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Renta líquida es la renta bruta del contribuyente, menos las deducciones concedidas por esta Ley. La renta bruta comprende ganancias, beneficios y rentas provenientes de salarios, jornales, o compensaciones por servicios personales de cualquier clase y en cualquier, forma que se paguen, o de profesiones, negocios comerciales, lo mismo de intereses, arrendamientos, dividendos, seguridades o transacciones de negocios llevados a cabo con objeto de lucro, con inclusión de ganancias, beneficios o rentas provenientes de sucesiones o fideicomisos recibidas por los respectivos beneficiarios, ya sea en cuotas distribuidas o por distribución. El monto de tales cantidades será incluido en la renta bruta correspondiente a año gravable en que sea recibida por el contribuyente o fideicomisario.

Al computar la renta líquida se harán las siguientes deducciones:

Todas las expresas ordinarias pagada o causadas durante el año gravable en manejo de cualquier comercio o negocio cuya renta sea gravable de acuerdo con Ley, con inclusión de una cantidad razonable por salarios u otra compensación de servicios realmente prestados y con inclusión también de arrendamientos y otros pagos que deban hacerse como condición para continuar en el uso o posesión, para el comercio o negocio de propiedades sobre las cuales el contribuyente no tiene o no esta en vía de tener un título en todo o en parte.

Todos los intereses pagados o devengados durante el año gravable por deuda deudas a cargo del contribuyente. Esta deducción por intereses solo tendrá lugar cuando el contribuyente o fideicomisario presente, junto con su informe, una relación que demuestre el nombre y dirección del que reciba tal pago y el monto de él.

Los impuestos, distintos del de sucesiones, pagados durante el año gravable, establecidos por la Republica de Colombia, por los Departamentos, Municipios y otras entidades políticas del país, sin incluir los que se establezcan para mejoras publicas locales que tiendan a aumentar el valor de la propiedad gravada, e incluyendo los que se impongan por gobiernos extranjeros.

Pérdidas sufridas durante el año gravable y no compensadas por seguros o de otra manera, si se ha incurrido en ellas por razón de comercio o negocios cuya renta es gravable de acuerdo con esta Ley.

Pérdidas sufridas el año gravable sobre propiedades con conexionadas con el comercio o los negocios, y que provengan de incendios, tempestades, naufragios u otros casos fortuitos, o de robo, y que no se compensen por seguro o de otra manera; pero en caso de un contribuyente que no resida en Colombia, la deducción se hará solamente por perdidas en propiedades dentro de Colombia.

Deudas que manifiesten no tengan valor y que se hayan cargado durante el año gravable, a juicio de la Junta Municipal del Impuesto, una cantidad razonable como reserva para malas deudas; y cuando se haya cerciorado de que una deuda es cobrable solo en parte, la Junta Municipal del Impuesto puede permitir que tal deuda se encargue por una parte.

Establécese un impuesto sobre todo individuo residente en Colombia, que será retrasado, exigido, recaudado y pagado anualmente con relación a su renta total liquida, como aquí se define, correspondiente al año civil anterior, según la siguiente tarifa:

1 Por 100 de la renta líquida en cuanto exceda de las exenciones establecidas en el Artículo 7o. y no pase de $ 2.000.

1 ½ por 100 en cuanto exceda de $ 2.000 y no pase de $3.000.

2 por 100 en cuanto exceda de $ 3.000 y no pase de $4.000.

2 ½ por 100 en cuanto exceda de $ 4.000 y no pase de $5.000.

3 por 100 en cuanto exceda de $ 5.000 y no pase de $6.000.

3 ½ por 100 en cuanto exceda de $6.000 y no pase de $8.000.

4 por 100 en cuanto exceda de $ 8.000 y no pase de $12.000.

4 ½ por 10o en cuanto exceda de $12.000 y no pase de $15.000.

5 por 100 en cuanto exceda de $15.000 y no pase de $50.000.

5 ½ por 100 en cuanto exceda de $50.000 y no pase de $100.000.

6 por 100 en cuanto exceda de $100.000 y no se pase de $200.000.

6 ½ por 100 en cuanto exceda de $200.000 y no pase de $300.000.

7 por 100 en cuanto exceda de $ 300.000 y no pase de $400.000.

7 ½ por 100 en cuanto exceda de $400.000 y no pase de$500.000.

8 por 100 en cuanto exceda de $ 500.000.

Establécese el impuesto igual al expresado en el Artículo anterior, sobre la renta total liquida que provenga de toda propiedad en Colombia, o de cualquier negocio, profesión, comercio u ocupación que se tenga en Colombia, y de cualquiera otra fuente dentro del país, por individuos no residentes en él.

