Sentencia A. 1078/26

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TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1078/26

 

JURISDICCION CONSTITUCIONAL-No corresponde a quienes la ejercen determinar a priori contra quienes se dirige la acci�n de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Car�cter inescindible de la acci�n de tutela

 

(...) Ante la indebida escisi�n de la acci�n de tutela, la Corte Constitucional ha seguido los siguientes par�metros de soluci�n: (i) Unificar el expediente, a efectos de que se surta a trav�s de un mismo tr�mite procesal, siempre y cuando la Corte tenga en su poder la totalidad del proceso, incluso de aquellas partes que fueron fraccionadas. (ii) Devolver al juez que orden� la divisi�n para que decida con unidad de criterio, en caso de que la Corte tenga a su cargo el conocimiento de las partes fragmentadas. (iii) Reprochar la actuaci�n del juez que decidi� escindir, pero validar la divisi�n a fin de no retrotraer las actuaciones judiciales que v�lidamente pudieron haberse adelantado ni generar mayores dilaciones en el acceso efectivo a la administraci�n de justicia. Esto �ltimo, en el evento de que la Corte no tenga certeza sobre el estado actual de las partes procesales escindidas o no tenga duda de que ya fueron decididas.

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevenci�n del lugar donde ocurri� la violaci�n o donde tiene efectos

 

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1078 DE 2026

 

Referencia: expediente ICC-5513

 

Asunto: conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� y el Juzgado 003 Penal del Circuito de Cali (Valle del Cauca)

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogot� D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, as� como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del art�culo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.      ANTECEDENTES

 

1.                 El 1 de julio de 2026, el se�or Fredy Alberto Garz�n Villamil, quien manifest� actuar en calidad de apoderado judicial del se�or Andr�s Arias Correa, promovi� acci�n de tutela contra la Fiscal�a General de la Naci�n (en adelante, �FGN�) al considerar vulnerados los derechos de petici�n, al habeas data, al buen nombre, a la dignidad humana, a la intimidad personal, al debido proceso y a la presunci�n de inocencia de su representado[1]. Asimismo, solicit� vincular al tr�mite a la Direcci�n Seccional Cali � Grupo PQRS y a las Fiscal�as 10 y 50 Locales de Cali y 04 y 30 Locales de Barranquilla.

 

2.                 Como fundamento de la solicitud de amparo, el apoderado se�al� que el se�or Arias Correa figura asociado a cuatro noticias criminales registradas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), cuyas investigaciones habr�an culminado mediante decisiones de archivo por atipicidad de la conducta o desistimiento, sin que exista sentencia condenatoria o declaraci�n de responsabilidad penal en su contra. Pese a ello, afirm� que tales anotaciones permanecen asociadas a su identidad.

 

3.                 Indic� que, con el prop�sito de obtener la supresi�n de dichos registros, el 26 de enero de 2026, present� una petici�n ante la FGN, radicada bajo el n�mero ORFEO 20266110021702. Al respecto, refiri� que el 16 de febrero siguiente, la entidad inform� que la solicitud hab�a sido trasladada a las Fiscal�as 30 y 04 Locales de Barranquilla y 10 y 50 Locales de Cali. Sin embargo, seg�n afirm�, ninguna de esas dependencias resolvi� de fondo lo solicitado, por lo tanto, el 22 de abril de 2026, reiter� ante la FGN su petici�n, sin que para la fecha de presentaci�n de la tutela, hubiera obtenido una respuesta material sobre la eliminaci�n de las anotaciones cuestionadas[2].

 

4.                 Con base en lo expuesto, solicit� el amparo de los derechos invocados y que, en consecuencia, se le ordene a la FGN suprimir las anotaciones cuestionadas del SPOA y actualizar sus bases de datos o, subsidiariamente, desindexar y anonimizar la informaci�n para impedir la identificaci�n y consulta nominal del accionante. Como medida provisional, pidi� suspender el tratamiento de tales anotaciones que permitan asociarlas con su identidad y restringir su consulta y utilizaci�n a fines estrictamente internos de conservaci�n institucional[3].

