decreto 1245 de 1969

Apruébase el Acuerdo de Integración Sub-regional suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969 por Plenipotenciarios de los Gobiernos de Colombia, Bolivia, Chile, el Ecuador y Perú y aprobado por el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, cuyo texto es el siguiente: Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, el Ecuador y el Perú, inspirados en la Declaración de Bogotá y en la Declaración de los Presidentes de América; y fundados en el Tratado de Montevideo y en las Resoluciones 202 y 203 ( CM-II/VI-E ) del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio-ALALC, convienen, por medio de sus representantes plenipotenciarios debidamente autorizados, celebrar el siguiente ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUB-REGIONAL CAPITULO I Objetivos y mecanismos.

El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros, acelerar su crecimiento mediante la integración económica, facilitar su participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo y establecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común, todo ello con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Sub-región.

El desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una distribución equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los Países Miembros de modo de reducir las diferencias existentes entre ellos. Los resultados de dicho proceso deberán evaluarse periódicamente tomando en cuenta, entre otros factores, sus efectos sobre la expansión de las exportaciones globales de cada país, el comportamiento de su balanza comercial con la Sub-región, la evolución de su producto territorial bruto, la generación de nuevos empleos y la formación de capital.

Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes

La armonización de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes;

La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización sub-regional y la ejecución de Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial;

Un Programa de liberación del intercambio más acelerado que el que se adopte en general en el marco de la ALALC;

Un Arancel Externo Común, cuya etapa previa será la adopción de un Arancel Externo Mínimo Común;

Programas destinados a acelerar el desarrollo del sector agropecuario; e) La canalización de recursos de dentro y fuera de la Sub-región para proveer a la financiación de las inversiones que sean necesarias en el proceso de Integración;

La integración física, y

Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador.

Para la mejor ejecución del presente Acuerdo, los Países Miembros realizarán los esfuerzos necesarios para buscar soluciones adecuadas que permitan resolver los problemas derivados de la mediterraneidad de Bolivia. CAPITULO II Órganos del Acuerdo

Son órganos principales del Acuerdo la Comisión y la Junta. Son órganos auxiliares los comités de que trata la Sección C. de este Capítulo. Sección A. De la Comisión

La Comisión es el órgano máximo del Acuerdo y está constituía por un representante plenipotenciario de cada de uno de los Gobiernos de los Países Miembros. Cada Gobierno acreditará un representante titular y un alterno. La Comisión expresará su voluntad mediante decisiones.

Corresponde a la Comisión

Formular la política general del Acuerdo y adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de sus objetivos;

Aprobar las normas que sean indispensables para hacer posibles la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las políticas económicas de los países Miembros;

Designar y remover a los miembros de la Junta;

Impartir instrucciones a la Junta;

Delegar sus atribuciones en la Junta cuando lo estime conveniente;

Aprobar, no aprobar o enmendar las proposiciones de la Junta;

Velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del Acuerdo y las del Tratado de Montevideo;

Aprobar el presupuesto anual de la Junta y fijar la contribución de cada uno de los Países Miembros;

Dictar su propio reglamento y el de los Comités y aprobar el de la Junta y sus modificaciones;

Proponer a los Países Miembros modificaciones al presente Acuerdo, y

Conocer y resolver todos los demás asuntos de interés común. En el cumplimiento de sus funciones la Comisión considerará de manera especial la situación de Bolivia y el Ecuador en función de los objetivos del Acuerdo y de los tratamientos preferenciales previstos en su favor.

º. La Comisión deberá promover la acción concertada de los países de la Sub-región frente a los problemas derivados del comercio internacional que afecten a cualquiera de ellos y a su participación en reuniones u organismos internacionales de carácter económico.

º. La Comisión tendrá un Presidente que durará un año en su cargo. Dicha función será ejercida, sucesivamente, por cada uno de los Representantes según el orden alfabético de los países. El primer Presidente será escogido por sorteo.

La Comisión se reunirá ordinariamente tres veces al año, y en forma extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente, a petición de cualquiera de los Países Miembros o de la Junta. Sus sesiones se celebrarán en la sede de la Junta pero podrán llevarse a cabo fuera de ésta. La Comisión deberá sesionar con la presencia de los dos tercios, por lo menos, de los Países Miembros. La asistencia a las reuniones de la Comisión es obligatoria y la no asistencia se considerará abstención.

La Comisión adoptará sus decisiones con el voto afirmativo de dos tercios de los Países Miembros. Se exceptúa de esta norma general

Las materias incluidas en el Anexo I del presente Acuerdo, en las cuales la Comisión adoptará sus decisiones por los dos tercios de votos afirmativos y sin que haya voto negativo. La Comisión podrá incorporar nuevas materias en dicho Anexo con el voto afirmativo de los dos tercios de los Países Miembros;

En los casos que se enumeran en el Anexo II las propuestas de la Junta deberán ser aprobadas con el voto favorable de, por lo menos, los dos tercios de los Países Miembros, y siempre que no haya voto negativo. Las propuestas que contaren con el voto afirmativo de los dos tercios de los Países Miembros pero que fueren objeto de algún voto negativo, deberán ser devueltas a la Junta para la consideración de los antecedentes que hayan dado origen a dicho voto negativo. En un plazo no menor de dos meses, ni mayor de seis la Junta elevará nuevamente la propuesta a la consideración de la Comisión con las modificaciones que estime oportunas, y, en tal caso, la propuesta así modificada se estimará aprobada si cuenta con el voto favorable de los dos tercios de los Países Miembros, sin que haya voto negativo pero no se computará como tal el del país que hubiere votado negativamente en oportunidad anterior;

Las materias relacionadas en el régimen especial para Bolivia y el Ecuador, que se enumeran en el Anexo III. En este caso las decisiones de la Comisión se adoptarán por los dos tercios de votos afirmativos, y siempre que uno de ellos sea el de Bolivia o El Ecuador, y

La designación de los miembros de la Junta, que se hará por unanimidad.

La Comisión deberá considerar las proposiciones de la Junta en todos los casos y, al decidir sobre ellas, procederá conforme a las reglas establecidas en el artículo 11. Sección B. De la Junta.

La Junta es el órgano técnico del Acuerdo, estará integrada por tres miembros y actuará únicamente en función de los intereses de la Sub-región en su conjunto. Cada uno de sus Miembros permanecerá tres años en el ejercicio de su cargo, y podrá ser reelegido. En caso de vacancia, la Comisión procederá de inmediato a designar el reemplazo, quien permanecerá, asimismo, tres años en sus funciones.

Los miembros de la Junta deberán ser nacionales de cualquier país latinoamericano; serán responsables de su actos ante la Comisión; actuarán con sujeción a los intereses comunes; se abstendrán de cualquier acción incompatible con el carácter de sus funciones; no podrán desempeñar durante el período de su cargo ninguna otra actividad profesional, remunerada o no; y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno, entidad nacional o internacional.

