Sentencia A. 1039/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1039/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Controversias sobre relaciones laborales con empresas de servicios temporales cuando la entidad pública es usuaria y la regla de vinculación es de trabajador oficial

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1039 DE 2024

 

Referencia: Expediente CJU-5492

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Catorce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda.

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

§1.   Adolfo Lenis Bonilla interpuso demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora Colombiana de Colpensiones (en adelante “Colpensiones”), Coltempora Ltda., Activos S.A., Misión Temporal Ltda., y el Consorcio Misión Temporal Selectiva, con el fin de que se declare que existe un contrato realidad con Colpensiones, toda vez que la vinculación laboral por obra labor con las otras empresas demandadas sobrepasó los plazos máximos y existió subordinación y dependencia por parte del demandante a Colpensiones[1].

§2.   Por lo anterior, el demandante solicitó, entre otras, las siguientes pretensiones[2]: (i) que se ordene a Colpensiones reintegrar a Lenis Bonilla al cargo que ocupaba o a otro de mayor rango; (ii) que se ordene a Colpensiones al consecuente pago indexado de salarios y prestaciones sociales, incluyendo aumentos o incrementos que se hubieran generado; (iii) que se ordene a Colpensiones al pago indexado de las prestaciones sociales que se generaron con la terminación del vínculo laboral[3]. De manera subsidiaria, en caso de que no se declare la existencia de un contrato realidad, se ordene a las empresas intermediarias al pago indexado de salarios y prestaciones sociales a los que haya lugar.

§3.    El 4 de noviembre de 2014 Lenis Bonilla comenzó a trabajar en misión para Colpensiones, a través de un contrato de obra labor suscrito con la empresa de servicios temporales Coltempora Ltda., contrato que finalizó el 10 de diciembre de 2014. Posteriormente, el demandante suscribió un nuevo contrato el 11 de diciembre del mismo año con la mencionada empresa de servicios temporales, el cual tuvo un plazo hasta el 31 de marzo de 2015 y tuvo como objeto la vinculación de Lenis Bonilla como trabajador en misión para Colpensiones en el cargo de Analista II[4].

§4.   Posteriormente, el 1 de abril de 2015 Lenis Bonilla suscribió otro contrato de obra labor con la empresa de servicios temporales Activos S.A., para continuar como trabajador en misión en Colpensiones, en el cargo de Analista IV, hasta el 30 de enero de 2016. El 1 de febrero de 2016 el demandante suscribió un segundo contrato con Activos S.A. bajo el mismo objeto, el cual finalizó el 31 de enero de 2017.

§5.   Seguido a esto, el 1 de febrero de 2017 el señor Lenis Bonilla suscribió otro contrato por obra labor con la empresa Misión Temporal Ltda., por medio del cual continuó trabajando en misión para Colpensiones como Analista IV hasta el 31 de enero de 2018.

§6.   Luego, el 1 de febrero de 2018, el demandante firmó un nuevo contrato con el Consorcio Misión Temporal Selectiva bajo la modalidad de obra labor, con el fin de continuar con sus labores en misión en Colpensiones, el cual finalizó el 31 de enero de 2019. Sin embargo, el demandante indicó que, una vez finalizado este último contrato, Colpensiones no prorrogó su vínculo laboral con ninguna de las empresas de servicios temporales antes mencionadas.

§7.    En consecuencia, el 20 de enero de 2022, Lenis Bonilla interpuso un derecho de petición ante Colpensiones solicitando su reintegro al cargo que estaba ocupando, al igual que el pago de indexado de los salarios y demás prestaciones sociales que no fueron reconocidas en vigencia de la relación de trabajo. El 9 de marzo de 2022 Colpensiones negó las solicitudes del demandante, indicando que el vínculo existente fue exclusivamente con las empresas de servicios temporales.

§8.             El asunto fue repartido[5] al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá[6], autoridad judicial que mediante auto del 5 de septiembre de 2023[7] declaró su falta de jurisdicción para conocer la demanda y remitió el asunto para reparto de los jueces administrativos del circuito de Bogotá. Argumentó que, con base en los Autos 492 de 2021[8] y 1640 de 2023[9] de la Corte Constitucional, en la medida en la que la controversia gira en torno al reconocimiento de un vínculo laboral y al pago de las acreencias laborales por la aparente celebración indebida de contratos con el Estado, la autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados es del juez de lo contencioso administrativo[10]. Por otra parte, indicó que, de acuerdo con el Auto 1159 de 2021[11] de la Corte Constitucional, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales tanto a la empresa temporal como a la empresa usuaria; lo anterior, cuando la empresa usuaria es una entidad pública cuya regla general de vinculación es la de empleado público, y se pretenda la existencia de la relación laboral entre el trabajador y la entidad usuaria, y/o se pretenda el reconocimiento de derechos derivados del vínculo contractual con cargo a la entidad pública[12].

