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Destinase la suma de ochenta mil pesos ($80,000) para auxiliar a los damnificados por el incendio ocurrido en el puerto de Guapi, en la madrugada del día tres del corriente año.

La suma a que se refiere el artículo anterior, se manejará y distribuirá entre los damnificados por una Junta compuesta por el Prefecto de la Provincia, el Juez del Circuito, el Presidente del Concejo, y dos ciudadanos honorables designados por el Gobernador del Departamento del Cauca. Esta Junta funcionará ad honórem, y designará un Tesorero remunerado que prestará fianza en la cuantía que le fije la Junta, debiendo rendir sus cuentas en la forma en que lo establezca la Contraloría General de la República.

De los fondos de que antes se habla, se tomarán hasta treinta mil pesos ($30,000) para reconstruir la iglesia y los edificios públicos que hubieren sido destruidos o afectados en alguna forma por el incendio.

En virtud de la necesidad urgente de atender a los damnificados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 122 de 1913, se abrirá el crédito correspondiente, y el Gobierno podrá hacer los traslados necesarios dentro de la Ley de Apropiaciones actual, sin sujeción a lo prescrito en la Ley 64 de 1931 .

El auxilio de que trata el Artículo 1º de esta Ley no beneficiará a aquellos damnificados que hubieren tenido aseguradas sus propiedades.

Para los efectos de la reconstrucción del puerto de Guapi, exonéranse del pago de fletes férreos y del impuesto de aduanas los materiales destinados a tal fin.

El Consejo Municipal de Guapi procederá a demarcar el área de población, a hacer el trazado para la reconstrucción, destinando los lotes para edificios públicos, iglesia y de beneficencia, y las plazas y parques.

Los vecinos damnificados en sus construcciones, y que no las hubieren tenido aseguradas, tendrán derecho a que la Junta les asigne una cantidad parta la reedificación, siempre que se comprometan a edificar dentro del área de la población.

Esta ley regirá desde su sanción.