Articulado completo

Todo funcionario de instrucción que inicie un sumario por delito en que deba procederse de oficio, dispondrá, en el primer auto que dicte, dar cuenta de su iniciación al respectivo Juez del Circuito o Superior, quien podrá pedirlo en cualquier tiempo u ordenar que pase a un funcionario instructor distinto. Pasados treinta días, el Juez respectivo reclamara el sumario; y si no lo hiciere, será responsable por la demora, la que, para todos los efectos legales, se reputara como mala conducta del empleado que en ella incurra, sin distinción alguna en esta materia. En la misma responsabilidad incurrirá el funcionario de instrucción que omita dar cuenta de la iniciación del sumario.

Si pasados los treinta días a que se refiere el artículo anterior, no apareciere del sumario la comprobación de que trata el inciso segundo del artículo 1627 del Código Judicial, el funcionario de instrucción o el Juez de la causa, en su caso, decretara el beneficio de libertad provisional a favor del detenido o detenidos en los términos establecidos por la ley, aunque el delito sea de los excluidos de este beneficio. Tal beneficio se cancelara al obtenerse esa comprobación cuando se trate de delitos que no admiten excarcelación.

Todo sindicado tiene derecho de nombrar un apoderado que lo asista en la instrucción del sumario. Si no lo nombra, se dejara constancia del hecho en los autos, y el funcionario de instrucción se lo nombrara de oficio. La intervención del apoderado en la recepción de la indagatoria no dará derecho a este para insinuar al sindicado las respuestas que deba dar, ni para objetarle al funcionario de instrucción las interrogaciones que haga en forma legal y correcta.

Recibida la indagatoria, el acusado, su apoderado y el acusador si lo hubiere, y este en la forma en que lo autoriza la presente Ley, podrán intervenir en las diligencias que aun hayan de practicarse para la instrucción del sumario. La completa terminación de este no tendrá lugar sino después de que se haya calificado su merito por auto de fondo. Por consiguiente, el sindicado o su apoderado, y el acusador si lo hubiere, pueden pedir la práctica de las pruebas o diligencias que le fueren favorables, y el funcionario dispondrá se practiquen a la mayor brevedad, previa citación del Agente del Ministerio Publico, quien tendrá el mismo derecho.

A ningún sindicado se le recibirá indagatoria sin que esté presente su apoderado, salvo en los siguientes casos:

1° Cuando haya urgencia de efectuar un careo entre el sindicado y otra persona que se halle en peligro de muerte;

2° Cuando haya indicios a punto de desaparecer y sobre los cuales deba interrogarse al sindicado;

3° Cuando el sindicado haya sido cogido en in fraganti delito y sea necesario, para los fines de la justicia, la instrucción sumarial en el sitio en que se le hubiere sorprendido in fraganti, y

4° Cuando el mismo sindicado estuviere en peligro de muerte y sea necesario interrogarlo para el descubrimiento de la verdad que se investiga.

En el sumario no se admiten debates. Si el funcionario de instrucción no decretare las diligencias que le soliciten las partes por creerlas inconducentes, su negativa no dará lugar a recurso, pero de todo ello dejara una constancia razonada en el proceso para los fines ulteriores aquí haya lugar.

El apoderado de cualquier sindicado que revele el secreto del sumario, será castigado con multa de cincuenta a doscientos pesos, según el perjuicio que su indiscreción cause al esclarecimiento de la verdad. Esta multa se le impondrá por sentencia dictada en articulación que en cuaderno separado debe iniciarse.

Las preguntas que el funcionario de instrucción haga al sindicado, serán siempre claras y precisas, sin que por ningún concepto puedan hacérsele de un modo capcioso o sugestivo.

Tampoco se podrá emplear con el sindicado genero alguno de coacción, amenaza, promesa, engaño o superchería, so pretexto de descubrir la verdad, o procedimiento alguno contrario a la imparcialidad que debe presidir en toda información judicial.

