decreto 1593 de 1959

Que varias organizaciones sindicales han presentado a diversos bancos del país pliegos de peticiones, respecto de los cuales no se ha llegado a un acuerdo entre las partes;

Que el artículo 1º del Decreto legislativo número 753 de 1956, sustitutivo del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, considera "como servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas";

Que el mismo artículo, en su ordinal i), faculta al Gobierno para declarar de servicio público, previo concepto del Consejo de Estado, cualquier actividad que, a su juicio, interese "a la seguridad, sanidad, enseñanza y a la vida económica o social del pueblo";

Que dichas disposiciones están vigentes como norma legal en virtud de lo dispuesto por la Ley 2ª de 1958;

Que en virtud de consulta hecha por el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal antes citado, el Consejo de Estado ha expresado su opinión favorable a la declaratoria de las actividades bancarias como de servicio público, en conceptos de fechas 6 y 11 de mayo del presente año;

Que en el último de los mencionados conceptos, el Consejo de Estado se expresó en los siguientes términos: "En efecto, hoy día servicios como los de préstamos, depósitos en cuenta corriente, descuentos de letras, operaciones de cambio, servicios de ahorro, etc., han adquirido tal dimensión e importancia en la economía nacional, que puede afirmarse que interesa a vastos sectores de la comunidad, y contribuyen a novilizar (sic) fuentes importantes de la economía nacional como la industria, el comercio, el trabajo asalariado, etc. Además, es conocido el hecho de que muchas entidades oficiales y semioficiales utilizan algunos de esos servicios en aspectos de grande importancia para su funcionamiento, tales como el servicio de deudas, el cumplimiento de contratos, el pago de trabajadores, y otros de no menor trascendencia". "Las razones que proceden fueron las que llevaron al Consejo de Estado en su consulta del 6 de los corrientes a considerar que las actividades bancarias, prestadas tanto por el Estado como por los particulares, constituyen un servicio público para efecto del derecho de huelga";

Que de acuerdo con los anteriores considerandos, la suspensión colectiva del trabajo en las empresas bancarias afectaría gravemente la vida económica del país y el normal funcionamiento de la Administración Publica;