decreto 1285 de 2015

Que conforme con el artículo 80 de la Constitución Política, el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas fronterizos;

Que la Ley 388 de 1997 estableció en su artículo 1° los objetivos del desarrollo territorial, entre los cuales se encuentra el establecimiento de mecanismos que permitan la defensa del patrimonio ecológico, garantizar la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes;

Que dicha ley, además, introdujo como principio del ordenamiento del territorio, en su artículo 2°, “La función social y ecológica de la propiedad”. Definió en su artículo 3°, dentro de las finalidades de la Función Pública del Urbanismo en el ordenamiento del territorio la de “Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible”;

Que dentro del objeto de ordenamiento del territorio, el artículo 6° de la Ley 388 de 1997, estableció la incorporación de “instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras”;

Que en tal sentido, la función pública de urbanismo debe procurar la correcta utilización de los recursos naturales dentro del ámbito del desarrollo sostenible, dando aplicación a los nuevos mecanismos de reducción de impactos derivados de los avances tecnológicos;

Que la estrategia de “Vivienda y Ciudades Amables” del PND 2010-2014: “Prosperidad para Todos” determinó la necesidad de definir lineamientos de política sobre construcción y urbanismo sostenible, que incluya “el acompañamiento a las entidades territoriales para el desarrollo de incentivos locales, la definición de estándares de diseño y construcción para el uso eficiente de los recursos, el desarrollo del Sello Ambiental Colombiano para Edificaciones y la implementación de hipotecas verdes, entre otros”;

Que en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como función, entre otras, la de “formular las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda, urbanismo y construcción de vivienda sostenible, espacio público y equipamiento”;

Que la Norma de Sismorresistencia NSR-10, en su Título A. relativo a los “Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismorresistente”, Capítulo A.1., en su Punto A.1.3.13. señala “Las construcciones que se adelanten en el territorio nacional deben cumplir con la legislación y reglamentación nacional, departamental y municipal o distrital respecto al uso responsable ambientalmente de materiales y procedimientos constructivos. Se deben utilizar adecuadamente los recursos naturales y tener en cuenta el medio ambiente sin producir deterioro en él y sin vulnerar la renovación o disponibilidad futura de estos materiales. Esta responsabilidad ambiental debe desarrollarse desde la etapa de diseño y aplicarse y verificarse en la etapa de construcción, por todos los profesionales y demás personas que intervengan en dichas etapas”; Que, por tanto, corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, establecer lineamientos de construcción sostenible encaminados a reducir los consumos de recursos naturales, para el fomento de la sostenibilidad ambiental, social y económica de las construcciones;

Que para lograr esta finalidad se ha decidido adoptar los lineamientos para la construcción sostenible en materia de ahorro de agua y energía, sin perjuicio de que a futuro se incorporen medidas adicionales;

Que en el marco normativo referido, se deben establecer lineamientos de construcción sostenible que promuevan el desarrollo sostenible en el ámbito de la construcción, a través de la incorporación al ordenamiento jurídico de herramientas que así lo permitan; Por lo anteriormente expuesto;