Sentencia A. 1043/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1043/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Auto 1043 de 2023

 

 

Referencia: Expediente CJU-3080

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda.

 

Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

 

 

Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.       ANTECEDENTES

 

1.                 El 18 de agosto de 2020,[1] la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) instauró, ante los jueces administrativos de Bogotá, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución No. SUB-45527 del 22 de febrero de 2018, a través de la cual Colpensiones reconoció el pago del 50 % de una sustitución pensional en favor de la señora Adriana María Tangarife Álzate, como consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente, William Humberto Rendón López.[2] A juicio de la entidad demandante, dicho acto no se encuentra ajustado a derecho por las siguientes razones:

 

“El reconocimiento de la pensión de sobreviviente de la señora ADRIANA MARIA TANGARIFE ALZATE, no se ajusta a los requisitos de la normatividad aplicable a la materia, por lo que tal reconocimiento vulnera de forma directa el artículo 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003, al igual que el artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, así como el artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 02 de la ley 797 de 2003 y la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional sobre reconocimientos de pensión de sobreviviente y la administradora encargada de otorgar los beneficios y prestaciones”.[3]

 

2.                 El 21 de septiembre de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de competencia para conocer del presente asunto y dispuso que el expediente fuera remitido a los juzgados administrativos del circuito de Bogotá, en razón a la cuantía.[4]

 

3.                 El conocimiento correspondió al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá[5] que, el 7 de mayo de 2021, inadmitió la demanda por no contener los anexos anunciados.[6] Una vez subsanados los yerros por la parte demandante, en Auto 4 de marzo de 2022, la autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción y ordenó que el expediente fuera remitido a los juzgados laborales del circuito.  Una vez revisados los anexos, constató que el señor William Humberto Rendón López, inició y finalizó su relación laboral como trabajador privado y, en ese sentido, la competencia para conocer del asunto recaía exclusivamente en la Jurisdicción Ordinaria laboral, conforme el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante CPTSS).[7]

 

4.                 El asunto fue repartido al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá[8] el cual, mediante Auto del 11 de octubre de 2022, suscitó un conflicto negativo entre jurisdicciones y ordenó remitir el expediente a esta Corporación. Al respecto, señaló que la nulidad de un acto administrativo emitido por Colpensiones no se encuadra dentro de la competencia establecida a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, de acuerdo al numeral 4 del artículo 2 del CPTSS.[9]

 

5.                 El 25 de octubre de 2022, el expediente fue remitido a esta Corporación.[10] Posteriormente, en sesión virtual del 2 de mayo de 2023 fue repartido al despacho encargado, y la remisión para la sustanciación se realizó el 5 de mayo siguiente.

 

 

II.      CONSIDERACIONES

 

A.               Competencia

 

6.                 De conformidad con lo previsto en los artículos 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[11] la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

 

B.                Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7.                 Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”.[12] En ese sentido, en el Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren los siguientes tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones,[13] los cuales se constatan a continuación:

 

Presupuesto	Constatación
Subjetivo. La controversia debe suscitarse por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones.[14]	El conflicto se generó entre una autoridad de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral, y otra perteneciente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Objetivo. Existencia de una causa judicial sobre la cual se desarrolle la controversia, lo que requiere constatar que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional.[15]	En el caso se verifica que existe una controversia en relación con la acción de lesividad interpuesta por Colpensiones en contra de la Resolución No. SUB-45527 del 22 de febrero de 2018.
Normativo. Las autoridades involucradas en el conflicto de jurisdicciones deben haber manifestado expresamente las razones por las cuales se consideran competentes -o no- para conocer de dicha causa judicial.[16]	Tanto el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, como el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda presentaron argumentos legales para defender sus posturas sobre la falta de jurisdicción.   Por un lado, el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda señaló que, conforme el artículo 2º del CPTSS, la competencia recae en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral pues el causante laboró para empresas privadas.   Por su parte, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, atendiendo al mismo artículo anterior, indicó que la nulidad de un acto administrativo emitido por Colpensiones no se encuadra dentro de su competencia.

 

 

C.               Asunto objeto de decisión y metodología

 

8.                 Con base en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto de jurisdicciones trabado entre el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda. En primer lugar, reiterará la regla de decisión fijada por esta Sala en relación con la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en acciones en las cuales se pretenda la declaración de nulidad y el restablecimiento del derecho de un acto propio. En segundo lugar, resolverá el caso concreto.

 

 

D.               La competencia para conocer de la demanda de Colpensiones es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Reiteración del Auto 316 de 2021

 

9.                 La Sala ha establecido que las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas por una entidad pública en contra de un acto administrativo propio, tras no obtener la autorización del titular para revocarlo directamente, son competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo expuesto, incluso si el acto se refiere a derechos pensionales.^[17]

 

10.             En efecto, la Corte ha señalado que, de un lado, el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que, si el titular no autoriza a la administración de manera previa, expresa y escrita para revocar directamente un acto administrativo de carácter particular que lo afecta, la entidad “deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.^[18] Y, del otro, el artículo 104 del mismo código establece que, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelve los conflictos jurídicos relacionados con “actos (…) sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas (…)”.[19] De manera que, le corresponde a esa jurisdicción el conocimiento de las demandas presentadas por las entidades públicas en contra de los actos administrativos que ellas profieran, sin importar el contenido de este último.

 

11.             Así lo precisó la Sala en el Auto 316 de 2021,^[20] al indicar que los casos en los que una institución pública o un fondo de naturaleza pública pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto propio, aun cuando su contenido material verse sobre asuntos laborales o de la seguridad social, deberán ser conocidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Corte ha reiterado esta postura en varias providencias, entre ellas, los Autos 437, 454, y 384 de 2021.

 

12.             Regla de decisión. Reiteración Auto 316 de 2021. La Corte Constitucional precisa que cuando la administración demanda un acto por ella proferido, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.

 

 

E.                Caso concreto.

 

13.             La Sala Plena advierte que en el caso sub judice se presentó un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda. Con base en las consideraciones planteadas, la Sala dirime el presente conflicto asignándole el asunto al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda, pues es la autoridad competente para conocer del presente proceso judicial.

 

14.             Lo anterior, en atención a la regla de decisión establecida en el Auto 316 de 2021, reiterada en Autos 437, 454, y 384 de 2021, entre otros. Según esas providencias, las entidades públicas deberán acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo siempre que el objeto de la litis verse sobre la nulidad de su propio acto, aun cuando aquel defina asuntos de derecho laboral y de la seguridad social.

 

15.             En el caso concreto, Colpensiones interpuso demanda de nulidad y restablecimiento en contra de la Resolución No. SUB-45527 del 22 de febrero de 2018, al considerar que el reconocimiento de la sustitución pensional en favor de la señora Adriana María Tangarife Álzate no se ajusta a los requisitos de la normatividad aplicable a la materia ni a la jurisprudencia.[21]

 

16.             Por tanto, esta Corporación ordenará remitir el expediente al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

 

III.    DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda es la autoridad competente para conocer de la acción de lesividad promovida por Colpensiones.

 

SEGUNDO. Por Secretaría General, REMITIR al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda el expediente CJU-3080 para que adelante las funciones de su competencia, y para que comunique lo pertinente al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, y a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

 

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

---