decreto 302 de 2025

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política corresponde al presidente de la República conservar en todo el territorio el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado. Que, en la Sentencia C-045 de 1996, la Corte Constitucional definió el orden público como "derecho ciudadano", esto es, como "garantía de los derechos y libertades comprendidos dentro de él"; precisando que "{e]l Estado social de derecho se fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). En la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la parte dinámica la acción razonable de libertades. Luego el orden público supone el ejercicio razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho al orden público, porque éste es de interés general, y como tal, prevalente". Que, en correspondencia con lo anterior, el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 atribuye al presidente de la República, entre otras funciones, la de '[e]jercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas ... ", y [t]omar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional ... ".

Que el artículo 37 de la Constitución Política prevé el derecho fundamental a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Que, mediante la Sentencia C-009 de 2018, la Corte señaló que "la reunión y la manifestación en espacios públicos (. . .) constituyen un mecanismo útil para la democracia. para lograr el cumplimiento cabal del pacto social, pues es a través de estos medios de participación que muchas veces se expresan las inconformidades ciudadanas de grupos sociales que no han sido escuchados institucionalmente". Que, en dicha sentencia, la Corte precisó que "el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercida a través de una asociación transitoria, caracterizado por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que pretende el intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos son: el subjetivo (una agrupación de personas), el temporal (su duración transitoria), el finalístico (licitud de la finalidad) y el real u objetivo (lugar de la celebración)." Que, en las votaciones del pasado 19 de junio de 2022, el pueblo colombiano expresó su voluntad mediante el ejercicio del derecho al voto y escogió el gobierno del cambio, para que impulsara de manera real y efectiva sus propuestas y lograra la materialización de las reformas anheladas. Que, en tal medida, se considera procedente declarar un Día Cívico que permita generar un espacio democrático para que la ciudadanía, en ejercicio de sus derechos fundamentales, pueda expresar de manera pacífica, libre y voluntaria en las calles, sus anhelos y deseos de lograr, de manera real, efectiva y pronta, el cumplimiento de los fines sociales que persiguen esas reformas. En mérito de lo expuesto;