decreto 1900 de 2023

Que el Tratado de Montevideo 1980, que instituye la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 45 de 1981; Que, en desarrollo de los mecanismos previstos en el mencionado Tratado, los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Cuba suscribieron el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica número 49 (ACE número 49) firmado el 15 de septiembre de 2000, con base en los artículos 7° y siguientes del Tratado de Montevideo 1980;

Que conforme a los mecanismos previstos en el mencionado Tratado y a lo dispuesto en la Resolución número 2 del Consejo de Ministros de la ALADI, los Gobiernos de la República de Colombia y de la República Cuba profundizaron el ACE número 49 mediante la suscripción de tres protocolos adicionales;

Que los compromisos arancelarios contenidos en el citado ACE número 49 así como del Primero y Segundo Protocolo modificatorio, fueron implementados mediante los Decretos 1385 del 10 de julio de 2001, 580 del 13 de marzo de 2003, 3275 del 2 de septiembre de 2008, 3800 del 29 de septiembre del 2008 y 4225 del 6 de noviembre de 2008;

Que el 13 de noviembre de 2017, los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Cuba suscribieron el Tercer Protocolo Adicional del ACE. número 49, mediante el cual se profundizan las preferencias arancelarias ya negociadas, se incluyen preferencias a productos nuevos y se regulan otros asuntos de interés para el comercio bilateral;

Que el Gobierno nacional implementó el Tercer Protocolo Adicional al ACE número 49 mediante el Decreto 1150 de 2018, señalando en su artículo 9° que el mismo entraría a regir “a partir de la fecha en que la Secretaría General de la ALADI reciba las notificaciones de las Partes, en las que comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos para la incorporación a su legislación interna” de dicho protocolo, trámite que no se surtió.

Que Cuba, mediante Nota Verbal 118/22 del 21 de noviembre de 2022, informó a la ALADI que había cumplido con los trámites internos para poner en aplicación el protocolo citado.

Que dada la importancia de este socio comercial y en vista de que el trámite constitucional colombiano para la aprobación de tratados no ha ocurrido, resulta necesario dar aplicación provisional al Tercer Protocolo Adicional al ACE No. 49, tal como expresamente lo autoriza el artículo 13 de dicho instrumento, para que la relación jurídica comercial internacional derivada del citado instrumento se pueda perfeccionar provisionalmente entre la República de Cuba y la República de Colombia.

Que el tratado de Montevideo es un tratado de naturaleza económica y comercial, y que al haber sido acordado en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración; es decir, un organismo internacional, se admite su adopción anticipada por parte del Presidente de la República en línea con el artículo 224 de la Constitución Política.

Que el artículo 224 de la Constitución Política de Colombia establece que el Presidente de la República puede dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan.

Que el presente Decreto determina la vigencia provisional del Tercer Protocolo Adicional al ACE número 49, suscrito entre la República de Colombia y la República de Cuba y deroga el Decreto 1150 de 2018, ello en uso de la facultad de aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan, lo cual no constituye ejercicio de la potestad reglamentaria, dado que lo que se consigna en el decreto es una decisión que surge de un acuerdo de voluntades ya pactado entre dos estados, en ejercicio d su soberanía.

Que en virtud de lo anterior, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, sobre el deber de información al público de los proyectos específicos de regulación, el presente decreto no surtió proceso de consulta pública en tanto que no constituye un “proyecto de regulación” y se expide a partir de la facultad establecida en el artículo 224 de la Constitución Política de Colombia que señala que el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En mérito de lo expuesto;