decreto 1930 de 1979

° Junta de Acción Comunal es una corporación cívica, sin ánimo de lucro, compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentida de la comunidad.

° A más de las palabras "Juntas de Acción Comunal" o de las letras "J. A. C.", la denominación de las entidades cié que trata este Decreto, se conformará con el nombre legal o en su defecto el usual de su territorio, seguido del municipio a que este último pertenezca y del Departamento, Intendencia o Comisarias en el cual dicho municipio esté comprendido. Las Juntas cuyo territorio esté dentro de la capital de la República, a más del nombre de su territorio agregarán la zona y las palabras "Bogotá. D, E". Cuando se trate de Juntas comprendidas en corregimientos intendenciales o comisariales, el nombre de estos últimos suplirá el del municipio.

Articulo 3° Cuando por disposición legal varíe la denominación del territorio de una Junta, quedará a juicio de ésta la acoger la nueva denominación. El cambio legal de la denominación del territorio de una junta, así ésta no varíe su nombre original, no impide que pueda cobrar les aportes oficiales que se destinen a favor de la nueva denominación, siempre que la misma no corresponda una junta diferente, según certificación expedida por Ministerio de Gobierno. Igual solución se aplicará cuando la Junta adopte la nueva denominación, con respecto a los aportes asignados a la anterior.

° Cuando se autorice la constitución de más de una Junta en un mismo territorio la nueva que se constituya en este deberá agregarle al nombre del mismo las palabras "segundo sector", "sector alto', "segunda etapa" o similares.

° Cada Junta de Acción Comunal desarrollará sus actividades dentro de un territorio delimitado según las siguientes orientaciones

En las capitales de departamento, intendencia o comisaría y en la ciudad de Bogotá, habrá una junta por cada barrio o sector o etapa del mismo, según la división establecida para la correspondíente autoridad municipal;

En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimiento o inspección de policía podrá reconocerse más de una junta, si existen las divisiones urbanas a que se refiere el literal anterior;

En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios, la junta podrá abarcar toda el área urbana, sin perjuicio de que, cuando se haga alguna división de dicho género, el Ministerio de Gobierno pueda ordenar que se modifique el territorio de una junta constituida, y

En cada caserío o vereda solo habrá una Junta de Acción Comunal; pero el Ministerio de Gobierno, podrá autorizar, mediante resolución motivada, la constitución de más de una junta, si la respectiva extensión territorial lo aconsejare.

° El territorio de una junta será inmodificable así varíen las delimitaciones por disposición de autoridad competente. No obstante le anterior y cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Ministerio de Gobierno, por resolución motivada. podrá modificar el territorio de las juntas.

° Para, todos los efectos legales el territorio de las juntas determina el domicilio de las mismas. CAPITULO II Constitución y duración.

° La Junta de Acción Comunal estará constituida por personas naturales mayores de quince (15) años, que residan dentro del territorio de la misma. Para efectos de este artículo, entiéndese como residencia el sitio donde esté ubicada la vivienda o el lugar de trabajo. Quienes residan dentro del territorio de una junta se denominarán vecinos. Ninguna persona podrá estar afiliada a más de una Junta de Acción Comunal.

Articulo 9° De acuerdo a los índices poblacionales de cada región, en los estatutos que expida el Ministerio de Gobierno se determinará el mínimo de afiliados con que puede constituirse y subsistir una Junta de Acción Comunal.

La Junta de Acción Comunal tendrá una duración indefinida, pero se disolverá y liquidará por voluntad de sus afiliados o por mandato legal. CAPITULO III Finalidades y principios.

Las finalidades de la Junta son las siguientes

Preparar cívicamente a sus miembros para que participen activamente en los planes, programas y actividades de la misma;

Organizar los diferentes sectores de la comunidad para que temen conciencia de sus deberes, derechos y recursos, la manera de satisfacer sus aspiraciones de mejoramiento y resolver sus necesidades;

Asumir la vocería de la comunidad en las materias que directamente les interesen;

Capacitar a sus afiliados para trabajar con eficiencia en el mejoramiento de la comunidad y aprovechar del modo más efectivo la asistencia técnica y económica del Estado y de las entidades particulares, y

Establecer planes y programas para el cumplimiento de los objetivos que se trace la comunidad en armonía con los fijados en los planes oficiales de desarrollo económico y social.

La Junta se orienta por los siguientes principios

Libertad de afiliación y retiro de los asociados; }

Igualdad de derechos y obligaciones de los afiliados;

Participación democrática en las deliberaciones y decisiones. Cada afiliado tiene voz y voto en éstas, y

Ausencia de cualquier discriminación y en especial por razones políticas, religiosas, sociales, de raza o nacionalidad. CAPITULO IV De los afiliados.

Son miembros de la Junta de Acción Comunal

Los vecinos fundadores, y

Los vecinos que se afilien después de la fundación.