Corresponde a la Junta

Velar por la aplicación de Acuerdo, y por el cumplimiento de las obligaciones de la Comisión;

Cumplir los mandatos de la Comisión;

Formular a la Comisión proposiciones destinadas a facilitar o acelerar el cumplimiento del Acuerdo, con la mira de alcanzar sus objetivos en el término más breve posible;

Efectuar los estudios y a proponer las medidas necesarias para la aplicación de los tratamientos especiales en favor de Bolivia y el Ecuador y, en general, las concernientes a la participación de los dos países en el Acuerdo;

Participar en las reuniones de la Comisión, salvo cuando está considere conveniente celebrar reuniones privadas. Sin embargo, la Junta tendrá derecho a tomar parte en la discusión de todas sus proposiciones en la Comisión y, en particular, en la de aquellas a que se refieren los literales c) y d);

Evaluar anualmente los resultados de la aplicación del Acuerdo y el logro de sus objetivos, prestando especial atención al cumplimiento del principio de distribución equitativa de los beneficios de la integración, y proponer a la Comisión las medidas correctivas pertinentes de carácter positivo;

Efectuar los estudios técnicos que le encomiende la Comisión y otros que a su juicio sean necesarios;

Ejercer las atribuciones que le delegue la Comisión;

Desempeñar las funciones de Secretariado Permanente del Acuerdo, y mantener contacto directo con los Gobiernos de los Países Miembros a través del organismo que cada uno de ellos señale para tal efecto:

Elaborar su reglamento y someter a la Comisión la aprobación del mismo o sus modificaciones;

Presentar a la Comisión el proyecto de presupuesto anual;

Elaborar su programa anual de labores, en el cual incluirá preferentemente los trabajos que le encomiende la Comisión; ll) Presentar un informe anual de sus actividades a la Comisión;

Proponer a la Comisión la estructura orgánica de sus departamentos técnicos y las modificaciones que estimen convenientes;

Contratar y remover su personal técnico y administrativo; ñ) Encargar la ejecución se trabajos específicos a expertos en determinadas materias;

Promover reuniones periódicas de los organismos nacionales encargados de la formulación o ejecución de la política económica, y especialmente, de los que tengan a su cargo la planificación, y

Ejercer las demás atribuciones que expresamente le confiere este Acuerdo.

En la contratación de su personal técnico y administrativo, que podrá ser de cualquier nacionalidad, la Junta tendrá en cuenta únicamente la idoneidad, competencia y la honorabilidad de los candidatos y procurará, en cuanto ello no sea incompatible con los criterios anteriores, que en la provisión de los cargos haya una distribución geográfica Sub-regional tan amplia como sea posible.

La Junta se expresará en todos sus actos por la unanimidad de sus miembros pero podrá elevar a la consideración de la Comisión proposiciones alternativas, aprobadas también por unanimidad.

La Junta funcionará en forma permanente y su sede será designada por los Gobiernos de los Países Miembros en la oportunidad que juzgue conveniente a partir de la firma del presente Acuerdo. Sección C. De los Comités.

El Comité Consultivo es el órgano a través del cual los Países Miembros mantendrán una estrecha vinculación con la Junta. Estará integrado por representantes de todos los Países Miembros, que podrán asistir a las reuniones acompañados de sus asesores.

El Comité Consultivo se reunirá en la sede de la Junta cuando ésta o el Presidente de la Comisión lo convoquen a petición de cualquier País miembro.

Corresponderá al Comité Consultivo

Asesorar a la Junta y colaborar en la realización de sus trabajos cuando ésta lo requiera, y

Analizar las proposiciones de la Junta antes de su consideración por la Comisión cuando ésta lo solicite. Las opiniones de los miembros del Comité constarán en informes que serán elevados a la consideración de la Comisión y de la Junta.

Habrá un Comité Asesor Económico Social, integrado por representantes de los empresarios y de los trabajadores de los Países Miembros. La Comisión, dentro del primer año de vigencia del Acuerdo, establecerá su composición, el procedimiento para integrarlo y fijará sus funciones. Sección D. De la solución de controversias.

Corresponderá a la Comisión llevar a cabo los procedimientos de negociación, buenos oficios, mediación y conciliación que fueren necesarios cuando se presenten discrepancias con motivo de la interpretación o ejecución del presente Acuerdo o de las decisiones de la Comisión. De no lograrse avenimiento los Países Miembros se sujetarán a los procedimientos establecidos en el "Protocolo para la solución de controversias"suscrito en Asunción el 2 de septiembre de 1967 por los Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. Para los efectos contemplados en el inciso 3º del artículo 16 de este Protocolo, los Países Miembros declaran que se encuentran incluidas en él todas la materias comprendidas en el presente Acuerdo y en las decisiones de la Comisión. Para los efectos del artículo 36 de dicho Protocolo, los Países Miembros se comprometen a gestionar su ratificación a la mayor brevedad posible. Sección E. De la Coordinación con la Corporación Andina de Fomento.

Además de las funciones indicadas en los artículos 7 y 15, corresponderá a la Comisión y a la Junta mantener estrecho contacto con el Directorio y el Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento, con el fin de establecer una adecuada coordinación con las actividades de ésta y facilitar, de esa manera, el logro de los objetivos del presente Acuerdo. CAPITULO III Armonización de las políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo.

Los Países Miembros adoptarán una estrategia para el desarrollo de la Sub-región con las siguientes metas fundamentales

Acelerar el desarrollo económico de los Países Miembros en condiciones de equidad;

Incrementar la generación de ocupación;

Mejorar la posición de los Países Miembros y de la sub-región en su conjunto desde el punto de vista del comercio exterior y del balance de pagos;

Superar los problemas de infraestructura que limitan actualmente el desarrollo económico;

Reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros, y

Lograr un mejor aprovechamiento de los progresos científicos y tennológicos y fomentar la investigación en estos campos.

Los Países Miembros iniciarán inmediatamente un proceso de coordinación de sus planes de desarrollo en sectores específicos y de armonización de sus políticas económicas y sociales, con la mira de llegar a un régimen de planificación conjunta para el desarrollo integrado del área. Este proceso se cumplirá paralela y coordinadamente con el de formación del mercado sub-regional, mediante los siguientes mecanismos, entre otros: g) Un régimen de programación industrial; h) Un régimen especial para el sector agropecuario; i) La planificación de la infraestructura física y social; j) La armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal, incluyendo el tratamiento k los capitales de la Subregión o de fuera de ella; l) Una política comercial común frente a terceros países, y m) La armonización de métodos y técnicas de planificación.

Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Los Países Miembros se comprometen a adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión.

Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y propondrá a los Países Miembros el régimen uniforme al que deberán sujetarse las empresas multinacionales. Dentro del mismo plazo la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará las directivas que servirán de base a la armonización de las legislaciones sobre fomento industrial de los Países Miembros. Estos se comprometen a adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica esta armonización dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión.

La Comisión a propuesta de la Junta y más tardar el 31 de diciembre de 1970, establecerá los procedimientos y mecanismos de carácter permanente que sean necesarios para lograr la coordinación y armonización de que trata el artículo 26.

La Comisión, a propuesta de la Junta acordará un programa de armonización de los instrumentos y mecanismos de regulación del comercio exterior de los Países Miembros que será puesto en práctica por éstos antes del 31 de diciembre de 1972. Exceptúase de lo anterior el Arancel Externo Común que se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI.

En sus planes nacionales de desarrollo y en la formulación de sus políticas económicas, los Países Miembros incluirán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los artículos precedentes. CAPITULO IV Programación industrial.

Los Países Miembros se obligan a emprender un proceso de desarrollo industrial de la Sub-región, mediante la programación conjunta, para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos

Una mayor expansión, especialización y diversificación de la producción industrial;

El máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en el área;

El mejoramiento de la productividad y la utilización eficaz de los factores productivos;

El aprovechamiento de economías de escala, y

La distribución equitativa de beneficios.

Para los efectos indicados en el artículo anterior la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial que serán ejecutados conjuntamente por los Países Miembros.

