Ley 18 De 1932
La Nación toma a su cargo la construcción del acueducto y del alcantarillado de la ciudad de Cartagena, obras que se llevarán a cabo bajo el control del Gobierno y de acuerdo con los estudios, planos, presupuestos y especificaciones que apruebe el Ministerio de Obras Públicas.
Autorízase al Gobierno para llevar a cabo las operaciones de crédito que estime necesarias para el cumplimiento de esta Ley, operaciones que sólo necesitarán para su validez de la aprobación del Poder Ejecutivo, previo concepto favorable del Consejo de Ministros.
El Gobierno Nacional aportará, como base de la financiación de las referidas obras la suma de quinientos mil pesos ($ 500,000) que de conformidad con el artículo 2º de la Ley 20 de 1930 , se apropió en pagarés del Tesoro para el mismo efecto.
Declaranse de utilidad pública las obras del acueducto y del alcantarillado de la ciudad de Cartagena.
En el caso de que no se obtengan condiciones aceptables para la financiación de las obras, el Gobierno incluirá cada año en el Presupuesto las partidas necesarias para su ejecución dentro del plan de obras públicas de la respectiva vigencia, armonizando los gastos y la intensidad de los trabajos con los de las demás obras a cargo el Estado.
Autorízase al Gobierno Nacional para que contrate con una o varias firmas de reconocida competencia la construcción de las obras de que trata la Ley.
El contrato o contratos que el Gobierno celebre en uso de las autorizaciones que le concede la presente Ley, serán hechos sobre las siguientes bases:
Que las obras y los terrenos en que hayan de construirse estas, así como sus productos, puedan ser dados en garantías de los créditos o capital prestado al Gobierno para su ejecución.
Que aparte del contrato o contratos de construcción, el Gobierno puede celebrar otro con el mismo contratista o con distinta entidad, para la explotación y administración de las obras por el tiempo necesario para pagar el capital prestado y sus respectivos intereses.
Que el Gobierno pueda reconocer a los contratistas por valor de sus servicios, ya como constructores, ya como administradores, la comisión que se estipule. El Gobierno no podrá, sin embargo, contratar la obra por precio fijo.
Que las tarifas del acueducto, una vez construido éste, sean fijadas por el Gobierno teniendo en cuenta el servicio de la deuda y el número de años que el mismo Gobierno estime necesario señalar para su amortización.
Que el Gobierno pueda revisar o modificar dichas tarifas cuando lo estime necesario y conveniente.
Que el contrato sobre administración y explotación se limite al tiempo indispensable para amortizar con los productos de las obras el capital prestado.
Que el Gobierno en ningún caso responda por las obligaciones que el contratista contraiga a favor de terceros, estipulación ésta que deberá figurar expresamente en los contratos que el Gobierno celebre en uso de las autorizaciones que se le dan por la presente Ley.
Durante la construcción de las obras a que se refiere esta Ley, el Gobierno ejercerá la suprema vigilancia de los trabajos y de las erogaciones que éstos causen, mediante interventores técnicos y fiscales. Igualmente intervendrá el Gobierno durante el periodo de explotación contratada en todo lo que a la misma se refiera.
En caso de que las obras se contraten por el sistema de administración los interventores técnicos deberán tener funciones definidas en los referidos contratos y tales funciones se extenderán a su intervención en la compra de materiales, en la calificación de la calidad de éstos, en la organización
económica de los trabajos, en el número y asignación de los empleos y en cualquier modificación de los planos, posteriores a la aprobación de los contratos.
El Gobierno definirá en el contrato o contratos que celebre de acuerdo con esta Ley, lo que debe entenderse por costo total de la obra y capital prestado , para los efectos de la amortización y servicio de intereses.
Una vez amortizado el capital prestado para la construcción de las expresadas obras, o el que la Nación haya suministrado directamente para ellas distinto de los quinientos mil pesos ($ 500,000) de que trata el artículo 3º, éstas pasarán a ser propiedad del Municipio de Cartagena, quedando éste obligado a prestar gratuitamente a la Nación el servicio de acueducto que necesita para sus dependencias en esa ciudad.
Tanto para la financiación como para la construcción el Gobierno tratará de obtener diversas propuestas, procurando que las condiciones aceptadas sean las mejores posibles para los intereses del Estado.
El Gobierno celebrará con el Municipio de Cartagena los contratos y arreglos que sean necesarios para darle cumplimiento a esta Ley y queda autorizado para obtener la cooperación financiera del mismo Municipio y del Departamento de Bolívar en la ejecución de estas obras.
Los contratos que celebre el Gobierno para la construcción de las obras de que trata esta Ley sólo requieren para su validez, de la aprobación del Presidente de la República, previo dictamen favorable del Consejo de Ministros.
En los términos de la presente Ley quedan reformadas la 31 de 1926, 82 de 1927, y cualesquiera otras que le sean contrarias.
Esta Ley regirá desde su promulgación.