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El total de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta, consolidada y flotante de la Nación, no excederá en ningún caso de una cantidad cuyo servicio anual pase del treinta por ciento del promedio anual de las entradas ordinarias que haya recaudado la Nación durante los seis años fiscales precedentes.

No se lanzará ningún empréstito extranjero ni bonos de deuda interna u obligaciones semejantes de crédito interno, a menos que el Contralor General de la República haya dado certificación previa de que el servicio anual de intereses y fondo de amortización de la deuda total de la Nación, incluyendo el nuevo empréstito interno o externo que se propone, no excede del límite establecido en el artículo anterior.

Para los efectos de esta Ley, la expresión "servicio anual", incluirá, excepción hecha del caso de la deuda a corto término, todas las sumas necesarias para el pago de intereses, amortizaciones y comisiones, así como toda otra suma que deba ser pagada de acuerdo con los términos del contrato correspondiente, o las que sean requeridas según la ley que autoriza el préstamo, en caso de no existir un contrato que lo cubra.

En los casos de deuda a corto término, la expresión "servicio anual" incluirá los intereses, comisiones y otros gastos pagaderos en relación con tales deudas durante el año fiscal respectivo, y en lugar de amortización una suma equivalente al tres por ciento (3 por 100) del capital de ellos, sin tomar en cuenta las fechas de vencimiento.

Para los efectos de esta Ley la expresión "deuda a corto término" incluirá solamente los préstamos bancarios internos, los préstamos efectuados en anticipación de rentas aplicables al mismo año fiscal, cuya recaudación se considere segura, la deuda flotante, los certificados de renta nominal, así como los créditos bancarios externos y préstamos exteriores a corto término hechos con el propósito de convertirlos en empréstitos a largo plazo.

En el cómputo de la deuda indirecta de la Nación no se tendrá en cuenta aquella que contraiga o haya contraído el Banco Agrícola Hipotecario con la garantía del Gobierno Nacional.

Para los fines de esta Ley, las entradas ordinarias incluirán: primero, las entradas totales derivadas de bienes nacionales, contribuciones, derechos e impuestos nacionales, exceptuando aquella parte de estas entradas que se recaude por cuenta de cualesquiera Departamentos o Municipios; y segundo, las entradas netas que obtenga la Nación por concepto de servicios nacionales.

Si se presentare un caso de emergencia nacional declarado por el Congreso, o en su defecto por el Consejo de Estado, y el Gobierno se viere precisado a contratar empréstitos por cantidades que excedan del límite establecido en la presente Ley, podrá contratarlos con el fin exclusivo de atender a las necesidades surgidas de la situación contemplada; pero en ese caso el Gobierno queda obligado mientras se hallen pendientes los préstamos excedentes, a destinar y reservar para el servicio de toda la deuda, tanto interna como externa, todo o parte de determinadas rentas cuyo producto medio en los tres años anteriores alcance a una suma igual, por lo menos, al doble del servicio anual de la deuda total.

El producto de tales rentas será depositado a medida que se recaude, en el Banco de la República, el cual remitirá mensualmente a los agentes fiscales de los respectivos empréstitos, la doceava parte del valor del servicio correspondiente y pondrá el resto a la disposición del Gobierno.

Las operaciones de que tratan los artículos anteriores que no se sujeten a las restricciones que ellas imponen, serán nulas y de ningún valor ni efecto.

Esta Ley regirá desde su promulgación.