Los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial deberán contener cláusulas sobre

Determinación de los productos objeto del Programa;

Programación conjunta de las nuevas inversiones a escala sub-regional y medidas para asegurar su financiación;

Localización de plantas en los países de la Sub-región;

Armonización de políticas en los aspectos que incidan directamente en el Programa;

Programas de Liberación que podrán contener ritmos diferentes por país y por producto y que, en todo caso, aseguren el libre acceso de los productos respectivos al mercado sub-regional;

Arancel Externo Común, y

Los plazos durante los cuales deberán mantenerse los derechos y obligaciones que emanen del Programa en el caso de denuncia del Acuerdo.

La Junta deberá proponer a la Comisión, en cada caso, las medidas complementarias que sean indispensables para facilitar el cumplimiento del Programa respectivo y, en particular, las que sean necesarias para asegurar la instalación de las plantas que fueren asignadas según lo previsto en le literal h) del artículo anterior y el efectivo aprovechamiento del mercado sub-regional por dichas plantas.

Para las industrias existentes en la Sub-región cuyos productos no sean incorporados en Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial la Comisión, a propuesta de la Junta, promoverá los programas encaminados a racionalizar la producción de las mercaderías con base en los criterios señalados en el artículo 32 en los casos en que, a su juicio, ello sea posible y conveniente para los objetivos del Acuerdo. La Junta presentará a la Comisión por lo menos anualmente propuesta sobre los Programas a que se refiere este artículo.

Para los efectos del artículo anterior la Junta tendrá en cuenta entre otros, los factores siguientes

Las capacidades instaladas de las plantas existentes;

Las necesidades de asistencia financiera y técnica para la instalación, ampliación, modernización o conversión de plantas industriales;

Los requerimientos de capacitación de mano de obra;

Las posibilidades de convenios de especialización horizontal entre empresas de una misma rama industrial, y

Las perspectivas de establecimiento de sistemas conjuntos de comercialización, de investigación tecnológica, o de otras formas de cooperación entre empresas afines. Los Países Miembros celebrarán consultas sistemáticas en el seno de la Comisión, con participación de la Junta, sobre sus programas de inversión en las industrias a que se refiere este artículo.

La Comisión a propuesta de la Junta podrá recomendar el establecimiento de empresas multinacionales para la instalación, ampliación o complementación de determinadas industrias. Tales empresas deberán propender, entre otros fines a un aprovechamiento más eficaz de las oportunidades de inversión que brinda el mercado ampliado, a un mejor ordenamiento y utilización de los recursos productivos de la Sub-región y al fortalecimiento de su capacidad para negociar la colaboración del capital externo y la transferencia de tecnología.

Cuando la Junta lo estime conveniente y, en todo caso, en sus evaluaciones anuales propondrá a la Comisión las medidas que considere indispensables para asegurar la participación equitativa de los Países Miembros en el conjunto de los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial en la ejecución de éstos y en el cumplimiento de sus objetivos.

Corresponderá a la Comisión mantener una adecuada coordinación con la Corporación Andina de Fomento y gestionar la colaboración de cualesquiera otras instituciones nacionales e internacionales cuya contribución técnica financiera estime conveniente para

Facilitar la coordinación de políticas y la programación conjunta de las inversiones;

Encauzar un volumen creciente de recursos financieros hacia la solución de los problemas que el proceso de integración plantee a los Países Miembros.

Promover la financiación de proyectos específicos adoptados en cumplimiento de los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, y

Ampliar, modernizar o convertir plantas industriales que sean afectadas por la liberación del intercambio. CAPITULO V Programa de liberación.

El Programa de Liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio del cualquier País Miembro.

Se entenderá por " gravámenes", los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidas en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados. Se entenderá por "restricciones de todo orden" cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto las situaciones previstas por el artículo 53 del Tratado de Montevideo.

Para los efectos de los artículos anteriores, la Junta de oficio o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un país Miembro constituye "gravamen" o "restricción".

En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos se aplicará lo dispuesto en el artículo 21 del Tratado de Montevideo.

El Programa de Liberación será automático e irrevocable y comprenderá la universalidad de los productos, para llegar a su liberación total a más tardar el 31 de diciembre de 1980. Este programa se aplicará, en sus diferentes modalidades

A los productos que sean objeto de Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial;

A los productos incluidos o que se incluyan en la Lista Común señalada en el artículo 4º del Tratado de Montevideo;

A los productos que no se producen en ningún país de la Sub-región, incluidos en la nómina correspondiente, y

A los productos no comprendidos en los literales anteriores.

Las restricciones de todo orden serán eliminadas a más tardar el 31 de diciembre de 1970. Se exceptúan de la norma anterior las restricciones que se apliquen a productos reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, las cuales serán eliminadas cuando se inicie su liberación conforme al respectivo programa o según lo establecido en el artículo 53. Bolivia y el Ecuador eliminarán las restricciones de todo orden en el momento en que inicien el cumplimiento del Programa de Liberación para cada producto, según las modalidades establecidas en el artículo 100 pero podrán sustituirlas por gravámenes que no excedan del nivel más bajo señalado en el literal a) del artículo 52, en cuyo caso lo harán tanto para las importaciones procedentes de la Sub-región como de fuera de ella.

Dentro del plazo señalado en el artículo anterior la Comisión, a propuesta de la Junta, determinará los productos que serán reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. Antes del 31 de diciembre de 1973, la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial con relación a los productos que hayan sido reservados conforme al

anterior. Si al vencimiento de dicho plazo la Junta encuentra posible proponer programas con respecto a productos reservados pero aún no incluidos en los programas ya anotados, el plazo en mención se entenderá prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1975.

La Comisión, a propuesta de la Junta y en cualquier tiempo, adoptará nuevos Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, y determinará las normas pertinentes, teniendo en cuenta la experiencia obtenida en la aplicación del Capítulo IV y considerando la importancia de la programación industrial como mecanismo fundamental del Acuerdo.

Los productos incluidos en el primer tramo de la Lista Común de que trata el artículo 4º del Tratado de Montevideo, quedarán totalmente liberados de gravámenes y restricciones de todo orden ciento ochenta días después de la entrada en vigor de este Acuerdo. Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión, a propuesta de la Junta, establecerá el Programa de Liberación aplicable a los productos que se incluyan en los tramos restantes de la Lista Común.

Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión a propuesta de la Junta, elaborará una nómina de los productos que no se producen en ningún país de la Sub-región y que no hayan sido reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, y seleccionará los que deben reservarse para ser producidos en Bolivia y el Ecuador, estableciendo respeto de estos últimos, las condiciones y el plazo de la reserva. Los productos incluidos en dicha nómina quedarán totalmente liberados de gravámenes el 28 de febrero de 1971. La liberación de los productos reservados para ser producidos en Bolivia o el Ecuador, beneficiará exclusivamente a estos países. No obstante lo anterior y dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, la Junta podrá proponer a la Comisión, la asignación de algunos productos de dicha nómina en favor de Colombia, Chile, y Perú. El país beneficiado con la asignación desgravará los productos respectivos en la forma establecida en el artículo 52. Si transcurridos cuatro años a partir de la fecha en que se haya hecho la asignación la Junta comprobare que el país favorecido con ella no ha iniciado la producción correspondiente o que el proyecto no se encontrare en vías de ejecución, cesarán desde ese momento los efectos de la misma, y el país beneficiado procederá a desgravar de inmediato el producto respectivo.

En cualquier momento posterior al vencimiento del plazo indicando en el segundo párrafo del artículo anterior la Comisión a propuesta de la Junta, podrá incluir nuevos productos en la nómina a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Dichos productos quedarán liberados de gravámenes sesenta días después de la fecha en que se aprobada su inclusión en la nómina mencionada. Cuando la Junta lo considere técnica y económicamente posible propondrá a la Comisión la reserva de una parte de los nuevos productos para ser producidos en Bolivia y el Ecuador y establecerá, respecto de ellos, el plazo y las condiciones de la reserva.

