Sentencia A. 035/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-035/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos sobre sistema de seguridad social integral de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado

 

​​REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 035 DE 2025

 

                                                    Referencia: expediente CJU-6069

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 050 Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Segunda y el Juzgado 048 Laboral del Circuito de Bogotá

 

Magistrada sustanciadora: Cristina Pardo Schlesinger

 

 

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en virtud de sus atribuciones constitucionales, en particular la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

1. La señora Sara Esperanza González de Novoa, mediante apoderada judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones), con el fin de obtener (i) la declaratoria de nulidad absoluta de las resoluciones Nº AP 00927817 del 21 de mayo de 2023 y Nº AP 01432795 del 1 de abril de 2024 por medio de las cuales se le comunicó la liquidación certificada de la deuda por el pago de sus aportes pensionales y se resolvió el recurso de reposición que interpuso en contra de dicha decisión “actualizando la deuda, teniendo en cuenta -parcialmente- el pago y/o reporte de novedades realizadas por el deudor en los ciclos y ciudadanos informados” y (ii) a título de restablecimiento del derecho, la condena de Colpensiones a reembolsar a su favor el dinero que pagó sin tener el deber de hacerlo, de manera indexada, además de sufragar las costas y los perjuicios ocasionados^[1].

 

2. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado 050 Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Segunda quien, mediante providencia del 22 de agosto de 2024, determinó que carecía de jurisdicción para conocer del asunto. Primero, indicó que la jurisdicción competente para conocer de asuntos relacionados con el sistema de seguridad social integral, independientemente de la relación jurídica o los actos enjuiciados, es la ordinaria en su especialidad laboral. Segundo, argumentó que, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, la demandante estuvo vinculada a Colpensiones en calidad de aportante independiente por lo que es posible afirmar que no existió una relación legal y reglamentada con el Estado, de la cual se derivaran los aportes. Por estos motivos, determinó que la jurisdicción competente para conocer del asunto es la ordinaria en su especialidad laboral. Lo anterior, con base en de lo dispuesto en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social^[2] (en adelante, CPTSS) y en los artículos 104 y 155^[3] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA)^[4].

 

3. El proceso fue repartido al Juzgado 048 Laboral del Circuito de Bogotá quien, a través de providencia del 25 de octubre de 2024, (i) declaró su falta de competencia para conocer el asunto; (ii) provocó un conflicto negativo de competencia; y (iii) ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional. Para sustentar su posición argumentó que la demandante pretende la declaratoria de nulidad de dos actos administrativos de carácter particular expedidos por Colpensiones razón por la cual el conocimiento del asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ello, en virtud de lo estipulado en el artículo 2 del CPTSS^[5] y el artículo 155 del CPACA^[6].

 

4. El expediente fue radicado en la Secretaría General de la Corte el 6 de noviembre de 2024, siendo repartido a la magistrada sustanciadora el 22 de noviembre de 2024 y entregado a su despacho el 25 de noviembre siguiente.

 

1.     Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones

 

2.     Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

9. En el caso en concreto, la Sala encuentra que se cumple el presupuesto subjetivo. El Juzgado 050 Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Segunda (autoridad que integra la jurisdicción de lo contencioso administrativo) rechazó su competencia para asumir el conocimiento de este asunto el 22 de agosto de 2024. Por su parte, el Juzgado 048 Laboral del Circuito de Bogotá (que integra la jurisdicción ordinaria) hizo lo mismo el 25 de octubre de 2024. Como se evidencia, las dos autoridades que rechazan su competencia (i) ejercen funciones jurisdiccionales, y (ii) lo hacen dentro de distintas jurisdicciones.

 

11. En el caso objeto de estudio, la Corte encuentra satisfecho el presupuesto objetivo en la medida en que existe una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Sara Esperanza González de Novoa en contra de Colpensiones.

 

 

14. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional considera que se encuentran acreditados los presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 050 Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Segunda y el Juzgado 048 Laboral del Circuito de Bogotá.

 

3. Criterios que determinan la competencia jurisdiccional para resolver controversias relacionadas con la seguridad social. Reiteración de jurisprudencia.

 

15. Según lo estipulado en el inciso primero del artículo 104 del CPACA, le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento “de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”^[13]. De igual forma, en su numeral 4, el precitado artículo dispuso que dentro de los procesos respecto de los cuales dicha jurisdicción es competente se encuentran “[l]os relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público”. Por ende, se ha entendido que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de aquellas controversias relacionadas con la prestación de los servicios de seguridad social, suscitadas entre empleados públicos y las entidades estatales administradoras del régimen respectivo.

 

16. Por otra parte, el artículo 2 del CPTSS^[14] establece una cláusula residual y general de competencia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social. En particular, el numeral 4 de la precitada norma, dispone que dicha jurisdicción es competente para conocer “[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”.

 

17. Ahora bien, mediante Auto 710 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió un conflicto suscitado entre las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y la ordinaria laboral para conocer de una demanda que pretendía dejar sin efectos algunas decisiones administrativas mediante las cuales Colpensiones negó la devolución de los aportes realizados por el actor ante el ISS y que, según el dicho de este último, no habían sido tenidos en cuenta para el reconocimiento de su pensión de vejez. En esa oportunidad, la Corte asignó el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria laboral en virtud de la cláusula general de competencia en materia laboral y de seguridad social estipulada en el artículo 2 del CPTSS.

