TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-1022/25
INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto objetivo
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
SALA PLENA
AUTO 1022 DE 2025
Referencia: expedientes CJU-6462, 6464, 6533, 6547, 6548, 6560, 6561, 6572, 6594, 6599, 6656, 6666, 6670 acumulados.
Asunto: conflictos aparentes de jurisdicciones suscitados entre los Juzgados 001, 002, 003, 004, 005 y 006 Administrativos del Circuito de Arauca y el Juzgado 002 Civil Municipal de la misma ciudad
Magistrado ponente:
Miguel Polo Rosero
Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veinticinco (2025).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, de la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el presente auto respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. En el siguiente cuadro, se resumen los hechos que soportan los conflictos entre jurisdicciones remitidos a esta corporación y asignados al despacho del magistrado ponente para su decisión. Estos corresponden a demandas ejecutivas presentadas por el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR), con el fin de obtener el pago de obligaciones contenidas en diversos títulos ejecutivos:
|
Expediente |
Síntesis |
|
6462 |
Demanda |
|
El 22 de agosto de 2019, a través de apoderada judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva para hacer efectiva una garantía real, en contra de Orlando Rodríguez Quijano, con el fin de que se librara mandamiento de pago de las obligaciones contenidas en el pagaré N.º 30378912, por valor de $114.800.000, garantizadas con gravamen hipotecario, constituido mediante escritura pública N.º 0858 del 6 de junio de 2013 de la Notaria Única del Círculo de Arauca, así como los intereses pactados y las costas procesales a las que haya lugar[1]. |
|
|
6464 |
Demanda |
|
El 21 de febrero de 2017, a través de apoderada judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva en contra de Guillermo Iles Ortegón, con el objetivo de que se librara mandamiento de pago, por las sumas garantizadas en un pagaré, constituido en virtud de un crédito agropecuario. Agregó que el demandado constituyó una garantía real, registrada en la escritura pública N.º 1.850 del 21 de octubre de 2013, ante la Notaría Única del Círculo de Arauca.
La parte demandante, señaló que el demandado se constituyó en mora desde el mes abril del 2015, con un saldo actual de $38.000.000. Por lo tanto, solicitó que se librara el mandamiento de pago correspondiente, junto con los intereses de mora sobre el capital relacionado. Adicionalmente, que se decretara el embargo y posterior secuestro sobre el bien inmueble hipotecado[2]. |
|
|
6533 |
Demanda |
|
El 14 de octubre de 2010, a través de apoderada judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva en contra de Aydé Marleny Romero Ortega, con el objetivo de que se librara mandamiento de pago por la suma de $532.506, con fundamento en el pagaré N.º 30371375, junto con la suma de intereses corrientes sobre las cuotas de capital vencido, liquidado en la suma de $3.116, de acuerdo con el plan de amortización acordado en el pagaré N.º 30371375.
La parte demandante agregó que la demandada accedió a un crédito en línea de producción el 24 de octubre de 2005. Sin embargo, desde el 1 de julio del 2009, dejó de realizar los pagos. |
|
|
6547 |
Demanda |
|
A través de apoderado judicial[3], el IDEAR instauró demanda ejecutiva singular de mínima cuantía en contra de Marcela Espinosa Jiménez y Clara Inés Jiménez Montoya, con el fin de que se decretara mandamiento ejecutivo de pago en contra de las demandadas por la suma de $ 32.712.670. Igualmente, solicitó que, como medida cautelar, se ordenara el embargo y retención de los dineros depositados por las demandadas en distintas cuentas bancarias.
La parte demandante señaló que las demandadas solicitaron un crédito en la modalidad educativa, con fundamento en el cual les fue entregada la suma de $ 21.484.000. Como respaldo, se suscribió el pagaré N.º 30381795, el 23 de septiembre de 2021. No obstante, las demandadas se constituyeron en mora en el pago de los intereses corrientes[4]. |
|
|
6548 |
Demanda |
|
A través de apoderado judicial[5], el IDEAR instauró demanda ejecutiva singular de mínima cuantía en contra de Libardo Upegui Goyeneche, con el fin de que se decretara mandamiento ejecutivo de pago en contra del demandado por la suma de $ 34.050.755. Igualmente, solicitó que, como medida cautelar, se ordenara el embargo y retención de los dineros depositados por el demandado en distintas cuentas bancarias.
La parte demandante señaló que el demandado solicitó un crédito en la modalidad de libranza, en virtud del cual le fue entregada la suma de $ 45.000.000. Como respaldo, se suscribió el pagaré N.º 30381296 del 8 de septiembre de 2020. No obstante, el demandado se constituyó en mora en el pago de los intereses corrientes[6]. |
|
|
6560 |
Demanda |
|
A través de apoderado judicial[7], el IDEAR instauró demanda ejecutiva singular de mínima cuantía en contra de Rosaura Rodríguez Silva, con el fin de que se decretara mandamiento ejecutivo de pago en contra de la demandada por la suma de $ 1.386.327. Igualmente, solicitó que, como medida cautelar, se ordenara el embargo y retención de los dineros depositados por la demandada en distintas cuentas bancarias.
