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Establécese en el procedimiento civil el juicio especial sobre venta o adjudicación de los bienes pignorados o hipotecados.

De la demanda para que se vendan los bienes hipotecados o dados emprenda al acreedor, o para que, en subsidio, se las adjudiquen, se da traslado al demandado por el termino de tres días, siempre que al actor presente el título de su crédito y que este preste merito ejecutivo.

El demandante (1) debe presentar, además, si se trata de hipoteca, el certificado del Registrador de instrumentos públicos, en los términos del artículo 111 de la Ley 105 de 1890 .

Si el título y certificado aducidos aparecen acreditadas la existencia y exigibilidad de la deuda y la vigencia del gravamen hipotecario, el Juez decretara de plan el embargo de la finca, y lo comunicara al registrador antes de que surta el traslado de la demanda.

Si el demandado se opone, el juicio se abre a prueba por un término de diez días.

Si no hubiere oposición, o vencido el termino probatorio, si la hubo, el Juez decide dentro de los cinco días siguientes.

Si el fallo es favorable al demandante, el Juez ordena la venta de los bienes en pública subasta, citara a los acreedores hipotecarios, si los hay, y ordenara hacer la liquidación del crédito y el pago al acreedor con el producto del remate, sin perjuicio de la prelación que corresponda, conforme a las normas del juicio ejecutivo.

Si el demandante lo pidiere, el Juez decretara el secuestro de los bienes, el que ha de llevarse a efecto en la forma establecida en el juicio ejecutivo.

Hecho el remate y efectuado el pago de loa acreedores prendarios o hipotecarios, el remate se entregara al demandado, si al Juez no se le hubiere comunicado que ese remanente ha sido embargado en otro juicio.

Si sacados los bienes a subasta no hubieren postura admisible, el Juez adjudicar los bienes al acreedor o acreedores, si lo pidieren, previo nuevo avaluó, hasta concurrencia de sus créditos, y dispondrá la inscripción de su providencia en el libro de registro respectivo.

Si los bienes fueren avaluados en ciento cincuenta pesos ($ 150) o menos, no se subastaran si así lo pide el acreedor, y se decretara su adjudicación como lo ordena el artículo 2425 del Código Civil.

Son aplicables a este juicio las disposiciones sobre el ejecutivo, en cuanto no se oponga a su naturaleza especial.

El embargo y el secuestro decretados conforme a esta Ley ponen fin, respectivamente, a los efectuados en el juicio ejecutivo con acción personal.

Si el juicio iniciado con acción real finalizare por cualquier causa legal años de verificarse la venta, o adjudicación de los bienes, subsistirán los embargos hechos con acción personal.

Las concesiones otorgadas por leyes especiales a los bancos hipotecarios en el juicio ejecutivo, serán respetadas en este en cuanto su especialidad de cabida a ellas.

Desde el 1º de Enero de 1929 en adelante, las Notarías y los Registradores de instrumentos públicos del país tendrán un cincuenta por ciento (50 por 100 de aumento en los derechos que hoy cobran por la prestación de sus servicios

Los servicios de los Notarios y Registradores se prestaran por turno riguroso en sus respectivas oficinas, con excepción del registro de los embargos que sean preferencialmente. El Notario o Registrador que altere los turnos, o que reciba por sus servicios mayor cantidad de la se\alada en esta Ley, sea cual fuere la forma que a ello se le dé, sufrirá una multa de cincuenta pesos ($ 50) a doscientos pesos ($ 200). En caso de reincidencia, perderá el puesto.

Para los efectos de este artículo se abrirá en las dichas oficinas un libro de turnos, y en el solo se inscribirán aquellos expedientes o documentos respecto de los cuales los interesados hayan consignado previamente los correspondientes derechos.

Estas sanciones las impondrá el Gobernador respectivo, previa comprobación del hecho.