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El Gobierno Nacional, en cooperación con el Departamento de Santander, con los Municipios santandereanos y las instituciones, empresas particulares que deseen tomar parte , procederá a construir en territorio de aquel Departamento una gran central hidroeléctrica que abastezca las necesidades de alumbrado y fuerza motriz no solo del presente sino habida consideración de un futuro desarrollo industrial.

A tal efecto, podrá utilizar las corrientes del río Suárez, Fonce o del Chicamocha, o el Sogamoso, u otro cualquiera que aconseje la técnica, prefiriendo la mejor acondicionada a un ulterior desarrollo de la economía general, al beneficio del mayor número de Municipios y aun a las necesidades del Ferrocarril Central del Norte.

El Gobierno Nacional, por sí solo o en cooperación con el Departamento del Santander, efectuara los estudios y planeara los proyectos y presupuestos de esta central hidroeléctrica; y una vez aprobados estos por el Ministerio de la Economía Nacional, iniciara los correspondientes trabajos de construcción y montaje, previa formación de una sociedad a la que la Nación aportara el cincuenta y uno por ciento (51 %) de las acciones, y el Departamento, los Municipios santandereanos, las instituciones, empresas y personas que quieran cooperar, el cuarenta y nueve por ciento (49%) restante.

La Nación y el Departamento podrán tomar en préstamos las cantidades indispensables para llevar su cooperación a la obra de que se trata, y en este caso, si se les exigiere garantía específica, podrán pignorar de preferencia las acciones de que sean dueños en la empresa.

Realizada ésta y ya en servicio la central hidroeléctrica a cuya construcción atiende la presente Ley, el Gobierno Nacional podrá vender a una o varias entidades oficiales, vinculadas a esta obra, las acciones que le correspondan, y en cada caso de venta, al valor de aquellas se destinará íntegramente a la amortización de las deudas que hubiere contraído para dicho efecto.

El Gobierno Nacional reglamentara todo lo relacionado con la prestación de los servicios de energía y luz que suministre la planta de que trata, teniendo en cuenta las conveniencias publicas vinculadas al desarrollo industrial y económico de la región que se va beneficiar con la central hidroeléctrica.

Esta Ley regirá desde su promulgación.