A más de lo que determinen los estatutos, la calidad de afiliado se perderá por determinación del Ministerio de Gobierno con base en las siguientes causales

Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentes, sellos y libros de la Junta;

Por uso del nombre de la Junta o del movimiento de Acción Comunal para campañas políticas partidistas;

Por violación de las normas legales o estatutarias. Empero, según la gravedad de la falta, el Ministerio de Gobierno podrá determinar la suspensión hasta por noventa (90) días.

A más de lo que determinen los estatutos: A) Son derechos de los afiliados

Elegir y ser elegido para desempeñar cargos dentro de la Junta o en representación de ésta.

Participar y opinar en las deliberaciones de la Asamblea General y Comité de Trabajo, y votar para tomar las decisiones correspondientes.

Fiscalizar la gestión económica de la entidad, examinar los libros o documentos y solicitar informes al presidente o a cualquier dignatario de la Junta.

Asistir a las reuniones de la Directiva, en las cuales tendrá voz, pero no voto. B) Son deberes de los afiliados: 1. Asistir a la Asamblea General y participar en sus deliberaciones, votar con responsabilidad y trabajar activamente en la ejecución de los planes acordados por la Junta. 2. Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones de la Junta, y las disposiciones legales que regulan la materia. 3. Estar inscrito y participar activamente en un solo comité de trabajo. CAPITULO V Dirección, administración y vigilancia .

De conformidad con los índices poblacionales, medios de comunicación y demás características propias de cada región, el Ministerio de Gobierno determinará los órganos de dirección, administración y vigilancia de las Juntas de Acción Comunal, así como sus funciones, los cuales podrán ser, entre Otros, los siguientes

Asamblea General;

Asamblea de delegados;

Directiva;

Comités de trabajo;

Tesorero;

Fiscal.

Los órganos de dirección, administración y vigilancia de la Junta, cuando tengan más de dos miembros, se instalarán y deliberarán con la presencia de la mitad más uno de los mismos. Si a la hora señalada no se encuentra quórum deliberatorio, se reunirá dos horas más tarde y el quorum se formará con la presencia de por lo menos un veinte por ciento (20%) de los miembros, siempre que el numero no sea inferior a aquel que señalan los estatutos.

Si no hay quórum deliberatorio el día señalado en la convocatoria, el órgano se reunirá por derecho propio el mismo día de la semana siguiente y dicho quorum solo se formará con la mitad más uno de los miembros.

Por regla general los órganos de dirección, administración y vigilancia de la Junta tomarán decisiones válidas por la mayoría de los miembros con que se instalaron. Si hay más de dos alternativas, la que obtenga el mayor número de votos será válida si la suma total de votos emitidos, incluyendo la votación en blanco, es igual o superior a la mitad más uno de los miembros con que se formó el quórum deliberatorio. En caso de empate en dos votaciones válidas sucesivas sobre el mismo objeto, los miembros determinarán la forma de dirimirlo.

Para modificar los estatutos o para determinar la disolución de la Junta, el órgano competente se instalará con no menos de la mitad más uno de sus miembros y las decisiones deberán adoptarse por un número no inferior a los dos tercios de los mismos.

A partir de la vigencia de este Decreto, el período de los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal que sean elegidos, vencerá el 31 de diciembre del año siguiente a aquel en que se efectuó la elección.

A partir del 1981 la elección de los nuevos dignatarios deberá efectuarse dentro de los tres primeros meses del año correspondiente.

La elección de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal será hecha por los órganos de lo misma o directamente por los afiliados, según lo determinen los estatutos y conforme al procedimiento que éstos establezcan, bien sea por asamblea de afiliados o de delegados, por fuera de asambleas o por los sistemas que se juzguen adecuados.

La calidad de dignatario de una Junta de Acción Comunal se adquirirá con la elección efectuada por el órgano competente y con la posesión ante el mismo, y se acreditará por certificación que al efecto expida el Ministerio de Gobierno.

Corresponde al Ministerio de Gobierno conocer de las demandas de impugnación que se formulen en contra de la elección de dignatarios o de decisiones que afecten el patrimonio de las Juntas de Acción Comunal, o sobre los aportes oficiales que a las mismas se les hayan asignado.

Las demandas de impugnación solo podrán ser presentadas por quienes tengan la calidad de afiliados. El número de los mismos, el término para la presentación, las causales de impugnación y el procedimiento en general se ceñirán al reglamento que expida el Ministerio de Gobierno, con fundamento en este Decreto.

El Ministerio de Gobierno, mediante resolución motivada, podrá declarar en cualquier tiempo la nulidad de la elección de dignatarios, o de una decisión que afecte el patrimonio o los aportes oficiales destinados a las Juntas de Acción Comunal, cuando en las mismas se violen las disposiciones legales o estatutarias.

La presentación y aceptación de la demanda en contra de la elección de uno o más dignatarios de la Junta no impide la inscripción de los mismos ante el Ministerio de Gobierno, siempre que se cumplan los requisitos al efecto.

Los dignatarios de una Junta de Acción Comunal para poder actuar como tales requieren la previa inscripción ante el Ministerio de Gobierno. Declarada la nulidad de la elección de uno o más dignatarios se cancelará la inscripción de los mismos, y el Ministerio promoverá una nueva elección.