La parte demandante señaló que la demandada solicitó un crédito de inversión en virtud del cual le fue entregada la suma de $ 219.690. Como respaldo, se suscribió el pagaré N.º 30380817 el 11 de julio de 2017. No obstante, la demandada se constituyó en mora en el pago de los intereses corrientes[8]. |
|
|
|
Demanda |
|
El 21 de abril de 2022[9], a través de apoderado judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva singular en contra de Jesús Orlando Flores Salazar, con el fin de que se decretara mandamiento de pago en contra del demandado por la suma de $ 28.122.117.
La parte demandante señaló que el demandado solicitó un crédito de vivienda, en virtud del cual le fue entregada la suma de $ 21.484.000. Como respaldo, se suscribió el pagaré N.º 30379850 el 8 de junio de 2017. No obstante, el demandado se constituyó en mora en el pago de las obligaciones[10]. |
|
|
6572
|
Demanda |
|
El 4 de febrero de 2025[11], a través de apoderado judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva en contra de Pedro Domingo González Bestene, con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma de $ 42.952.600, que incluye capital vencido y no vencido, intereses corrientes y valores correspondientes al seguro, adicional a los intereses moratorios que se causaran hasta el pago total de la obligación. Además, solicitó que se condenara al demandado a las costas procesales.
La parte demandante señaló que el demandado solicitó un crédito en la línea agropecuaria, motivo por el cual se le entregó la suma de $ 58.457.729. Como garantía, el demandado otorgó hipoteca abierta de primer grado y cuantía indeterminada mediante la escritura pública N.º 945 del 27 de julio de 2005, sobre el predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 410-32412, y suscribió el pagaré N.º 30381697 del 14 de julio de 2021. No obstante, se constituyó en mora en el pago de la obligación contenida en el título valor desde el 28 de agosto de 2023[12]. |
|
|
6594
|
Demanda |
|
El 21 de julio de 2020[13], a través de apoderado judicial, el IDEAR presentó demanda ejecutiva en contra de Jessica Carrillo Moreno, con el fin de que se librara mandamiento de pago en contra de la demandada por la suma de $ 29.271.810, que incluye capital de cuotas vencidas, intereses corrientes y cuotas no vencidas, adicional a los intereses moratorios que se causen hasta el pago total de la obligación. Además, solicitó que se condenara a la demandada a las costas procesales.
La parte demandante señaló que la demandada solicitó un crédito de vivienda, en virtud del cual se le entregó la suma de $ 21.484.000. Como respaldo, suscribieron el pagaré N.º 30379856 del 7 de diciembre de 2005. No obstante, se constituyó en mora en el pago de la obligación contenida en el título valor desde el mes de julio de 2018[14]. |
|
|
6599
|
Demanda |
|
El 18 de junio de 2024, a través de apoderado judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva en contra de Johan Alejandro Saavedra Gelvis, con el fin de que se libre mandamiento de pago en contra del demandado por la suma de $ 29.139.188, correspondiente a las cuotas vencidas, intereses corrientes, intereses de mora hasta la presentación de la demanda, cuotas no vencidas, y el valor del seguro. Además, solicitó el pago de los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago total de la obligación y que se condene al demandado al pago de las costas del proceso.
La parte demandante señaló que el demandado solicitó un crédito de vivienda, en virtud del cual se le entregó la suma de $ 30.000.000. Como respaldo, suscribió el pagaré N.º 30379736 y constituyó una hipoteca mediante escritura pública N.º 2.273 del 30 de diciembre de 2014 de la Notaría Única del Círculo de Arauca, sobre un inmueble ubicado en el municipio de Arauca. No obstante, se constituyó en mora en el pago de la obligación contenida en el título valor desde diciembre de 2023[15]. |
|
|
6656
|
Demanda |
|
El 16 de mayo de 2011[16], a través de apoderado judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva en contra de Blanca Elena Blata Berrios y Kelly Johana Romero Balta, con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma de $1.043.669, correspondiente a las cuotas vencidas e intereses corrientes. Además, solicitó el pago de los intereses moratorios causados hasta la fecha del pago total de la obligación y que se condenara al demandado al pago de las costas del proceso.
La parte demandante señaló que las demandadas solicitaron un crédito en la línea de producción, en virtud del cual se les entregó la suma de $950.000. Como respaldo, el 8 de noviembre de 2007 suscribieron el pagaré N.º 30374908. No obstante, las demandadas se constituyeron en mora en el pago de la obligación contenida en el título valor desde abril de 2008[17]. |
|
|
6666 |
Demanda |
|
El 15 de julio de 2022, a través de apoderado judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva en contra de Duver Mary Castro Castrillón y Rubely del Socorro Castro, con el fin de que se librara mandamiento de pago en contra de los demandados por la suma de $ 10.517.773, valor que incluye el capital vencido, intereses de plazo causados, intereses de mora liquidados y causados. Solicitó, además, que se ordenara la venta en subasta pública de los bienes embargados y secuestrados, y se condenara al pago de las costas del proceso.
