decreto 970 de 1970

°. Es misión de las Facultades de Derecho el estudio, la investigación, la enseñanza y la divulgación del sistema jurídico nacional, con el propósito de formar una conciencia ciudadana que, afirmando los valores de la tradición patria, y el respeto a las garantías individuales y colectivas, preserve las instituciones republicanas, la democracia representativa y las libertades pública, dentro de un claro sentido de los deberes cívicos, una ética de servicio social, y la concepción e interpretación del derecho como expresión renovada de justicia, de progreso y de igualdad.

°. Los estudios de derecho deben orientarse hacia la formación de jurisconsultos, esto es, de ciudadanos informados de la legislación y de su espíritu social, con vasta aptitud técnica y sólida contextura moral, provistos de ponderado criterio para la elaboración, interpretación y aplicación de las normas, y conscientes de que la función del Derecho consiste no solo en mantener o restablecer el equilibrio social, sino también en afirmar el desarrollo integral de la Nación.

°. Corresponde a las Facultades de Derecho la preparación y capacitación de sus propios profesores y de investigadores, la asesoría a los organismos públicos en sus labores de creación y aplicación del Derecho, la vigilancia de la correcta administración de justicia, el análisis objetivo de los problemas jurídicos nacionales, el estudio de los sistemas contemporáneos del Derecho, y el fomento de la investigación científica.

°. Las Facultades de Derecho exaltarán el servicio público como la más noble y útil de las actividades del jurista.

°. Compete a las Facultades de Derecho la adecuada formación de quienes hayan de administrar justicia, infundiéndoles un auténtico espíritu de apostolado social, y un criterio dinámico y solidarista de interpretación de la ley.

°. Las Facultades de Derecho deberán formar profesionales que conciban y practiquen el ejercicio de la abogacía como una verdadera función social.

°. El título profesional de abogado, y el grado de doctor en Derecho, serán expedidos por las Universidades oficialmente aprobadas.

°. La aprobación oficial de los planes y programas de estudios profesionales y de postgrado, se otorgarán y mantendrán sobre la base del cumplimiento de las exigencias académicas establecidas en el Reglamente, y de la seguridad de realización de los fines sociales de la cultura jurídica, y de la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos, garantizando en todo caso, la libertad de enseñanza, estudio e investigación.

°. Para la determinación de los planes y programas mínimos de los estudios de Derecho serán consultados el Consejo Nacional de Facultades de Derecho, el Consejo Superior de la Administración de Justicia, y la Academia colombiana de Jurisprudencia.

Los planes y programas de estudios de Derecho serán revisados periódicamente, y atenderán a las exigencias sociales del país, procurando que las asignaturas propias de cada periodo lectivo, por su número, distribución, contenido y la metodología de su enseñanza y aprendizaje, permitan una visión siempre actualizada y dinámica, tanto de la norma, la doctrina y la jurisprudencia, como del funcionamiento real de las instituciones.

Los planes de estudio determinaran las asignaturas comunes y obligatorias, las complementarias, las optativas, el orden en que algunas de aquéllas o de ésta deban seguirse, otros cursos, y los demás requisitos académicos para la obtención de títulos y grados.

En la enseñanza del Derecho deberán combinarse los aspectos teóricos y prácticos, el conocimiento de la doctrina y la jurisprudencia, y las técnicas de la formación, interpretación y aplicación del Derecho; las normas y os hechos políticos, económicos y sociales regulados por ellas.

Los planes y programas de estudio, y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, deberán orientar al estudiante hacia la búsqueda espontánea de la verdad y la ciencia, al desarrollo de su personalidad y a la formación de un criterio propio, con un genuino sentido de la responsabilidad personal y compenetrado de la ética más rigurosa en el ejercicio de su disciplina jurídica y en su comportamiento individual.

La enseñanza del Derecho debe alternar la disertación magistral y la información general, con la activa participación del estudiante en sistemas de aplicación tales como las comunidades de trabajo, los seminarios, los consultorios jurídicos y las prácticas de distinta índole.

