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Todo empleado u obrero de edad no inferior a cincuenta y cinco años que haya servido por espacio de veinte años, continua o discontinuamente, a una empresa ferroviaria oficial o particular, tiene derecho a que ésta le pague, en el caso de su retiro, una pensión mensual vitalicia de jubilación, según la escala siguiente:

Los que ganen $30, o menos, recibirán el sueldo íntegro.

Los que ganen más de $30 recibirán $30, más $0-75 por cada peso más de sueldo hasta $50.

Los que ganen más de $50 recibirán $45, más $0-50 por cada peso más de sueldo hasta $80.

Los que ganen más de $80 recibirán $60, más $0-25 por cada peso más de sueldo hasta $240.

Los que ganen más de $240 recibirán $100, que es el máximo de las pensiones a que obliga esta Ley.

Las disposiciones de este artículo se hacen extensivas a los empleados y obreros de las condiciones antedichas que hubieren sido despedidos o se hubieren retirado de las empresas ferroviarias nacionales durante el año anterior a la fecha de la vigencia de la presente Ley.

Cuando el empleado u obrero llegare a completar en varias empresas el tiempo de servicio que le da derecho a la pensión correspondiente, el pago será de cargo de las empresas respectivas, en proporción al tiempo de servicio de cada una de ellas.

Autorízase a las empresas obligadas al pago de la jubilación de que trata esta Ley para que contraten con compañías aseguradoras, de reconocida solvencia, establecidas en el país y aceptadas por la Superintendencia Bancaria, el pago de las pensiones de jubilación.

Las pensiones de jubilación de ferroviarios son incompatibles con una renta mayor de mil doscientos pesos anuales, o con un sueldo mayor del cincuenta por ciento de la respectiva pensión.

Esta Ley regirá desde su sanción.