TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1099/24

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al primer despacho judicial con competencia que conoció el asunto

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1099 de 2024

 

Referencia: ICC-4684

 

Conflicto de competencia en materia de acción de tutela, suscitado entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Neiva

 

Magistrado sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5° de su reglamento interno, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES

 

1.                 Solicitud de tutela. El 9 de mayo de 2024, Emerson Perdomo Salinas, por intermedio de apoderado, presentó demanda de tutela en contra de la Oficina Gestión Medicina Laboral ­DISAN­ de Florencia del Ejército Nacional. En su escrito, el accionante requirió la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo y a la salud, por cuanto la autoridad señalada no ha respondido la solicitud que presentó el 23 de febrero de 2024[1]. Por lo anterior, requirió que se ordene a aquella dar respuesta a su petición para que allegue “copia íntegra del expediente médico laboral y copia simple de las anotaciones realizadas por los médicos laborales, que repose en los software sistema integrado de medicina laboral (siml) y fimed de la oficina de medicina laboral del ejército”[2].

 

2.                 Declaraciones de falta de competencia. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia, mediante auto del 9 de mayo de 2024, decidió declarar su falta de competencia para tramitar la tutela y la remitió a los juzgados del circuito de Neiva. En su criterio, la vulneración del derecho fundamental de petición surte sus efectos en dicha ciudad, porque la solicitud fue remitida desde allí “y que, incluso, se registra en el escrito genitor como lugar de notificaciones de la parte activa”. Por esta razón, en aplicación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, así como del Decreto 333 de 2021, el conocimiento del asunto corresponde a los jueces de Neiva[3].

 

3.                 El asunto remitido correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Neiva. El 14 de mayo de 2024, ese despacho declaró su falta de competencia para conocer el asunto y propuso un conflicto negativo de competencia. Al analizar el escrito de tutela y sus anexos, la autoridad judicial estimó que en “Neiva no se produjo la presunta vulneración de los derechos fundamentales o sus efectos, por el contrario, su ámbito espacial y jurídico correspondería a FLORENCIA o BOGOTÁ, esta última atendiendo la remisión hecha por la autoridad, en los términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011”[4]. En particular, puntualizó que las únicas referencias a la ciudad de Neiva son las hechas sobre el domicilio del apoderado, el cual no puede ser un elemento para determinar la competencia territorial.

 

4.                 El 14 de mayo de 2024, el proceso fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional. El 5 de junio se repartió el expediente y el 7 del mismo mes ingresó al despacho del magistrado sustanciador[5].

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

5.                 Competencia. La Corte Constitucional tiene competencia residual para dirimir conflictos de competencia en materia de tutela entre autoridades judiciales, en los casos en los que la Ley 270 de 1996 no prevé cuál es la instancia competente para resolverlos[6]. En el presente asunto, las autoridades judiciales en disputa no tienen un superior funcional, por lo cual, en ejercicio de su competencia residual, esta Corte dirimirá el conflicto de competencia planteado.

 

6.                 Factores de competencia en materia de tutela[7]. (i) Territorial: son competentes a prevención los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o donde se producen sus efectos^[8]. (ii) Subjetivo: se aplica a casos de acciones de tutela contra los medios de comunicación y contra las autoridades de la jurisdicción especial para la paz^[9]. (iii) Funcional: únicamente pueden decidir la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que sean los “superiores jerárquicos correspondientes”, según la jurisprudencia^[10].

 

7.           Conflictos de competencia suscitados por el factor territorial y el criterio a prevención. Cuando los conflictos de competencia tienen como fundamento el factor territorial, la Sala Plena de esta corporación ha señalado que “la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo sin más al lugar de residencia de la parte accionante o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales”[11]. Por el contrario, es necesario verificar que se trate del lugar (i) donde se presenta la supuesta vulneración de los derechos fundamentales, o (ii) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[12].

 

8.            En igual sentido, reiteradamente este tribunal ha señalado que cuando la divergencia de criterios entre los jueces se presente en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante. Esto, en virtud del criterio a prevención, dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[13], según el cual se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario por proteger la libertad de la parte accionante para elegir el juez que resuelva la acción de tutela[14].

 

9.                 En este caso se configuró un conflicto de competencia por el factor territorial. De una parte, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia argumentó que los juzgados del circuito de Neiva son los competentes para conocer la acción de tutela, porque en esa jurisdicción ocurre la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del accionante y se extienden sus efectos, debido a que desde allí se remitió la petición y esa ciudad se señaló como lugar de notificación.

 

10.             De otra parte, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Neiva indicó que la tutela debía ser tramitada por el juzgado de Florencia porque allí se produjo la presunta vulneración de los derechos fundamentales o sus efectos, de acuerdo con lo establecido en la acción de tutela y en sus anexos.

 

11.             El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia es el competente para tramitar y decidir la acción de tutela. De lo expuesto anteriormente, la Sala Plena concluye que ambas autoridades judiciales podrían ser competentes territorialmente. Por una parte, el accionante radicó su petición ante Oficina de Medicina Laboral ­DISAN­ de Florencia del Ejército Nacional. En consecuencia, la posible vulneración de los derechos fundamentales acaeció en esa sede, que es donde debía resolverse lo referente a la solicitud del accionante. Por otra parte, la ciudad de Neiva es el lugar en el que se extienden los efectos de la vulneración, pues allí el actor esperaba recibir respuesta a su solicitud. En el escrito de petición, el accionante señaló como lugar de notificaciones una dirección en dicha ciudad.

 

12.             No obstante, al ser Florencia el lugar elegido por el accionante para radicar la tutela, se dará aplicación al factor a prevención, teniendo en cuenta que la intención del demandante fue que los jueces de dicho lugar decidieran la tutela, según obra en el acta de reparto.

 

13.             Decisión de la Sala Plena. En consecuencia, (i) se dejará sin efectos el auto mediante el cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia decidió abstenerse de avocar el conocimiento de la tutela y (ii) se le remitirá el expediente para que de manera inmediate tramite el proceso y adopte la decisión que corresponda.

III.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 9 de mayo de 2024 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia, con ocasión de la acción de tutela presentada por Emerson Perdomo Salinas, en contra de la Oficina Gestión Medicina Laboral ­DISAN­ de Florencia del Ejército Nacional.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-4684 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia para que, de manera inmediata, tramite el proceso y adopte la decisión a que haya lugar en relación con la acción de tutela impetrada.

 

TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General de esta corporación, COMUNICAR esta providencia al accionante y al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Neiva.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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