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La presente ley regula las tasas que deben pagar los usuarios por la prestación de los servicios de expedición de pasaportes, visas, legalizaciones y apostilla, certificaciones, el ejercicio de las funciones notariales y de registro en el exterior, la expedición de tarjetas de registro consular y los trámites de nacionalidad, con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo anterior, sin perjuicio de los cobros que se deben realizar para otras entidades en virtud de la legislación vigente.

La presente ley se fundamenta en el concepto constitucional de la recuperación de los costos de los servicios que se prestan a los usuarios y en la participación de estos en los beneficios que reciben; y en el mejoramiento continuo del servicio para garantizar su prestación eficiente y efectiva, respetando la reserva de la información.

Los siguientes son los hechos generadores de las tasas establecidas mediante la presente ley:

Expedición de pasaportes;

Expedición de visas;

Legalización de documentos que van a producir sus efectos en el exterior;

Apostilla;

Protocolización de escrituras públicas;

Certificaciones expedidas en el exterior por funcionarios consulares, en ejercicio de su función notarial de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 960 de 1970,por el cual se expide el Estatuto del Notariado, y demás normas que lo modifiquen o adicionen;

Certificación sobre la existencia legal de sociedades;

Autenticaciones efectuadas por los cónsules colombianos;

Reconocimiento de firmas ante cónsules colombianos;

Expedición de Tarjetas de Registro Consular;

Trámite de nacionalidad colombiana por adopción;

l)Trámite de renuncia a la nacionalidad colombiana;

Expedición de certificados de antepasados de extranjeros nacionalizados como colombianos por adopción;

Expedición de certificados de no objeción a la permanencia en el exterior de estudiantes colombianos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá celebrar convenios interadministrativos con otras entidades públicas para el recaudo de las tasas.

El sujeto pasivo de las tasas que se regulan enla presente ley es el usuario de los servicios enumerados en el artículo 3º de esta ley.

El sujeto activo de las tasas que se regulan en la presente ley es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los ingresos que por tales actividades se reciban serán percibidos para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La tarifa correspondiente a las tasas que cobra el Ministerio de Relaciones Exteriores por la presentación de los servicios regulados en la presente ley, se fijará de acuerdo con lo siguiente:

Sistema para determinar costos . En desarrollo de los principios previstos en el artículo 2º de la presente ley, se determinarán formas específicas de medición económica para la valoración y ponderación de los costos, teniendo en cuenta los insumos, el manejo de las bases de dato, el acceso a otros sistemas de información, su montaje y los factores de financiación, operación, tecnificación, modernización, administración, mantenimiento, sostenimiento, reparación, actualización, provisiones, la cobertura, ampliación de servicios, seguros, capacitación, seguridad del sistema de información, de su flujo y demás gastos asociados.

Cuando alguno de los procedimientos deba contratarse con terceros, se considerará el valor del servicio contratado.

Método . Determinados los costos conforme al sistema, por cada tipo de servicio de los señalados en el artículo 3º, el Ministerio de Relaciones Exteriores fijará la distribución entre los sujetos pasivos respectivos a cada servicio, aplicando el siguiente método:

Estimación del número y/o porcentaje de requerimiento de servicios por cada uno de los tipos señalados anualmente en el artículo 3º, con base en la información estadística que posea el Ministerio de Relaciones Exteriores;

Con base en los requerimientos técnicos e informáticos y de administración de cada uno de los tipos de servicio señalados en el artículo 3º, se determinará la capacidad de atención y los costos de la inversión;

Los costos deben garantizar la debida prestación de un servicio adecuado, consolidado, oportuno y suficiente para los usuarios, de acuerdo con cada tipo de servicios de los enumerados en el artículo 3º.

Las tarifas para cada tipo de servicios podrán variar periódicamente con el fin de mantener un equilibrio entre los ingresos y los costos asociados, de acuerdo con lo definido en el literal anterior y se ajustará máximo hasta el límite de la variación de IPC certificado por el DANE, para el año anterior al reajuste.

Forma de hacer el reparto . La tarifa de cada uno de los servicios prestados y descritos en el artículo 3º, tendrá en cuenta el sistema de determinación de los costos y beneficios y será el resultado de distribuir en proporción anualmente, los costos en la proyección de usuarios.

De conformidad con el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución Política, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la autoridad administrativa autorizada para establecer mediante resolución las tarifas por los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con el método y el sistema para la determinación del costo de los servicios y la forma de repartirlo entre los usuarios.

Las siguientes actuaciones se encuentran exentas del cobro de las tasas que se regulan, en la presente ley:

La legalización, autenticación y apostilla dentro de los trámites de extradición solicitados por la vía diplomática, o por la vía que acepten los tratados internacionales aplicables para Colombia.

Las previstas en los tratados internacionales vigentes para Colombia.

Los trámites realizados por la vía diplomática y consular, suje­tos a reciprocidad.

La protocolización de las escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de legitimación.

Las actuaciones que se ocasionen por comisiones judiciales en el exterior en materia penal y en asuntos relativos a la protec­ción del menor.

La expedición del certificado de supervivencia en el exterior.

La apostilla o legalización de las copias, extractos y certificados relativos a prestaciones sociales a colombianos.

La expedición de pasaportes a colombianos que pertenezcan a los niveles 1 y 2 del Sisbén o el puntaje equivalente al mismo y se encuentren en territorio colombiano, siempre y cuando esté inmerso en alguna de las siguientes condiciones.

Que requieran tratamiento médico especializado que no pueda ser adelantado en el país.

Personas con discapacidad y un familiar acompañante.

Personas adultas mayores de 62 años.

Personas menores de 25 años que vayan a adelantar estudios en el exterior.

Niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido del ICBF.

Personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares.

Que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior.

Que sean parte de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico.

Los Cónsules podrán expedir pasaporte provisional exento de una hoja, válido únicamente para regresar a Colombia, con vi­gencia hasta de treinta, (30) días, a los nacionales colombianos que se encuentren en una de las siguientes situaciones:

Deportados;

Expulsados;

Repatriados;

Polizones

En caso de existir orden de autoridad competente para no salir de Colombia, no expedir pasaporte o cancelar el pasaporte que tenga vigente un connacional;

Estado de vulnerabilidad o indefensión y siempre que el solici­tante cumpla con los requisitos señalados por los artículos 151 y 152 del Código General del Proceso;

Otras situaciones: fuerza mayor, caso fortuito o situaciones ex­traordinarias ajuicio de la autoridad expedidora.

Los Cónsules podrán expedir pasaporte ordinario a los nacio­nales colombianos a solicitud del ACNUR, previo concepto fa­vorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces. La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, en desarrollo de asistencia consular o de cooperación judicial, pre­vio concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces.

La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, a solicitud del ACNUR o de la Agencia Presidencial de Coope­ración Internacional (APC) Colombia o quien haga sus veces, previo concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migrato­rios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces.

La apostilla o legalización de documentos relacionados con los nacidos vivos o menores que se encuentren en proceso de resta­blecimiento de derechos, a previa solicitud del Instituto Colom­biano de Bienestar Familiar”.

En caso de que el solicitante no posea documento de identificación colombiano, los cónsules indagarán, previamente de la expedición del pasaporte provisional exentó, la calidad de nacional colombiano a fin de obtener prueba sumaria de esta, de lo cual se dejará constancia en el respectivo formulario y de acuerdo con lo reglamentado para la expedición de pasaportes.

La presente ley regirá a partir de su promulgación y deroga el Decreto 2567 de 2001 y el inciso final del artículo 16 de la Ley 962 de 2005 y las normas que le sean contrarias.