Los productos no comprendidos en los artículos 47, 49 y 50 serán liberados de gravámenes en la forma siguiente

Se tomará como punto de partida el gravamen más bajo vigente para cada producto en cualquiera de los aranceles nacionales de Colombia, Chile, y el Perú o en sus respectivas listas nacionales en la fecha de suscripción del Acuerdo. Dicho punto de partida no podrá exceder del ciento por ciento ad valórem sobre el precio CIF de la mercadería; a) El 31 de diciembre de 1970, todos los gravámenes que se encuentren por encima del nivel señalado en el punto anterior serán reducidos a dicho nivel, y

Los gravámenes restantes serán eliminados mediante reducciones anuales de un diez por ciento, hasta llegar a la liberación total el 31 de diciembre de 1980.

Los productos que habiendo sido seleccionados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, no fueren incluidos en ellos dentro de los plazos contemplados en el artículo 47, cumplirán el Programa de Liberación en la forma siguiente: c) Si se trata de productos que no se producen en ningún país de la Sub-región, quedarán liberados de gravámenes el 31 de diciembre de 1973 o el 31 de diciembre de 1975, según los casos. Sin perjuicio de lo anterior la Comisión, a propuesta de la Junta, deberá seleccionar algunos de estos productos para ser producidos en Bolivia y el Ecuador, estableciendo las condiciones y el plazo de la reserva, y d) Si se trata de productos comprendidos en el régimen del artículo 52 que deban comenzar su desgravación el 31 de diciembre de 1973, ajustarán el porcentaje de reducción de gravámenes al tiempo que falte para completar el plazo previsto en el artículo 45; los que deban iniciar la liberación el 31 de diciembre de 1975 lo harán mediante cinco reducciones anuales de cinco, diez, quince, treinta y cuarenta por ciento, respectivamente. En todo caso, los Países Miembros podrán convenir una desgravación selectiva de estos productos, siempre que ella sea más acelerada. Si la Junta excluye algunos productos de la mencionada reserva con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, se ajustarán desde ese momento al Programa de Liberación que les corresponda de acuerdo con las normas de los literales a) y b) de este artículo.

Los Países Miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes y de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la Sub-región, de modo que signifique una situación menos favorable que la existente a la entrada en vigor del Acuerdo. Se exceptúan de esta norma las modificaciones que Bolivia y el Ecuador deban introducir en sus aranceles para racionalizar sus instrumentos de política comercial, con el fin de asegurar la iniciación o expansión de ciertas actividades productivas en sus territorios. Estas excepciones serán calificadas por la Junta y autorizadas por la Comisión. Asimismo se exceptúan de esta norma las alteraciones de gravámenes que resulten de la sustitución de restricciones por gravámenes a que se refiere el artículo 46.

Hasta el 31 de diciembre de 1970, cada uno de los Países Miembros podrá presentar a la Junta una lista de productos que actualmente se producen en la Sub-región para exceptuarlos del Programa de Liberación y del proceso de establecimiento del Arancel Externo. En las listas de excepciones no podrán figurar productos de la Lista Común; las de Colombia y Chile no podrán comprender productos que estén incluidos con más de doscientos cincuenta ítems de la NABALALC; la del Perú no podrá exceder de cuatrocientos cincuenta ítems. Si transcurrido dicho plazo algún país no ha entregado su lista a la Junta se entenderá que renuncia al derecho consagrado en este artículo. Hasta el 30 de noviembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, podrá modificar el número de ítems a que se refiere el párrafo anterior. Los productos incluidos en las listas de excepciones quedarán totalmente liberados de gravámenes y otras restricciones y amparados por el Arancel Externo Común a más tardar el 31 de diciembre de 1985. Sin perjuicio de lo anterior el Perú deberá reducir el número de ítems de su lista de excepciones a trescientos cincuenta el 31 de diciembre de 1974 y a doscientos cincuenta el 31 de diciembre de 1979. Los productos que el Perú elimine de su lista de excepciones conforme a este artículo entrarán al Programa de Liberación y adoptarán el Arancel Externo en los niveles que correspondan en las fechas arriba mencionadas. En todo caso la Junta podrá autorizar el mantenimiento de algunas excepciones más allá del plazo de diez y seis años antes referido, con respecto a casos muy calificados, estableciendo el plazo de la prórroga y las condiciones de su futura desgravación. La prórroga no podrá exceder de cuatro años ni el número de las excepciones ser superior a veinte ítems.

La incorporación de un producto por un País Miembro en su lista de excepciones le impedirá gozar de las ventajas que para tal producto se deriven del Acuerdo. Un País Miembro podrá retirar productos de su lista de excepciones en cualquier momento. En tal caso, se ajustará de inmediato al Programa de Liberación y al Arancel Externo vigentes para tales productos, en las modalidades y niveles que le correspondan, y entrará a gozar simultáneamente de las ventajas respectivas. En casos debidamente calificados, la Junta podrá autorizar a un País Miembro para incorporar en su lista de excepciones productos que, habiendo sido reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, no fueren programados. En ningún caso esta incorporación podrá significar un aumento del número de ítems correspondiente.

La Junta deberá contemplar la posibilidad de incorporar los productos que los Países Miembros tengan en sus listas de excepciones a los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. Asimismo, en los programas que se adopten en cumplimiento de los artículos 36 y 37, en relación con las industrias existentes, se dará prioridad a aquellas cuyos productos figuren en las listas de excepciones con el fin de habilitarlas lo más pronto posible para hacer frente a la competencia sub-regional. Para los efectos contemplados en los incisos anteriores, los países interesados comunicarán a la Junta su intención de participar y retirarán el producto de su lista de excepciones de acuerdo con lo que se establezca en el respectivo programa. Dentro del segundo semestre de 1974, los Países Miembros celebrarán negociaciones con el fin de buscar fórmulas que permitan obtener la liberación gradual de los productos incluidos en la listas de excepciones dentro del plazo que termina el 31 de diciembre de 1985.

La inclusión de productos en las listas de excepciones no afectará las exportaciones de productos originarios de Bolivia o el Ecuador que hayan sido objeto de comercio significativo entre el país respectivo y Bolivia o el Ecuador durante los últimos tres años, o que tengan perspectivas ciertas de comercio significativo en un futuro inmediato. Lo mismo sucederá en el futuro en relación con aquellos productos originarios de Bolivia o el Ecuador que estén incluidos en la lista de excepciones de cualquiera de los Países Miembros, y con respecto a los cuales surjan perspectivas ciertas e inmediatas de exportación desde Bolivia o el Ecuador al país que los tenga exceptuados de la liberación del intercambio. Corresponde a la Junta determinar cuándo ha existido comercio significativo o hay perspectivas ciertas de que exista.

Los Países Miembros procurarán concertar conjuntamente Acuerdos de Complementación con la demás partes Contratantes de la ALALC en los sectores de producción que sean susceptibles de ello de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Montevideo y en la resoluciones respectivas.

Los compromisos que se adopten de conformidad con el Tratado de Montevideo en cumplimiento del Programa de Liberación de la ALALC, prevalecerán sobre lo dispuesto en el presente Capítulo en la medida en que sean más avanzados que éste. CAPITULO VI Arancel Externo Común

Los Países Miembros se comprometen a poner en aplicación un Arancel Externo Común a más tardar el 31 de diciembre de 1980.