 

§9.             Surtido de nuevo el reparto[13], el asunto le correspondió al Juzgado Catorce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda[14], autoridad judicial que mediante Auto del 9 de febrero de 2024[15] declaró su falta de competencia para conocer el expediente, propuso conflicto negativo de jurisdicciones con el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el asunto. Argumentó que, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante “CPACA”), la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que sea parte una entidad pública[16]. Igualmente, con base en el numeral 2 del artículo 155 del CPACA, indicó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los asuntos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, así como de la seguridad social de los mismos cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. Precisó que lo anterior implica que esa jurisdicción maneja los asuntos laborales de empleados públicos, quienes son los únicos vinculados por relación legal y reglamentaria, excluyendo a los trabajadores oficiales y aquellos con vinculación privada[17].

§10.        Con base en lo anterior, esta autoridad judicial indicó que, al analizar las pretensiones de la demanda, aunque se busca la declaración de un contrato realidad con una entidad pública, la vinculación no se realizó mediante contratos públicos de prestación de servicios bajo la Ley 80 de 1993. Por el contrario, las vinculaciones se efectuaron a través de contratos de obra, propios del derecho privado. Así las cosas, manifestó que, al considerar la naturaleza de las vinculaciones realizadas por Colpensiones, y de acuerdo con los Decretos 310 y 311 del 24 de febrero de 2017 que ajustaron la planta de personal de esta entidad pública, la planta de empleados públicos está compuesta por tres (3) cargos: el Presidente, el Jefe de la Oficina de Control Interno y el Director de Cartera; y los demás trabajadores tienen la calidad de oficiales. Por lo tanto, indicó que, dado que el demandante no menciona en su demanda labores propias de cargos con naturaleza de empleados públicos, concluyó que sus pretensiones están orientadas hacia una posible vinculación como trabajador oficial, vinculado mediante contratos de obra labor, y siendo competencia de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral[18].

§11.        El 17 de mayo de 2024, el expediente fue remitido a esta Corporación[19]. En sesión virtual del 24 de mayo de 2024, el asunto fue repartido a la Magistrada Diana Fajardo Rivera. El día 28 de mayo siguiente[20], el expediente digital respectivo fue enviado al despacho sustanciador a través del Sistema de Información Integrado de la Corte Constitucional, SIICOR[21].

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1.                 Competencia

§12.        La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

2.                 En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver

Cuadro único. Configuración del conflicto de jurisdicciones.

3. Competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer las demandas en que un empleado en misión reclama (i) el reconocimiento de una relación laboral con la empresa usuaria, cuando esta es una entidad pública cuya regla general de vinculación es la de trabajador oficial, y, producto de lo anterior, (ii) el pago de acreencias laborales de manera solidaria tanto a la empresa de servicios temporales como a la usuaria. Reiteración del Auto 1728 de 2023[25]

§13.        Según lo indicado por esta Corporación en el Auto 1728 de 2023[26] la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer los procesos en que un empleado en misión reclama (i) el reconocimiento de una relación laboral con la empresa usuaria, cuando esta es una entidad pública cuya regla general de vinculación es la de trabajador oficial, y, producto de lo anterior, (ii) el pago de acreencias laborales de manera solidaria tanto a la empresa de servicios temporales como a la usuaria de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 105 del CPACA y el numeral 1 del artículo 2 del CPTSS.

§14.        El numeral 4 del artículo 104 del CPACA establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce, en materia laboral, de los conflictos relativos a la relación legal y reglamentaria de los servidores públicos y el Estado, así como de la seguridad social de aquellos cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público. Por su parte, el numeral 4 del artículo 105 dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia para conocer de los procesos judiciales de carácter laboral originados entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. 

§15.        En sentido similar, el numeral 1 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante “CPTSS”) señala que la jurisdicción ordinara laboral conoce de los conflictos que tengan origen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Al respecto, se resalta que los trabajadores oficiales están vinculados a la entidad pública en la que prestan sus servicios a través de un contrato laboral, de conformidad con lo expuesto en el artículo 2.2.30.1.1 del Decreto 1083 de 2015.

§16.        Así pues, este Tribunal ha señalado que a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde el conocimiento de todos los conflictos originados en un contrato laboral, con independencia de que el empleador sea un particular o una entidad pública. Sobre ese punto, se ha señalado que “la sola mención de una entidad pública en el extremo pasivo del proceso no implica que la Jurisdicción Ordinaria Laboral no tenga competencia para asumir el conocimiento del asunto, por el contrario, la competencia de esta jurisdicción viene dada desde que el demandante afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo, ya sea presunto o expreso”[27].

§17.        La Corte también se ha pronunciado sobre la competencia para conocer de los procesos en que un empleado en misión vinculado laboralmente a una empresa de servicios temporales pretende el reconocimiento de una relación de trabajo con la empresa usuaria, cuando esta es una entidad pública. En esos casos, la Corte[28] ha resaltado que el encubrimiento de una relación laboral con el Estado puede arriesgar los derechos laborales de los trabajadores en misión, cuyo vínculo con las empresas de servicios temporales se habría desnaturalizado. De esa manera, para definir cuál es la jurisdicción que debe conocer del asunto, es necesario acudir a las reglas generales de competencia: si se alega el encubrimiento de un contrato de trabajo entonces la competente es la jurisdicción ordinaria laboral; mientras que, si se omitió la formalización de una relación legal y reglamentaria, la competente será la jurisdicción de lo contencioso administrativo[29].

