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Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, salvo las excepciones siguientes:

En los juicios cuya cuantía no exceda de cien pesos ($100.00);

En los juicios cuya cuantía exceda de cien pesos ($100.00), sin pasar de trescientos ($300.00), que se ventilen en los Municipios que no sean cabecera de Circuito y en donde no se hallen inscritos por lo menos cinco abogados.

En los que cursan en los Juzgados de los Lazaretos;

En los asuntos de que conocen los funcionarios de Policía, por competencia, a menos que se trate de querellas civiles de Policía promovidas en Municipios en donde ejerzan de modo habitual cinco o más abogados inscritos;

En el ejercicio de acciones públicas consagradas por la Constitución o concedidas por la Ley;

En los actos de oposición en diligencia judiciales o administrativas, como en los secuestros, entregas o seguridad de bienes, posesión de minas y otros análogos; pero la acción posterior a que dé lugar la oposición intentada o consumada en el momento de la diligencia, deberá ser patrocinada por abogado inscrito, si lo exigen la naturaleza o cuantía del juicio:

Para formular ante cualquier autoridad denuncias o querellas o ejercitar el simple derecho de petición que consagra el artículo 45 de la Constitución.

Extiéndense las excepciones autorizadas por el artículo 40 de la Constitución Nacional a las personas que con anterioridad al 16 de febrero de 1945, hayan sido recibidas como abogados de conformidad con las Leyes 62 de 1928 y 21 de 1931.

En el desarrollo de la acción penal pueden los procesados, sin necesidad de apoderado: interponer recursos, solicitar la libertad provisional y la condicional, actuar en las diligencias e intervenir directamente en todos los casos que de manera expresa autorice la Ley. Para los efectos de la indagatoria, queda vigente el artículo 5º de la Ley 21 de 1931 .

Ante los funcionarios puramente administrativos, sólo podrán actuar como mandatarios los abogados inscritos.

Los Magistrados, los Jueces, o los funcionarios jefes de oficina que acepten cualquier solicitud o gestión suscrita o patrocinada por quien no pueda hacerlo, serán penados disciplinariamente con multas hasta de doscientos pesos ($200) por la primera y segunda vez, y con la pérdida del cargo y de las prestaciones que pudieran corresponderles, por la tercera vez; sanciones que, de oficio o a petición de cualquier persona, deberá imponer el respectivo superior.

Los expedientes o las actuaciones sólo podrán ser examinados:

Por los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y por razón de ellas;

Por los abogados inscritos, salva las excepciones en materia penal;

Por las partes, y

Por las personas designadas para ejercer, dentro de cada juicio, cargos como los de peritos, secuestre u otros similares.

El empleado subalterno que permita a persona distinta de las anteriormente enumeradas el examen de expedientes o de actuaciones, o que violarse en cualquier forma la reserva de los negocios por ella amparados, incurrirá en las siguientes sanciones, sin perjuicio de las otras penas a que hubiere lugar:

Primera. Multa de diez a cincuenta pesos por la primera vez y del doble por la segunda;

Segunda. Suspensión del empleado por un lapso de dos a seis meses por la tercera vez, y

Tercera. Remoción del empleo con pérdida de las prestaciones a que tuviere derecho por cualquiera nueva reincidencia.

Si los empleados removidos figuraren en escalafón perderán el derecho a continuar en él.

Estas sanciones serán impuestas de oficio o a petición de cualquiera persona, por quien haya hecho el nombramiento.

Cuando se trate de personas que, según esta ley, pueda litigar en causa propia, si no sabe leer y escribir, su solicitud, firmada a ruego, deberá ser presentada personalmente, a fin de que el funcionario a quien la dirige, se cerciore de su identidad y de que coincide la voluntad real con lo que el escrito expresa. De esta doble verificación se dejará por el funcionario el debido testimonio. Pero no será necesaria si para el caso la ley no exige el peticionario la presentación personal.

Los menores adultos que conforme a la ley se hallen en el caso de designar curador o de solicitar que se le nombre, podrán hacer las peticiones por sí mismos, pero haciéndolas autorizar por un abogado titulado.