La parte demandante señaló que los demandados solicitaron un crédito, en virtud del cual se le entregó la suma de $ 15.000.000. Como respaldo, suscribió el pagaré N.º 30377985 del 21 de diciembre de 2011. |
|
|
6670 |
Demanda |
|
El 21 de julio de 2020, a través de apoderado judicial, el IDEAR instauró demanda ejecutiva en contra de Sirley Emilce Castillo Cardozo, con el fin de que se librara mandamiento de pago en contra de la demandada por la suma de $ 29.641.471, valor que incluye el concepto de capital de la cuota vencida, interés de mora, interés de plazo sobre las cuotas vencidas de capital y cuotas vencidas de plazo acelerado, y se le condenara al pago de costas del proceso. La parte demandante señaló que la demandada solicitó un crédito en la modalidad de vivienda, en virtud del cual se le entregó la suma de $ 21.484.000. Como respaldo, suscribió el pagaré N.º 30379901 del 27 de enero de 2017. |
2. Estos procesos fueron asignados al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, el cual, en la totalidad de los expedientes: (i) libró mandamiento de pago en contra del demandado y (ii) ordenó seguir adelante con la ejecución de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo.
|
Expediente |
Fecha de auto que ordena seguir adelante con la ejecución |
|
6462 |
7 de octubre de 2020[18] |
|
6464 |
14 de marzo de 2019[19] |
|
6533 |
16 de febrero de 2012[20] |
|
6547 |
2 de agosto de 2024[21] |
|
6548 |
26 de julio de 2022[22] |
|
6560 |
26 de junio de 2023[23] |
|
6561 |
21 de noviembre de 2022[24] |
|
6572 |
6 de mayo de 2024[25] |
|
6594 |
10 de noviembre de 2020[26] |
|
6599 |
2 de agosto de 2024[27] |
|
6656 |
31 de mayo de 2012[28] |
|
6666 |
24 de julio de 2024[29] |
|
6670 |
17 de noviembre de 2020[30] |
3. El Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca declaró su falta de jurisdicción para seguir conociendo de los procesos en los siguientes autos: 17 de noviembre de 2020[31], 24 de julio de 2024[32], 11 de diciembre de 2024[33], 13 de enero de 2025[34]6, 6 de marzo de 2025[35], 6 de diciembre de 2024[36], 13 de diciembre de 2024[37], 15 de enero de 2025[38] y 16 de diciembre de 2024[39]. Con fundamento en lo anterior, remitió los expedientes a la oficina de reparto de la ciudad de Arauca para que su conocimiento fuera asignado a los jueces administrativos del circuito judicial de esa misma ciudad.
4. Para fundamentar esta posición, el juez 002 Civil Municipal explicó que, si bien los pagarés no se suscribieron en el marco de un contrato estatal, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, cuando una entidad pública incorpora derechos en títulos valores en el marco de sus funciones y con recursos públicos, la competencia para conocer de su ejecución corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En concreto, advirtió que la Corte, en el Auto 403 de 2021, señaló que:
en adelante, cuando (i) una entidad estatal (ii) incorpore derechos en títulos-valores (iii) en el marco de sus relaciones contractuales, y (iv) quien fue parte en ese contrato (v) la demande para hacer efectivo el pago del derecho incorporado, (vi) la jurisdicción competente será la de lo contencioso-administrativo, (vii) por tratarse de controversias derivadas del contrato estatal. Además, precisó que este Tribunal ha reconocido que, independientemente del régimen aplicable, aquellos contratos, en los que sea parte una entidad pública, son por definición, contratos estatales.
5. Por último, precisó que el IDEAR no es una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera y, por lo tanto, no se debe aplicar la regla de exclusión establecida en el artículo 105 del CPACA.
6. A continuación, se presentan las decisiones de cada una de las autoridades judiciales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que rechazaron su competencia para conocer de los procesos ejecutivos, propusieron conflictos negativos entre jurisdicciones y remitieron los expedientes a esta corporación:
|
Expediente |
Síntesis |
|
El Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Arauca, en los autos del 27 de marzo de 2025, declaró su falta de jurisdicción, propuso un conflicto de jurisdicciones y remitió los expedientes a este Tribunal. Argumentó que el artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de la controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
En esa línea, señaló que, en el auto 1080 de 2022, la Corte estableció, como regla de decisión jurisprudencial, que la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil es la competente para conocer de los procesos ejecutivos hipotecarios en los que haga parte una entidad pública. |
|
|
6533 |
El Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Arauca, en auto del 27 de marzo de 2025, declaró su falta de jurisdicción, propuso un conflicto de jurisdicciones y remitió el expediente a este Tribunal. A su juicio, debe aplicarse la excepción prevista en el artículo 105 del CPACA respecto de la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, debido a que el IDEAR es una institución financiera. Agregó que si bien el IDEAR, no se encuentra dentro del listado de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, dicha situación no elude la regla planteada por la misma Corte Constitucional, esta es, que esté sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera[42]. |
|
|
En autos del 26 de marzo de 2025, el Juzgado 003 Administrativo del Circuito de Arauca declaró su falta de jurisdicción, propuso un conflicto de jurisdicciones y remitió los expedientes de ambos procesos, por separado, a este Tribunal.
