Ley 21 De 1922
El Secretario Auxiliar de la Superintendencia de las Salinas Marítimas, de que trata la Ley 72 de 1919 , continuara funcionando bajo la dependencia del Interventor Fiscal de Aduanas y Salinas a quien se asignaron las funciones de esa Oficina por la Ley 35 de 1921 , y será de libre nombramiento y remoción de dicho Interventor.
Para gastos de la Oficina de la Intervención Fiscal de Aduanas y Salinas se señalan las siguientes sumas: Para la instalación, hasta $ 500 Para útiles de escritorio, anualmente, hasta $ 300 Para arrendamientos de local, anualmente, hasta $ 1,200 Para viáticos de los empleados, anualmente, hasta $ 2,500
El Interventor presentara cuenta comprobada de las sumas que gire por aproximación para los objetos expresados en el artículo anterior.
Las funciones del Superintendente de Salinas Marítimas que el artículo 5° de la Ley 35 de 1921 atribuye a la Intervención Fiscal de Aduanas y Salinas, las ejercerá el Interventor armonizándolas con las demás funciones que le asigna la precitada Ley 35 de 1921 .
El Interventor podrá delegar en sus subalternos, cuando el correcto funcionamiento de la Oficina y la pronta atención de los negocios así lo requieran, alguna o algunas de las atribuciones que le han sido asignadas por la Ley; y podrá conferir comisiones a empleados del orden judicial o administrativo.
Crease una Sección especial de Policía Judicial que funcionara en la Costa Atlántica bajo las ordenes inmediatas del Interventor Fiscal. Dicha Sección se compondrá de un Comisario, un Secretario y hasta de veinticinco Agentes, y disfrutara de las siguientes asignaciones mensuales: El Comisario $ 200 El Secretario $ 130 Dos Agentes de primera clase, a $ 80 $ 160 Tres Agentes de segunda clase, a $ 70 $ 210 Veinte Agentes de tercera clase, a $ 50 $ 1,000
El Interventor también podrá, cuando lo crea conveniente, ordenar el reconocimiento de la carga oficial y exigirá de los comisionistas, consignatarios, compañías fluviales, ferroviarias y de cualesquiera otros intermediarios en los servicios de transportes, los inventarios o informaciones de la carga o mercaderías ajenas que tengan en su poder, especialmente de la llamada rezagada , procedente de la congestión del trafico en los últimos años.
Los gastos que demande el cumplimiento de esta Ley se consideraran incluidos en el Presupuesto Nacional de la vigencia en curso.
Esta ley regirá desde su sanción.