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En el Presupuesto Nacional de cada vigencia se incluirá la suma de cien mil pesos ($ 100,000) para ayudar a los Departamentos en la construcción, terminación y reparación de los colegios de enseñanza secundaria y profesional.

Esta suma será distribuida por el Ministerio de Instrucción Pública equitativamente y mediante solicitud hecha por los Gobernadores, quienes acompañarán a ella el plano del colegio que se va a construir o terminar, el presupuesto de la obra y demás requisitos que exija el Ministerio.

Para fiscalizar la inversión de esta suma habrá en cada colegio una Junta compuesta del Rector, un Catedrático del mismo colegio, designado por el Ministerio de Instrucción Pública y de un vecino designado por el respectivo Concejo Municipal.

La inspección, ejecución y adelanto de la obra quedará a cargo del Director General de Instrucción Pública de cada Departamento, quien rendirá al Ministerio mensualmente un informe detallado de la cantidad de material gastado, costo, la nómina de empleados y obreros con sus correspondientes asignaciones, y a la Contraloría rendirá sus cuentas de conformidad con las leyes fiscales .

El Ministerio de Instrucción Pública, en la aplicación de esta Ley, escogerá, aquellos colegios que en la actualidad se construyen o que merezcan de urgencia una inmediata reparación.

Los edificios que por leyes o decretos del Poder Ejecutivo, fueron expropiados a institutos religiosos para el servicio de la instrucción pública, se consideran de propiedad nacional, aunque los colegios que en ellos funcionan tengan en. Su dirección autonomía legal. Es deber del Gobierno atender a la conservación y ensanche de tales edificios.

Esta Ley regirá desde su sanción.