A- de 2023

Conflicto de competencia suscitado entre las Salas Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Encontró la Corte que en este caso sólo se configuró un conflicto aparente de competencia.

Ello, porque la discusión entre las dos Salas giró en torno a la aplicación de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 333 del 2021 y no se relacionó con los presupuestos establecidos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

Recordó la Sala Plena de la Corporación que, los jueces no pueden proponer conflictos negativos de competencia alegando situaciones o circunstancias ajenas a las citadas reglas de competencia, ya que de esta manera se estaría limitando el acceso a la administración de justicia.

Precisó además que, las normas de reparto consagradas en el Decreto 1382 de 2000 fueron definidas con el fin de organizar la distribución de los asuntos entre varios jueces competentes por razón del principio de desconcentración, pero dichas normas no determinan concretamente el juez o jueces que, de acuerdo con la ley, pueden resolver de fondo la controversia sobre los derechos fundamentales que sea puesta bajo su conocimiento.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, continúe con el trámite y profiera decisión de fondo a la que haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991.

A las dos autoridades se les advierte que, en lo sucesivo, deben abstenerse de promover conflictos aparentes de competencia con base en reglas de reparto y por, el contrario, observar las normas de competencia en materia de tutela y la jurisprudencia constitucional sobre los conflictos de competencia.

Así mismo se les advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo que deben observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.