Antes del 31 de diciembre de 1973, la Junta elaborará un Proyecto de Arancel Externo Común y lo someterá a la consideración de la Comisión que lo aprobará dentro de los dos años siguientes. El 31 de diciembre de 1976, los Países Miembros comenzarán el proceso de aproximación al Arancel Externo Común de los gravámenes aplicables en sus aranceles nacionales a las importaciones de fuera de la Sub-región, en forma anual, automática y lineal y de manera que quede en plena vigencia el 31 de diciembre de 1980.

Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión aprobará, a propuesta de la Junta, un Arancel Externo Mínimo Común, que tendrá por objeto principalmente

Establecer una protección adecuada para la producción sub-regional;

Crear progresivamente un margen de preferencias sub-regional;

Facilitar la adopción del Arancel Externo Común, y

Estimular la eficiencia de la producción sub-regional.

El 31 de diciembre de 1971, los Países Miembros iniciarán la aproximación de los gravámenes aplicables a las importaciones de fuera de la Sub-región a los establecidos en el Arancel Externo Mínimo Común, en los casos en que aquéllos sean inferiores a éstos, y cumplirán dicho proceso en forma anual, lineal y automática, de modo que quede en plena aplicación el 31 de diciembre de 1975.

No obstante lo dispuesto en los artículos 62 y 64 se aplicarán las reglas siguientes

Respecto de los productos que sean objeto de Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, regirán las normas que sobre Arancel Externo Común establezcan dichos Programas, y

En cualquier momento en que, en cumplimiento del Programa de Liberación, un producto quede liberado de gravámenes y otras restricciones, le serán plena y simultáneamente aplicados los gravámenes establecidos en el Arancel Externo Mínimo Común o en el Arancel Externo Común, según el caso. Si se tratare de productos que no se producen en la Sub-región, cada país podrá diferir la aplicación de los gravámenes comunes hasta el momento en que la Junta verifique que se ha iniciado su producción en la Sub-región. Con todo, si a juicio de la Junta la nueva producción es insuficiente para satisfacer normalmente el abastecimiento de la Sub-región, propondrá a la Comisión las medidas necesarias para conciliar la necesidad de proteger la producción sub-regional con la de asegurar un abastecimiento normal.

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá modificar los niveles arancelarios comunes en la medida y en la oportunidad que considere convenientes para

Adecuarlos a las necesidades de la Sub-región;

Contemplar la situación especial de Bolivia y el Ecuador, y

Ajustarlos a los que se fijen en el Arancel Externo Común de la ALALC.

La Junta podrá proponer a la Comisión las medidas que considere indispensables para procurar condiciones normales de abastecimiento sub-regional. Para atender insuficiencias transitorias de la oferta que afecten a cualquier País Miembro, éste podrá plantear el problema de la junta, la cual verificará la situación en un plazo compatible con la urgencia del caso. Una vez que la Junta compruebe que existe el problema planteado y lo comunique al país afectado, éste podrá tomar medidas tales como la reducción o suspensión transitoria de los gravámenes del Arancel Externo dentro de los límites indispensables para corregir la perturbación. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la Junta solicitará una reunión extraordinaria de la Comisión, si fuere el caso, o le informará sobre lo actuado en su próxima reunión ordinaria.

Los Países Miembros se comprometen a no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo. Igualmente se comprometen a celebrar las consultas necesarias en el seno de la Comisión antes de adquirir compromisos de carácter arancelarios con países ajenos a la Sub-región. Los Países Miembros acodarán los compromisos de este Capítulo con las obligaciones del Tratado de Montevideo. CAPITULO VII Régimen Agropecuario.

Con la mira de llegar a la adopción de una política común y a la formulación de un plan indicativo para el sector agropecuario, los Países Miembros armonizarán sus políticas nacionales y coordinarán sus planes de desarrollo agropecuario, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes objetivos

El mejoramiento del nivel de vida de la población rural;

El incremento de la producción y de la productividad;

La especialización, en función del mejor uso de los factores de producción;

La sustitución sub-regional de las importaciones y la diversificación y el aumento de las exportaciones, y

El abastecimiento oportuno y adecuado del mercado sub-regional.

Para alcanzar los objetivos mencionados en el artículo anterior la Comisión tomará periódicamente, a propuesta de la Junta, las medidas siguientes, entre otras: f) Programas conjuntos de desarrollo agropecuario, por productos o grupos de productos; g) Sistemas comunes de comercialización y celebración de convenios sobre abastecimiento de productos apropecuarios entre los organismos estatales respectivos; h) Promoción de convenios entre los organismos nacionales vinculados a la planificación y a la ejecución de la política agropecuaria; i) Iniciativas sobre promoción de exportaciones; j) Programas conjuntos de investigación aplicada y de asistencia técnica y financiera al sector agropecuario, y k) Normas y programas comunes sobre sanidad vegetal y animal.

La Comisión y la Junta arbitrarán las medidas necesarias para acelerar el desarrollo agropecuario de Bolivia y el Ecuador y su participación en el ampliado.

Para el comercio de productos agropecuarios amparados por el Programa de Liberación del Acuerdo, serán plenamente aplicables, aun después del período señalado en el artículo 2º del Tratado de Montevideo, el artículo 28 de éste, las Resoluciones que lo complementan y las disposiciones que en el futuro las modifiquen o sustituyan.

El país que imponga las medidas de que trata el artículo anterior dará cuenta inmediata de ellas a la Junta, acompañando un informe sobre las razones en que se ha fundado para aplicarlas. Cualquier País Miembro que se considere perjudicado por dichas medidas podrá presentar sus observaciones a la Junta. La Junta analizará el caso y propondrá a la Comisión las medidas de carácter positivo que juzguen convenientes a la luz de los objetivos señalados en el artículo 69. La Comisión decidirá sobre las restricciones aplicadas y sobre las medidas propuestas por la Junta.

Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, determinará la lista de productos agropecuarios para los efectos de la aplicación de los artículos 72 y 73. Dicha lista podrá ser modificada por la Comisión, a propuesta de la Junta. CAPITULO VIII Competencia comercial

Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Junta, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Sub-región, tales como "dumping", manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Junta velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien, para lo cual tendrá en cuenta la necesidad de coordinarlas con las disposiciones de la Resolución 65 (II) de la Conferencia de las Partes Contratantes de la ALALC y las que la complementen o sustituyan.

Mientras la Comisión no adopte las normas de que trata el artículo anterior, el país que se considera afectado deberá recurrir a la Junta para la aplicación de la Resolución 65 (II).

Los Países Miembros no podrán adoptar medidas correctivas sin ser autorizados previamente por la Junta. La Comisión reglamentará los procedimientos para la aplicación de las normas del presente Capítulo. CAPITULO IX Cláusulas de salvaguardia.

Si un País Miembro se viere en las situaciones previstas en el Capítulo VI del Tratado de Montevideo, ocasionadas por factores ajenos al Programa de Liberación del Acuerdo, podrá adoptar medidas de salvaguardia en consonancia con lo dispuesto en dicho capítulo y en las Resoluciones pertinentes.

Si el incumplimiento del Programa de Liberación del Acuerdo causa o amenaza causar perjuicios graves a la economía de un País Miembro o a un sector significativo de su actividad económica, dicho país podrá, previa autorización de la Junta, aplicar medidas correctivas de carácter transitorio y en forma no discriminatoria. Cuando fuere necesario, la Junta deberá proponer a la Comisión medidas de cooperación colectiva destinadas a superar los inconvenientes surgidos. La Junta deberá analizar periódicamente la evolución de la situación con el objeto de evitar que las medidas restrictivas se prolonguen más allá de lo estrictamente necesario o considerar nuevas fórmulas de cooperación si fuere procedente.

Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los Países Miembros altera las condiciones normales de coapetencia, el país que se considere perjudicado podrá plantear el caso a la Junta, la que deberá pronunciarse breve y sumariamente. Verificada la perturbación por la Junta, el país perjudicado podrá adoptar medidas correctivas de carácter transitorio y mientras subsista la alteración, dentro de las recomendaciones de la Junta. En todo caso, dichas medidas no podrán significar una disminución de los niveles de importación existentes antes de la devaluación. Sin perjuicio de la aplicación de las de las medidas transitorias aludidas, cualquiera de los Países Miembros podrá pedir a la Comisión una decisión definitiva del asunto. El País Miembro que devaluó podrá pedir a la Junta, en cualquier tiempo, que revise la situación, a fin de atenuar o suprimir la mencionadas medidas correctivas. El dictamen de la Junta podrá ser enmendado por la Comisión.

No se aplicarán cláusulas de salvaguardia de ningún tipo a las importaciones de productos originarios de la Sub-región incluidos en Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. Tampoco se aplicarán los artículos 79 y 80 a la importación de productos originarios de los demás países de la ALALC, cuando estuvieren incorporados en el Programa de Liberación del Tratado de Montevideo. CAPITULO X Origen.

La Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará las normas especiales que sean necesarias para la calificación del origen de las mercaderías. Dichas normas deberán constituir un instrumento dinámico para el desarrollo de la Sub-región y ser adecuadas para facilitar la censecución de los objetivos del Acuerdo.

Corresponderá a la Junta fijar requisitos específicos de origen para los productos que así lo requieran. Cuando en un Programa Sectorial de Desarrollo Industrial sea necesaria la fijación de requisitos específicos, la Junta deberá establecerlos simultáneamente con la aprobación del programa correspondiente. Dentro de año siguiente a la fijación de un requisito específico, los Países Miembros podrán solicitar su revisión a la Junta, que deberá pronunciarse sumariamente. Si un país Miembro lo solicita, la Comisión deberá examinar dichos requisitos y adoptar una decisión definitiva, dentro de un plazo comprendido entre los seis (6) y los doce (12) meses, contados desde la fecha de su fijación por la Junta. La Junta podrá, en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, modificar los requisitos fijados conforme a este artículo, a fin de adaptarlos al avance económico y tecnológico de la Sub-región.

La Comisión y la Junta, al adoptar y fijar las normas especiales o los requisitos específicos de origen, según el caso, procurarán que no constituyan obstáculo para que Bolivia y el Ecuador aprovechen las ventajas derivadas de la aplicación del Acuerdo.

La Junta velará por el cumplimiento de las normas y requisitos de origen dentro del comercio sub-regional. Asimismo, deberá proponer las medidas que sean necesarias para solucionar los problemas de origen que perturben la consecución de los objetivos de este Acuerdo. CAPITULO XI Integración física.

Los Países Miembros emprenderán una acción conjunta para solucionar los problemas de infraestructura que incidan desfavorablemente sobre el proceso de integración económica de la Sub-región. Esta acción se ejercerá principalmente en los campos de la energía, los transportes y las comunicaciones, y comprenderá, en particular, las medidas necesarias para facilitar el tráfico fronterizo entre los Países Miembros. Para tal efecto, los Países Miembros propenderán al establecimiento de entidades o empresas de carácter multinacional, cuando ello sea posible y conveniente para facilitar la ejecución y administración de dichos proyectos.

Antes del 31 de diciembre de 1972, la Junta elaborará programas iniciales en los campos señalados en el artículo anterior y los presentará a la consideración de la Comisión. Estos programas comprenderán, en lo posible

La identificación de proyectos específicos para su incorporación en los planes nacionales de desarrollo y el orden de prioridad en que deban ejecutarse;

Las medidas indispensables para financiar los estudios de preinversión que sean necesarios;

Las necesidades de asistencia técnica y financiera para asegurar la ejecución de los proyectos, y

Las modalidades de acción conjunta ante los organismos internacionales de Crédito y, en particular ante la Corporación Andina de Fomento, para asegurar la provisión de los recursos financieros que no sea posible conseguir en la Sub-región. La realización de estos programas iniciales marcará el comienzo de un proceso continuado, destinado a ampliar y modernizar la infraestructura física de la Sub-región.

Los programas de que trata el artículo anterior, así como los Sectoriales de Desarrollo Industrial, deberán comprender medidas de cooperación colectiva para satisfacer adecuadamente los requerimientos de infraestructura indispensables para su ejecución y contemplarán de manera especial la situación del Ecuador y las características territoriales y la posición mediterránea de Bolivia CAPITULO XII Asuntos Financieros.

Los Países Miembros coordinarán sus políticas nacionales en materias financieras y de pagos en la medida necesaria para facilitar la consecución de los objetivas del Acuerdo. Para tales efectos la Junta presentará a la Comisión propuestas sobre las siguientes materias, entre otras: a) Canalización de las corrientes de ahorro público y privado de la Sub-región para la financiación de inversiones destinadas al desarrollo de la industria, la agricultura y la infraestructura, en el contexto del mercado ampliado; e) Financiación del comercio entre los Países Miembros y con los de fuera de la Sub-región; f) Medias que faciliten la circulación de capitales dentro de la Sub-región, y en especial de los que se destinen al desarrollo de la industria, los servicios y el comercio, en función del mercado ampliado; g) Fortalecimiento del sistema de compensación multilateral de saldos bilaterales vigentes entre los Bancos Centrales de la ALALC, en función de las necesidades del comercio sub-regional, y eventual creación de una Cámara Sub-regional de compensación de Pagos y de un sistema de créditos recíprocos; h) Normas destinadas a resolver los problemas que pueda originar la doble tributación, y i) Creación de un fondo común de reserva.

Si como consecuencia del incumplimiento del Programa de Liberación del Acuerdo un País Miembro sufre dificultades relacionadas con sus ingresos fiscales, la Junta podrá proponer a la Comisión, a petición del país afectado, medidas para resolver tales problemas. En sus propuestas, la Junta tendrá en cuenta los grados de desarrollo económico relativo de los Países Miembros. CAPITULO XIII Régimen especial para Bolivia y el Ecuador.

Con el finde disminuír gradualmetne las diferencias de desarrollo actualmente existentes en la Sub-región, Bolivia y el Ecuador gozarán de un régimen especial que les permita alcanzar un ritmo más acelerado de desarrollo económico, mediante su participación efectiva e inmediata en los beneficios de la industrialización del área y de la liberación del comercio. Para lograr el propósito enunciado en este artículo, los órganos del Acuerdo propondrán y adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con las reglas del mismo. Sección A. De la Armonización de Políticas Económicas Y de la Coordinación de Planes de Desarrollo.

En la armonización de políticas económicas y sociales y en la coordinación de los planes de que trata el Capítulo III, deberán establecerse tratamientos diferenciales e incentivos suficientes que compensen las deficiencias estructurales de Bolivia y el Ecuador y aseguren la movilización y asignación de los recursos indispensables para el cumplimiento de los objetivos que a su favor contempla el Acuerdo. Sección B. De la Política Industrial.

La política industrial de la Sub-región considerará de manera especial la situación de Bolivia y el Ecuador para la asignación prioritaria de producciones a su favor y la localización consiguiente de plantas en sus territorios, especialmente a través de su participación en los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial.