 

5.                 El 1 de julio de 2026, el Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot�, autoridad a la que correspondi� inicialmente el asunto, declar� su falta de competencia territorial, escindi� en dos fracciones la acci�n de tutela y dispuso la remisi�n del expediente a los jueces de tutela de Cali y Barranquilla[4]. En sustento de su decisi�n, consider� que la presunta vulneraci�n se atribu�a, de una parte, a la Direcci�n Seccional Cali � Grupo PQRS y a las Fiscal�as 10 y 50 Locales de Cali y, de otra, a las Fiscal�as 04 y 30 Locales de Barranquilla, dependencias a las que fue trasladada la petici�n formulada por el accionante. A partir de ello, consider� que la conducta cuestionada no ocurri� en Bogot� ni la competencia pod�a fundarse en el lugar de residencia del accionante, pues las omisiones alegadas se habr�an producido en Cali y Barranquilla. Por tanto, concluy� que, conforme al factor territorial previsto en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, el conocimiento correspond�a a los jueces con jurisdicci�n en esas ciudades y, en consecuencia, orden� remitir a Cali la fracci�n relacionada con las dependencias all� ubicadas y a Barranquilla la correspondiente a las Fiscal�as 04 y 30 Locales.

 

6.                 El 3 de julio de 2026, el Juzgado 003 Penal del Circuito de Cali se abstuvo de avocar el conocimiento de la fracci�n de la solicitud de amparo que le fue remitida y propuso conflicto negativo de competencia[5]. Para el efecto, se�al� que, conforme al art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, el factor territorial atribuye competencia, a prevenci�n, tanto a los jueces del lugar donde ocurre la vulneraci�n como a aquellos donde se producen sus efectos, sin que resulte determinante la sede de la autoridad accionada. En ese sentido, advirti� que, aunque las dependencias involucradas en dicha fracci�n tienen sede en Cali, el accionante se encuentra domiciliado en Bogot� y es all� donde, de existir la presunta vulneraci�n, soportar�a sus efectos. Por tanto, concluy� que la competencia correspond�a a los jueces del circuito de Bogot� y remiti� las diligencias a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto.

 

7.                 El 6 de julio de 2026, la Secretar�a General de la Corte recibi� el expediente. El asunto fue repartido al magistrado ponente el 15 de julio del a�o en curso, y enviado al despacho al d�a siguiente.

 

II.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

8.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[6]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporaci�n para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[7] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el tr�mite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicaci�n a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia y, de esta forma, evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n de fondo que garantice la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales^[8], tal y como lo precis� la Sala Plena en el auto 550 de 2018.

 

9.                 En principio, el presente conflicto deber�a ser resuelto por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el art�culo 18 de la Ley 270 de 1996[9], en tanto es la Sala que de acuerdo con la ley, tiene el car�cter de superior funcional de las autoridades en conflicto. Sin embargo, en aplicaci�n de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acci�n de tutela y en aras de evitar que se dilate a�n m�s la decisi�n de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumir� su estudio, sin perjuicio de la advertencia que se har� en la parte resolutiva.

 

10.             De acuerdo con los art�culos 86 de la Constituci�n y 8 transitorio de su t�tulo transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los art�culos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, �a prevenci�n�, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[10]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del art�culo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnaci�n de una sentencia de tutela y que implica que �nicamente puede conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de �superior jer�rquico correspondiente�^[11], en los t�rminos establecidos en el art�culo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

11.             Ahora bien, en reiteradas oportunidades, la Corte ha se�alado que no le es dable al juez realizar un an�lisis de fondo de los hechos de la demanda, para determinar, �a priori�, los destinatarios del mecanismo de amparo constitucional. Al respecto, esta Corporaci�n ha hecho �nfasis en que los jueces de tutela no est�n habilitados para declarar su incompetencia a partir de un juicio preliminar sobre las autoridades responsables de la presunta vulneraci�n de un derecho fundamental, pues, en rigor, ello pertenece al fondo del asunto y es, precisamente, el objeto de estudio de la sentencia[12]. En este sentido, �el reparto de los expedientes se debe realizar de conformidad con quien aparezca como demandado en el escrito de la demanda y no a partir del an�lisis de fondo de los hechos de la tutela, pues tal estudio no procede en el tr�mite de admisi�n�[13].

 

12.             Por tal motivo, este Tribunal ha se�alado que, �[e]n estas condiciones, s�lo despu�s de avocado el conocimiento de la acci�n de tutela o incluso con posterioridad a la pr�ctica de pruebas, cuando ello es necesario, es que el funcionario judicial puede identificar con certeza, en cada caso, las autoridades p�blicas o los particulares que violaron o amenazaron (�) el derecho fundamental objeto de protecci�n constitucional�[14].

