decreto 75 de 1957

º. La persona que realice, con artículos o mercancías, maniobras de acaparamiento o almacenamiento, o cualesquiera otras que se traduzcan en especulación, encaminadas a producir escasez en el mercado y conseguir alzas de precio en forma artificial, será puesta a órdenes del S. I. C. o de las autoridades de Policía, para adelantar las investigaciones conducentes. El S. I. C. y las autoridades de Policía procederán a sellar los depósitos o almacenes de los presuntos especuladores.

º. Elevase la sanción establecida en el artículo 2º del Decreto 2939 de 1956 hasta la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), por concepto de multas a los infractores.

º. A las mismas sanciones establecidas en el artículo anterior quedarán sujetas todas las personas que, sin la aprobación del Gobierno, elevaren los precios de las mercancías o artículos de consumo, para lo cual solamente será suficiente comprobar que dichas mercancías son ofrecidas públicamente a un precio superior al autorizado por el Gobierno Nacional.

º. Todas aquellas mercancías o artículos que se encuentren en poder de los especuladores, ya sea en depósito o en almacenes, serán puestos por conducto del S.I.C. o de las autoridades de Policía, a disposición del Alcalde respectivo, quien los distribuirá al público por medio de las Cooperativas o entidades que dicho funcionario estime conveniente, y a precios de costo. El valor o suma recaudada por medio de esta operación, será entregada posteriormente por el Alcalde respectivo al dueño de la mercancía, deduciendo las multas, el 10% de que habla el

siguiente, y el valor que las autoridades municipales hayan gastado por concepto de administración y venta, y sin perjuicio de las sanciones que se establezcan en los artículos anteriores. Los individuos que denuncien los depósitos o almacenes de que trata este artículo, tendrán derecho al 10% del valor de la mercancía denunciada, una vez que haya sido comprobado el acaparamiento o especulación.

º. En caso de reincidencia, el especulador o contraventor a las presentes disposiciones, no tendrá derecho a reclamar los artículos que se encuentran en su poder, los cuales serán entregados por el S. I. C. o las autoridades de Policía al Alcalde respectivo para su debida distribución, y el valor de dichas mercancías se consignará en una cuenta especial conforme lo establece el artículo 2º del Decreto 2939 de 1956.

º. El Gobierno Nacional procederá inmediatamente a elaborar y publicar por la prensa hablada y escrita una lista de precios autorizados, los cuales no podrán ser alterados so pena de incurrir en las sanciones que anteriormente se fijan. En la misma forma, en todo expendio o almacén de artículos o de mercancías se deberán fijar en carteles perfectamente visibles, los precios autorizados por el Gobierno. Se presumirá violación a las presentes disposiciones el hecho de no publicar en la forma anterior los avisos sobre precios autorizados.

º. Modificase el artículo 5º del Decreto número 2939 de 1956, en el sentido de que las resoluciones que dicten los Alcaldes por violación a las disposiciones vigentes sobre infractores por especulación, acaparamiento y alza no autorizada de precios, tendrán el recurso de reposición ante la Alcaldía que haya impuesto la sanción, y el de apelación ante la Gobernación correspondiente.

º. Toda exportación de víveres o materias primas sin la respectiva licencia de exportación, será considerada como delito de contrabando para las sanciones respectivas.

º. Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y publíquese.