En primer lugar, argumentó que, de acuerdo con la Corte, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer estos procesos cuando el título valor tiene origen en un contrato estatal. Lo que, según expuso, ocurre en dos casos: (i) cuando hay certeza de la existencia del contrato estatal, o (ii) cuando, aunque no haya certeza, la controversia puede involucrar un acto o contrato de una entidad pública. Sostuvo que, si se prueba con certeza que el título valor no proviene de un contrato estatal, la competencia corresponde a la Jurisdicción Ordinaria.
En segundo lugar, señaló que la Jurisdicción Contenciosa es competente solo en aquellos eventos en los que el título valor fue emitido por una entidad que no es una institución financiera. Al respecto agregó, después de citar varios casos de conflictos de jurisdicción decididos por la Corte, que: solo cuando se verifique que el surgimiento del título valor goza del respaldo de un contrato estatal y la entidad que emite referido bien mercantil no posee la condición de institución financiera, la competencia es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Finalmente, tras analizar la naturaleza jurídica del IDEAR, concluyó que esta entidad es un establecimiento público, que es considerado un Instituto de Fomento y Desarrollo Territorial (INFI). Indicó que normativamente está sujeto al control de la Superintendencia Financiera, conforme con el artículo 2 del Decreto 1117 de 2013. Por esto, le resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 105.1 del CPACA. |
|
|
El Juzgado 006 Administrativo del Circuito de Arauca, mediante autos del 31 de marzo de 2025, declaró su falta de jurisdicción en los presentes casos. Propuso un conflicto negativo de jurisdicción y remitió el expediente a la Corte. Argumentó que, si bien el artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de controversias originadas en contratos en los que interviene una entidad estatal, y en los que entran los respectivos pagarés como especie de título valor, en los términos del artículo 297.3 del CPACA, no ocurre lo mismo para el caso en que el título valor no esté vinculado a un contrato estatal. Por lo tanto, sostuvo que para este tipo de casos no se activa la cláusula de competencia prevista en el numeral 6 del artículo 104 del CPACA. Para soportar esta posición, se apoyó en el auto 1027 de 2021.
Así mismo, señaló que el IDEAR es una entidad financiera del nivel territorial, constituida como establecimiento público. Igualmente, que, en virtud del artículo 270.2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), las entidades descentralizadas que realicen las actividades a las que se refiere el artículo 268.2 de la misma normativa están sujetas al control de la Superintendencia Financiera. Por lo anterior, al IDEAR le es aplicable el artículo 150.1 del CPACA, lo que implica que el asunto no debe ser asumido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Con base en lo anterior y en la cláusula residual de competencia prevista en el artículo 15 del CGP y el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, concluyó que el presente asunto corresponde a la Jurisdicción Ordinaria. |
|
6572
|
El Juzgado 004 Administrativo del Circuito de Arauca, mediante auto del 21 de abril de 2025, declaró su falta de competencia, propuso un conflicto negativo de jurisdicción y remitió el expediente a este Tribunal. Argumentó que, si bien el artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de controversias originadas en contratos en los que interviene una entidad pública, la ejecución de una hipoteca no deriva necesariamente de un contrato estatal, sino de un derecho real. Por lo tanto, no se activa la cláusula de competencia prevista en el numeral 6 del artículo 104 del CPACA.
En esa línea, indicó que la Corte, en el Auto 1080 de 2022, fijó como regla de decisión que la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, es la competente para conocer de los procesos ejecutivos hipotecarios en los que haga parte una entidad pública. Con base en dicha regla y en la cláusula residual de competencia prevista en el artículo 15 del CGP, concluyó que el presente asunto corresponde a la Jurisdicción Ordinaria[47]. |
|
6594
|
El Juzgado 002 Administrativo del Circuito de Arauca, mediante auto del 22 de abril de 2025, declaró su falta de competencia, propuso un conflicto negativo de jurisdicción y remitió el expediente a la Corte Constitucional. Argumentó que, si bien el artículo 104 del CPACA atribuye competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ciertos procesos ejecutivos, ello no aplica cuando la ejecución se fundamenta en una garantía real como la hipoteca, incluso si una entidad pública es parte del proceso. Señaló que este tipo de obligación no se origina en una providencia, laudo o contrato estatal, por lo que no se configura ninguno de los supuestos del numeral 6 del artículo 104 del CPACA.
