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El Gobierno procederá a iniciar y adelantar, en el más breve termino, negociaciones con el representante legal de la Compañía del Ferrocarril de Santa Marta, para dar solución amigable a las diferencias que existen entre la Nación, el Departamento del Magdalena y la citada Compañía, en la forma más equitativa, a juicio del mismo Gobierno.

El contrato que llegare a celebrarse conforme a esta disposición, se someterá a la aprobación del Congreso.

Si en un plazo no mayor de treinta días, a contar desde la sanción de esta Ley, no se pudiere llegar a un avenimiento equitativo, a juicio del Gobierno, esta dictara la resolución administrativa que, consultadas las estipulaciones del contrato, y teniendo en cuenta los hechos cumplidos, fuere legal o conveniente, en concepto del mismo Gobierno.

Esta Ley empezara á regir desde la fecha de su sanción.