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Concédese amnistía a los procesados o condenados por delitos contra el régimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado, cometidos con ocasión de los sucesos del 9 de abril próximo pasado, de que tratan los artículos 139, 142, incisos 1º, 2º y 3º del artículo 144; 145, 146, 147, 148 y 149 del Código Penal, y 180 a 187, inclusive, del Código de Justicia Penal Militar.

Los procesos penales en curso, iniciados en averiguación de cualquiera de los delitos a que se refiere el inciso anterior, se darán por terminados sin necesidad de solicitud de parte, y quienes se encuentren detenidos serán puestos inmediatamente en libertad.

En cuanto hace relación al delito de que trata el artículo 139 del Código Penal, la amnistía se concede tan sólo a los condenados o procesados que hubieren limitado su actividad a los actos en él previstos y en cuanto sean autores o partícipes de hechos (homicidio o lesiones) causados en el acto del combate, de que trata la primera parte del artículo 141 de la misma obra.

Cuando los procesos o condenas se refieran a los delitos de que trata este artículo, y además a otros no incluidos en él, la amnistía se hará efectiva con respecto a los primeros, y, en consecuencia, los procesos sólo se adelantarán por los delitos distintos de los aquí enumerados y sólo se aplicarán las penas que correspondan a ellos.

Autorízase al Presidente de la República para que conceda indulto de las penas privativas de la libertad a los militares sentenciados por los Consejos de Guerra Verbales, convocados con motivo de los sucesos del 9 de abril del presente año.

La gracia concedida por el presente artículo sólo se extenderá a las penas privativas de la libertad, y en ningún caso a las demás sanciones y consecuencias de la condena.

La amnistía decretada por medio de los artículos anteriores no se extiende a la indemnización de perjuicios a particulares.

Concédese ante la Sala de Casación en lo Penal de la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra las sentencias pronunciadas por la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, en las causas cuyo conocimiento haya correspondido a los Consejos Verbales de Guerra por delitos cometidos en el país en los días 9 de abril y siguientes del corriente año.

El recurso que establece este artículo se hace extensivo a las sentencias ya ejecutoriadas y podrá interponerse dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de esta Ley o dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia.

El Procurador General de la Nación podrá interponer y sostener dentro del mismo término el recurso de casación, respecto a los fallos pronunciados por la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, en las condiciones que estatuye esta Ley.

El recurso de casación que establece el artículo anterior se tramitará de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I, Título IV, Libro III, del Código de Procedimiento Penal, y habrá lugar a él en los casos de que trata el artículo 567 del mismo Código, y además cuando la sentencia sea violatoria de la ley por haberse dictado sobre un veredicto contrario a la evidencia de los hechos por haber habido error en la apreciación de la prueba del cuerpo del delito.

Establécese expresamente que la Corte tomará en cuenta, en el recurso a que se refiere este artículo, la causal segunda del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.

Propuesto el recurso de casación, la Corte podrá dictar, si lo creyere necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos y por una sola vez, un auto para mejor proveer.

Si la Corte decide dictar auto para mejor proveer podrá tener en cuenta las pruebas que pidan tanto el Procurador como el interesado.

Esta Ley regirá desde su sanción.