Además, citó como precedente el Auto 1089 de 2022, en el que la Corte resolvió un conflicto negativo de jurisdicción entre un juzgado civil del circuito y uno administrativo en un caso de ejecución hipotecaria adelantado por una entidad pública, y en el que fijó como regla de decisión que la Jurisdicción Ordinaria es la competente en estos casos con fundamento en el artículo 15 del CGP. Añadió que esa misma regla jurisprudencial ha sido reiterada por la Corte en los autos 1514 de 2022, 370 de 2023, 1092 de 2023 y 1970 de 2024. Con fundamento en este precedente, concluyó que la competencia para conocer del presente asunto recae en la Jurisdicción Ordinaria[48]. |
|
6599
|
El Juzgado 005 Administrativo del Circuito de Arauca, mediante auto del 23 de abril de 2025, declaró su falta de competencia, propuso un conflicto negativo de jurisdicción y remitió el expediente a esta Corporación. Señaló que, aunque la entidad ejecutante es pública, la obligación cuyo pago se exige mediante el proceso ejecutivo no se deriva de una providencia, laudo o contrato estatal, sino de un título valor respaldado por garantía hipotecaria. Destacó que, conforme con la certificación emitida por la propia entidad demandante, el pagaré que pretende ser ejecutado no se originó en un contrato estatal, por lo que no se configura ninguno de los supuestos previstos en el numeral 6 del artículo 104 del CPACA.
En respaldo de esta conclusión, citó los autos 1027 de 2021, 1092 de 2023 y 1622 de 2024, en los que la Corte resolvió conflictos negativos de jurisdicción en procesos ejecutivos en los que no existía contrato estatal subyacente al título valor. Reiteró especialmente la regla de decisión fijada en el Auto 1092 de 2023, según la cual, cuando se pretende hacer efectiva una garantía real como la hipoteca, incluso si una entidad pública es parte del proceso, la competencia corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, conforme con el artículo 15 del CGP. Con fundamento en estos precedentes, concluyó que el juez natural del proceso es el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca[49]. |
|
6656
|
El Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Arauca, mediante auto del 2 de mayo de 2025, declaró su falta de competencia, propuso un conflicto negativo de jurisdicción y remitió el expediente a este Tribunal. Indicó que, aunque el proceso fue inicialmente tramitado por la Jurisdicción Ordinaria, la ejecución promovida por IDEAR no se deriva de una condena, laudo o contrato estatal, sino de un pagaré que opera de forma autónoma, sin relación contractual previa. Resaltó que la propia entidad ejecutante certificó que el pagaré N.º 30374908 no se originó en un contrato entre las partes, por lo que el proceso no se enmarca en ninguno de los supuestos del numeral 6 del artículo 104 del CPACA.
Agregó que debe aplicarse la cláusula general de competencia prevista en el artículo 15 del CGP y citó como precedente la regla fijada por la Corte en el Auto 1027 de 2021, según la cual la Jurisdicción Ordinaria Civil es competente para conocer procesos ejecutivos fundados en títulos valores que no se deriven de contratos estatales. Añadió que los precedentes de los autos 554 y 618 de 2023, invocados por el juzgado municipal, no son comparables con este caso, ya que en aquellos sí existía un contrato estatal como fuente de la obligación cobrada. En consecuencia, concluyó que el juez natural del proceso es el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca[50]. |
|
|
En autos del 02 de mayo de 2025, el Juzgado 001 Administrativo del Circuito de Arauca declaró su falta de competencia, propuso un conflicto de jurisdicción y remitió el expediente a este Tribunal.
En primer lugar, señaló que la ejecución no se origina en un contrato estatal, por lo que no se cumple el requisito del artículo 104.6 del CPACA. Indicó que la demanda se basa únicamente en un pagaré, lo que activa la cláusula residual del artículo 15.1 del CGP, según la cual la Jurisdicción Ordinaria Civil es competente para conocer procesos ejecutivos fundados en títulos valores sin origen contractual estatal. Por ello, consideró innecesario establecer si el IDEAR tiene carácter de entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, pues no hay lugar a acudir al artículo 105.1 del CPACA.
En segundo lugar, afirmó que los precedentes citados por el juzgado municipal no son aplicables, ya que en esos casos existía un contrato estatal como base del proceso, lo cual no ocurre en el presente asunto. Por lo tanto, no es procedente extender criterios jurisprudenciales a situaciones con hechos distintos. |
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
7. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
B. Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones
8. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones, se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[53]. De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que se configuren estos conflictos, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo, los cuales se explican en el siguiente cuadro:
|
Presupuestos que acreditan un conflicto entre jurisdicciones |
|
|
Subjetivo |
Exige que la controversia se suscite, por al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[54]. |
|
Objetivo |
Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[55]. |
|
Normativo |
Requiere que las autoridades en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[56]. |
C. Inexistencia de un conflicto entre jurisdicciones. Incumplimiento del elemento objetivo
9. En relación con el presupuesto objetivo, cabe señalar que la Corte se ha declarado inhibida cuando la pretensión del demandante fue resuelta y el proceso judicial finalizó. Por ejemplo, en el Auto 1070 de 2023[57], esta corporación se declaró inhibida para resolver un aparente conflicto positivo de competencia en un proceso ejecutivo en el que ya se había librado mandamiento de pago, decretado y practicado medidas cautelares, adelantado la diligencia de remate y adjudicado el bien.
