Articulado completo

º. Para los efectos del ordinal 20 del artículo 76 de la Constitución Nacional y para los de la presente Ley, se entiende por Plan un documento elaborado por profesionales, en el cual se describe, con apoyo en estadísticas y otros métodos científicos, un programa que tiende a satisfacer necesidades de la Nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas, o de una persona jurídica privada sin ánimo de lucro; se señalan en forma cuantificada unos objetivos, y se identifican con precisión operativa los instrumentos para alcanzarlos; por Programa, el conjunto de actividades necesarias para lograr, en cierto lapso, el desarrollo del plan, y por proyectos los estudios indispensables para justificar y describir los objetivos del gasto contemplados como instrumentos del plan.

º. Adóptase el plan anexo a la presente Ley. En consecuencia, decláranse identificadas las necesidades de fomentar la actividad de personas jurídicas públicas, o privadas sin ánimo de lucro, que tiendan a realizar obras de beneficio a la comunidad en los sectores a que se refiere el artículo 3o de la Ley 25 de 1977 , y de estimular el funcionamiento de las mismas en las regiones menos desarrolladas del país, especialmente de aquellas que operen en las entidades territoriales de menor desarrollo relativo.

º. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, apruébanse los siguientes objetivos: dotar de recursos financieros, tanto para gastos de funcionamiento como para gastos de inversión, a las entidades citadas en el artículo 2o, y descentralizar la programación y elaboración de sus proyectos de menor cuantía.

Así mismo, apruébanse los siguientes instrumentos:

Realización de un gasto público anual con destino a proyectos específicos de las entidades contempladas en la Ley 25 de 1977 ;

Reparto de las apropiaciones respectivas conforme a los pliegos que entreguen, antes del 1o de septiembre de cada año, las Comisiones IV Constitucionales Permanentes;

Encargo a los congresistas de identificar dentro de la circunscripción electoral por la que fueron elegidos, las entidades y los proyectos merecedores de la ayuda financiera de la Nación, conforme a los objetivos señalados en la presente Ley. Sin embargo, los congresistas podrán identificar entidades con domicilio fuera de su circunscripción si éstas realizan actividades benéficas para todo el país.

º . Adóptase el programa anexo a la presente Ley, y en consecuencia, decrétase un gasto público por la suma de un mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000.00).

º . A partir de la vigencia fiscal de 1980, para que un congresista pueda incluir un proyecto dentro de las apropiaciones previstas en este plan, de cuantía igual o superior a dos millones de pesos ($ 2.000.000.00) deberá elaborar un estudio que comprenda lo siguiente: planos, si se trata de obras cuya ejecución los requiera; detalles de los costos tenidos en cuenta para elaborar el presupuesto total; calendario de ejecución; detalle de las fuentes y cuantías que se emplearán en el financiamiento, y las metas físicas o de servicio que se desea alcanzar. Si la apropiación beneficia una entidad que había recibido auxilios en otros años, deberá acompañarse un certificado del representante legal que explique la forma como se cumplieron las metas previstas.

º . Un ejemplar del estudio a que se refiere el artículo anterior o del pliego, según el caso, se depositarán en la Secretaría de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de que haga parte el congresista donde quedarán a disposición del público para su examen. Sin constancia de entrega de tales documentos expedida por la Secretaría de la Comisión IV, no será posible incluir en el presupuesto la apropiación respectiva.

º . Ningún congresista, ni su cónyuge, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni las sociedades, distintas de las anónimas con acciones inscritas en bolsa, en las que el congresista, su cónyuge o sus parientes dentro de los grados citados, tengan conjunta o separadamente el diez por ciento (10%) o más de su capital social, pueden recibir remuneración por ningún concepto, ni celebrar contratos con las entidades beneficiadas con las apropiaciones de que trata esta Ley, salvo que tales apropiaciones constituyan menos del cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos de éstas durante el respectivo año.

Sin embargo, las citadas personas podrán otorgar donaciones a dichas entidades, siempre y cuando éstas no adquieran por tal razón gravámenes pecuniarios o contraprestación económica a favor del donante, de sus parientes dentro de los expresados grados, o de las sociedades en este artículo mencionadas.

La anterior prohibición se extiende por los dos años siguientes al vencimiento del período para el cual haya sido elegido el congresista o a la aceptación de su renuncia.

º . El incumplimiento de lo expuesto en el artículo anterior dará lugar a las siguientes sanciones:

Multa a favor del Tesoro Nacional y a cargo de quien reciba la remuneración o celebre el contrato y del representante legal de la entidad, impuesta por el Contralor General de la República, que no podrá ser superior a tres veces el valor de lo recibido;

Devolución, por parte de la entidad beneficiada con el auxilio o aporte regional, de la totalidad del saldo no comprometido que tuviere del mismo;

Inhabilidad para la entidad que haya celebrado el contrato o efectuado el pago prohibido, de recibir nuevos auxilios o aportes del Presupuesto Nacional.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

º. La Contraloría General de la República ejercerá el control fiscal sobre el pago y utilización de los aportes de desarrollo regional de que trata esta Ley, velando por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias correspondientes.

º. El control previo y perceptivo y la constitución y aprobación de fianzas de manejo de los fondos y bienes entregados a personas jurídicas sin ánimo de lucro se realizará en las Contralorías Departamentales y Municipales, o en las Dependencias Regionales de la Contraloría General de la República, todo de acuerdo con la reglamentación que expida el Contralor General.

Cuando la Nación gire a sus oficinas ubicadas en los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios, los recursos para el pago de auxilios de desarrollo regional, éstos deberán consignarse de inmediato en cuentas de ahorro de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o de los Bancos Popular, Cafetero o Ganadero que funcionen en la respectiva región, a nombre de la entidad beneficiada y hasta tanto ésta proceda a retirarlos. El Contralor General de la República sancionará con multa por valor igual a dos meses de remuneración, a los infractores de esta norma.

El valor de las apropiaciones Presupuestales de que trata esta Ley, se acordará mensualmente, conforme a los términos del Título X del Decreto-ley 294 de 1973 o de las disposiciones que lo modifiquen o adicionen.

El pago de los aportes de desarrollo regional se sujetará a los requisitos que señale el reglamento del Gobierno, requisitos que estarán encaminados al ejercicio de un estricto control para que los mandatos de la presente Ley y los objetivos del Plan que ella adopta, tengan un cabal cumplimiento.

Transitorio. Para la vigencia fiscal de 1979, los pliegos de que trata la letra b) del artículo 3o de esta Ley, deberán presentarse antes del 30 de septiembre de 1978.

Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.