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Los créditos que el Poder Ejecutivo puede introducir al Presupuesto de gastos, en receso de las Cámaras, toman el nombre general de administrativos, y en especial, se dividen en dos clases: extraordinarios y suplementales.

Los extraordinarios son los que se abren a los respectivos Ministerios, con el fin de atender, a causa de circunstancias imprevistas y urgentes, a los gastos que demande la creación de un servicio no previsto en el Presupuesto, o la extensión de alguno de los inscritos en él.

Los suplementales son los que se abren a los respectivos Ministerios para proveer a la insuficiencia de la dotación votada en el Presupuesto para un servicio determinado.

Para los efectos de la Ley, los servicios inscritos en el Presupuesto se dividen en servicios definitivos y servicios de aproximación.

Son definitivos los servicios cuya dotación está determinada en la ley, contrato o sentencia preexistente.

Son servicios de aproximación los que en la Ley de presupuesto tienen dotación en globo, calculada por aproximación.

Es prohibido abrir créditos administrativos suplementales para atender a servicios definitivos, los cuales sólo pueden decretarse por el Congreso.

El Congreso, en capítulo anexo a la Ley de Presupuesto, designará anualmente los servicios de aproximación respecto de los cuales queda autorizado el Poder Ejecutivo para abrir créditos administrativos suplementales, en las condiciones y con los requisitos que se prescriben en la Constitución y en la presente Ley.

Cuando el Congreso no haga esta designación se entiende que subsiste la hecha anteriormente.

Cuando no existiere la designación de que habla este artículo, y se expidiere por el Congreso la Ley de Presupuesto sin incluirla en ella, se entiende que el Ejecutivo puede abrir créditos administrativos en todos los servicios, por aproximación.

No podrán abrirse créditos suplementales sino después de cuatro meses de clausurado el Congreso, salvo los que se exijan antes, de manera inaplazable, para servicios urgentes de orden público o de defensa nacional.

Es prohibido abrir como administrativos los créditos que habiéndose presentado al Congreso, bien para su apertura, bien para su legalización, se hubieren negado por éste expresamente. Se exceptúan de la prohibición los créditos respecto de los cuales se acrediten nuevas y más apremiantes circunstancias, provenientes de fuerza mayor o caso fortuito. Los créditos cuya legalización o apertura no hubiere considerado el Congreso se someterán a éste en la próxima Legislatura, y el examen de las cuentas a ellos referentes se mantendrá en suspenso hasta que resuelvan las Cámaras.

No se podrá abrir crédito alguno para el pago de objetos ya suministrados o por servicios ya prestados. La apertura del crédito ha de preceder siempre a los actos o contratos que dan origen al gasto.

Se prohíbe igualmente abrir créditos para pagar contratos que deban someterse a la aprobación del Congreso.

Tampoco se podrá abrir créditos para atender a gastos decretados por Legislaturas anteriores y que se hubieren suprimido en el Presupuesto, ni incluirse en la liquidación de éste.

Cuando se trate de obtener la apertura de un crédito suplemental, el respectivo Ministro ordenador formará un expediente, que debe contener:

1º Constancia del crédito primitivo.

2º Giros que sobre él se hayan hecho, con explicación del objeto de cada uno.

3º Constancia de la inversión efectiva del crédito primitivo. Siendo entendido que no es inversión efectiva de una suma los giros que de ella se hagan por una oficina a favor de otra, con el solo fin de movilizar fondos que han de entregarse a un pagador.

4º Motivos por los cuales ha llegado a ser insuficiente el crédito primitivo.

5º Razón por la cual no se solicitó en oportunidad del Congreso la cantidad necesaria.

6º Detalle o pormenor del gasto que falte por hacer, imputable a la partida votada; y

7º Inconvenientes y perjuicios que resultarían de no hacer el gasto.

Cuando se trate de obtener la apertura de un crédito extraordinario, el expediente que al efecto ha de formar el respectivo Ministro ordenador debe contener:

1º Constancia de los motivos que hubieran impedido solicitar el crédito del congreso.

2º Cuantía detallada del gasto de que se trate.

Razones justificativas de la necesidad y urgencia que hacen imprescindible el gasto, por los inconvenientes y perjuicios que resultarían si se omitiese.

Con el expediente formado de acuerdo con lo previsto en los artículos que preceden, el respectivo Ministro del ramo hará la solicitud al Consejo de Ministros.