Cuando el examen del sindicado se prolongue mucho tiempo, o el número de preguntas que se le hayan hecho fuere tan considerable que hubiere perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a lo demás que hubiere de preguntársele, el apoderado podrá pedirle al Juez que suspenda el examen hasta que el sindicado descanse y recupere la calma.

El sindicado no será obligado a contestar precipitadamente. Las preguntas le serán repetidas siempre que parezca que no las ha comprendido; y con mayor razón cuando la respuesta no concuerde con la pregunta.

Se permitirá al sindicado manifestar cuanto tenga por conveniente para su descargo o para la explicación de los hechos, y se verificaran con urgencia las citas que hiciere y las demás diligencias que propusiere, si el funcionario instructor las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones efectuadas.

También el sindicado al rendir su indagatoria, como los testigos al declarar, dictaran por si mismos sus declaraciones. Si advertidos de esta facultad no la ejercitaren, el funcionario redactara las declaraciones, procurando consignar las mismas palabras de que su autor se hubiere valido y sometiéndolas, parte por parte, a la aprobación de este o de su apoderado.

Concluida la declaración indagatoria, el sindicado podrá leerla por sí mismo, y el Juez le hará saber que le asiste este derecho. Si no lo hiciere por sí o por medio de su apoderado, el Secretario la leerá íntegramente, bajo pena de nulidad de la diligencia, al pie de la cual se hará mención expresa de tal lectura.

En este acto el interrogado manifestara si se ratifica en su contenido o si tiene algo que añadir o enmendar.

Si el declarante no se ratifica en sus respuestas, y tuviere algo que añadir o enmendar, así se hará, pero no se raspara lo escrito, sino que se agregaran las nuevas declaraciones, enmiendas o alteraciones al final del acto, con referencia a lo enmendado o alterado, cuando esto tuviere lugar.

La declaración será, bajo pena de nulidad, firmada por todos los que hubieren intervenido en ella, y si el declarante lo quisiere, rubricara cada una de sus fojas, o pedirá que se rubriquen por el funcionario de instrucción, en caso de que no supiere o no pudiere hacerlo. Si el interrogado no supiere, no pudiere o no quisiere firmar la declaración, se hará mención de ello, y el acto valdrá sin su firma.

No se harán enmiendas, raspaduras o correcciones en las diligencias de la declaración, y se salvaran las faltas o errores que se hubieren cometido, al final de la misma.

El sindicado podrá declarar cuantas veces quisiere ante el Juez sumariamente, quien le recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa.

Si el interrogado no entendiere el idioma nacional, será examinado por intermedio de un intérprete que prestara juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo.

El nombramiento de interprete recaerá entre los que tengan titulo de tales, si los hubiere en el lugar en que se toma la declaración. En su defecto, será nombrado un perito del respectivo idioma.

Si el sindicado fuere sordomudo y supiere leer, se le harán por escrito las preguntas. Si supiere escribir, contestara por escrito, y si no supiere ni lo uno ni lo otro, se nombrara un intérprete por cuyo conductor se le harán las preguntas y se recibirán las contestaciones. Sera nombrado interprete un maestro de sordomudos, si lo hubiere en el lugar, y en su defecto se nombraran dos individuos que tengan conocimiento de los signos con que tales personas entienden y son entendidas por costumbre o cualquiera que supiere comunicarse con el interrogado. El nombrado interprete y los peritos o perito, en su caso, prestaran juramento en presencia del sordomudo antes de empezar a desempeñar el cargo.

Del mismo modo se procederá si el sindicado fuere mudo o completamente sordo.

La acción publica para la investigación y castigo de los delitos que deban perseguirse de oficio, corresponde exclusivamente al Ministerio Publico o al funcionario de instrucción, sin perjuicio del denuncio que puedan dar los particulares de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento. La acusación particular en estos delitos queda limitada a lo siguiente:

A solicitar las diligencias útiles o procedentes para comprobar el delito y descubrir los delincuentes; y

A pedir el embargo de bienes suficientes para asegurar el pago de la indemnización civil a que diere lugar el delito, teniendo en cuenta el avaluó que sobre este punto se haya practicado.

