Discrepancias sobre el acaecimiento de causales de disolución

El Despacho desestimó las pretensiones de la demanda, tendientes a declarar que la sociedad demandada se encontraba incursa en la causal de disolución por la imposibilidad de desarrollar su objeto social y por la inexistencia de ánimo societario, con base en lo siguiente: Tras analizar las pruebas aportadas al proceso, en especial las declaraciones propuestas por el demandante, observó la existencia de desavenencias entre los socios de la compañía. No obstante, aclaró que tales desacuerdos no suponen automáticamente la configuración de la imposibilidad de desarrollar el objeto social como causal de disolución. Por otra parte, manifestó que las presuntas omisiones por parte del representante legal podrían debatirse en otros escenarios, más no en la acción invocada. Respecto al presunto bloqueo del máximo órgano social que desembocaría en la causal de imposibilidad de desarrollar el objeto social, verificó que solo se habrían convocado a dos reuniones desde la constitución de la sociedad, por lo que no era viable concluir que existe un bloqueo. Tampoco se comprobó que se hubiere entorpecido alguna operación comercial por falta de autorización por parte del máximo órgano social, como lo afirmó el demandante. En relación con la supuesta inactividad de la compañía desde el año 2021, conforme a lo afirmado por las partes a lo largo del proceso, señaló que tal hecho no puede confundirse con la causal invocada, en la medida en que la sociedad puede, en cualquier momento, por medio del representante legal, reactivar sus actividades aun cuando continúen los desacuerdos.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante Auto con radicado número 002202200118 05 del 4 de septiembre de 2023, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto.

Antecedentes. El proceso iniciado por Julio César Vargas Castro en contra de Engitec S.A.S. y Daniela Ballén Castañeda, surtió el curso escrito a continuación: Primero: El 7 de junio de 2022, se admitió la demanda Segundo: El 9 de agosto de 2022, se cumplió el trámite de notificación. Tercero: El 2 de febrero de 2023, se celebró la audiencia inicial convocada por el Despacho. Cuarto: El 11 de julio de 2023, las partes presentaron sus alegatos de conclusión. Al haberse verificado el cumplimiento de las distintas etapas procesales, conforme con lo previsto en el Código General del Proceso, el Despacho se dispone a proferir sentencia.

Considera este Despacho que la demanda está presentada y está orientada a que se establezca si Engitec S.A.S. está incursa en la causal de disolución por imposibilidad de desarrollar su objeto social y por la inexistencia de animus societatis, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008. Según la información consignada en los estatutos sociales y en el registro mercantil, el objeto social de la compañía consiste en, “prestar servicios de mantenimiento. Asimismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias, o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad”. Para dirimir la controversia antes descrita, es preciso examinar los elementos de juicio disponibles a efectos de determinar si Engitec S.A.S., se encuentra en cursa en la causal de disolución invocada. En ese orden de ideas, lo primero que debe señalarse es que el numeral 2° del artículo 34 de la Ley 1258 de 2008, alude concretamente a la causal de disolución por, “(...) imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el objeto social de la compañía”. Así pues, con el fin de acreditar la aludida imposibilidad, Julio César Vargas Castro, titular del 50% del capital social de Engitec S.A.S., puso de presente, distintas circunstancias que han producido un deterioro de la relación personal y comercial con Daniela Ballén Castañeda, titular del restante 50%. En esa medida, se ha dicho que la señora Ballén Castañeda, no ha asistido a las reuniones de la asamblea general de accionistas de Engitec S.A.S., paralizando así el funcionamiento del referido órgano social, impidiendo la aprobación de los estados financieros, entre otras. Además, se ha dicho que Engitec S.A.S., no cuenta con empleados ni ha celebrado operaciones comerciales en el último año. En ese sentido, el señor Vargas Castro ha señalado que, debido a los inconvenientes presentados con la accionista Daniela Ballén Castañeda, así como el bloqueo del máximo órgano social, no se cuenta con ánimo societario para continuar con el desarrollo