La calificación del rendimiento escolar apreciará el esfuerzo personal del estudiante, el desarrollo de su formación, su progresiva capacitación en el decurso de los varios períodos lectivos, y tendrá suficiente garantía de seriedad e imparcialidad.

Declarado inexequible por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de Febrero de 1971.

JURISPRUDENCIA

LEGISLACIÓN ANTERIOR

Artículo 16. Declarado inexequible por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de Diciembre de 1970.

JURISPRUDENCIA

Artículo 16. Terminada la carrera de Derecho, aprobados los cursos reglamentarios y satisfechos los requisitos establecidos por la respectiva entidad docente, se discernirá el título profesional de abogado.

Declarado inexequible por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de Febrero de 1971.

JURISPRUDENCIA

LEGISLACIÓN ANTERIOR

Artículo 17. Declarado inexequible por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de Diciembre de 1970.

JURISPRUDENCIA

Artículo 17. En todos los casos en que la Constitución o la ley exijan la calidad de abogado titulado para el desempeño de una función pública o para el ejercicio de la profesión, tal requisito se considerará satisfecho, sin reservas, con el titulo de abogado.

JURISPRUDENCIA

Las Facultades de Derecho promoverán cursos de especialización para abogados, en las distintas ramas y actividades del Derecho, consultando las necesidades nacionales y regionales y cursos de refresco y actualización de conocimientos; así como estudios de alto nivel académico, dirigidos a la formación de docentes e investigadores.

Las Facultades de Derecho organizarán cursos de divulgación jurídica, de instrucción cívica y de preparación en actividades comunales.

Las Facultades de Derecho, en consulta con el Consejo Superior de la Administración de Justicia, organizarán cursos de duración, contenido, programas y métodos variados, para la formación, capacitación y especialización de los funcionarios y empleados judiciales y del Ministerio Público, y de los colaboradores de la justicia.

Declarado inexequible por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de Febrero de 1971.

JURISPRUDENCIA

LEGISLACIÓN ANTERIOR

Artículo 21. Declarado inexequible por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de Diciembre de 1970.

JURISPRUDENCIA

Artículo 21. Quienes inicien estudios de derecho con posterioridad a la vigencia de esta ordenación, recibirán el título de abogado luégo de cursar y aprobar todas las materias del respectivo plan de estudios, y el grado de doctor, una vez que, concluida la carrera, aprueben exámenes de aptitud académica y científica o prosigan cursos de especialización e investigación y presenten tesis, de conformidad con las pautas que trace el Reglamento.

Declarado inexequible por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de Febrero de 1971.

JURISPRUDENCIA

LEGISLACIÓN ANTERIOR

Artículo 22. Declarado inexequible por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de Diciembre de 1970.

JURISPRUDENCIA

Artículo 22. Quienes actualmente adelantan estudios de derecho, recibirán el título de abogado a la terminación de éstos. Para obtener el grado de doctor, podrán, asu elección, acogerse al régimen de exámenes preparatorios, tesis y examen de grado, hasta ahora vigente, u optar por el sistema de tesis precedida de exámenes o de cursos, establecido en e artículo anterior.

Declarado inexequible por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de Febrero de 1971.

JURISPRUDENCIA

LEGISLACIÓN ANTERIOR

Artículo 23. Declarado inexequible por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 14 de Diciembre de 1970.

JURISPRUDENCIA

Artículo 23. Quienes al entrar en vigencia esta ordenación hayan concluido estudios de derecho, recibirán el título de abogado cuando demuestre que con posterioridad a la conclusión de la carrera, durante tres de los cinco últimos años, o sin solución de continuidad en los dos últimos, han desempeñado funciones judiciales o del Ministerio Público, o actividades predominantemente jurídicas en cargos públicos o privados, y han observado conducta irreprochable.

Para obtener el grado de doctor, podrán, a su elección, acogerse al régimen de exámenes preparatorios, tesis y examen de grado, hasta ahora vigente, u optar por el sistema de tesis precedida de exámenes o de cursos establecidos en el artículo 21.

Este Decreto rige desde su expedición. Comuníquese y publíquese.