena revisa. En concreto, la Sala rechaz� las solicitudes presentadas por autoridades pertenecientes al pueblo Nasa, a saber, por el se�or Efr�n Tombe Quitumbo en calidad de Gobernador del resguardo Nasa Kwes Kiwe, y el se�or Diego Armando Trochez Dagua, actuando como Gobernador del mismo resguardo ind�gena.

 

24.            En relaci�n con las peticiones estudiadas en el Auto 839 de 2026 y el presente caso, la Sala Plena observa que la �nica diferencia sustancial, respecto del escrito remitido por varias autoridades de diferentes comunidades y resguardos del pueblo Nasa[26], adem�s de que el nuevo escrito est� suscrito por un n�mero considerablemente inferior de personas, tambi�n est� firmado por la se�ora Luz Amparo Valencia, Gobernadora del resguardo Nasa Tha, quien no aparece en el ac�pite de firmas del escrito examinado en la providencia previa[27]. Por lo dem�s, el se�or Rosember Felipe Cantillo Navarro tampoco suscribe el documento bajo estudio.

 

25.            A pesar de que el objeto de las solicitudes es el mismo, la petici�n que ahora analiza la Sala Plena es instaurada por personas diferentes, por ello, corresponde verificar si en esta ocasi�n se presenta alguna de las circunstancias de los factores excepcionales para que la Corte Constitucional pueda asumir el seguimiento al cumplimiento de la providencia referenciada.

 

26.            La Sala debe rechazar la solicitud de la referencia. No hay lugar a asumir el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021 con base en la petici�n de la referencia, por las siguientes razones:

 

27.            Primera, frente al factor org�nico, la Sala no observa que la autoridad desobediente sea una Alta Corte o una embajada. En particular, los peticionarios alegan el incumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021, respecto de sus efectos inter comunis a etnoeducadores pertenecientes a resguardos y comunidades ind�genas diferentes a la accionante en dicha oportunidad[28]. Sobre el particular, la orden referida deber�a ser acatada por las secretar�as de educaci�n departamental y el Ministerio de Educaci�n Nacional. No obstante, no se evidencia en el escrito un incumplimiento espec�fico. Los peticionarios solo cuestionan a la cartera ministerial mencionada, se�alando que no promueve las condiciones para que haya una igualdad real y efectiva[29].

 

28.            Segunda, en relaci�n con el factor funcional, la Sala no identifica una incapacidad o ineficacia del operador judicial de primer grado para asegurar el cumplimiento de la decisi�n. Por un lado, la Secci�n Primera del Consejo de Estado es una Alta Corte y el �rgano de cierre de la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo. As�, cuenta con diferentes herramientas para hacer cumplir los fallos de tutela. Por ejemplo, puede modular las �rdenes de la sentencia de forma excepcional ante la necesidad de modificar aspectos accidentales del remedio para evitar que se contin�e violando o amenazando el derecho fundamental, o cuando sea necesario asegurar su goce efectivo. Asimismo, puede dictar �rdenes adicionales a las que originalmente fueron impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que se respete el alcance de la protecci�n y el principio de la cosa juzgada.

 

29.            Por otro lado, dicha autoridad judicial ha dictado distintos autos relacionados con el cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021 y el desacato de sus �rdenes[30]. Frente a la solicitud bajo estudio, no se advierte que el escrito haya sido presentado a la Secci�n Primera del Consejo de Estado y, que esta, haya tenido la oportunidad de estudiar la petici�n, analizar la situaci�n y, de ser del caso, adoptar las medidas correspondientes para su cumplimiento. Por lo anterior, no se evidencia una actitud pasiva frente al cumplimiento de la providencia referenciada.

 

30.            Tercera, respecto del factor material, la Sala observa que no est� en presencia de un estado de cosas inconstitucional ni ante una situaci�n que requiera un permanente seguimiento y adopci�n de nuevas determinaciones. De igual forma, las �rdenes de la Sentencia SU-245 de 2021 no suponen la insuficiencia de la autoridad de primera instancia para asegurar su cumplimiento. Por el contrario, la Secci�n Primera del Consejo de Estado tiene a su alcance diferentes mecanismos para lograr ese objetivo.