del objeto social de Engitec S.A.S. Por lo demás, durante la audiencia celebrada el 2 de febrero de 2023, el apoderado del demandante hizo énfasis en el presunto bloqueo de los órganos sociales, circunstancia que, a su juicio, da lugar a la configuración de la causal invocada. Pues bien, a pesar de los argumentos expuestos por el demandante, los elementos de juicio disponibles en el expediente no dan cuenta precisamente, de que exista una verdadera imposibilidad de desarrollar el objeto social de Engitec S.A.S. En primer lugar, para el Despacho es claro que existen profundas desavenencias entre los socios de la compañía, este tipo de controversias, sin embargo, no suponen indefectiblemente la imposibilidad de desarrollar el objeto social en los términos de la causal de disolución invocada, conforme lo ha indicado en otras oportunidades, este Despacho “Las desavenencias al interior de una sociedad, no necesariamente implican, que los administradores se vean abocados a la cesación de las actividades inherentes a su objeto social, por cuanto el desarrollo de la empresa podría continuar mientras tales discrepancias se superan”. Lo anterior, se señaló el 29 de marzo de 2016. De ahí que el legislador, no haya previsto concretamente la existencia de una causal de disolución por falta del ánimo societario. En segundo lugar, las omisiones endilgadas al representante legal de la compañía parecerían ser ciertas, como la omisión de convocar a reuniones asamblearias por ejemplo. Debe decirse que tales circunstancias podrían eventualmente configurar infracciones a los deberes a cargo de los administradores sociales, en los términos del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Sin embargo, para tal efecto, lo propio no es precisamente iniciar una acción orientada a establecer el acaecimiento de una causal de disolución, sino evaluar la posibilidad de iniciar acciones de responsabilidad o promover posibles investigaciones por vía administrativa. En tercer lugar, este Despacho ha señalado en distintas oportunidades que, “el sistema societario colombiano, no contempla de modo expreso una causal de disolución atada a la parálisis de los órganos sociales. No obstante, esta circunstancia sí puede dar lugar al acaecimiento de la causal de disolución, consistente en la imposibilidad de desarrollar el objeto de una compañía. Esta Superintendencia ha considerado sobre este particular, que la imposibilidad de constituir el máximo órgano social, eventualmente puede ubicar a la sociedad en una causal de disolución, pues entre otras dificultades que esa situación genera, la parálisis prolongada del mencionado órgano, conllevará igualmente, la imposibilidad de desarrollar el objeto social”. Sobre este tema, existen sentencias del 19 de octubre 2012, del 3 de febrero 2015 y el 1 de diciembre de 2004. En ese sentido, Reyes Villamizar, aclara, “(...) sólo en los casos en que la parálisis de los organismos sociales acarree la imposibilidad de desarrollar el objeto social, podrá tenerse el bloqueo como una causal de disolución”. En verdad, es frecuente que se presenten desavenencias entre los asociados de una sociedad, por cuyo efecto se dificulte la toma de decisiones durante la reunión de la asamblea o Junta de socios. Esto no significa que los administradores se vean abocados a la cesación de las actividades de la compañía, por cuanto el desarrollo de la empresa social podría continuar, mientras que los asociados superan sus discrepancias. No obstante, es posible que, en algunos casos, la parálisis del máximo órgano social entorpezca el desarrollo normal de la actividad de la compañía. Ello podría ocurrir, por ejemplo, cuando un conflicto prolongado haga imposible que durante varios ejercicios, se aprueben los estados financieros de la sociedad, se ajusten los salarios de los administradores o se impartan las autorizaciones al representante legal, para celebrar contratos en aquellos casos en los que existan limitaciones estatutarias respecto a sus facultades. Si tales circunstancias, se convierten en un obstáculo insalvable para la continuación de la empresa social, podría configurarse la causal de disolución consagrada en el numeral 2° del artículo 218 del Código de Comercio. En todo caso, la presencia de esta causal, sólo podrá establecerse tras un análisis riguroso, orientado a determinar si la parálisis de los órganos sociales ha hecho imposible la continuación de la actividad de una compañía. En el caso concreto, sin