A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 2° Penal del Circuito especializado de Tumaco (Nariño) y la Comunidad Indígena Chinguirito Mira.

La controversia se suscita por denuncia penal interpuesta por la sociedad CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. en calidad de filial de Ecopetrol S.A., contra unos ciudadanos, dentro de los cuales se encuentra un miembro de una comunidad indígena, por presunto apoderamiento de hidrocarburos y contaminación ambiental.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos para la configuración de un verdadero conflicto de jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia y advierte que el elemento personal se encuentra acreditado toda vez que el demandado es miembro y parte de la comunidad indígena; El factor territorial se encuentra acreditado, en la medida que, al parecer, los hechos investigados ocurrieron dentro del municipio de Tumaco (Nariño), lugar donde está asentado el Resguardo Indígena Awá Chinguirito Mira.

La Sala Plena advierte que existe una concurrencia de intereses entre la sociedad mayoritaria y la comunidad indígena para conocer y juzgar los delitos que se le imputan al comunero, como son (i) concierto para delinquir, (ii) apoderamiento de hidrocarburos y (iii) contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo por lo que el factor objetivo no es determinante para atribuir la competencia a alguna de las dos autoridades judiciales en conflicto.

Sin embargo, debido a que la sociedad mayoritaria tiene especial interés de las autoridades nacionales en el desmantelamiento de organizaciones macro criminales, se deberá analizar con mayor rigor el cumplimiento del factor institucional, y sobre el mismo, debido a que en el presente caso se discute la competencia para juzgar la presunta comisión de un delito relacionado con una organización criminal de gran dimensión, la acreditación de este factor exige que, al intervenir dentro del proceso penal, la comunidad indígena demuestre contar con una institucionalidad “suficiente para garantizar la persecución y sanción efectiva de una conducta cometida en un contexto de macro criminalidad” y la Sala observa que aunque existe un grado de institucionalidad en la comunidad indígena que reclama el reconocimiento del asunto, no son claras cuáles serían las sanciones concretas de la comunidad respecto de los delitos investigados y la comunidad no demostró con suficiencia, si contaba con las herramientas institucionales para conocer de la causa penal que se investiga.

En especial, no evidenció que contara con las herramientas para garantizar la persecución y sanción efectiva de las conductas presuntamente cometidas en un contexto de macro criminalidad que han sido realizadas por más de 10 años, siendo este aspecto relevante si se tiene en cuenta que, en estos casos, la capacidad institucional de las comunidades debe ser robusta.

La Sala Plena decide asignar la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal y en consecuencia, dispone el envío del expediente al Juzgado 2° Penal del Circuito especializado de Tumaco (Nariño) para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Comunidad Indígena Chinguirito Mira y demás interesados.