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Créase el Fondo de Inmuebles Nacionales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente para el cumplimiento de las siguientes funciones:

Administrar y conservar los inmuebles de propiedad de la Nación y los jardines y monumentos nacionales cuando no estén a cargo de otras dependencias.

Construir y adquirir los inmuebles que requieran la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, los Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias para su normal funcionamiento.

Los inmuebles nacionales destinados a la defensa, los planteles educativos, las cárceles, los hospitales y aquellos cuya adquisición y administración corresponde al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se exceptúan de las prescripciones contenidas en la presente Ley.

Constituye el patrimonio del Fondo:

Las apropiaciones que figuren en el Presupuesto Nacional destinadas a los fines de que trata el artículo anterior.

El producto de sus negociaciones u operaciones financieras.

El producto de la venta de los inmuebles a que se refiere el artículo 4o. de la presente Ley.

Los demás que se aporten al Fondo por entidades públicas y privadas o que adquiera a cualquier título.

Los inmuebles que el Fondo adquiera o construya ingresarán al patrimonio de la Nación.

Autorízase al Gobierno para enajenar, conforme a los reglamentos correspondientes, los inmuebles de propiedad nacional que no sean necesarios para el servicio público que tengan una superficie hasta de 20 hectáreas para predios rurales y 5.000 metros cuadrados para predios urbanos, y para incorporar su producto al Fondo de Inmuebles Nacionales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de sus dependencias tendrá la administración del Fondo de Inmuebles Nacionales. El Ministro de Obras Públicas será su representante legal y el Tesorero del Fondo será el Tesorero General de la República.

El Gobierno Nacional expedirá los estatutos del Fondo de Inmuebles Nacionales observando los principios de esta Ley y las disposiciones sobre establecimientos públicos que le sean aplicables.

El Fondo asumirá la administración de los contratos vigentes del Gobierno relativos a Inmuebles Nacionales.

El Fondo de Inmuebles Nacionales podrá contratar directamente empréstitos internos y externos para el desarrollo de sus programas, los cuales gozarán de la garantía del Estado.

Los contratos que celebre el Ministro de Obras Públicas en su calidad de representante legal del Fondo, sólo requieren para su validez: certificado de paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios del contratista y de su representante legal si fuere el caso, constancia de la Auditoría Fiscal sobre disponibilidad presupuestal, aceptación por parte de la misma de la garantía que debe constituir el contratista; concepto de la Oficina Jurídica del Ministerio y publicación en el "Diario Oficial". Causarán además, los impuestos de timbre y papel sellado correspondiente.

La vigilancia fiscal del Fondo de Inmuebles Nacionales se ejercerá por la Contraloría General de la República a través de la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas. La Contraloría dictará un reglamento fiscal del Fondo, de acuerdo con la naturaleza de las operaciones del mismo y con el propósito de darle la debida agilidad administrativa.

Concédense al Presidente de la República, facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados a partir de la sanción de la presente Ley para crear y organizar la Dirección General de Inmuebles Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y para hacer los traslados y abrir los créditos presupuestales que le sean necesarios.