 

31.            Adicionalmente, la Sala no advierte que la intervenci�n de la Corte sea indispensable para la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales ni que resulte imperioso salvaguardar la supremac�a e integridad del ordenamiento constitucional. En este punto, resulta pertinente resaltar que los efectos inter comunis que refiere el numeral sexto de la parte resolutiva de la Sentencia SU-245 de 2021 pueden complejizar el seguimiento al cumplimiento de la providencia. No obstante, ese aspecto no modifica la competencia del juez de primera instancia para verificar el cumplimiento de la citada sentencia[31].

 

32.            De conformidad con lo se�alado, la Sala ordenar� remitir a la Secci�n Primera del Consejo de Estado el correo y la solicitud presentada por varios gobernadores de diferentes resguardos del Pueblo Nasa del municipio de Florida, Valle del Cauca[32], referenciada en esta providencia. Lo anterior, se reitera, porque el juez de primera instancia es la autoridad judicial competente para asegurar y verificar el cumplimiento de las sentencias de tutela y tramitar los respectivos incidentes de desacato, incluso respecto de sentencias dictadas por la Corte Constitucional en sede de revisi�n. Adem�s, porque no se demostr� la necesidad de que la Corporaci�n asuma en este momento el seguimiento al cumplimiento de la citada sentencia, de conformidad con los escenarios expuestos para el efecto por la jurisprudencia.

 

33.            Sin perjuicio de lo anterior, y dado que las �rdenes de la Sentencia SU-245 de 2021 pueden tener efectos en sujetos de especial protecci�n constitucional como lo son los miembros de comunidades ind�genas, se requerir� a la Defensor�a del Pueblo para que, en el marco de sus funciones, acompa�e el cumplimiento de la providencia en comento ante la Secci�n Primera del Consejo de Estado. De conformidad con el numeral 1 del art�culo 282 de la Constituci�n Pol�tica y los art�culos 1 y 2 del Decreto 025 de 2014, la Defensor�a del Pueblo debe orientar e instruir a la ciudadan�a en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes. De esta manera, el acompa�amiento de la entidad podr�a contribuir a garantizar los efectos inter comunis de la Sentencia SU-245 de 2021.

 

34.            Por �ltimo, respecto de la pregunta referente a �si el Consejo de Estado ha cumplido con los CINCO D�AS DE PLAZO ORDENADO POR USTEDES para no hacer obligatoria al JUEZ DE INTANCIA LAS ORDENES ESPECIALES de �INTERCUMUNIS� claramente estipuladas en el art�culo sexto de la SENTECIA SU 245 del 2021�[33], la Sala considera necesario precisar que la parte resolutiva de la mencionada sentencia no contiene ninguna orden dirigida al Consejo de Estado, cuyo plazo de cumplimiento hubiese sido de cinco d�as.

 

35.            Solicitudes reiteradas. El art�culo 106 del Acuerdo 01 de 2025 de la Corte Constitucional establece que �despu�s de que la Sala Plena o una Sala de Revisi�n haya decidido un asunto de su competencia, se presenten solicitudes, peticiones o escritos reiterativos, la magistrada o el magistrado ponente de la primera decisi�n podr� disponer su rechazo mediante un auto de breve fundamentaci�n�.

 

36.            En aplicaci�n del citado art�culo, en futuras oportunidades, el despacho de la magistrada ponente podr� resolver directamente las solicitudes reiterativas de cumplimiento y desacato de la Sentencia SU-245 de 2021, que versen sobre las materias ya decididas en los autos 1412 de 2025, 839 de 2026 y el presente.

 

En m�rito de lo expuesto la Sala Plena

 

RESUELVE

 

PRIMERO. RECHAZAR la solicitud presentada por los varios gobernadores de diferentes resguardos del Pueblo Nasa que se referenciaron anteriormente, respecto de la Sentencia SU-245 de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretar�a General de la Corte Constitucional, REMITIR a la Secci�n Primera del Consejo de Estado el correo y la solicitud de cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021, objeto de esta providencia[34].

 

TERCERO. SOLICITAR a la Defensor�a del Pueblo que, en el marco de sus funciones, acompa�e el cumplimiento de la Sentencia SU-245 de 2021 ante la Secci�n Primera del Consejo de Estado.

 

CUARTO. INFORMAR el contenido de esta providencia a los gobernadores de los resguardos del Pueblo Nasa se�alados en esta providencia, mediante los datos de contacto expuestos en su escrito[35], y a la Defensor�a del Pueblo[36].

 

Comun�quese y c�mplase.

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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