Para tomar la intervención a que se refiere el artículo anterior, el acusador no tendrá que ser citado y deberá presentarse espontáneamente sin hacer retrogradar el procedimiento. El no reviste el carácter de parte en la acción publica, y solo puede interponer recurso en el caso del inciso b), debiendo formarse incidente separado a su costa.

La acción civil para la reparación del daño causado por el delito, no puede intentarse sino por la persona perjudicada o sus herederos, y siempre que del delito resulten daños o perjuicios a personas que no hayan intervenido en el.

Los delitos conexos se investigaran y fallaran en el mismo proceso. El Juez competente para conocer del delito más grave, lo será también para conocer de los que competen a jurisdicciones inferiores que consten en el mismo proceso, y fallar definitivamente sobre ellos.

Los elementos constitutivos del delito señalados en la respectiva disposición penal, serán la base de la comprobación del cuerpo del delito.

Apareciendo en el sumario la comprobación del cuerpo del delito y de la responsabilidad del autor de él, con las pruebas que señala la ley, el Juez dictara el correspondiente auto de proceder sin dar lugar a mas ampliaciones, las que podrán verificarse en el termino de prueba.

El Juez no ordenara la apertura de la causa a prueba sino mediante petición de alguna de las partes en que afirme tener hechos que comprobar que no constan en el proceso. Para la petición de estas pruebas el Juez señalara un término de tres días, y otro hasta de treinta para evacuarlas, el que encada caso será improrrogable.

Los delitos de responsabilidad definidos en los títulos 9° y 10 del actual Código Penal, se investigaran y penaran sin perjuicio de los delitos comunes que comporten. Por consiguiente, si el hecho cometido por el empleado público, además de un abuso de sus funciones oficiales o de una falta de cumplimiento de los deberes de su destino, se encuentra penado en otra parte de la ley, se le impondrá la pena que por el primer delito corresponda, sin perjuicio de la que se merezca por el segundo, y ambos delitos se juzgaran acumulativamente por el procedimiento ordinario.

De toda sentencia definitiva pueden las partes apelar, en el efecto suspensivo, dentro de los cinco días siguientes al de la respectiva notificación. Si la apelación se interpone contra una orden de detención, la apelación se concederá en el efecto devolutivo, y el superior está obligado a fallar el recurso dentro de las veinticuatro horas de recibida la correspondiente documentación.

Si la sentencia o la detención emanan de la Policía Judicial, conocerá del recurso el Juez del Circuito respectivo.

La demora en recibirle al inculpado su declaración, será considerada como detención arbitraria por parte del respectivo funcionario de instrucción.

Para dictaminar en el fondo, el Ministerio Publico tiene un término de seis días. Este término se considerara ampliado cuando el sumario constare de más de cien fojas, con un día por cada veinticinco fojas que excedan del numero indicado; pero en ningún caso podrá ser mayor de quince días. Toda demora en que incurra, lo hará responsable ante la ley como empleado de mala conducta.

Los Fiscales de los Tribunales y de los Juzgados Superiores están en la obligación de practicar visitas mensuales a las oficinas de la Policía Judicial, Juzgados de Circuito y Superiores, a fin de tomar nota de los sumarios que cursen en dichas oficinas, el estado en que se encuentren, fecha de su iniciación, demoras en que se haya incurrido, irregularidades que se observen, detenciones que se hayan decretado, etc., y dar de todo ello cuenta al respectivo Tribunal a fin de que este ordene inmediatamente corregir las irregularidades o ilegalidades que se hayan anotado, y se proceda a exigir la responsabilidad legal a quien corresponda.

En los Municipios en que no hubiere Fiscales, las visitas de que trata el artículo anterior serán practicadas por los respectivos Personeros Municipales.

Los Personeros Municipales tienen obligación de practicar estas visitas en las oficinas de los Alcaldes y Jueces Municipales para los efectos y fines indicados en el mismo artículo. Copia de la diligencia de visita será enviada inmediatamente después de practicada, al Juez del Circuito respectivo.