 

13.             Sobre la inescindibilidad de la acci�n de tutela. Reiteraci�n de jurisprudencia[15]. En virtud del principio de oficiosidad de las acciones de tutela, los jueces deben �orientar el procedimiento para dar una soluci�n a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo inescindible, para tomar una decisi�n de fondo sobre los hechos puestos en su conocimiento�[16]. Al respecto, en el Auto 361 de 2019, la Corte Constitucional reiter� la necesidad de censurar las decisiones judiciales dirigidas a fraccionar las demandas de tutela. En esa misma oportunidad, la Corte expuso que, en algunos casos, los jueces �escinden acciones de amparo sin importar la etapa procesal en la que se encuentre el tr�mite y que estas actuaciones desconocen los principios de oficiosidad, econom�a, prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia que rigen la acci�n constitucional�.

 

14.             Ante la indebida escisi�n de la acci�n de tutela, la Corte Constitucional ha seguido los siguientes par�metros de soluci�n[17]:

 

(i)               Unificar el expediente, a efectos de que se surta a trav�s de un mismo tr�mite procesal, siempre y cuando la Corte tenga en su poder la totalidad del proceso, incluso de aquellas partes que fueron fraccionadas.

(ii)             Devolver al juez que orden� la divisi�n para que decida con unidad de criterio, en caso de que la Corte tenga a su cargo el conocimiento de las partes fragmentadas.

(iii)          Reprochar la actuaci�n del juez que decidi� escindir, pero validar la divisi�n a fin de no retrotraer las actuaciones judiciales que v�lidamente pudieron haberse adelantado ni generar mayores dilaciones en el acceso efectivo a la administraci�n de justicia. Esto �ltimo, en el evento de que la Corte no tenga certeza sobre el estado actual de las partes procesales escindidas o no tenga duda de que ya fueron decididas.

 

15.             Sobre el particular, en el auto 1300 de 2024, la Corte estudi� un conflicto aparente de competencia en materia de tutela suscitado entre el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado 007 Civil Municipal de Bucaramanga. En esa oportunidad, el tribunal escindi� en dos partes la acci�n de tutela con base en reglas de reparto y en atenci�n a la naturaleza jur�dica de una las accionadas. En esa oportunidad, la Sala Plena advirti� que �el expediente s�lo fue fraccionado una vez, y el resto de las pretensiones de la tutela fueron admitidas por el Tribunal Administrativo de Santander, quien asumi� su conocimiento�. En ese contexto, la Corte orden� devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Santander �para que decida la tutela con unidad de criterio�.

 

16.             Finalmente, esta Corporaci�n ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elecci�n hecha por el demandante, pues en virtud del criterio �a prevenci�n� consagrado en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991[18], se ha interpretado que existe un inter�s del Legislador en proteger la libertad del actor, en relaci�n con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acci�n de tutela que desea promover[19].

 

17.             Adem�s, esta Corporaci�n tambi�n ha se�alado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin m�s, al lugar de residencia de la parte accionante[20] o al sitio donde tenga su sede el ente demandado[21]. En efecto, la Corte ha expresado que la competencia por este factor corresponde al juez del lugar donde se present� u ocurri� la supuesta violaci�n de los derechos fundamentales o donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio o sede de alguna de las partes.

 

III.           CASO CONCRETO

 

18.             De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

(i)           Se configur� un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� se apart� del tr�mite a partir de un an�lisis sobre la conformaci�n del extremo pasivo. En efecto, pese a que la acci�n de tutela fue promovida contra la Fiscal�a General de la Naci�n, antes de admitirla concluy� que la eventual vulneraci�n era atribuible a distintas dependencias de esa entidad ubicadas en Cali y Barranquilla y, con fundamento en ello, estim� que carec�a de competencia territorial. Este proceder desconoci� la jurisprudencia constitucional seg�n la cual el juez de tutela no puede determinar a priori, a partir del an�lisis de los hechos de la demanda, las autoridades responsables de la presunta vulneraci�n. Para establecer la competencia debe atenderse a quien aparece como demandado en la solicitud de amparo, pues la integraci�n del contradictorio y la identificaci�n de las autoridades eventualmente responsables son asuntos que solo pueden definirse una vez avocado el conocimiento y, de ser necesario, practicadas las pruebas correspondientes.

