Sentencia A. 050/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-050/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conocimiento de acciones populares o de grupo cuando el sujeto pasivo es una entidad pública o un particular que desempeñe funciones administrativas

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 050 de 2025

 

Referencia: expediente CJU-6110

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) y el Juzgado 009 Civil Escritural del Circuito de la misma ciudad

 

Magistrada ponente:

Cristina Pardo Schlesinger

 

 

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

      I.            ANTECEDENTES

 

1.                 Los propietarios, locatarios y sucesores de las unidades privadas que conforman el Edificio Atabeira, ubicado en Cartagena, actuando por conducto de su apoderado judicial[1], presentaron demanda en el marco de la acción de grupo en contra de la sociedad Constructores Unidos Unión Global – MAVIG S.A.S., de la sociedad GSA Ingeniería S.A.S., de Diego Fernando Bocanegra Ramírez y de la Alcaldía Mayor de Cartagena. Dentro de las pretensiones de la causa, se solicitó lo siguiente: (i) declarar solidariamente responsables a las demandadas por la vulneración de los derechos e intereses colectivos consagrados en los literales (b), (l), (m) y (n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 frente a la acción y omisión de las demandadas en la depreciación de los bienes inmuebles privados y comunes de la copropiedad[2]. (ii) Ordenar que las entidades, sociedades y personas naturales demandadas procedan al pago del daño emergente a cada una de las personas afectadas con ocasión “de las imprevisiones constructivas” y la negligencia en el desarrollo del proyecto arquitectónico denominado “Edificio Atabeira – propiedad horizontal”[3]. (iii) Ordenar a las demandadas al pago del lucro cesante y del daño moral objetivo y subjetivo y vida en relación[4].

 

2.                 Como fundamento de sus pretensiones, expuso que el inmueble se encuentra ubicado en el Anillo Vial Carrera 9 No. 34-30 de la ciudad de Cartagena (Bolívar)[5] y la acción de grupo se promueve con ocasión a las filtraciones de agua que se están generando en las piscinas[6] del primer y cuarto piso de Edificio Atabeira de única torre para uso de vivienda multifamiliar de doce (12) pisos, las cuales se originaron, por un lado, en la omisión e inobservancia de las normas técnicas de diseño y construcción por parte de las demandadas, y por el otro, en el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Distrital de Cartagena[7].

 

3.                 Por reparto, el conocimiento de la demanda estuvo a cargo del Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar), autoridad que, por medio de auto del 25 de septiembre de 2024, declaró su falta de jurisdicción para conocer de la demanda de acción de grupo. Como fundamento de su decisión, el despacho judicial expuso que el artículo 50 de la Ley 472 de 1998 establece que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”. El despacho judicial consideró que, al tratarse de personas de derecho público y privado las que se encuentran demandadas en la acción de grupo, procedía la evaluación de la configuración del fuero de atracción conforme lo estableció el Auto 647 de 2021 de la Corte Constitucional, por medio del cual se resolvió un conflicto de jurisdicciones.

 

4.                 Descendiendo al caso concreto, el Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) concluyó que el fundamento fáctico solamente se limita a endilgar concretamente responsabilidad a las sociedades Constructores Unidos UNIÓN GLOBAL – MAVIG S.A.S. y GSA INGENIERÍA S.A.S., pero la Alcaldía Mayor de Cartagena no es partícipe en ninguno de los hechos que fundamentan la demanda[8], por lo que para la autoridad judicial se puede inferir razonablemente que son bajas las probabilidades “de que el Distrito de Cartagena de Indias resulte condenado, porque en el texto de la demanda no se imputó ni una sola acción u omisión concreta en su contra que estuviese directamente relacionada con el hecho dañoso”[9]. En consecuencia, el despacho ordenó remitir el expediente a los juzgados civiles del circuito de Cartagena (Bolívar).

 

5.                 Efectuado nuevamente el reparto del proceso, el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado 009 Civil Escritural del Circuito de Cartagena (Bolívar)[10] autoridad que, mediante auto del 31 de octubre de 2024, declaró su falta de jurisdicción para conocer del presente asunto. Como fundamento de su decisión, el despacho judicial consideró que en el texto de la demanda “se observan consignados los reproches que realiza frente a los particulares y los que le dirige respecto a la Alcaldía Mayor de Cartagena, haciendo énfasis en que se evidencia una deficiencia en el diseño y constructiva por parte de las personas jurídicas de derecho privado demandadas”[11]. Para tal efecto, el Juzgado 009 transcribió los apartados de la demanda donde se endilga la responsabilidad solidaria de la Alcaldía Mayor de Cartagena (Bolívar), por lo que el despacho judicial concluyó que sí se incluyó formalmente a la Alcaldía como demandada en la acción de grupo. Por lo tanto, ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto[12].

 

6.                 Mediante Oficio No. 1812 del 13 de noviembre de 2024, el Juzgado 009 Civil Escritural del Circuito de Cartagena (Bolívar), remitió el expediente a la Corte Constitucional[13].

 

7.                 El 22 de noviembre de 2024, el expediente de la referencia, fue repartido el asunto al despacho de la magistrada sustanciadora^[14].

 

 

II.                    CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

8.                 La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2. Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

 

9.                 La Sala Plena debe resolver el conflicto suscitado entre el Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) y el Juzgado 009 Civil Escritural del Circuito de la misma ciudad. Para tal efecto, verificará si la colisión entre las mencionadas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones. En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer las demandas de acción de grupo cuando una de las demandadas es una entidad pública. Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso.

 

3. Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

10.             Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[15]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[16], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

Tabla 1. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones.

