Sentencia A. 1070/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1070 DE 2026

 

Referencia: expediente ICC-5504

 

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n y la Sala Primera de Decisi�n del Tribunal Administrativo de Antioquia

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogot� D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintis�is (2026).

 

Aclaraci�n previa: en atenci�n a que esta providencia incluye informaci�n relacionada con un presunto acoso laboral y con el estado de salud f�sica y mental del agenciado, se emitir� dos versiones de este auto: una con los nombres reales que la Secretar�a General de la Corte remitir� a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres ficticios que seguir� el canal previsto por esta Corporaci�n para la difusi�n de informaci�n p�blica. Esta medida responde a la necesidad de proteger el derecho a la intimidad del accionante, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, el art�culo 61 del Reglamento de la Corte y la Circular Interna No. 10 de 2022 de este Tribunal.

 

Sobre la base de lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, as� como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del art�culo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El 24 de junio de 2026, Rafael y Alberto, quienes manifestaron actuar en calidad de agentes oficiosos de Manuel, promovieron una acci�n de tutela contra el Juzgado 017 Civil del Circuito de Medell�n, su juez titular y diversas dependencias de la Rama Judicial, entre ellas, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la Direcci�n Seccional de Administraci�n Judicial, el Comit� de Convivencia Laboral y la ARL Positiva, al considerar que sus actuaciones y omisiones vulneraron los derechos fundamentales del agenciado a la vida, la salud, el trabajo en condiciones dignas y la estabilidad laboral reforzada derivada de su condici�n de vulnerabilidad por razones de salud mental[1].

 

2.                 Para sustentar la solicitud de amparo, afirmaron que Manuel, quien funge como funcionario de un juzgado de Medell�n, ha sido v�ctima, desde el a�o 2021, de acoso laboral presuntamente ejercido por el juez titular del despacho, consistente en requerimientos permanentes, exigencias desproporcionadas y el desconocimiento de las recomendaciones emitidas por los profesionales tratantes y por las dependencias de seguridad y salud en el trabajo de la Rama Judicial. Se�alaron que esa situaci�n desencaden� un progresivo deterioro de su salud mental, diagnosticado y tratado por especialistas, que dio lugar a m�ltiples hospitalizaciones psiqui�tricas e, incluso, a la manifestaci�n de ideas suicidas. Agregaron que, al momento de la presentaci�n de la acci�n de tutela, el agenciado se encontraba nuevamente hospitalizado en una instituci�n especializada en salud mental[2].

 

3.                 Con fundamento en lo expuesto, solicitaron el amparo de los derechos invocados y que, en consecuencia, se ordene la adopci�n de las medidas m�dicas, laborales y administrativas como la autorizaci�n de trabajo en casa, la fijaci�n de una carga laboral acorde con su estado de salud, la evaluaci�n de la p�rdida de capacidad laboral y del origen laboral de su enfermedad, su traslado transitorio a otro despacho judicial ubicado en el distrito de Medell�n, el cese de las conductas constitutivas de presunto acoso laboral, la suspensi�n del tr�mite de insubsistencia iniciado en su contra y la compulsa de copias con fines disciplinarios respecto de los hechos denunciados.

 

4.                 El 25 de junio de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n autoridad a la que correspondi� por reparto el asunto, rechaz� la acci�n de tutela y orden� remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia para su reparto[3]. Para sustentar esa decisi�n, se�al� que el servidor judicial en cuyo favor se promov�a el amparo era empleado de la jurisdicci�n ordinaria y que, en consecuencia, resultaba aplicable la regla de reparto prevista en el inciso segundo del numeral 8 del art�culo 1 del Decreto 333 de 2021, seg�n la cual el conocimiento de las acciones de tutela promovidas por funcionarios o empleados judiciales pertenecientes a esa jurisdicci�n corresponde a la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo. Por lo dem�s, propuso un conflicto negativo de competencia en el evento en que el Tribunal Administrativo de Antioquia no compartiera dicha conclusi�n.

 

5.                 El 30 de junio de 2026, la Sala Primera de Decisi�n del Tribunal Administrativo de Antioquia se abstuvo de avocar el conocimiento del asunto, propuso un conflicto de competencia y remiti� el asunto a esta Corporaci�n[4]. Para tal fin, consider� que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n era la autoridad competente para conocer de la acci�n de tutela. Sostuvo que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, establecen �nicamente reglas administrativas de reparto, mas no factores de competencia, por lo que no pod�an servir de fundamento para rechazar la solicitud de amparo ni para declinar su conocimiento. Frente a esto, afirm� que �no se trata de una falta de competencia por alguno de los factores previstos en la Constituci�n o en las normas con rango legal en materia de tutela, sino que se trata, en sentir de Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n, de un equivocado reparto que, por ende, en nada afecta la competencia de los jueces que conocieron de esta acci�n de tutela�[5].