El Ministerio de Gobierno ejercerá también la inspección y vigilancia, sobre el manejo del patrimonio de las Juntas de Acción Comunal, así como de los aportes oficiales que las mismas reciban y, cuando sea del caso, instaurará las acciones judiciales, administrativas o fiscales pertinentes. No obstante lo anterior, si de la inspección se deducen indicios graves en contra de uno o más dignatarios, el Ministerio podrá suspender temporalmente la inscripción de los mismos hasta tanto se conozcan los resultados definitivos de las acciones instauradas. CAPITULO VII Del patrimonio .

El activo del patrimonio de las Juntas, de Acción Comunal estará constituido por todos los bienes que ingresen por concepto de contribuciones, auxilios, aportes, donaciones y los que provengan de cualquier actividad u operación que efectúe, la Junta. El patrimonio de las Juntas no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de sus afiliados.

Los aportes oficiales que se giren a las Juntas para la realización de obras destinadas a uso público o fiscal, no ingresarán a su patrimonio y el importe de los mismos figurará contablemente en rubro especial.

La inversión de los aportes oficiales destinados a obras varias se determinará por la asamblea de afiliados, de la junta beneficiaría.

Cuando las juntas construyan, reconstruyan o realicen reparaciones o mantenimientos de obras públicas de servicio a su comunidad, tales como acueductos,-alcantarillados, redes de electrificación o similares, en donde exista reglamentación legal sobre la materia, deberán someterse a ésta. Si, además, hay una entidad oficial encargada de prestar ese servicio público, deberá celebrarse un convenio previo en el que conste el aporte de la comunidad, el aporte oficial, la asesoría técnica y las condiciones de la prestación del servicio.

A todo servicio público administrado por una Junta de Acción Comunal tendrán acceso todos los miembros de la comunidad, de acuerdo a la capacidad del servicio, y siempre y cuando se sometan a los reglamentos y tarifas.

Conforme al artículo 22 de la Ley 19 de 1958, los concejos municipales, las asambleas departamentales y el Gobierno Nacional, podrán encomendar a las Juntas funciones de control y vigilancia de determinados servicies públicos. CAPITULO VIII Disolución y liquidación.

La Junta de Acción Comunal se disolverá por mandato legal o por decisión de sus miembros. Disuelta una junta por mandato legal, el Ministerio de Gobierno nombrará un liquidador y ¡depositario de los bienes.

La disolución decretada por la misma Junta requiere, para su validez, la aprobación del Ministerio de Gobierno. En el mismo acto en que la Junta apruebe su disolución, nombrará un liquidador, o en su defecto lo será el último representante legal inscrito.

Con cargo al patrimonio de la Junta, el liquidador publicará tres avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro lapso de quince días, en los cuales se informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.

Quince días después de la publicación del último aviso, se procederá a la liquidación en la siguiente forma: en primer lugar se reintegrarán al Estado los aportes oficiales, y en segundo lugar se pagarán las obligaciones contraídas con terceros observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos. Si cumplido lo anterior queda un remanente del activo patrimonial, éste pasará a la organización comunal que haya seleccionado la asamblea de la Junta disuelta, o en su defecto al Fondo de Desarrollo Comunal, el cual deberá destinarlo a las organizaciones comunales del mismo municipio. CAPITULO IX Sanciones.

Cuando se violen las normas legales o estatutarias, mediante resolución motivada, el Ministerio de Gobierno podrá imponer las siguientes sanciones a las corporaciones de Acción Cemunal

Suspensión hasta por noventa días o cancelación de la personería jurídica;

Congelación de fondos;

Suspensión temperal o cancelación de las inscripciones de los dignatarios;

Suspensión o desafiliación de los miembros. CAPITULO X Disposiciones varias .

Los organismos comunales podrán constituir empresas o proyectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la comunidad.

Facúltase al Ministerio de Gobierno para que expida reglamentaciones sobre

Requisitos para la obtención de personería jurídica y estatutos sobre juntas, asociaciones, federaciones y confederaciones de Acción Comunal, con base en los principios generales contenidos en este Decreto;

Empresas o proyectos rentables comunales;

Congresos nacionales, concursos y condecoraciones de Acción Comunal;

Programa de vivienda por autoconstrucción y demás actividades especiales de las corporaciones comunales;

Número, contenido y demás requisitos de los libros que deben llevar las corporaciones comunales;

Impugnaciones.

De acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y materiales, el Ministerio de Gobierno desconcentrará en sus oficinas regionales aquellas funciones contenidas en este Decreto y que permitan un mejor servicio a la comunidad.

Las asociaciones y corporaciones comunales que a la vigencia de este Decreto tengan personería jurídica, gozarán del término de un año para adecuar sus estatutos a las prescripciones del mismo

Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga los Decretos 2423 de 1976, 874 de 1979 y las demás disposiciones que le sean contrarias.