Los Tribunales Superiores de Distrito, de oficio o a virtud de queja de parte interesada, impondrán, previa sustanciación de un juicio sumario y con audiencia del acusado, penas de multa de diez a cien pesos, y suspensión del derecho a ejercer la abogacía hasta por un mes, a los abogados que cometieren faltas leves contra la delicadeza o el decoro profesionales. Estas penas podrán elevarse al doble en caso de reincidencia.

Los mismos Tribunales mediante el procedimiento señalado en el artículo anterior, castigarán de oficio o a solicitud de parte interesada las faltas graves cometidas por los abogados en ejercicio de la profesión, con penas de multa de cien a mil pesos, con la suspensión del derecho a ejercer por un lapso hasta de dos años, y con la cancelación de la matrícula, sin perjuicio de la acción penal en los casos de la ley.

Las sentencias condenatorias serán apelables para ante la Corte Suprema de Justicia dentro de los tres días siguientes al de su notificación, y las de sobreseimiento deberán consultarse con la Corte en todo caso.

Las decisiones finales deberán ser comunicadas por el Tribunal que las dicta a todos los Tribunales del país.

Cuando de las piezas que obran en el juicio sumario a que se refieren los artículos aparezca que se ha podido cometer un delito, el Tribunal pasará copia de lo conducente al Juez de la competencia para que inicie la investigación a que haya lugar.

En estos juicios sumarios deberá oírse la voz del Ministerio Público, y será obligatorio para la parte jurar la denuncia.

Cuando la sentencia definitiva fuere absolutoria, seguirá de oficio el procedimiento por calumnia contra el autor o autores de la denuncia.

Son nulas las inscripciones que los Tribunales Superiores hayan hecho a partir del día 16 de febrero de 1945, para matricular abogados no titulados. Los Tribunales procederán inmediatamente a cancelar dichas matrículas, y darán aviso a todos los Juzgados y Tribunales del país que éstos cancelen, asimismo, los registros que hayan hecho de tales matrículas.

Las regulaciones de la presente ley no implican modificación a ninguna otra ley que exija el título de abogado para el ejercicio de cualquier acción.

Para actuar ante las autoridades mera mente administrativas, no se necesita de abogado, pero si se constituye apoderado, éste deberá ser abogado inscrito.

No obstante, las actuaciones administrativas que tiendan a obtener concesiones de derechos o bienes del Estado, requieren intervención de abogado, menos cuando se trate de solicitudes de adjudicación de terrenos baldíos, por extensiones hasta de cincuenta hectáreas, y en los avisos de minas, casos en los cuales deberá aplicarse lo que dispone la primera parte de este artículo.

Se entienden por faltas graves, para los fines de esta ley, las señaladas en el artículo 10 de la Ley 21 de 1931 .

Cualquier ciudadano tiene derecho en todo tiempo, a solicitar de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la revisión de la actuación sobre inscripción de matrículas de abogados, para obtener que dicha Sala decrete la cancelación respectiva cuando se hubieren presentado certificados o pruebas falsos e inconducentes; que hubieren servido de fundamento para la respectiva aceptación o recibo del abogado matriculado. Estas peticiones se tramitarán como juicio breve y sumario.

Cuando el ejercicio de la profesión de abogado demostrado para obtener la matrícula, hubiere tenido lugar durante la vigencia de la Ley 62 de 1928 , también podrá solicitarse como en los casos anteriores, mediante el mismo procedimiento, la cancelación de tal matrícula en atención a que el ejercicio ilegal de la abogacía no puede engendrar derechos. En los demás casos, los Tribunales seguirán conociendo de los juicios sobre la cancelación de matrículas.

El actor en esta clase de demandas, deberá prestar caución, que estimará el ponente, para responder de los perjuicios que pueda causar una demanda temeraria.

Quedan vigentes los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 14, 15 y 20 de la Ley 62 de 1928 ; y los artículos 5º, 10, 12, 16, 17 y 18 de la Ley 21 de 1931 ; y derogados los restantes de dichas Leyes.

Esta Ley regirá desde su promulgación,