El sobreseimiento puede ser definitivo o temporal.

El sobreseimiento definitivo se decretara:

1° Cuando en el sumario no aparezca que se haya cometido el hecho que dio motivo a su formación.

2° Cuando este hecho no sea constitutivo de delito.

3° Cuando aparezca claramente establecida la inocencia del acusado.

4° Cuando el acusado este exento de responsabilidad, de acuerdo con las leyes.

5° Cuando se haya extinguido la responsabilidad penal del acusado por cualquier medio legal; y

6° Cuando el hecho punible de que se trata hubiere sido ya materia de un proceso, en que haya recaído sentencia definitiva que afecte al actual procesado.

En los demás casos el sobreseimiento será temporal.

Solo el sobreseimiento definitivo y ejecutoriado pone término al juicio y tiene la autoridad de cosa juzgada.

En los delitos de homicidio, el sindicado no estará obligado a concurrir al reconocimiento del cadáver, salvo los casos en que el respectivo funcionario lo estime conveniente para el mayor esclarecimiento del hecho que se investiga.

Los autos de proceder o de sobreseimiento que deben ser revisados por el Tribunal, lo serán en Sala de Decisión.

Cuando en un mismo sumario aparezcan varios sindicados, el sobreseimiento a favor de alguno o algunos, no será motivo para detener el curso legal de la causa contra quienes se haya procedido, la que debe adelantarse hasta ser definitivamente fallada.

Si el superior revoca el sobreseimiento, el juicio se tramitara como si desde un principio se hubiere iniciado separadamente.

Los Jueces Superiores de Distrito Judicial en los negocios de su competencia, calificaran el merito del sumario llamando a juicio al sindicado o sobreseyendo en favor de este de conformidad con las reglas fijadas por los artículos 1627 o 1628 del Código Judicial en los casos que en ellos se contemplan. Queda en consecuencia suprimido el Jurado de Acusación.

No se podrá conceder libertar provisional a los sindicados o procesados de cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 2° de la Ley 52 de1918, sea cual fuere la pena que tales delitos merezcan.

Los Jueces Superiores, para facilitar a los miembros del Jurado el estudio del proceso, formaran y agregaran a cada expediente un índice completo de todas las piezas sustanciales de la causa, como las declaraciones de todos los testigos de cargo y descargo, las exposiciones periciales, el auto de proceder y toda otra actuación, diligencia o declaración que pueda ilustrar el criterio de los Jueces de hecho.

La omisión de este deber dará lugar a una multa de $ 25, que impondrá el respectivo Tribunal con la sola vista del expediente en que observe tal omisión.

Solo las autoridades podrán pedir informes o certificados de los sumarios o causas que se adelanten en las oficinas de la Corte, de los Tribunales, Juzgados y de la Policía.

Los poderes para pleitos podrán ser presentados ante cualquiera de las autoridades políticas o judiciales del lugar de la residencia del poderdante.

Habiendo autoridades de uno u otro orden, la presentación deberá hacerse ante un funcionario judicial.

En los fraudes a la propiedad literaria de que trata la Ley 32 de 1886 , no podrá procederse sino a virtud de acusación de la parte que se considere lesionada.

En los términos de esta Ley quedan modificados los artículos 1505, 1535,1547, 1548, 1549, 1551, 1558, 1572, 1602, 1634, 1795, 1796 y 1797 del Código Judicial; los artículos 41, 42, 43, 44 de la Ley 169 de 1896 ; el 68de la Ley 100 de 1892 ; el 2° de la 52 de 1918; el 6° de la Ley 92 de1920; el 340 de la Ley 105 de 1890 ; los 113, 225, 232, y 233 de la Ley 57de 1887, y derogados los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley 169 de 1896 y todas las demás disposiciones legales que sean contrarias a la presente Ley. Queda igualmente modificado el artículo 15 de la Ley 43 de 1905 , y el 70 de la Ley 100 de 1892 .