Los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial contemplarán ventajas exclusivas y tratamientos preferenciales eficaces en favor de Bolivia y el Ecuador, de manera de facilitarles el efectivo aprovechamiento del mercado sub-regional.

La Junta, al proponer a la Comisión las medidas conplementarias previstas en el artículo 35, deberá contemplar ventajas exclusivas y tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador, en los casos en que ello sea necesario. Sección C. De la Política Comercial.

Con el objeto de permitir la participación inmediata de Bolivia y el Ecuador en los Beneficios del mercado ampliado, los Países Miembros les otorgarán, en forma irrevocable y no extensiva, la eliminación de gravámenes y restricciones de todo orden a la importación de productos originarios de sus territorios, en los términos de los artículos 97 y 98.

Para los efectos indicados en el artículo anterior, los productos originarios de Bolivia y el Ecuador se regirán por las siguientes normas

A más tardar el 31 de diciembre de 1973 los productos contemplados en el literal d) del artículo 45 tendrán acceso libre y definitivo al mercado sub-regional. Para tal efecto, los gravámenes serán eliminados automáticamente mediante tres reducciones anuales y sucesivas del cuarenta, el treinta y el treinta y cinco por ciento respectivamente, la primera de las cuales tendrá lugar el 31 de diciembre de 1971, tomando como punto de partida los niveles señalados en el literal a) del artículo 52;

La Comisión, a propuesta de la Junta y antes del 31 de diciembre de 1970, aprobará nóminas de productos que se liberarán a favor de Bolivia y el Ecuador el 1º de enero de 1971.

Los productos a que se refiere el artículo 53 quedarán totalmente liberados de gravámenes en favor de Bolivia y el Ecuador el 1º de enero de 1974 o el 1º de enero de 1976, según hayan sido o no objeto de prórroga, en los términos del artículo 47;

Antes del 31 de marzo de 1971 la Comisión, a propuesta de la Junta, fijará márgenes de preferencia en favor de sendas nóminas de productos de especial interés para Bolivia y el Ecuador y determinarán los plazos durante los cuales serán mantenidos dichos márgenes, que serán puestos en vigencia el 1º de abril de 1971. La nómina a que se refiere este literal estará formada por productos de los comprendidos en el literal d) del artículo 45, y

El mismo procedimiento indicado en el literal d) se observará con relación a una lista de productos de aquellos que, habiendo sido reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial, no fueren incluidos en ellos dentro de los plazos fijados en el artículo 47.

La liberación de los productos de la Lista Común para los cuales los Países Miembros han otorgado ventajas no extensivas en favor de Bolivia y el Ecuador regirá exclusivamente en su provecho. Dicha exclusividad se limitará al país que haya otorgado la respectiva ventaja.

Las medidas correctivas a que se refieren los artículos 72 y 79 se extenderán a las importaciones procedentes de Bolivia y el Ecuador solo en casos debidamente calificados y previa comprobación, por la Junta, de que los perjuicios graves provienen sustancialmente de dichas importaciones. La Junta observará, en esta materia, los procedimientos del citado artículo 79 y del artículo 4º de la Resolución 173 (CM-I/III-E) de la ALALC.

Bolivia y el Ecuador cumplirán el Programa de Liberación en la forma siguiente: f) Liberarán los productos incorporados en Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial en la forma en que se establezca en cada uno de ellos; g) Liberarán los productos que, habiendo sido reservados para dichos programas no fueren incluidos en ellos, en la forma y dentro del plazo que determine la Comisión, a propuesta de la Junta. Para hacer tal determinación la Comisión y la Junta tendrán en cuenta fundamentalmente los beneficios que se deriven de la Programación y la localización a que se refiere el artículo 93; h) El plazo que fije la Comisión no podrá exceder en más de cinco (5) años al establecido en el artículo 52 literal c); i) Liberarán los productos incorporados o que se incorporen a la Lista Común en la forma y en los plazos previstos en el Tratado de Montevideo y en las resoluciones pertinentes de la Conferencia; j) Liberarán los productos que aún no se producen en la sub-región y que no formen parte de la reserva prevista en su favor en el artículo 50, sesenta días después de que la Comisión apruebe dicha reserva. Sin embargo, podrán exceptuar de este tratamiento los productos que la Junta, de oficio o a petición de Bolivia o el Ecuador, califique para estos efectos como suntuarios o prescindibles. Estos productos se sujetarán para su desgravación posterior al procedimiento establecido en el literal f) del presente artículo, y k) Liberarán los productos no comprendidos en los literales anteriores a partir de sus aranceles nacionales mediante reducciones anuales y sucesivas del diez por ciento (10%) cada una, la primera de las cuales será hecha el 31 de diciembre de 1976. No obstante Bolivia y el Ecuador podrán iniciar la desgravación de estos productos en el curso de los seis primeros años de vigencia del Acuerdo.

La Junta evaluará periódicamente los resultados que obtengan Bolivia y el Ecuador en su intercambio con lo demás Países Miembros y la medida en que efectivamente estén aprovechando los beneficios del mercado ampliado. Con base en dichas evaluaciones, la Comisión podrá revisar los plazos señalados en los literales c) y f) del artículo anterior.

La lista de excepciones de Bolivia podrá incluir productos comprendidos en no más de trescientos cincuenta ítems y en cincuenta subcomisiones de la NABALALC. La lista de el Ecuador no podrá comprender más de seiscientos ítems. Este número podrá ser modificado por la Comisión en los términos del segundo párrafo del artículo 55. Los productos incluidos por Bolivia y el Ecuador en sus listas de excepciones quedarán totalmente liberados de gravámenes y otras restricciones a más tardar el 31 de diciembre de 1990. Este plazo podrá ser prorrogado en casos debidamente calificados por la Junta. Los artículos 55, 56 y 57 serán aplicables en todo lo demás, a la lista de excepciones de Bolivia y el Ecuador. La regla consagrada en el primer párrafo del artículo 54 no se aplicará a los productos incluidos por Bolivia y el Ecuador en sus listas de excepciones.

En la preparación de los Programas a que se refieren los artículos 36 y 37, la Comisión y la Junta darán atención especial y prioritaria a las industrias de Bolivia y el Ecuador cuyos productos sean exceptuados por dichos países del Programa de Liberación, con el fin de contribuír a habilitarlas lo más pronto posible para participar en el mercado sub-regional. Sección D. Del Arancel Externo Común.

Bolivia y el Ecuador iniciarán el proceso de adopción del Arancel Externo Común en forma anual automática y lineal, el 31 de diciembre de 1976 y lo completarán el 31 de diciembre de 1985. Bolivia y el Ecuador solo estarán obligados a adoptar el Arancel Externo Mínimo Común respecto de los productos que no se producen en la Sub-región de que trata el artículo 50. Con relación a dichos productos adoptarán los gravámenes mínimos mediante un proceso lineal y automático que se cumplirá en tres años, contados a partir de la fecha en que se inicie su producción en la Sub-región. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo la Comisión, a propuesta de la Junta, podrá determinar que Bolivia y el Ecuador adopten los niveles arancelarios mínimos con respecto a productos que sean de interés para los restantes Países Miembros y siempre que la aplicación de dichos niveles no cause perturbaciones a Bolivia o el Ecuador. También podrá la Comisión, a propuesta de la Junta, determinar la adopción de los niveles arancelarios mínimos por parte de Bolivia y el Ecuador con respecto a productos cuya importación desde fuera de la Sub-región pueda causar perturbaciones graves a ésta.