El Presidente del Consejo pasará la solicitud con el expediente al estudio de otro de los Ministros, el cual será sustanciador e informante, con derecho a pedir cuantos comprobantes y datos tenga a bien. El Ministro relator tomará dictamen de la Corte de Cuentas, quien lo rendirá en Sala Plena, y presentará al Consejo un informe escrito, con proyecto de resolución.

El Consejo de Ministros decidirá si se procede o nó a abrir el crédito, y en caso afirmativo, el Presidente dispondrá que el Ministro del Tesoro, o quien haga las veces de éste, formule el decreto que ha de dictarse.

Cuando el dictamen de la Corte de Cuentas fuere adverso, y el Consejo, apartándose de ese dictamen, resolviere abrir el crédito, en su resolución deberá expresar las razones con que combate las aducidas por la Corte.

Dictado el decreto, el Ministro del Tesoro pasará, en el mismo día a la corte de Cuentas, copia autorizada de él, del informe del Ministro relator y de la Resolución del Consejo de Ministros.

La Corte, dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las copias que debe pasar el Ministro del Tesoro, reconsiderará su dictamen, y lo que resuelva , revocando o confirmando aquel dictamen, lo comunicará inmediatamente a dicho Ministro.

El dictamen adverso de la Corte de Cuentas impide la concesión del crédito solamente cuando se trata de casos expresamente determinados en alguna de las prohibiciones de los artículos 3º, 5º, 6º y 7º de esta Ley.

Solamente cuando se trate de gastos urgentes e imprescindibles, a juicio del Consejo de Ministros, para la conservación del orden público interno, o para negocios internacionales, o defensa nacional, podrá el Poder Ejecutivo abrir créditos administrativos de toda clase y sin previo dictamen de la Corte de Cuentas, o hacerse el pago, aunque tal dictamen se haya pedido y resultado adverso.

El Ministro que contra el dictamen adverso de la Corte en los casos expresados en el artículo 11, firmare un decreto de apertura de crédito administrativo, suplemental o extraordinario, es responsable del delito que define el artículo 516 del Código Penal.

El ordenador que liquide y autorice gastos que han de cubrirse con la dotación señalada en los decretos de créditos administrativos vedados por la presente Ley, el pagador que los cubriere y el contador que dejare de desecharlos en el examen de la respectiva cuenta, serán responsables del delito que define el artículo 521 del Código Penal.

El Ministro del Tesoro presentará a la Cámara de Representantes, en la próxima Legislatura del Congreso y al mismo tiempo que el proyecto del Presupuesto de rentas y gastos, dos proyectos de ley que contengan en artículos separados, el uno, todos los créditos extraordinarios abiertos; el otro, todos los créditos suplementales.

A cada proyecto acompañará copia autorizada de todos los documentos creados para la apertura de tales créditos.

Se tendrán como rechazados tácitamente por el Congreso los créditos administrativos cuya legalización no se solicite dentro del término indicado, salvo que al solicitarse después, pero en la dicha Legislatura, el Ministro aduzca causas que justifiquen plenamente la demora, y que la Cámara donde se introduzca el proyecto, por resolución especial, admita la excusa y ordene darle curso al proyecto.

Los proyectos de créditos adicionales legislativos que se soliciten del Congreso serán aparejados con la solicitud y comprobantes que para la apertura de los administrativos se prescriben en esta Ley.

Cuando el Congreso no legalizare un crédito de los de que trata esta Ley, la Cámara de Representantes, de oficio, procederá a instruir el proceso del caso para averiguar qué empleados comprometieron su responsabilidad en el asunto.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 146 de 1888 , la Corte de Cuentas pasará al Congreso, en los primeros quince días de sus sesiones, las observaciones y declaraciones necesarias para facilitar la fiscalización de las cuentas de los ordenadores.

Es deber de la Comisión Legislativa de Cuentas de la Cámara de Representantes examinar dentro de los quince días siguientes a su presentación la cuenta de ordenación de gastos de cada Ministerio, y presentar a la misma Cámara el respectivo proyecto de resolución. Para este fin agregará al informe que debe presentar al Congreso, según lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución, la copia del diario y el balance del mayor, correspondiente al período fiscal anterior y al tiempo transcurrido de la vigencia económica en curso.

Queda derogada la Ley 19 de 1894 .

Esta Ley regirá desde su publicación.