10. De manera similar, en el Auto 973 de 2024[58], la Sala concluyó que tampoco se cumplía el presupuesto objetivo en un caso en el que el proceso ejecutivo había culminado con la aprobación de la liquidación de costas judiciales, por lo cual consideró que se había cumplido con el objeto del proceso, pese a que subsistían actuaciones pendientes orientadas a dar efectividad a la orden de pago.
11. Luego, en el Auto 1036 de 2024, este tribunal se refirió al momento en que, concretamente, finaliza un proceso ejecutivo. Para ello, recordó que el artículo 430 del Código General del Proceso (CGP) establece que, presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación [ ]; y que los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. De ahí, entonces, que se entienda que, en los casos en los que el demandando no propone excepciones de mérito, el proceso ejecutivo finaliza cuando el juez profiere el auto de seguir adelante con la ejecución, el cual no admite recursos. Al respecto, el artículo 440 del CGP establece lo siguiente:
si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.
12. Adicionalmente, esta corporación, en el Auto 223 de 2025, advirtió que el artículo 440 de la citada ley determina que, si el ejecutado no propone excepciones de manera oportuna, el juez ordenará en auto el remate y el avalúo de los bienes embargados o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado. Por su parte, el artículo 446 del CGP señala que ejecutoriado el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito que será aprobada o modificada en auto. Finalmente, en el artículo 447 del mismo código se indica que una vez ejecutoriado el auto que aprueba la liquidación del crédito o las costas, el juez ordenará la entrega del dinero embargado al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado.
13. Es claro, entonces, que el auto por medio del cual el juez libra el mandamiento de pago no finaliza el litigio, pues la parte demandada cuenta, en ese momento, con la posibilidad de presentar excepciones de mérito. Por el contrario, cuando se profiere el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, el demandado no cuenta ya con recursos ni puede controvertir la existencia y exigibilidad de la obligación, por lo que el proceso hace tránsito a cosa juzgada. Así lo explicó la Corte Suprema de Justicia:
(i) Cosa juzgada material (carácter definitivo de la solución del conflicto): Se puede producir en dos eventos concretos: (a) por regla general, cuando se ordena continuar con la ejecución; o (b) cuando se niega la ejecución porque la obligación cuyo cumplimiento forzado se reclamaba no existía, o, habiendo existido, se había extinguido por cualquier causa legal. En el primer caso, las sentencias son definitivas y concluyentes en relación con la existencia, exigibilidad y contenido de la obligación por la que se sigue la ejecución, y la identidad de sus extremos. La jurisdicción confirma, de manera irrevocable, que el ejecutado es deudor de una obligación cierta y determinada, y que el ejecutante es su acreedor correlativo; y esta certeza es final y categórica, impidiendo cualquier cuestionamiento posterior[59].
14. Dicho con otras palabras, una vez satisfechas las pretensiones de la parte ejecutante y las decisiones del juez quedan en firme, se configura la cosa juzgada, entendida como una institución procesal que otorga a las sentencias y a algunas otras providencias, el carácter de definitivas, vinculantes e inmutables, con el propósito de lograr la terminación definitiva de las controversias y salvaguardar el principio de seguridad jurídica[60].
D. Casos concretos
15. En estos casos, se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo, toda vez que la controversia procesal enfrenta a autoridades judiciales pertenecientes a jurisdicciones distintas. Por una parte, el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca y, por la otra, los Juzgados 001, 002, 003, 004, 005 y 006 Administrativos del Circuito de la misma ciudad.
16. Sin embargo, la Sala advierte que no se configuró un conflicto de jurisdicciones en ninguno de los asuntos de la referencia. A pesar de que el elemento subjetivo se encuentra acreditado en todos ellos, debido a que el aparente conflicto se suscitó entre autoridades de distintas jurisdicciones, no sucede lo mismo respecto del elemento objetivo, como se explicará a continuación.
17. Como se expuso previamente, en todos los casos analizados, el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca profirió el auto de seguir adelante con la ejecución. Concretamente, en ese momento las causas de los procesos ejecutivos fueron resueltas y dicha decisión, que no admite recursos, hizo tránsito a cosa juzgada. Lo anterior, sin perjuicio de que eventualmente subsistan actuaciones encaminadas a garantizar la efectividad de la orden de pago proferida. En ese sentido, resolver estos aparentes conflictos de jurisdicciones implicaría, necesariamente, desconocer el carácter inmutable, vinculante y definitivo de las decisiones ejecutoriadas.
18. Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir los presentes asuntos por incumplimiento del presupuesto objetivo, pues no hay una causa judicial vigente respecto de la cual esta corporación deba pronunciarse.