 

 

11.             La acreditación de estos presupuestos es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declararse inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con alguna de estas exigencias.

 

12.             La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. La Sala Plena constata que la controversia sobre la competencia para conocer la demanda de acción de grupo presentada los propietarios, locatarios y sucesores de las unidades privadas que conforman el Edificio Atabeira configura un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones. Esto es así, porque:

 

(i)           Satisface el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, el Juzgado 009 Civil Escritural del Circuito de Cartagena (Bolívar), que forma parte de la jurisdicción ordinaria, y el Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar)^[20] que integra la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

(ii)        Cumple con el presupuesto objetivo, puesto que se constata la existencia de una causa judicial que se relaciona con una demanda de acción de grupo cuyas pretensiones se dirigen a obtener una reparación por concepto de daño emergente, lucro cesante, daño moral y vida en relación respecto de filtraciones de agua provenientes de las piscinas que han generado daños a la infraestructura física de la copropiedad.

 

(iii)     Está acreditado el presupuesto normativo, debido a que los juzgados enfrentados expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrafos 3 – 4 – 5 supra).

 

4.                 Competencia para conocer de las acciones de grupo y la jurisdicción competente para tramitarlas. Reiteración del Auto 1585 de 2023

 

13.             La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante el Auto 1585 de 2023[21], estableció la regla de decisión según la cual: “De conformidad con el artículo 50 de la Ley 472 de 1998, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer, tramitar y decidir los procesos originados en acciones de grupo promovidos en contra de entidades privadas y públicas, siempre que reclamen el reconocimiento y pago de perjuicios presuntamente causados por la actividad u omisión de esta última”.

 

14.             En el Auto 1585 de 2023, la Sala Plena conoció de un conflicto de jurisdicciones suscitado entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso-administrativa respecto del conocimiento de una acción de grupo formulada en contra de una sociedad comercial y en contra de Bogotá Distrito Capital – Alcaldía Local de Usaquén. La acción de grupo se promovió con la finalidad de que se declarara patrimonialmente responsable a las demandadas por “las graves deficiencias constructivas y daño consumado que presenta la estructura de cimentación y estructura del Edificio (…) que se han traducido en deterioros en las zonas privadas y comunales de la referida copropiedad (…)”[22].

 

15.             La Sala Plena al analizar cuál era la jurisdicción competente, concluyó que el escrito de la demanda permitía evidenciar que, además de presentarse una nominación formal como demandada, también encontró que de la argumentación de la demanda se extraía que la Alcaldía Local era un sujeto relevante para el proceso judicial. En consecuencia, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 472 de 1998, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es la competente para conocer de la acción de grupo pues involucra entidades privadas y públicas[23].

 

5.                 Caso Concreto

 

16.             El presente conflicto debe ser resuelto en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) la competencia para el conocimiento de la demanda de acción de grupo. Lo anterior, por las siguientes razones:

 

(i)   Los propietarios, locatarios y sucesores de las unidades privadas que conforman el Edificio Atabeira, ubicado en el distrito de Cartagena (Bolívar), presentaron una demanda de acción de grupo donde se pretende obtener una indemnización de perjuicios en favor de los demandantes por las filtraciones de agua causadas por las piscinas de la copropiedad, las cuales se originaron, por un lado, en la omisión e inobservancia de las normas técnicas de diseño y construcción por parte de las demandadas, y por el otro, en el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Distrital de Cartagena .

 

(ii) La Sala Plena encuentra que del escrito de la demanda se extrae que la Alcaldía Distrital de la Ciudad de Cartagena de Indias fue nominada formalmente en el capítulo 3 de la demanda al incluir a la entidad pública en el listado de las y los demandados[24].

 

(iii)          Asimismo, la Sala al realizar la lectura del escrito de la demanda evidencia que los demandantes endilgaron responsabilidad a la Alcaldía Distrital de la Ciudad de Cartagena de Indias en razón a que hubo una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las actuaciones de la constructora, lo cual para los demandantes atenta contra el interés y derecho colectivo de la moralidad administrativa[25]. Para tal efecto, los demandantes dedicaron un capítulo completo para sustentar la vulneración del interés colectivo de moralidad administrativa por parte de la Alcaldía, acompañando el análisis de jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado[26].

 

17.             En razón a lo expuesto y de conformidad a la regla de decisión contenida en el Auto 1585 de 2023, la Corte Constitucional dirimirá el presente conflicto de jurisdicción y declarará que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer el medio de control de la referencia. En consecuencia, se le remitirá el expediente al Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 009 Civil Escritural del Circuito de Cartagena (Bolívar) y a los demás interesados en el trámite procesal.

 

6.     Regla de Decisión

 

18.             “De conformidad con el artículo 50 de la Ley 472 de 1998, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer, tramitar y decidir los procesos originados en acciones de grupo promovidos en contra de entidades privadas y públicas, siempre que reclamen el reconocimiento y pago de perjuicios presuntamente causados por la actividad u omisión de esta última”[27].

 

III.                DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE      

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) y el Juzgado 009 Civil Escritural del Circuito de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) es la autoridad competente para conocer la demanda de acción de grupo presentada por los propietarios, locatarios y sucesores de las unidades privadas que conforman el Edificio Atabeira en contra las sociedades Constructores Unidos Unión Global – MAVIG S.A.S., GSA Ingeniería S.A.S., de la persona natural Diego Fernando Bocanegra Ramírez y de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-6110 al Juzgado 010 Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y Juzgado 009 Civil Escritural del Circuito de Cartagena (Bolívar).

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Ausente con excusa

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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