 

6.                 El 30 de junio de 2026, la Secretar�a General de la Corte recibi� el expediente. El asunto fue repartido al magistrado ponente el 15 de julio del a�o en curso, y enviado al despacho al d�a siguiente.

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

7.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[6]. Asimismo, ha explicado que la competencia de esta Corporaci�n para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[7] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el tr�mite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicaci�n a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia y, de esta forma, evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n de fondo que garantice la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales^[8], tal y como lo precis� la Sala Plena en el auto 550 de 2018.

 

8.                 En la presente oportunidad, esta Corporaci�n est� facultada para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pese a integrar funcionalmente la Jurisdicci�n Constitucional, desde una perspectiva org�nica, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que est� facultada para solucionar la colisi�n suscitada.

 

9.                 De acuerdo con los art�culos 86 de la Constituci�n y 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, y los art�culos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, �a prevenci�n�, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[9]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del art�culo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnaci�n de una sentencia de tutela y que implica que �nicamente pueden conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de �superior jer�rquico correspondiente�^[10], en los t�rminos establecidos en el art�culo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

10.            Ahora bien, seg�n la jurisprudencia pac�fica de esta Corte, las normas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino �nicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podr� ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administraci�n de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resoluci�n del asunto en sede de instancia[11].

 

11.            En este orden de ideas, la aplicaci�n o interpretaci�n de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En lugar de ello, en estos casos, el juez debe tramitar la acci�n o decidir la impugnaci�n, seg�n el asunto puesto a su conocimiento[12]. En l�nea con lo anterior, la Corte ha se�alado que en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente ser� remitido a aquella a quien se reparti� en primer lugar, con el fin de que la acci�n sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales[13].

 

12.            De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporaci�n ha establecido, como eventos procesales de rechazo de la demanda, el previsto en el art�culo 17 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece la inadmisi�n y eventual rechazo por falta de correcci�n de la solicitud, y el contenido en el art�culo 38 del mismo decreto, esto es, cuando se presenta la figura de la temeridad.� As�, en ning�n caso, las autoridades judiciales pueden rechazar las acciones de tutela por falta de competencia[14].

 

III.           CASO CONCRETO

 

13.            De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)          Se configur� un conflicto aparente de competencia, pues la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n se apart� del conocimiento de la solicitud de tutela presentada con sustento en reglas de reparto, a pesar de que ellas no desplazan su competencia para resolver la acci�n constitucional.

 

(ii)        De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporaci�n, la Sala Plena considera que le corresponde a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n decidir la acci�n de tutela en cuesti�n, en tanto fue la primera autoridad judicial en conflicto a la que se le asign� el conocimiento de la solicitud de amparo.

 

(iii)     Con base en lo expuesto, la Corte dejar� sin efectos el auto del 25 de junio de 2026, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la acci�n de tutela impetrada por la parte accionante, toda vez que se desconoci� la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido expl�cito del par�grafo 2� del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025 y se afect� la celeridad con que debe surtirse el tr�mite de esta acci�n constitucional. De igual manera, se ordenar� que se le remita por Secretar�a el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

(iv)      En consecuencia, se advertir� a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto en tanto ello desconoce el ordenamiento jur�dico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional. Adem�s, se le advertir� tambi�n a la autoridad en cita que, en lo futuro, se abstenga de disponer el rechazo de acciones de tutela por falta de competencia de acuerdo con lo se�alado en la parte motiva de la presente providencia.

 

IV.            DECISI�N

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 25 de junio de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n, en el proceso de tutela promovido por los se�ores Rafael y Alberto, quienes manifestaron actuar en calidad de agentes oficiosos de Manuel, contra el Juzgado 017 Civil del Circuito de Medell�n y otros.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC-5504 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

Tercero: ADVERTIR a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce el ordenamiento jur�dico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

Cuarto: ADVERTIR a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n que, en lo sucesivo, se abstenga de disponer el rechazo de acciones de tutela por falta de competencia de acuerdo con lo se�alado en la parte motiva de la presente providencia.

 

Quinto: ORDENAR a la Secretar�a General de la Corte Constitucional que anonimice cualquier dato que, a trav�s de los sistemas de consulta p�blica de la Corte Constitucional, haga referencia a la identidad de la parte accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

 

Sexto: Por la Secretar�a General de esta Corporaci�n, COMUNICAR la presente decisi�n a la parte accionante, a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n y a la Sala Primera de Decisi�n del Tribunal Administrativo de Antioquia.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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