19. Igualmente, debido a que los expedientes CJU-6462, CJU-6464, CJU-6533, CJU-6547, CJU-6548, CJU-6560, CJU-6561, CJU-6572, CJU-6594, CJU-6599, CJU-6656, CJU-6666, CJU-6670 guardan identidad de materia, pues se tratan de procesos ejecutivos finalizados respecto de los cuales surgieron conflictos de jurisdicciones entre las Jurisdicción de lo Contenciosa Administrativo y la Ordinaria civil, la Sala ordenará su acumulación, al igual que remitirlos al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para lo de su competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 del Acuerdo 01 de 2025 de esta Corporación[61].
20. Finalmente, la Sala considera necesario hacer un llamado de atención al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, para que en lo sucesivo se abstenga de suscitar conflictos de jurisdicción en aquellos casos en los que, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación en esta materia, es clara la cesación del objeto del proceso que estuvo bajo su conocimiento.
III. DECISIÓN
En mérito lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE
Primero: ACUMULAR los conflictos de jurisdicciones identificados con los expedientes CJU-6462, CJU-6464, CJU-6533, CJU-6547, CJU-6548, CJU-6560, CJU-6561, CJU-6572, CJU-6594, CJU-6599, CJU-6656, CJU-6666 y CJU-6670, por presentar unidad de materia.
Segundo: Declararse INHIBIDA para resolver los conflictos aparentes de jurisdicciones remitidos por los Juzgados 001, 002, 003, 004, 005 y 006 Administrativos del Circuito de Arauca y el Juzgado 002 Civil Municipal de la misma ciudad.
Tercero: REMITIR los expedientes CJU-6656, 6666 y 6670 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para que proceda conforme a lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 001 Administrativo del Circuito de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.
Cuarto: REMITIR el expediente CJU-6594 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para que proceda conforme a lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 002 Administrativo del Circuito de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.
Quinto: REMITIR el expediente CJU-6533, 6547 y 6548 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para que proceda conforme a lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 003 Administrativo del Circuito de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.
Sexto: REMITIR los expedientes CJU-6462, 6464 y 6572 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para que proceda conforme a lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 004 Administrativo del Circuito de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.
Séptimo: REMITIR el expediente CJU-6599 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para que proceda conforme a lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 005 Administrativo del Circuito de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.
Octavo: REMITIR los expedientes CJU-6560 y 6561 al Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca para que proceda conforme a lo previsto por la presente providencia y para que comunique esta decisión al Juzgado 006 Administrativo del Circuito de la misma ciudad y a los interesados en el presente trámite.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Presidente
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Magistrado
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital CJU-6462. Archivo 009ED_Expediente_02EscritoDemandapdfpdf, página 1.
[2] Expediente digital CJU-6464. Archivo 008ED_Expediente_02EscritoDemandapdfpdf, página 1.
[3] Para efectos de este expediente digital, no se advierte la fecha de presentación o recepción de la demanda.
[4] Expediente digital CJU-6547.Archivo 02EscritoDemandapdf páginas 2 a 5.
[5] Para efectos de este expediente digital, lo que parece ser la fecha de presentación aparece completamente ilegible.
[6] Expediente digital CJU-6548. Archivo 02EscritoDemandapdf páginas 2 a 6.
[7] En este expediente digital, no se advierte la fecha de presentación o recepción de la demanda.
[8] Expediente digital CJU-6560. Archivo 02EscritoDemandapdf páginas 4 a 6.
[9] Expediente digital CJU-6561. Archivo 02EscritoDemandapdf página 1.
[10] Expediente digital CJU-6561. Archivo 02EscritoDemandapdf página 63.
[11] Expediente digital CJU-6572. Archivo 008ED_Expediente_03ActaRepartopdfpdf
[12] Expediente digital CJU-6572. Archivo 007ED_Expediente_02EscritoDemandapdfpdf.
[14] Expediente digital CJU-6594. Archivo 02EscritoDemandapdf.
[15] Expediente digital CJU-6599. Archivo 004Recepcionexped_02EscritoDemandapdfpdf.
[16] Expediente digital CJU-6656. Archivo 005ED_ESCRITODDA_005C01Principalzipzip.
[17] Expediente digital CJU-6656. Archivo 005ED_ESCRITODDA_005C01Principalzipzip.
[18] Expediente digital CJU-6462. Archivo 021ED_Expediente_14AutoSeguirAdelantepdf.
[19] Expediente digital CJU-6464. Archivo 039ED_Expediente_33AutoSeguirAdelantepdf.
[20] Expediente digital CJU6533. Archivo 10AutoSeguirAdelanteEjecucionpdf.
[21] Expediente digital CJU-6547. Archivo 25AutoSeguirEjecuciónpdf.
[22] Expediente digital CJU-6548. Archivo 24AutoSeguirAdelanteEjecuciónpdf.
[23] Expediente digital CJU-6560. Archivo 10AutoSeguirEjecuciopdf.
[24] Expediente digital CJU-6561. Archivo 20AutoSeguirAdelantepdf.
