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Autorizase al Gobierno para fomentar, por medio de contrato, la formación, organización y desarrollo de una compañía nacional de marina mercante. Para este efecto el Gobierno puede solicitar la cooperación de la Federación Nacional de Cafeteros y las demás entidades que juzgue convenientes.

Para la celebración del contrato inicial, el Gobierno podrá preferir, en igualdad de condiciones, a la compañía nacional de marina mercante, que, llenando de disposiciones de esta Ley, haya prestado o preste durante un período no menor de un año, servicio directo en puertos colombianos y el de New York, y de cuyas iniciativas y esfuerzos haya derivado un beneficio directo el comercio importador y exportador del país.

Queda. a juicio del Gobierno la promoción y fomento de más de una compañía nacional de marina mercante atendiendo a la conveniencia desde el punto de vista fiscal, económico y comercial.

Para que la compañía se repute nacional es preciso que, esté nacionalizada en Colombia, que tenga su domicilio en alguna de las ciudades del país, que se organice de acuerdo con las leyes colombianas y su capital pertenezca, por lo menos en un sesenta por ciento (60%) a entidades o ciudadanos colombianos. A este efecto las acciones de los accionistas colombianos serán nominativas.

La compañía nacional que se organice de acuerdo con esta Ley, deberá tener un capital autorizado no menor de dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000) oro colombiano, y del cual deberá tener pagado por lo menos el cincuenta por ciento (50%), el tiempo de contratar con el Gobierno.

Las acciones de la compañía no podrán tener un valor mayor de diez pesos ($ 10) oro colombiano, cada una, a efecto de ponerlas al alcance de los pequeños inversionistas. .

La compañía de que se trata ofrecerá en los Departamentos de la República un mínimum del cuarenta por ciento (40%) de sus acciones, reservando el veinte por ciento (20%) restante a opción de la Federación Nacional de Cafeteros.

La nacionalidad de las naves se comprueba con la patente de navegación y con la certificación del registro correspondiente.

Para contratar con el Gobierno, de acuerdo con esta Ley, deberán llenarse previamente los siguientes requisitos:

Comprobar que reúne las, condiciones establecidas en el artículo 1º y 2º de esta Ley.

Que las oficinas principales de la compañía funcionen en la capital de la República y sus estatutos hayan sido sometidos a la aprobación del Gobierno Nacional, y

Que los libros, cuentas, balances, etc., de la compañía sean sometidos a la revisión y aprobación de la Superintendencia Bancaria o de la entidad que se cree para controlar el funcionamiento de sociedades anónimas.

La compañía que contrate con el Gobierno de acuerdo con esta Ley, se obligará a lo siguiente:

A hacer escala en los principales puertos del Atlántico y del Pacífico, siguiendo itinerarios fijos en sus viajes.

A transporta gratuitamente los correos de correspondencia. En igualdad de circunstancias, será preferida la compañía nacional para el transporte de los correos de encomiendas.

A conceder un cincuenta por ciento (50%) de rebaja en los pasajes de primera clase a. los Agentes Diplomáticos y Consulares de la República y a los Representantes al Congreso, así como en los pasajes de cubierta para, el personal de tropa, policía y presos.

A establecer fletes proteccionistas para el café y demás artículos de producción nacional.

A poner sus buques al servicio del Gobierno, si éste lo exigiere en caso de conflicto internacional o de trastorno interior del orden público., mediante equitativo arreglo entre el Gobierno y la compañía, y en caso de desacuerdo, se fijará el valor de dicho servicio por peritos nombrados en la forma ordinaria.

En caso de guerra internacional, sea que en ella esté o no comprometida la República, o de trastorno interior del orden público, para el Gobierno ordenar que la compañía someta a su aprobación el rol de la tripulación de los buques y disponer que se hagan en el personal los cambios que se consideren convenientes para la Nación, concediendo a la compañía un término prudencial para que se, efectúen los cambios que el Gobierno exija, a fin de no afectar la marcha normal de la compañía.

A enviar y sostener por su cuenta en escuelas o academias navales del Exterior, por lo menos cuatro alumnos colombianos en cada año de los primeros cinco de vida de la compañía, y por lo menos dos alumnos cada año, dúrate los años que falten para la expiración del contrato. Los Oficiales de marina que así forme la compañía, deberán obligarse previamente para con ésta o para con el Gobierno, a prestarle sus servicios, una vez terminados sus estudios, por un periodo prudencial de tiempo que la compañía fijará de acuerdo con el Gobierno.

A pagar las dietas o emolumentos del representante del Gobierno en la Junta Directiva de la compañía, lo que en todo caso será iguales a los que pague, la compañía a los demás miembros de dicha Junta.

A pagar una multa, cuya cuantía fijará el Gobierna cada vez que, sin previo aviso, ocurra una alteración de los itinerarios fijados, salvo caso fortuito o fuerza mayor, comprobada.