Establécese un impuesto sobre toda compañía anónima o en comandita, nacional o extranjera, impuesto que será tasado, exigido, recaudado y pagado anualmente sobre su renta total liquida, como aquí se define, correspondiente al año civil anterior, que provenga de toda propiedad poseída en Colombia, y de todo negocio, comercio, profesión u ocupación que tanga en Colombia, y de cualquiera otra fuente dentro del país, sea cual fuere el lugar donde se perciba dicha renta a las ratas establecidas en el Artículo 3o. Este impuesto no será aplicable a las corporaciones y asociaciones que tengan fines exclusivamente religiosos, de beneficencia, científicos sociales o de educación, las organización obreras, cámaras de comercio, juntas para el fomento del comercio y liga cívica, siempre que ninguna pare de su renta líquida ingrese al patrimonio de cualquier accionista, miembro o individuo de aquella.

El impuesto se hará efectivo en cabeza de la compañía, y a los accionistas se les deducirá en el cómputo de su renta gravable lo que les corresponda en la renta de dicha compañía.

Todo contribuyente gozara de las siguientes exenciones:

Una exención inicial de mil doscientos pesos ($1.200ºº) cualquiera que sea el estado o condición del contribuyente.

Doscientos cuarenta pesos ($240.00) por cada persona que no sea el cónyuge que reciba el contribuyente su principal apoyo y dependa de él, si dicha persona dependiente es meno de veintiún años de edad o es incapaz de sostenerse.

Para gozar de las exenciones concedidas por esta Ley, el contribuyente deberá probar que las personas por las que pide rebaja están realmente a su cargo, mediante certificación de dos personas honorables.

Cuando la Junta dude e la veracidad de la certificación, podrá exigir que si refuerce la prueba con do declaraciones recibidas en forma legal y en papel común.

Las declaraciones que los contribuyentes hagan de su renta gravable dentro del término legal, serán consideradas como verídicas mientas no se comprueben lo contrario, pero si se mostrare que la declaración ha sido inferior a la verdadera renta el contribuyente pagara el doble del impuesto sin perjuicio de la demás responsabilidades legales. Cuando el contribuyente no hiciere la declaración de su renta dentro de los términos que se le señalen, los agentes del Gobierno harán la sesión de esta renta, mediante el estudio de los antecedentes que puedan reunir y con un criterio de la más absoluta equidad y justicia, procurando ante todo llegar a una estimación exacta.

Los aforos así hechos por los agentes del Gobierno se tendrán como válidos mientras no se demuestren que son inexactos.

Si cualquier contribuyente, fideicomisario u otra persona de que las que trata eta Ley, se creyera agraviada por algún impuesto, recargo o multa, podrán reclama ello ante el respectivo Recaudador o ante la Junta Municipal o Central del Impuesto, según el caso. Si la solución a que diere lugar tal reclamación fuere desfavorable, podrá el reclamante acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Las reclamaciones se harán en papel común. Si la Junta no resolviere en ningún sentido la reclamación que se le haga, transcurridos sesenta días se considera que es fundada la solicitud, y se hará las correspondientes deducciones.

El producido del impuesto sobre la renta se repartirá en la forma siguiente:

Setenta por ciento (70 por 100) para la Nación; Veinte por ciento (20 por 100) para los Departamentos; Diez por ciento (10 por 100) para los Municipios.

Los gastos de administración del impuesto sobre la renta se pagaran por las tres entidades citadas en el Artículo anterior en proporción de sus respectivas participaciones. Sin embargo, el Poder Ejecutivo queda facultado para contratar la administración y recaudación con los Departamentos o

Cualquiera de ellos, caso en el cual las partes contratantes podrán estipular libremente la manera como los gatos hayan de repartirse.

Por ningún motivo se dará a los funcionarios que intervengan en la fijación o recaudación del impuesto sobre la renta participación en su producto. Esta disposición es aplicable a toda clase de impuestos directos, tanto nacional como departamental o municipal.

El Gobierno, al reglamentar esta Ley, determinara la forma y tiempo en que deben rendir sus informes los contribuyentes; las sanciones a que haya lugar por la no presentación de ellos; la manera como debe hace se conocer a los mismos el monto del impuesto, la clase de informaciones que deben suministrar los Notarios y tres Registradores, y las personas o entidades que paguen tanta de cualquier clase; los recargos que puedan hacer valer los contribuyentes en los pagos; los recursos que puedan hacer valer los contribuyentes que se crean indebidamente gravados y la manera de recaudar este impuesto, lo mismo que los derechos consulares, cuyo pago puede radicarse en las Aduanas del país.

El ejecutado por impuesto sobre la renta que haya obtenido sentencia favorable es el incidente de exenciones no será considerado como deudor del Fisco, para el efecto de negarle el servicio notarial.

Los impuestos establecidos en esta Ley serán por primera vez tasados, exigidos, recaudados y pagados en el año de 1928, sobre las rentas gravables correspondientes al año de 1927.

Derogánse las disposiciones contrarias a la presente Ley, excepto las disposiciones contendidos en la Ley 49 de 1927 , sobre fomento de la agricultura y las edificaciones, que se cumplieran en toda su integridad.

La presente Ley regirá desde su sanción.