Sentencia A. 1024/22

Auto 1024/22

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

 

Referencia: Expediente CJU-1723

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla.

 

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO.

 

 

Bogotá D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular de la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, procede a resolver el conflicto de la referencia, en los siguientes términos:

                                                                                 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 22 de abril de 2021, la Administradora Colombiana de Pensiones –desde ahora, Colpensiones–, a través de apoderado judicial, presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, en contra de la señora María Denis Garavito Cadena. La finalidad de esta demanda es que se declare la nulidad de la Resolución GNR 47158 del 13 de febrero de 2017, mediante la cual la entidad reconoció pensión de vejez en favor de la ciudadana demandada^[1].

  

2. El 22 de abril de 2021, la demanda fue repartida al Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”[2]. Ese despacho, mediante Auto del 13 de octubre de 2021^[3], declaró la falta de jurisdicción para conocer el proceso y propuso conflicto negativo de competencia con base en los artículos 104 y 105 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2 de Ley 712 de 2011. Fundamentó su posición en que la beneficiaria “al momento de solicitar el reconocimiento pensional venía realizando cotizaciones en pensión como trabajadora del sector privado, por lo que es claro que en ese momento no mediaba una relación legal y reglamentaria con el Estado; en consecuencia, el presente asunto debe ser conocido por la Jurisdicción Ordinaria Laboral”[4].

 

3. En consecuencia, se efectuó nuevo reparto y el asunto le correspondió al Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla^[5]. Este despacho, mediante Auto del 29 de noviembre de 2021^[6], declaró la falta de jurisdicción para conocer el proceso. Fundamentó su posición en que como la demandante pretende “la nulidad de la Resolución GNR 47158 del 13 de febrero de 2017, solo podrá establecerse a través de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, acción esta del exclusivo resorte de la jurisdicción contenciosa administrativo”[7]. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la posición de la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en sentencia del 14 de noviembre de 2019, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del expediente N.º 110010102000201902441 00 con ponencia del doctor, Alejandro Meza Cardales[8]. Bajo estas consideraciones, concluyó que la jurisdicción competente para conocer este asunto es la contencioso-administrativa.

 

Finalmente, el expediente fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 1 de diciembre de 2021 y repartido al despacho del magistrado sustanciador el 1 de julio de 2022^[9].

 

II. CONSIDERACIONES

 

Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones

 

4. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[10].

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

5. Este Tribunal ha determinado que los conflictos de jurisdicciones existen cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[11].

 

6. Asimismo, mediante el Auto 155 de 2019^[12], la Sala Plena determinó que se requieren tres presupuestos para que se configure el conflicto de jurisdicciones, a saber: (i) el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia se presente, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y hagan parte de distintas jurisdicciones; (ii) el presupuesto objetivo refiere a que la disputa recaiga sobre el conocimiento de una causa judicial,^[13] y (iii) el presupuesto normativo exige que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.

 

7. De modo que la Sala Plena pasa a verificar el cumplimiento de estos tres presupuestos en el caso concreto:

 

                   i.            Presupuesto subjetivo. Este asunto involucra una controversia entre dos autoridades que administran justicia y hacen parte de distintas jurisdicciones: por un lado, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla.

 

                 ii.            Presupuesto objetivo. En efecto, el presente conflicto entre jurisdicciones recae sobre una causa judicial: la demanda con la que se pretende la nulidad del acto administrativo que reconoció una pensión de vejez.

 

              iii.            Presupuesto Normativo. Las dos autoridades judiciales que rechazaron la competencia para conocer de este asunto manifestaron expresamente las razones de su decisión: de un lado, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, sostuvo que la beneficiaria laboró en el sector privado y por ello es la  jurisdicción ordinaria la competente para  conocer el asunto, de conformidad con los artículos 104 y 105 del Código del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2 de Ley 712 de 2011; por otro, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla advirtió que se pretende la nulidad de una resolución mediante la nulidad y restablecimiento del derecho, acción del resorte de la  jurisdicción contencioso-administrativa según los artículos104 y 138 de la Ley 1437 de 2011 y la posición de la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

 

8. Superado el anterior análisis para verificar la materialización de un conflicto de jurisdicciones, procederá la Corte a dirimir la colisión expuesta en líneas anteriores. Para ello, primero, se hará referencia a la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio -acción de lesividad- y, a continuación, se resolverá el caso concreto.

 

Competencia para conocer controversias relativas al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad. Reiteración del Auto 316 de 2021.

 

9. Según lo indicado por esta Corporación en el Auto 316 de 2021^[14], el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual la administración cuestiona su propio acto administrativo, que creó o modificó una situación particular y concreta, por disposición expresa del legislador en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde exclusivamente a los jueces administrativos^[15]. Incluso cuando el acto administrativo verse sobre un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social, puesto que “[…] por medio de la acción de lesividad se debaten ‘intereses propios de la administración’, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo”^[16].

 

III. CASO CONCRETO

 

10. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades en conflicto manifestaron la falta de jurisdicción para conocer de la acción promovida por Colpensiones con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución GNR 47158 del 13 de febrero de 2017, mediante la cual dicha entidad reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de la señora María Denis Garavito Cadena

 

11. La Sala Plena advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye la competencia del juez laboral y de la seguridad social, pues a pesar de tratarse de un acto administrativo relacionado con la seguridad social, existe legislación expresa que determina la competencia de los jueces administrativos, por lo que resulta aplicable la cláusula de competencia del artículo 104 del CPACA para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de Colpensiones contra un acto propio.

 

12. En ese orden de ideas, en los casos que (i) una entidad pública (ii) promueva un proceso en contra de un acto administrativo propio (iii) aun cuando el contenido de mismo sea de la seguridad social, (iv) la competencia será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

13. Por consiguiente, la Sala Plena remitirá el expediente al Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, para que le dé tramite al caso sub judice y resuelva de fondo conforme a las competencias de la jurisdicción.

 

Regla de decisión. Cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.

 

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, es la autoridad competente para tramitar la demanda promovida por Colpensiones.

 

Segundo.- Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-1723 al Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” para lo de su competencia y para que COMUNIQUE la presente decisión al Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla, a la demandante y a los demás interesados en el proceso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

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