Que las unidades que adquiera la compañía a título de propiedad, ya sea para su servicio exterior o de cabotaje, buques-tanques, remolcadores, lanchas, etc., deberán ser registrados y matriculados inmediatamente en cualquiera de los puertos habilitados de la República, a fin de que naveguen bajo la bandera colombiana.

Que la quinta parte, por lo menos, de todo el personal de cada buque nacional, será de colombianos en los tres primeros años, la tercera parte, por lo menos, de los tres a los seis años, y las dos terceras partes, .por lo menos, de los seis años en adelante.

Los buques de la compañía que hagan el servicio exterior deberán tener cupo refrigerado para el transporte de fruta.

El Gobierno, por su parte, se obliga a lo siguiente:

A reconocer a la compañía que contrate en los términos de esta Ley, y a título de subvención, una suma equivalente al total de los derechos que ésta pague por el paso de sus buques en el Canal de Panamá. El monto del valor de la subvención que el Gobierno pague a la compañía, de acuerdo con este artículo, no será en ningún caso superior al valor que el Gobierno reciba por el mayor impuesto de tonelaje que de acuerdo con el artículo 13 de esta Ley, se destina al fomento de la marina mercante nacional, ni excederá de ciento cincuenta mil pesos ($ 150,000) por año.

A ceder a la compañía de que se trata, a título gratuito, y a juicio del Gobierno, el uso de los terrenos de la Nación en los puertos marítimos de la República que para su uso particular necesite la compañía para el establecimiento de estaciones de abasto de combustibles, muelles de abasto para sus barcos y edificios para sus oficinas. Es entendido que si las estaciones de abasto de combustibles y muelles de abasto, se destinaren al servicio público, deberán sujetarse a las disposiciones que rijan la materia.

A preferir, en igualdad de circunstancias, a la compañía de que se trata, para el transporte de la carga oficial de importación y exportación. .

El término del contrato que celebre el Gobierno será de quince años (15) prorrogables a voluntad del Gobierno.

La subvención que se establece en la presente Ley, la pagará el Gobierno, por trimestres vencidos, en vista de los comprobantes correspondientes que presente la compañía.

El contrato o contratos que el Gobierno celebre de conformidad con esta Ley y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes el día en que el contrato o contratos se celebren, no necesitará para, su validez de ulterior aprobación del Congreso.

Es entendido que la compañía estará en libertad de determinar las líneas en que haya de prestar sus servicios. El Gobierno, podrá exigir, en cualquier tiempo, pero con la debida anticipación, el establecimiento de determinada línea, en cuyo caso el Gobierno podrá comprometerse, por contrato especial, a indemnizar a la compañía por los perjuicios o pérdidas que ésta pudiera recibir con motivo del servicio de esa nueva línea.

En la adquisición de los elementos para su servicio, la compañía obtendrá en todo cago los más modernos y mejor indicados para el objeto a que se les dedique.

No estará sujeta al pago del impuesto de tonelaje la carga de cabotaje que conduzcan los buques de la compañía: Toda mercancía extranjera nacionalizada que conduzcan los buques de la compañía pagaran.

El Gobierno tendrá el derecho a designar una persona y su correspondiente suplente, que asuma la representación de aquél dentro de la. Junta Directiva de la compañía, en cuyas deliberaciones tendrá voz y voto.

El Gobierno creará, cuando lo juzgue oportuno y conveniente, una sección de marina o un departamento de marina independiente, que será servido por Oficiales navales colombianos.

Autorizase al Gobierno para aumentar el impuesto de tonelaje a dos pesos cincuenta centavos ($ 2-50) por tonelada de mil kilos, al darle cumplimiento a esta Ley.

Los barcos de la compañía, que tengan servicio .de pasajeros, gozarán de las, prelaciones que estén establecidas o se establezcan en los puertos, nacionales para los barcos de pasajeros y correos de otras líneas no nacionales.

Autorizase al Gobierno para suscribir acciones en la compañía nacional de marina mercante con quien celebre contrato.

El Ministro de Industrias hará incluir el Presupuesto de gastos de cada vigencia la partida necesaria para dar cumplimiento a esta Ley, cuando no se Incluyere, en el Presupuesto de gastos de cada vigencia esa partida necesaria para dar cumplimientos a esta Ley cuando no se incluyere en el presupuesto esa partida, o ella no fuere suficiente, el Gobierno queda autorizado para abrir los créditos que demande el cumplimiento de ella.

El personal colombiano que, por un período no menor de dos años; preste sus servicios en las naves de la, compañía de que se trata quedará exento del servicio militar obligatorio.

Establecerá el Gobierno tanto en el contrato inicia como en los de prórroga, si la hubiere, los casos de responsabilidad, en que pueda incurrir la compañía, las cuantías de las multas que deberá pagar llegado el caso, los motivos que puedan determinar la Caducidad del contratos y contratos, y en la forma en que se declarará esa caducidad.

Por la presente Ley queda derogada la Ley 117 de 1919 y las disposiciones que le sean contrarios y adicionados y reformados la Ley 59 de 1914.