 

18. Para sustentar su decisión, la Corporación explicó que “la competencia sobre un proceso relacionado con la seguridad social no se define únicamente por la naturaleza del acto que se demanda, sino por la calidad que ostenta el trabajador que pretende el reconocimiento de algún derecho o prestación relacionado con esa materia”^[15].

 

19. En ese sentido, la Corporación determinó que “(i) la jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer de las controversias relacionadas con la seguridad social de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado, sin perjuicio de si la entidad administradora es de derecho público o privado; y (ii) la jurisdicción contencioso administrativa asumirá los procesos relativos a la seguridad social de los empleados públicos, cuando su régimen es administrado por una persona del derecho público”.^[16]

 

20. Dicha postura fue reiterada en el Auto 879 de 2021 en el que la Corte resolvió un conflicto negativo suscitado entre las jurisdicciones de lo contencioso administrativo y la ordinaria laboral con ocasión de una demanda en la que se cuestionaba la legalidad de una investigación administrativa especial adelantada por Colpensiones, la cual dio lugar a que dicha entidad profiriera un acto administrativo revocando el reconocimiento de la pensión de vejez del demandante.

 

21. En esa oportunidad, la Sala Plena consideró aplicable la decisión adoptada en el Auto 710 de 2021 puesto que “[s]i bien en aquella oportunidad los actos administrativos cuestionados versaban sobre una cuestión diferente a los que reprocha el demandante en este asunto, en ambos casos las razones que originaron el conflicto de jurisdicciones se centran en establecer si la competencia sobre un proceso relacionado con la seguridad social se define únicamente por la naturaleza del acto que se demanda, o si debe tener en cuenta la calidad que ostenta el trabajador que pretende el reconocimiento de la prestación. En consecuencia, la regla fijada en el Auto 710 de 2021 es aplicable al caso”.

 

22. En línea con lo anterior, la Corte definió que la demanda debía ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral puesto que el demandante se había desempeñado como trabajador particular y pretendía controvertir los actos administrativos mediante los cuales Colpensiones había adoptado decisiones en cuanto a su derecho a la seguridad social.

 

23. En virtud de lo expuesto previamente es posible afirmar que (i) la jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer de los procesos judiciales relacionados con la seguridad social de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado, en virtud de la cláusula general de competencia contenida en el artículo 2º del CPTSS; y (ii) la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para estudiar y decidir de fondo las demandas relacionadas con la seguridad social de los empleados públicos, cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público, como lo dispone el artículo 104.4 del CPACA.^[17]

 

4. Caso concreto

 

24. La Sala Plena dirime el presente conflicto de jurisdicciones en el sentido de determinar que la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer la demanda instaurada por Sara Esperanza González de Novoa en contra de Colpensiones, con base en las siguientes consideraciones.

 

25. En el caso en concreto, la Corte advierte que Sara Esperanza González de Novoa pretende que (i) se declare la nulidad absoluta de las resoluciones Nº AP 00927817 del 21 de mayo de 2023 y Nº AP 01432795 del 1 de abril de 2024 expedidas por Colpensiones, por medio de las cuales se le comunicó la liquidación certificada de la deuda por el pago de sus aportes pensionales y se resolvió el recurso de reposición que interpuso en contra de dicha decisión “actualizando la deuda, teniendo en cuenta -parcialmente- el pago y/o reporte de novedades realizadas por el deudor en los ciclos y ciudadanos informados” y (ii) se condene a Colpensiones a reembolsar a su favor el dinero que pagó sin tener el deber de hacerlo, de manera indexada, además de sufragar las costas y los perjuicios ocasionados.

 

26. De igual forma, la Corporación observa que, de los archivos que reposan en el expediente, principalmente las planillas de pago simple que presuntamente dan cuenta de los pagos realizados por la demandante se desprende que esta última actúa en calidad de trabajadora independiente.

 

27. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que la controversia recae sobre la seguridad social de una trabajadora independiente, lo cual implica la aplicación de la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral en materia de seguridad social, contenida en el artículo 2 del CPTSS. Por ende, la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para conocer la demanda instaurada por Sara Esperanza González de Novoa en contra de Colpensiones.

 

28. Llegados a este punto es menester reiterar que la naturaleza del acto que se demanda no determina la competencia para conocer de un asunto de la seguridad social, como lo afirmó el Juzgado 048 Laboral del Circuito de Bogotá. El criterio relevante es entonces la calidad de trabajadora independiente que ostenta la señora Sara Esperanza González de Novoa.

 

29. Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala Plena dirimirá el conflicto entre jurisdicciones de la referencia, en el sentido de asignar la competencia para conocer del asunto al Juzgado 048 Laboral del Circuito de Bogotá.

 

5. Regla de decisión

 

La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer un proceso promovido por un trabajador privado que busca obtener la nulidad de una resolución que negó la devolución de aportes pensionales, originados en una relación de trabajo con una entidad privada. Ello, con fundamento en la cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral en materia de seguridad social, contenida en el artículo 2º del CPTSS.

 

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