decreto 209 de 2018

Que el Decreto Ley número 890 de 2017, “por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”, dispone en el artículo 2° que “el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural formulará la política de vivienda de interés social y prioritario rural, y definirá, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, las condiciones para el otorgamiento y ejecución del subsidio”.

Que el mismo decreto ley dispone en el artículo 9°, entre otros aspectos, la forma de efectuar la selección del operador para la administración y ejecución del subsidio de vivienda de interés social rural y prioritario rural, y se establece allí que en todo caso la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Fiduagraria S. A., y la entidad que postule el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, podrán actuar como entidades operadoras del subsidio familiar de vivienda de interés social rural.

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-570 de 2017, declaró la exequibilidad, entre otros, de dicho artículo 9° del Decreto Ley número 890 de 2017, y señaló al respecto: “56.2. Otro de los contenidos del señalado artículo 9° es el que establece la posibilidad de que en los términos y condiciones que establezca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -una vez exista la recomendación de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural- actúen como operadores del subsidio la Agencia de Desarrollo Rural o Fiduagraria S. A. Esta posibilidad no se opone a la Constitución ni afecta los principios que deben regir la actividad contractual del Estado puesto que, de una parte, la Agencia de Desarrollo Rural es una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y, de otra, Fiduagraria es una sociedad anónima de economía mixta sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (sic) y sujeta a la inspección vigilancia y control de la Superintendencia Financiera. Se trata entonces de la posibilidad de que entidades que hacen parte de la administración pública y que pueden tener la capacidad operativa para ejecutar este tipo de actividades asuman dicha tarea”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural podrá recomendar como entidad operadora del subsidio de vivienda de interés social rural a la Agencia de Desarrollo Rural o a Fiduagraria S. A., con quienes el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará directamente la labor de administración conforme al artículo 9° del Decreto Ley número 890 de 2017.

Que por consiguiente se hace necesario adicionar el Capítulo 11 al Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1071 de 2015, con el fin de precisar aspectos atinentes a la intervención de esas entidades operadoras, previstas en el mencionado decreto ley.