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Autorízase al Gobierno para que celebre con The Santa Marta Railway Company Limited, un contrato por medio del cual, a la vez que se limiten o reduzcan los derechos y obligaciones de las partes-Nación, Departamento y Compañía-a la porción de ferrocarril construído, o sea desde Santa Marta hasta Fundación, se establezcan procedimientos claros y equitativos al respecto de los transportes de toda la carga que necesite servirse del ferrocarril.

El contrato que se autoriza para celebrar no necesitará ulterior aprobación del Congreso, siempre que no establezca ningún gravamen nuevo para el Fisco Nacional o Departamental, ni reduzca ni retarde la participación de los productos del ferrocarril que corresponden a las entidades oficiales por los contratos vigentes; en cuanto queden plenamente garantizados los transportes de las personas y las cosas, excluyendo toda preferencia para verificarlos; y siempre que, por otra parte, no se retarde la adquisición por la Nación del usufructo del ferrocarril o sea de su posesión o tenencia, más allá de los plazo fijados por los contratos que actualmente rigen y en las condiciones que los mismos establecen.

Se autoriza asímismo al Gobierno para que lleve a cabo por administración directa o delegada, o por contrato a precio fijo, la construcción y equipo de la línea férrea que partiendo de Fundación, extremo actual del ferrocarril de Santa Marta, vaya a los ríos Ariguaní y Cesar, y también hasta Tamalameque, por la senda o vía más adecuada, así para el más amplio beneficio de aquellos territorios, como para el económico transporte de las personas y las cosas. Se ajustará la construcción a las propias condiciones técnicas adoptadas para el ferrocarril construido desde Santa Marta hasta Fundación; y en igualdad de condiciones, para la forma de construcción y administración que adopte el Gobierno, podrá éste preferir a The Santa Marta Railway Company Limited.

Para atender a los gastos que demanden los estudios técnicos que previamente deben acometerse, para la formación de planos, presupuestos, trazados, etc., se declara incluída la partida necesaria en los Presupuestos de la próxima vigencia. Y si otros estudios estuvieren ya hechos o fueren practicados por cualquier persona o compañía, a plena satisfacción del Gobierno, podrá comprarlos por precio equitativo, sufragando el gasto de la partida que ha de incluírse en la liquidación del Presupuesto. Es entendido desde luego que si el Gobierno lleva a cabo la ejecución de la obra por administración delegada o por precio kilométrico, le es potestativo incluír en el contrato respectivo todo lo relacionado con los estudios previos, formación de planos, trazados etc.

Adoptados los planos y presupuestos, el Gobierno acometerá la obra en la forma que considere más eficaz, entre las indicadas en el artículo 2°, para su pronta realización, y para atender a los gastos, se le autoriza para llevar a cabo operaciones fiscales que den por resultado la adquisición de dineros en cuantía suficiente para asegurar el completo éxito de la obra. Las obligaciones que por esta razón haya de contraer la Nación, podrá caucionarlas el Gobierno con el producido libre de la Aduana de Santa Marta, con la obra misma que se construya y con sus productos.

Los contratos que el Gobierno pueda celebrar sobre construcción por delegación o por precio kilométrico, así como los referentes a la contratación de empréstitos destinados a la ejecución de la obra, aun para el mismo caso de administración directa, deberán tener por límite máximo de las obligaciones que contraiga el Gobierno las fijadas en contratos similares, ya por razón de comisión de ejecución de la obra o de su administración, o del precio kilométrico, ya por razón de intereses, descuento, forma de pago, amortización, etc., de la deuda que pueda contraerse.

En los productos del ferrocarril que se autoriza para construír, una vez terminado y dado al servicio público, se reconocerá al Departamento del Magdalena la participación proporcional que a esta entidad correspondía en el ferrocarril que se hubiera construido de Santa Marta hasta la margen derecha del río Magdalena, de acuerdo con los contratos que sobre el particular puedan estar vigentes.

Los contratos que el Gobierno celebre en desarrollo de los artículos 2° y siguientes de esta Ley, no necesitarán aprobación del Congreso, si ellos reúnen, además, las condiciones fijadas en el artículo 5°, y si obtienen concepto favorable tanto del Concejo de Ministros como del Consejo de Estado.