Sentencia A. 1101/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1101/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA CIVIL-Controversias surgidas en la ejecución de contratos o subcontratos celebrados entre sujetos derecho privado, sin que medie ejercicio de función administrativa.

 

(...) La jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer las demandas sobre controversias surgidas en la ejecución de contratos o subcontratos celebrados entre sujetos derecho privado, sin que medie ejercicio de función administrativa, conforme a la cláusula residual de competencia prevista en el artículo 15 del Código General del Proceso y 12 de la Ley 270 de 1996.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1101 DE 2025

 

Ref.: expediente CJU-6781

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 049 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 005 Administrativo de Yopal (Casanare)

 

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El 30 de diciembre de 2022, la sociedad Técnicos en Servicios Estructurales e Ingeniería S.A.S. presentó una demanda declarativa de mayor cuantía contra Termoyopal Generación 2 S.A.S. E.S.P. e Inserven S.A.S., con el fin de obtener la declaratoria de incumplimiento y el reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra ejecutadas en desarrollo de un contrato de obra civil, cuyo objeto fue la “construcción y fabricación de montaje de tuberías y soporte de agua helada”[1].

 

2.                 La sociedad demandante explicó que Termoyopal Generación 2 S.A.S. E.S.P. contrató a Inserven S.A.S. para la ejecución de obras en el marco del proyecto denominado “Tucán”[2]. Para cumplir con parte de este objeto, Inserven S.A.S. suscribió un contrato de obra civil con Técnicos en Servicios Estructurales e Ingeniería S.A.S. No obstante, durante la ejecución del contrato se requirieron mayores cantidades de obra y actividades adicionales no contempladas inicialmente en el contrato. La sociedad actora afirmó que, a pesar de cumplir a cabalidad con los requerimientos adicionales y ejecutar las mayores cantidades de obra, Inserven S.A.S. no le ha reconocido los sobrecostos correspondientes^[3].

 

3.                 El proceso fue asignado al Juzgado 049 Civil del Circuito de Bogotá, autoridad que mediante Auto del 22 de noviembre de 2022 rechazó el conocimiento del asunto por falta de jurisdicción y ordenó su remisión a los juzgados administrativos. La decisión se fundamentó en los artículos 141, 138 y siguientes del Código General del Proceso (CGP), y 2 ,104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El juzgado consideró que al encontrarse involucrada una entidad de naturaleza pública (Termoyopal Generación 2 S.A.S. E.S.P.) y un consecuente contrato de obra público, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Adicionó que el caso no se enmarca en ninguna de las causales de excepción de esa jurisdicción[4].

 

4.                 Realizado un nuevo reparto[5], el proceso le correspondió al Juzgado 005 Administrativo de Yopal, despacho judicial que mediante Auto del 29 de mayo de 2025 declaró la falta de jurisdicción y propuso un conflicto negativo de jurisdicciones. El juez cimentó su decisión en una interpretación estricta del artículo 104 del CPACA, que establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer de controversias en las que estén involucradas entidades públicas o particulares cuando ejerzan función administrativa. Sostuvo que el litigio tiene su génesis en contratos suscritos entre empresas de naturaleza privada, por lo que los acuerdos de voluntades no están sujetos al derecho administrativo y escapan de la competencia de la jurisdicción que representa[6].

 

5.                 El expediente fue repartido al magistrado sustanciador el 16 de junio de 2025 y remitido al despacho el 17 de junio siguiente^[7].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1. Competencia de la Corte Constitucional

 

6.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

 

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7.    Esta Corporación ha señalado que los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[8]. Asimismo, ha considerado que para que se estructure un conflicto de jurisdicciones es necesario que se configuren los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo^[9]. En este caso, los requisitos se cumplen:

 

Tabla 1. Análisis de la configuración del conflicto

 

3.       El conocimiento jurisdiccional de las controversias contractuales[11]

 

8.                 El artículo 104.2 del CPACA establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los conflictos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”. Para que proceda esta competencia se requieren dos presupuestos: (i) subjetivo, que exista una entidad pública o un particular ejerciendo función administrativa; y (ii) objetivo, que se trate de una controversia contractual.

 

9.                 Por el contrario, cuando la controversia contractual se suscita exclusivamente entre particulares que no ejercen función administrativa, opera la cláusula residual de competencia establecida en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996[12] y 15 del Código General del Proceso, que atribuyen a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todos los asuntos no asignados expresamente a otra jurisdicción. Corresponde específicamente a la especialidad civil las controversias contractuales entre particulares.