 

(ii)        Adem�s, con fundamento en ese an�lisis, el Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� escindi� en dos fracciones la acci�n de tutela y remiti� dichas partes procesales a los jueces de Cali y Barranquilla. Esta decisi�n desconoci� el car�cter inescindible de la solicitud de amparo y el principio de oficiosidad, conforme al cual el juez debe orientar el procedimiento para resolver integralmente los hechos y pretensiones sometidos a su conocimiento.

 

(iii)      En todo caso, la Sala considera que el Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� ten�a competencia territorial para conocer integralmente del asunto. Conforme al art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, son competentes, a prevenci�n, los jueces del lugar donde ocurre la presunta vulneraci�n o donde se producen sus efectos. En este asunto, estos �ltimos se extienden a Bogot�, pues all� reside el accionante y desde esa ciudad soportar�a las consecuencias derivadas de la permanencia de los registros asociados a su nombre y de la presunta omisi�n de respuesta a sus solicitudes. Asimismo, fue en esa ciudad donde el actor eligi� presentar la solicitud de amparo. Por tanto, dicha autoridad deb�a asumir el conocimiento de la acci�n.

 

(iv)      As� las cosas, la Sala Plena concluye que el Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� deb�a tramitar integralmente la solicitud de amparo. Sin embargo, la escindi� en dos fracciones: una remitida a Barranquilla y otra a Cali, esta �ltima asignada al Juzgado 003 Penal del Circuito de esa ciudad y que dio origen al presente conflicto aparente de competencia. Ahora bien, como la Sala Plena no tiene certeza sobre el estado actual de la fracci�n remitida a Barranquilla, aplicar� la tercera f�rmula prevista por la jurisprudencia constitucional para los eventos de indebida escisi�n. En consecuencia, reprochar� la actuaci�n del Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot�, pero mantendr� la divisi�n efectuada, con el fin de no retrotraer las actuaciones eventualmente adelantadas ni generar mayores dilaciones en el acceso a la administraci�n de justicia y remitir� a dicha autoridad la fracci�n que origin� el presente conflicto para que asuma inmediatamente su conocimiento y adopte la decisi�n que corresponda.

 

(v)         Con base en lo expuesto, la Corte dejar� parcialmente sin efectos el auto del 1 de julio de 2026 proferido por el Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� respecto a la remisi�n efectuada a la �OFICINA JUDICIAL DE REPARTO DE CALI (VALLE DEL CAUCA), toda vez que se desconoci� la jurisprudencia constitucional sobre la materia y se afect� la celeridad con que debe surtirse el tr�mite de esta acci�n constitucional. De igual manera, se ordenar� que se le remita por Secretar�a el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

(vi)      En consecuencia, se advertir� al Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� que, en lo sucesivo se abstenga de efectuar, antes de avocar conocimiento, an�lisis dirigidos a determinar la conformaci�n del contradictorio o la eventual responsabilidad de las autoridades involucradas, as� como de escindir las acciones de tutela sometidas a su conocimiento, pues tales actuaciones desconocen el ordenamiento jur�dico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

(vii)   Por �ltimo, se advertir� al Juzgado 003 Penal del Circuito de Cali para que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el auto 550 de 2018.

 

IV.            DECISI�N

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS el auto del 1 de julio de 2026 proferido por el Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot�, en lo relativo a la remisi�n de la acci�n de tutela a la Oficina Judicial de Reparto de Cali.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC-5513 al Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n de segunda instancia a que haya lugar.

 

Tercero: ADVERTIR al Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� que, en lo sucesivo, se abstenga de efectuar, antes de avocar conocimiento, an�lisis dirigidos a determinar la conformaci�n del contradictorio o la eventual responsabilidad de las autoridades involucradas, as� como de escindir las acciones de tutela sometidas a su conocimiento, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

 

Cuarto: ADVERTIR al Juzgado 003 Penal del Circuito de Cali para que, siempre que advierta un conflicto de competencia en materia de tutela, �ste debe ser resuelto por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, para lo cual se deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto 550 de 2018.

 

Quinto: Por la Secretar�a General de esta Corporaci�n, COMUNICAR la presente decisi�n a la parte accionante, al Juzgado 062 Penal del Circuito con Funci�n de Conocimiento de Bogot� y al Juzgado 003 Penal del Circuito de Cali.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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