[25] Expediente digital CJU-6572. Archivo 015ED_Expediente_10AutoSeguirEjecuciopdf.
[26] Expediente digital CJU-6594. Archivo 06AutoSeguirAdelanteEjecucionpdf.
[27] Expediente digital CJU-6599. Archivo 013Recepcionexped_11AutoSeguirEjecuciopdf.
[28] Expediente digital CJU-6656. Archivo 005ED_ESCRITODDA_005C01Principalzipzip.
[29] Expediente digital CJU 6666. Archivo 22AutoSeguirEjecucionpdf.
[30] Expediente digital CJU 6670. Archivo 06AutoSeguirAdelanteEjecucionpdf
[31] Expediente digital CJU 6670. Archivo 003ED_ESCRITODDA_003AutoFaltaJurisdicpdf.
[32] Expediente digital CJU 6666. Archivo 003ED_ESCRITODDA_003AutoFaltaJurisdicpdf .
[33] Expediente digital CJU-6533. Archivo 02AutoFaltaJuridiccionpdf.
[34] Expediente digitales: CJU-6462. Archivo 053ED_Expediente_46AutoFaltaJurisdiccpdf y CJU 6594. Archivo 21AutoFaltaJurisdiccionConSentenciapdf.
[35] Expediente digital CJU-6464. Archivo 056ED_Expediente_50AutoFaltaJurisdiccpdf.
[36] Expedientes digitales: CJU-6572. Archivo 016ED_Expediente_11AutoFaltaJurisdiccpdf y CJU 6599. Archivo 019Recepcionexped_17AutoFaltaJurisdiccpdf.
[37] Expediente digital CJU-6656. Archivo 003ED_ESCRITODDA_003AutoFaltaJurisdicpdf.
[38] Expedientes digitales: CJU 6547. Archivo 36AutoFaltaJruridicciónconSentencia; CJU 6448. Archivo "74AutoFaltaJurisdiccionConSentenciapdf y CJU 6561. Archivo 028ED_Expediente_27AutoFaltaJurisdiccpdf
[39] Expediente digital CJU-6560. Archivo 18ED_Expediente_17AutoFaltaJurisdiccpdf.
[41] Expediente digital CJU-6464. Archivo 06_AutoProponeConflictopdf.
[42] Expediente digital CJU-6533. Archivo 7AutoDeclaraComptNegatpdf.
[43] Expediente digital CJU-6547. Archivo 06AutoConflictopdf.
[44] Expediente digital. Archivo 06AutoConflictopdf.
[45] Expediente digital CJU-6560. Archivo 030Autodeclaracio_0166202500024EJECUTIpdf.
[46] Expediente digital CJU-6561. Archivo 041Autodeclaracio_0167202500026EJECUTIpdf.
[47] Expediente digital CJU 6572. Archivo 06AutoProponeConflictopdf.
[48] Expediente digital CJU-6594. Archivo 24DeclaraFaltaJurisdiccionProponeConflictopdf
[49] Expediente digital CJU-6599. Archivo 036Autodeclaracio_FaltaDeJurisdiccionepdf.
[50] Expediente digital CJU-6656. Archivo 003ED_ESCRITODDA_003AutoFaltaJurisdicpdf.
[51] Expediente digital CJU 6666. Archivo 015Autodetramite_20250032EjecutivoAutpdf.
[52] Expediente digital CJU-6670. Archivo 022Autodetramite_20250036EjecutivoAutpdf .
[53] Corte Constitucional, autos 345 de 2018, 328 de 2019 y 452 de 2019.
[54] Corte Constitucional, auto 452 de 2019, a través del cual se reitera el auto 155 de 2019. En idéntico sentido, se establece en el auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 de 2018 y 716 de 2018.
[55] Así las cosas, no existirá conflicto cuando se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe o el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional.
[56] No existirá conflicto cuando se evidencie que, a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, una de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos, aparentemente, fundamento normativo alguno, al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.
[57] Corte Constitucional, auto 1070 de 2023.
[58] Corte Constitucional, auto 973 de 2024.
[59] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de octubre de 2024, radicado N.º 08001-31-53-010-2021-00172-01.
[60] Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
[61] En línea con lo expuesto, el Reglamento Interno de la Corte, Acuerdo 01 de 2025, dispone que: Artículo 105. Acumulación. En asuntos relacionados con acción de tutela, conflictos de competencia en materia de tutela y conflictos entre las distintas jurisdicciones, el despacho de la magistrada o del magistrado sustanciador podrá acumular expedientes después del reparto a dicha magistrada o magistrado sustanciador. El término legal para decidir se contabilizará desde el ingreso del último expediente al despacho. En caso de que alguno de los expedientes acumulados esté anonimizado, el despacho de la magistrada o del magistrado sustanciador al momento de recibir los expedientes acumulados o si decide acumularlos después del reparto, debe proferir un auto en el que se indique si se extiende la reserva a los demás expedientes para garantizar la protección de datos. Énfasis por fuera del texto original.