 

10.             Conforme a lo señalado, las demandas relacionadas con controversias contractuales en las cuales sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado serán conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Todas las demás serán conocidas por la jurisdicción ordinaria y, a falta de atribución a otra especialidad, corresponderán a los jueces civiles.

 

4. Naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Distinción de los conceptos de función pública y de servicio público

 

11.             El artículo 14 de la Ley 142 de 1994 establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden ser privadas, mixtas u oficiales, según el porcentaje de aportes públicos con que cuenten. Son privadas cuando su capital pertenece íntegramente o en su mayoría a particulares; mixtas cuando la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas tienen aportes iguales o superiores al 50% y oficiales cuando las entidades estatales tienen el 100% de los aportes. El artículo 32 de la misma ley dispone que, salvo disposición expresa en contrario, los actos de todas las empresas de servicios públicos se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado[13].

 

12.             Ahora bien, la Corte Constitucional ha distinguido entre función pública y servicio público al señalar que “no se puede confundir el ejercicio de funciones públicas, con la prestación de servicios públicos”. El servicio público se manifiesta esencialmente en prestaciones a los particulares, mientras que la función pública requiere del ejercicio de potestades públicas inherentes del Estado[14].

 

13.             Asimismo, en consonancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta corporación ha precisado que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios solo ejercen función administrativa cuando desarrollan prerrogativas propias del Estado, tales como: (i) pactar cláusulas exorbitantes, (ii) usar el espacio público; (iii) constituir servidumbres; (iv) responder peticiones, quejas y recursos; y (v) imponer sanciones. La mera prestación del servicio público no constituye ejercicio de función administrativa[15].

 

5. Caso concreto

 

14.             El conocimiento del presente asunto le corresponde al Juzgado 049 Civil del Circuito de Bogotá. La Sala Plena arriba a la presente conclusión tras examinar la naturaleza jurídica de las entidades involucradas en la causa judicial objeto del conflicto jurisdiccional y el consecuente origen de los contratos.

 

15.             En efecto, las sociedades Técnicos en Servicios Estructurales e Ingeniería S.A.S. e Inserven S.A.S. son personas jurídicas de derecho privado como consta en los certificados de existencia y representación legal obrantes en el cuaderno principal[16]. Asimismo, Termoyopal Generación 2 S.A.S. E.S.P., conforme a la información publicada en su portal de transparencia, es una empresa constituida por capital particular que “por ser compañía privada, no tiene asignado rubros del presupuesto nacional” para efectos de contratación y “no cuenta con servidores públicos y contratistas”[17]. Lo anterior ratifica que Termoyopal es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de naturaleza privada, según la clasificación del artículo 14 de la Ley 142 de 1994[18].

 

16.             En ese orden, es claro que la controversia surge exclusivamente entre empresas privadas: Termoyopal como contratante, Inserven como contratista, y Técnicos en Servicios Estructurales e Ingeniería como subcontratista. De ahí que los contratos que suscribieron no son estatales.

 

17.             Adicionalmente, se observa que el asunto bajo examen no se relaciona con el eventual ejercicio de función administrativa por la prestadora de servicios públicos domiciliarios (Termoyopal), pues el proceso no hace referencia a la imposición de las antes llamadas cláusulas exorbitantes, el uso del espacio público y/o la constitución de servidumbres; mucho menos atiende al deber de responder peticiones, quejas y recursos o a la facultad de imponer sanciones. Por el contrario, la causa judicial se erige como un litigio derivado de una actividad contractual ordinaria regida por el derecho privado. La Sala reitera que la mera prestación del servicio público no constituye ejercicio de función administrativa[19].

 

18.             Por lo anterior, la Sala Plena ordenará remitir el expediente CJU-6781 al Juzgado 049 Civil del Circuito de Bogotá para que imparta el trámite respectivo y comunique la presente decisión a la otra autoridad judicial en conflicto y a los interesados en el proceso.

 

6.       Regla de decisión

 

En aplicación de la cláusula residual de competencia prevista en el artículo 15 del Código General del Proceso y 12 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer las demandas sobre controversias surgidas en la ejecución de contratos o subcontratos celebrados entre sujetos derecho privado, sin que medie ejercicio de función administrativa.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 049 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 005 Administrativo de Yopal (Casanare), en el sentido de DECLARAR que el conocimiento de la demanda promovida por Técnicos en Servicios Estructurales e Ingeniería S.A.S. contra Termoyopal Generación 2 S.A.S. E.S.P. e Inserven S.A.S., corresponde al Juzgado 049 Civil del Circuito de Bogotá.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-6781 al Juzgado 049 Civil del Circuito de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 005 Administrativo de Yopal (Casanare) y a los sujetos procesales e interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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