Bolivia y el Ecuador podrán establecer las excepciones que les sean autorizadas por la Comisión, a propuesta de la Junta, al proceso de aproximación de sus Aranceles Nacionales al Arancel Externo Común que les permitan aplicar sus leyes vigentes de fomento industrial, principalmente en lo relacionado con la importación de bienes de capital, productos intermedios y materias primas necesarias para su desarrollo. Dichas excepciones no podrán aplicarse, en ningún caso más allá del 31 de diciembre de 1985. Sección E. De la Cooperación Financiera y la Asistencia Técnica.

Los Países Miembros se comprometen a actuar conjuntamente anta la Corporación Andina de Fomento, y cualesquiera otros organismos sub-regionales, nacionales o internacionales, con el fin de conseguir asistencia técnica y financiación para la instalación prioritaria de plantas o complejos industriales en Bolivia y el Ecuador. La asignación de los recursos destinados a tales proyectos deberá hacerse en función del objetivo básico de reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países, procurando favorecer acentuadamente a Bolivia y el Ecuador. Además, los Países Miembros actuarán conjuntamente ante la Corporación Andina de Fomento para que asigne sus recursos ordinarios y extraordinarios en forma tal que Bolivia y el Ecuador reciban una proporción sustancialmente superior a la que resultaría de una distribución de dichos recursos proporcional a sus aportes al capital de la Corporación. Sección F. Disposiciones generales.

En sus evaluaciones periódicas e informes anuales, la Junta considerará, de manera especial y separadamente, la situación de Bolivia y el Ecuador dentro del proceso de Integración Sub-regional y propondrá a la Comisión las medidas que juzguen adecuadas para mejorar sustancialmente sus posibilidades de desarrollo y activar cada vez más su participación en la industrialización del área.

en todo lo que no esté contemplado en este Acuerdo, el régimen especial para Bolivia y el Ecuador incorpora plenamente los principios y las disposiciones del Tratado de Montevideo, así como los de las Resoluciones de la ALALC a favor de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo. CAPITULO XIV Adhesión, vigencia y denuncia.

El presente Acuerdo no podrá ser suscrito con reservas y quedará abierto a la adhesión de las demás Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. Los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo que adhieran a él tendrán derecho a un tratamiento similar al que se conviene en el Capítulo XIII para Bolivia y el Ecuador. Las condiciones de la adhesión serán definidas por la Comisión, para lo cual tendrán en cuenta que la incorporación de nuevos miembros debe ajustarse a los objetivos del Acuerdo.

El presente Acuerdo será sometido a la consideración del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, una vez que el Comité haya declarado que es compatible con los principios y objetivos del Tratado de Montevideo y con la Resolución 203 (CM-II/VI-E), cada uno de los Países Miembros lo aprobará conforme a sus respectivos procedimientos legales, y comunicará el correspondiente acto de aprobación a la Secretaria Ejecutiva de la ALALC. El Acuerdo entrará en vigor cuando tres países hayan comunicado su aprobación a la Secretaría Ejecutiva de la ALALC. Para los demás países, la fecha de entrada en vigor será la de la comunicación del respectivo instrumento de aprobación de acuerdo con el procedimiento señalado en el primer inciso de este artículo. El presente Acuerdo permanecerá en vigencia mientras los compromisos que se adquieran en el marco general del Tratado de Montevideo no superen los que aquí se establecen.

El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Sub-región las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia. El plazo indicado en el

anterior podrá ser disminuido en casos debidametne fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado. En relación con los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial se aplicará lo dispuesto en el literal g) del artículo 34. CAPITULO XV Disposiciones finales.

La Comisión, a propuesta de la Junta, sobre la base de los informes y evaluaciones periódicas de ésta, adoptará a más tardar el 31 de diciembre de 1960, los mecanismo necesarios para asegurar la consecución de los objetivos del mismo, una vez que haya concluido el proceso de liberación del intercambio y de establecimiento del Arancel Externo Común. Dichos mecanismos deberán contemplar tratamientos especiales en favor de Bolivia y el Ecuador mientras subsistan las diferencias actualmente existentes en el grado de desarrollo.

Las ventajas pactadas en el Acuerdo no se harán extensivas a los países no participantes ni crearán obligaciones para ellos.

Las disposiciones de este Acuerdo no afectarán los derechos y obligaciones resultantes del Tratado de Montevideo y de las Resoluciones de la ALALC, que se aplicarán en forma supletoria. Disposición transitoria. Se exceptúan de lo previsto en el artículo 54, las alteraciones de niveles que resulten de la conversión que haga el Ecuador en su Arancel Nacional de Aduanas como consecuencia de la adopción de la Nomenclatura Arancelaria de Brucelas. ANEXO I

Delegar en la Junta aquellas atribuciones que estime convenientes.

Aprobar modificaciones al presente Acuerdo.

Enmendar las proposiciones de la Junta.

Aprobar las normas que sean necesarias para hacer posible la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las políticas económicas en los Países Miembros.

Aprobar el programa de armonización de los instrumentos de regulación del comercio exterior de los Países Miembros.

Aprobar los programas de integración física.

Acelerar el Programa de Liberación, por productos o grupos de productos.

Aprobar los programas conjuntos de desarrollo agropecuario.

Aprobar y modificar la lista de productos agropecuarios de que trata el artículo 74.

Aprobar las medidas de cooperación conjunta establecidas en el artículo 79.

Modificar el número de ítems a que se refieren los artículos 55 y 102.

Reducir el número de materias incluídas en el presente Anexo.

Establecer las condiciones de adhesión al presente Acuerdo. ANEXO II 1. Aprobar la nómina de productos reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. 2. Aprobar los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. 3. Aprobar los programas de racionalización y especialización a que se refiere el artículo 36. 4 Aprobar el Arancel Externo Mínimo Común y el Arancel Externo Común de acuerdo con las modalidades previstas en el Capítulo VI, establecer las condiciones de su aplicación y modificar los niveles arancelarios comunes. 5. Aprobar la nómina de productos que no se producen en ningún país de la Sub-región. 6. Aprobar las normas especiales de origen. ANEXO III 1. Aprobar las listas de productos de liberación inmediata conforme al artículo 97, literal b). 2. Fijar márgenes de preferencia y señalar plazos de vigencia para las nóminas de productos de especial interés para Bolivia y el Ecuador (artículos 97, literales d) y e). 3. Determinar la forma y los plazos en que Bolivia y el Ecuador liberarán los productos reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial y que no hayan sido incluidos en ellos ( artículos 100, literal b). 4. Revisar los plazos de liberación de los productos a que se refieren los incisos c) y f) del artículo 100. 5. Determinar los niveles arancelarios mínimos que adopten Bolivia y el Ecuador para productos de interés de los restantes Países Miembros (artículo 104). 6. Aprobar la nómina de productos no producidos, reservada para su producción en Bolivia y el Ecuador, y fijar las condiciones y plazos de la reserva.(Artículo 50).

Artículo II. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex), será el organismo a través del cual el Gobierno de Colombia mantendrá contacto con los órganos del Acuerdo, y en particular, con la Junta de que trata la Sección B. Del Capítulo II del mismo.

Artículo III. Corresponderá al Instituto Colombiano de Comercio Exterior, en el ámbito de sus atribuciones legales, adoptar medidas y proponer los proyectos de decretos necesarios para el cumplimiento oportuno de las obligaciones que el Acuerdo de Integración Sub-regional impone a Colombia. Para los fines indicados en este artículo, el Instituto Colombiano de Comercio Exterior actuará en estrecha coordinación con los Ministerios, Departamentos Administrativos e Institutos que sean competentes en cada caso, según las materias de que se trae. Comuníquese, y