embargo, el demandante confirmó que desde la constitución de la compañía, únicamente convocó a una reunión del máximo órgano social para el 31 de marzo de 2021, así como a la correspondiente reunión de segunda convocatoria para el 7 de mayo de 2021. En esa medida, difícilmente, podría concluirse que existe bloqueo del máximo órgano social, en verdad, aunque para efectos de deliberar y votar en tales sesiones, se requiere la presencia de ambos accionistas, los asociados solamente han sido convocados por el representante legal una única vez con ese fin. En todo caso, tampoco debe perderse de vista, que no cualquier bloqueo del máximo órgano social acarrea la imposibilidad de desarrollar el objeto social. Tal circunstancia, podría presentarse cuando la gestión del representante legal está supeditada a la autorización de la asamblea general de accionistas o la junta de socios. No obstante, de acuerdo con lo mencionado por el demandante durante la audiencia judicial del 2 de febrero de 2023, no se ha truncado ninguna operación comercial, que se pretendiera celebrar con un tercero por falta de autorización asamblearia. Es más, en palabras del señor Vargas Castro, “no ha habido ninguna solicitud de ningún negocio desde aquel entonces. Había que hacer una gestión comercial en todos los negocios para que esto se diera, no existió ninguna solicitud de ningún cliente ni nada, para que nos permitiera continuar con el negocio”. En cuarto lugar, la presunta inactividad de la compañía, tampoco parece ser suficiente para que el Despacho concluya que existe imposibilidad de desarrollar el objeto social. Sobre el particular, las partes han sostenido a lo largo del presente proceso que en Engitec S.A.S., no adelanta operación alguna desde el año 2021. Con todo, el Despacho debe señalar que la inactividad de una sociedad por un periodo prolongado de tiempo, no puede confundirse con la imposibilidad de desarrollar el objeto social; en verdad, la compañía podría en cualquier momento por el conducto de su representante legal principal o suplente, reasumir sus actividades, pese a las presentadas desavenencias. No debe perderse de vista que, para efectos de acreditar la ocurrencia de la causal en comento, el material probatorio debe apuntar a una imposibilidad real de adelantar la operación de la compañía, como por ejemplo, cuando se extinguen los bienes o servicios cuya explotación constituye el objeto social o cuando el bloqueo de los órganos sociales, impide la adopción de determinaciones indispensables para ejercer las correspondientes actividades. Así lo ha señalado este Despacho en distintas oportunidades, sobre este respecto se ha dicho que, “(...) La extinción de las cosas o cosa cuya explotación constituyen el objeto de la compañía es, sin duda, un acontecimiento de carácter excepcional y se configura, por ejemplo, en el caso de una compañía creada para la explotación de una determinada mina de carbón, cuando dicho recurso natural se acaba. Teóricamente, cada vez que se invoque esta causal de disolución, deberá pensarse en la terminación total de los elementos constitutivos del objeto social, pues si ella es parcial, seguramente en la práctica, los socios o accionistas podrán hacer uso de cualquier mecanismo económico y financiero para permitir replantear el negocio y continuar con la empresa social, así lo ha dicho también la doctrina. En síntesis, los elementos de juicio disponibles en el expediente no permiten concluir que en Engitec S.A.S. se encuentre en una imposibilidad real de desarrollar su objeto social. A la luz de las anteriores consideraciones, el Despacho desestimará las pretensiones de la demanda.

Decisión. En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, Primero. Desestimar las pretensiones de la demanda. Segundo. Condenar en costas al demandante y fijar como agencias en derecho a favor de Engitec S.A.S. y de Daniela Ballén Castañeda, una suma equivalente a dos (2) SMLMV. La anterior providencia se profiere a los once días del mes de julio de dos mil veintitrés y se notifica en estrados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas a la parte vencida del proceso, para lo cual se usarán los criterios establecidos en el Acuerdo número PSAA 16-10554 del 5 de agosto de 2016, del Consejo Superior de la Judicatura, para los procesos declarativos en general. Como consecuencia, se fijarán como agencias en derecho a favor de los demandados y a cargo del demandante, una suma equivalente a dos SMMLV.