Sentencia A. 1023/22

Auto 1023/22

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio

 

 

Referencia: Expediente CJU-1718

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla.

 

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

 

Bogotá D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular de la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, procede a resolver el conflicto de la referencia, en los siguientes términos:

 

I. ANTECEDENTES

1.                 La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, a través de apoderada judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en su modalidad de lesividad, en contra del señor Orlando Cesar Barros Ponce, con el propósito de que se declare la nulidad de la Resolución GNR 205583 del 13 de julio de 2016, con la cual se dio alcance a la Resolución SUB 295790 del 25 de septiembre de 2015, por la cual dicha entidad, en cumplimiento de un fallo judicial reconoce y ordena el pago de una pensión de vejez a favor del señor Barros Ponce, efectiva a partir del 1 de agosto de 2012, conforme el Decreto 758 de 1990, toda vez que se reconoció una prestación sin el lleno de los requisitos legales^[1].

 

2.                 Por esta razón, la entidad demandante solicitó se declare la nulidad del acto administrativo que reconoció la mencionada prestación social y como medida de restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro de la suma pagada, así como la indexación de las sumas que sean reconocidas y el pago de intereses^[2].

 

3.                 El 20 de marzo de 2021, le correspondió conocer del asunto al Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”^[3].

 

4.                 El 13 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, declaró falta de jurisdicción para conocer de la demanda formulada por Colpensiones y ordenó remitir el expediente a los jueces laborales del circuito de Barranquilla, con fundamento en que, de acuerdo a las pretensiones formuladas se solicita la nulidad de la resolución anteriormente referenciada, proferida por la accionante, por medio de la cual se reconoció una pensión de vejez al demandado, prestación que no deviene de una relación legal y reglamentaria, sino de contratos laborales de carácter privado, por lo tanto, el conflicto de la referencia escapa del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo la ordinaria en sus especialidades laboral y de la seguridad social, la encargada de conocer las pretensiones formuladas, de conformidad con el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social^[4].

 

5.                 El 3 de noviembre, por reparto, le correspondió conocer del asunto al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla^[5]. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2021, este juzgado propuso conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para dirimir el suscitado conflicto. A su juicio, “por tratarse de una controversia originada a partir de un acto administrativo expedido por la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, cuya naturaleza jurídica es Empresa Industrial y Comercial del Estado y tiene por objeto la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida, y como lo ha dicho el Consejo de Estado en su jurisprudencia que la acción de lesividad, hoy medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, se configura en todos los casos en que la Nación o las entidades públicas acudan como demandantes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo buscando la nulidad de sus propios actos, así como siendo la acción de lesividad propia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es competencia de esa jurisdicción el conocimiento de la demanda (…)”^[6].

 

6.                 El 30 de noviembre de 2021^[7], el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, remitió el expediente a la Secretaría General de la Corte Constitucional, y este correspondió al despacho del suscrito magistrado ponente por reparto efectuado el 1 de julio de 2022^[8].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia 

 

7. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[9]. 

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

8. Este Tribunal ha determinado que los conflictos de jurisdicciones existen cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[10].

 

9. Asimismo, mediante el Auto 155 de 2019^[11], la Sala Plena determinó que se requieren  tres presupuestos para que se configure el conflicto de jurisdicciones, a saber: (i) el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia se presente, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y hagan parte de distintas jurisdicciones; (ii) el presupuesto objetivo refiere a que la disputa recaiga sobre el conocimiento de una causa judicial,^[12] y (iii) el presupuesto normativo exige que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.

 

10. De modo que la Sala Plena pasa a verificar el cumplimiento de estos tres presupuestos en el caso concreto:

 

i)                   Presupuesto subjetivo: Este asunto involucra una controversia entre dos autoridades que administran justicia y hacen parte de diferentes jurisdicciones; por un lado, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” y por otro, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla.

ii)                Presupuesto objetivo: En efecto, el presente conflicto entre jurisdicciones recae sobre una causa judicial: la demanda con la que se pretende la nulidad de un acto administrativo mediante el cual la actora reconoció una pensión de vejez en favor del señor Barros Ponce.

iii)             Presupuesto normativo: Las dos autoridades que rechazaron la competencia del asunto manifestaron expresamente las razones de su decisión; de un lado, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” sostuvo que la resolución, proferida por Colpensiones, por medio de la cual se reconoció una pensión de vejez al demandado, no deviene como se indicó́ de una relación legal y reglamentaria, sino de contratos laborales de carácter privado, por lo tanto, el conflicto de la referencia escapa del conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa, siendo la ordinaria en sus especialidades laboral y de la seguridad social, la encargada de conocer las pretensiones formuladas por la accionada, de conformidad con el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; por otro lado, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla invocó la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual, “la acción de lesividad, hoy medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, se configura en todos los casos en que la Nación o las entidades públicas acudan como demandantes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo buscando la nulidad de sus propios actos, así como siendo la acción de lesividad propia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa” .

 

11. Superado el anterior análisis para verificar la materialización de un conflicto de jurisdicciones, procederá la Corte a dirimir la colisión expuesta en líneas anteriores. Para ello, primero, se hará referencia a la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio -acción de lesividad- y, a continuación, se resolverá el caso concreto.

 

Competencia para conocer controversias relativas al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su modalidad de lesividad. Reiteración del Auto 316 de 2021.

 

12. Según lo indicado por esta Corporación en el Auto 316 de 2021^[13], el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual la administración cuestiona su propio acto administrativo, que creó o modificó una situación particular y concreta, por disposición expresa del legislador en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde exclusivamente a los jueces administrativos^[14], incluso cuando el acto administrativo verse sobre  un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social, puesto que “[…] por medio de la acción de lesividad se debaten ‘intereses propios de la administración’, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo”^[15].

 

III. CASO CONCRETO

 

13. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, las autoridades en conflicto manifestaron la falta de jurisdicción para conocer de la acción promovida por Colpensiones con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución, GNR 205583 del 13 de julio de 2016, mediante la cual dicha entidad reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor del señor Orlando Cesar Barros Ponce.

 

14. La Sala Plena advierte que, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada en el Auto 316 de 2021, en este tipo de controversias se excluye la competencia del juez laboral y de la seguridad social, pues a pesar de tratarse de un acto administrativo relacionado con la seguridad social, existe legislación expresa que determina la competencia de los jueces administrativos, por lo que resulta aplicable la cláusula de competencia del artículo 104 del CPACA para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de Colpensiones contra un acto propio.

 

15. En ese orden de ideas, en los casos que (i) una entidad pública (ii) promueva un proceso en contra de un acto administrativo propio (iii) aun cuando el contenido de mismo sea de la seguridad social, (iv) la competencia será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

16. Por consiguiente, la Sala Plena remitirá el expediente al Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B”, para que le dé tramite al caso sub judice y resuelva de fondo conforme a las competencias de la jurisdicción.

 

Regla de decisión. Cuando la administración demanda un acto de su propia autoría, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” es la autoridad competente para tramitar la demanda promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones.

 

Segundo.- Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-1718 al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección “B” para lo de su competencia y para que COMUNIQUE la presente decisión al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, a la demandante y a los demás interesados en el proceso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

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