 

§18.        Así, por ejemplo, la regla de decisión de los autos 1159 de 2021[30] y 252 de 2022[31] establece que “[l]a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las demandas en las que, en el marco de una relación laboral con una empresa temporal, se solicita el reconocimiento de derechos laborales -salariales y prestacionales- tanto a la empresa temporal como a la usuaria, cuando quiera que (i) esta última sea una entidad pública, cuya regla general de vinculación sea la de empleado público; y (ii) dentro del trámite no pueda desvirtuarse prima facie tal parámetro de vinculación” (énfasis fuera de texto). 

 

§19.        Es importante tener en cuenta que la Corte no está facultada para realizar un análisis detallado de las funciones desarrolladas por el empleado en misión demandante, pues ello corresponde al juez natural que conozca del fondo del asunto. Sin embargo, “para efectos de dirimir el conflicto [entre jurisdicciones], cuando no hay elementos suficientes que determinen con claridad la naturaleza del vínculo que podría tener el trabajador -como ocurre en algunos casos en los que se pretende que se declare la existencia de un contrato realidad con el Estado-, debe acudirse a la regla general de vinculación de la entidad correspondiente para vislumbrar razonablemente sobre cuál jurisdicción recae la competencia del asunto”[32].

4.      Caso concreto

§20.        La Sala considera que el conocimiento del presente asunto le compete a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral por los motivos que se expondrán a continuación:

(i)          El señor Adolfo Lenis Bonilla estuvo vinculado laboralmente a las empresas de servicios temporales Coltempora Ltda., Activos S.A., Misión Temporal Ltda., y al Consorcio Misión Temporal Selectiva, y prestó sus servicios en calidad de empleado en misión a Colpensiones.

(ii)        En su demanda, el señor Lenis Bonilla solicitó (i) que se reconociera la existencia de un contrato laboral con Colpensiones, en el que las empresas de servicios temporales operaron como meras intermediarias, (ii) el consecuente pago de acreencias laborales por parte de la empresa la usuaria, y (iii), de forma subsidiaria, en caso de que no se reconociera la relación laboral con Colpensiones, el pago de las acreencias laborales por parte de las empresas intermediarias.

(iii)     Según el Decreto 309 de 2017, Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio del Trabajo. Así, por regla general, sus servidores son trabajadores oficiales y solamente algunos cargos de dirección o confianza ostentan la calidad de empleados públicos[33].

§21.        En el presente caso, el demandante solicita el reconocimiento de una relación laboral con el Estado. En ese sentido, no corresponde al juez que resuelve el conflicto de jurisdicciones analizar cuáles eran las funciones que cumplía el actor ni concluir si este ostentaba la calidad de trabajador oficial o empleado público, ya que esto corresponde al análisis que debe efectuar el juez natural. De esa manera, para definir cuál es la jurisdicción competente para conocer de ese tipo de demandas basta con acudir a la regla general de vinculación de la entidad pública respecto de la cual se pretende el reconocimiento de la relación laboral.

§22.        Adicionalmente, se resalta que no es aplicable la regla de decisión de los Autos 1159 de 2021[34] y 252 de 2022[35], expuesta en precedencia. Ello se debe a que en los casos estudiados por la Corte en dichas providencias el trabajador en misión pretendía el reconocimiento de una relación laboral con una empresa usuaria que tenía la calidad de entidad pública y cuya regla general de vinculación era la de empleado público. Por el contrario, en el asunto objeto de estudio la demandante pretende que se reconozca la existencia de un vínculo laboral con Colpensiones, cuya regla general de vinculación es la de trabajador oficial.

§23.        De una lectura conjunta del numeral 4 del artículo 105 del CPACA y el numeral 1 del artículo 2 del CPTSS se concluye que la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral conoce los conflictos laborales suscitados entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales. Lo anterior también ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[36].

§24.        Así las cosas, la Corte declarará que la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral es la competente para conocer la demanda presentada por el señor Adolfo Lenis Bonilla, y remitirá el expediente CJU-5492 al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá para lo de su competencia.

§25.        Regla de decisión[37]: “(…) la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer los procesos en que un empleado en misión reclama (i) el reconocimiento de una relación laboral con la empresa usuaria, cuando esta es una entidad pública cuya regla general de vinculación es la de trabajador oficial, y, producto de lo anterior, (ii) el pago de acreencias laborales de manera solidaria tanto a la empresa de servicios temporales como a la usuaria. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 105 del CPACA y el numeral 1 del artículo 2 del CPTSS”.

III.           DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones presentado entre el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Catorce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá es la autoridad competente para conocer la demanda presentada por el señor Adolfo Lenis Bonilla en contra de Colpensiones, Coltempora Ltda., Activos S.A., Misión Temporal Ltda., y el Consorcio Misión Temporal Selectiva.

Segundo. REMITIR el expediente CJU-5492 al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados dentro del trámite judicial y al Juzgado Catorce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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